La mesa de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) suma casi seis meses de dificultades y tres de una atropellada comunicación de las delegaciones en los que van y vienen los comunicados. Pero mientras eso pasa, el proceso que lleva el Gobierno con Comuneros del Sur -la razón más fuerte del congelamiento del diálogo con la guerrilla- se acelera a pasos agigantados y, de hecho, se presenta como un modelo que, aunque con alcance corto, está cambiando la manera de abordar el conflicto armado desde una perspectiva territorial.
A finales de la semana pasada, justamente durante la segunda sesión de la Instancia de Co-construcción de Paz Territorial, como se le llama por ahora a este proceso, el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, anunció que Comuneros del Sur cambió su nombre -le quitó la palabra “frente”-. Con ello las autoridades oficializaron que el trato hacia esa estructura era el de un grupo armado independiente.
En ese encuentro en Bogotá estuvieron funcionarios de la Gobernación de Nariño y algunas alcaldías municipales, líderes sociales, representantes del Gobierno y de Comuneros del Sur, pero también representantes y delegados de alto nivel de distintos ministerios, una muestra, como lo dijo el mismo consejero Patiño de que el proceso ha avanzado y que era “un mensaje bueno para la consolidación de la paz” en este departamento.
En efecto, la reunión sirvió no solo para socializar los avances con Comuneros del Sur, sino también para comprometer a las entidades en los planes y acuerdos en los que ha avanzado la mesa. Hace unos días, Carlos Erazo, coordinador del Gobierno de ese diálogo, le dijo a Colombia+20 que el “proceso es irreversible”.
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Erazo también detalló los tres grandes ejes con los que se está moviendo el proceso y que quedaron plasmados en la hoja de ruta que firmaron ambas delegaciones el pasado 3 de agosto en la primera sesión de esa instancia que se dio en la vereda de Betania, en el municipio de Samaniego. Los puntos son: el desescalamiento de las violencias, la transformación territorial y el tránsito del grupo armado a la vida ciudadana plena y su conversión en un movimiento político y social de carácter territorial.
De acuerdo con el documento, también se adelanta un protocolo de desminado humanitario cuyo trabajo, según conoció este diario, lo harán siete empresas con amplia experiencia en ello.
También hay un proyecto de retorno de población desplazada, trabajos con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecida (UBPD) y de prevención del reclutamiento forzado.
En términos de economía, la presencia de cultivos ilícitos y la minería ilegal son problemas persistentes que no se resolverán de la noche a la mañana y que por ahora, aunque se han abordado en la mesa, no hay una ruta clara. La transformación económica de la región es un proceso a largo plazo que requerirá no solo inversión en infraestructura y servicios básicos, sino también un cambio en las dinámicas de las comunidades locales, que han dependido de estas economías ilícitas para su supervivencia.
La paz territorial, un proceso “rápido”
La apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro -e incluso la implementación del Acuerdo de Paz- ha dado un viraje en los últimos meses hacia una estrategia de territorialización.
Esto en parte porque el Gobierno quiere que sean las regiones quienes sientan de primera mano efectos inmediatos de sentarse a la mesa con los actores armados.
La otra razón es las llamadas “negociaciones estrella”, como la del ELN y la de las disidencias, que son de carácter más nacional, o no han tenido los avances esperados o están atravesando panoramas difíciles en sus mesas de diálogo, lo que le complica al Gobierno mostrar resultados más factibles.
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El mismo Erazo afirma que está convencido de que antes de que finalice el gobierno de Petro en 2026, el proceso con Comuneros habrá llegado a feliz término.
“Realmente estoy convencido de que en un corto tiempo, hablando de los tiempos políticos de este Gobierno, tendremos un proceso de paz en una etapa de implementación, aunque la implementación se está haciendo en este momento simultáneamente”, asegura.
La estrategia del Gobierno es tratar de prevenir uno de los errores que se cometieron con la implementación del Acuerdo de Paz en 2016: la poca presencia estatal a todos los niveles, una vez las antiguas FARC salieron del territorio.
“Este proceso de paz con Comuneros del Sur es eminentemente territorial. Es decir, este proceso tiene protagonistas que son del territorio, en Nariño, y me estoy refiriendo, no solamente a miembros de ese grupo, sino a las comunidades que están allí en el territorio, a las autoridades locales, los alcaldes, al gobernador y su equipo de gobierno. Todas estas conversaciones, que se han ido adelantando desde el año pasado, han sido en el territorio con las mismas comunidades”, explica.
Y agrega: “Los problemas sobre la discusión son locales y territoriales como las economías ilegales, el problema del cultivo de la coca y la explotación ilegal del oro. Estamos buscando garantizar salidas porque la paz no es simplemente el desarme del actor armado, la paz es ante todo la transformación del territorio, es decir, que signifique el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad”.
Más allá de las palabras, Erazo, que tuvo que exiliarse hace 24 años y que solo regresó para coordinar ese diálogo en Nariño, cree que esa fe de que el proceso llegará a buen puerto está soportada en pruebas.
Y es que se conoce que incluso antes de la ruptura con el ELN, Comuneros ya le había metido el acelerador al proceso con el Estado, tanto así que ya habían avanzado en temas como las propuestas para el desarme, las posibilidades de justicia transicional y los planes de desminado humanitario en la región.
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Así las cosas, mientras la mesa de negociación con el ELN está congelada y en crisis, el pasado 7 de julio, en Nariño, el comisionado Patiño se reunió con los Comuneros, bajo el mando de Gabriel Yepes Mejía, conocido también como HH, para plantear propuestas de desescalamiento de la violencia.
Durante ese encuentro, que tuvo lugar en Betania, corregimiento de Samaniego, se presentó un plan de trabajo para profundizar en los tres ejes de paz territorial que se plantearon desde un comienzo.
Por un lado, se conformaron cinco grupos de trabajo para cada eje en cuanto al retorno de pobladores desplazados; la atención a niños en condición de reclutamiento; el tratamiento de casos de desaparecidos locales; el fortalecimiento de las autoridades étnicas y comunitarias de la zona; y el trabajo integral contra minas antipersonal, que ya se venía ejecutando en el territorio.
Ese día, Patiño fue enfático en que el proceso implica “la suspensión de hostilidades contra la población y la limpieza no solo física de los territorios mediante el desminado, sino también la búsqueda y reconocimiento de desaparecidos, así como una limpieza espiritual. Todo esto debe ser abordado en los grupos de trabajo para avanzar en este proceso”.
Semanas más tarde, el Gobierno firmó un pacto de paz con Comuneros del Sur. Según conoció Colombia+20, ese sería considerado el primer paso para la instalación formal del diálogo social con ese grupo armado en Nariño. La reunión tuvo lugar en Pasto y en ella se ratificaron los planes de trabajo para los ejes de paz.
De acuerdo con el comunicado conjunto de esa reunión, este proceso se denominó como ‘Instancia para la co-construcción para la paz territorial en Nariño’, para aplicar a 10 municipios donde hace presencia el grupo armado, entre ellos Andes Sotomayor, Barbacoas, Cumbal, Ricaurte, Samaniego, Santacruz de Guachavez.
“El compromiso de los grupos de trabajo es buscar soluciones efectivas y eficaces que permitan ver resultados de corto, mediano y largo plazo. Por eso operan bajo los principios de corresponsabilidad y honestidad. Y en los mismos participan actores comunitarios, instituciones de los distintos niveles del Estado y representantes del FCS que sean delegados para ello”, dice el documento.
Para Erazo, esos tres ejes integrados en un solo propósito “nos van a garantizar el cumplimiento de una ruta diferente hacia la paz acorde a las condiciones concretas del territorio”.
En ese contexto, aunque Comuneros del Sur ha mostrado disposición para el desarme y el avance en términos de paz, existe la preocupación de que otro actor armado pueda llenar el vacío de poder que podría surgir en la región.
Para abordar este problema, se ha propuesto un modelo de seguridad territorial co-construido, que involucra no solo a las fuerzas armadas, sino también a las comunidades locales.
“Ese es uno de los grandes desafíos que estamos buscando darle respuesta, pero no es simplemente con la Fuerza Pública, con el Ejército o con la Policía, sino también con la población. Hay una decisión del frente Comuneros y de las mismas comunidades de construir conjuntamente ese nuevo modelo de seguridad territorial”, detalló Erazo.
Este enfoque busca no solo el desarme del grupo armado, sino la transformación integral del territorio.
Además, esa apuesta también se está aplicando -aunque con otros acuerdos y formas-, en el proceso del Gobierno con las bandas urbanas, especialmente en Chocó y Buenaventura, con las estructuras de la disidencia Estado Mayor Central (EMC) que han hecho proyectos puntuales en los territorios de la mano de propuestas que vienen de la comunidad, como construcción de colegios, pavimentación de vías, entre otras.
Es muy posible, de hecho, que el diálogo que se oficializó hace unos días con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada también se estructure de esa manera.
El marco jurídico, el gran pendiente
Pero este proceso, como varios de la paz total, enfrenta desafíos jurídicos. El marco legal actual en Colombia es limitado en cuanto a la reintegración de grupos armados como Comuneros del Sur.
La Ley de Paz Total permite las aproximaciones con los grupos, pero el Gobierno sigue sin presentar ante el Congreso una ley de sometimiento a la justicia que le permita avanzar en los procesos con grupos que no tienen estatus político.
Colombia+20 supo que en el Legislativo se adelantan varios proyectos en ese sentido que destrabarían este punto.
Mientras tanto, según contó Erazo, se conformó un equipo de abogados que trabaja para diseñar alternativas jurídicas que podrían incluir a la justicia indígena. “Tenemos un equipo está haciendo una exploración de lo que hay actualmente en la legislación colombiana, y está yendo al territorio para explorar y conocer de cerca los procesos de justicia indígena, los métodos, la forma de resolución de conflictos al interior de las mismas comunidades. Se trata de partir de la realidad en el territorio y no simplemente de la realidad jurídica que existe, sino de diseñar alternativas que nos garanticen la seguridad jurídica de los futuros excombatientes”, detalló.
A pesar de los desafíos, hay razones para ser optimistas sobre el futuro del proceso de paz en Nariño y sobre las lecciones que podrían aplicarse en otros contextos.
La territorialización de la paz, o mejor, la adaptación de los procesos de paz a las realidades locales, podría ser una estrategia efectiva en otras regiones de Colombia, donde las dinámicas del conflicto son diferentes.
Este experimento audaz de Petro busca no solo poner fin a la violencia, sino también transformar las condiciones de vida en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia.