“Nos están dejando por fuera”: afros e indígenas en Chocó a la Paz Total de Petro

El encuentro se dio a puerta cerrada en un hotel de Apartadó (Antioquia). Hasta allí llegaron dos delegados del Gobierno Nacional, a quienes esperaban decenas de representantes de pueblos negros y comunidades indígenas que querían escuchar de primera mano algunas luces sobre la “Paz Total”, que han leído en los titulares de la prensa y visto en los noticieros de televisión, pero de la que poco han sentido en sus territorios colectivos en la cuenca del Bajo Atrato, en el norte del Chocó.

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“Creemos que hay una desarticulación entre la apuesta del Gobierno en lo que tiene que ver con la política de Paz Total y el reconocimiento a las autoridades de los gobiernos propios tanto de las autoridades indígenas como de los consejos comunitarios de comunidades negras”. Las palabras son de Ramiro Rodríguez Padilla, miembro de Cocomacia, el consejo comunitario más grande del país, ubicado a lo largo del río Atrato. Durante el encuentro, Rodríguez fue enfático en que la construcción de la Paz Total debe hacerse con las autoridades negras e indígenas del territorio.

“Es necesario que haya una ruta de consenso en términos de reconocimiento a esas autoridades; pero también a todo ese andamiaje que han venido construyendo las comunidades de la mano de las diócesis de Quibdó, de Istmina Tadó y de Apartadó, de cara a unas apuestas de paz y de salida negociada a los diferentes conflictos que se vienen presentando en las comunidades”, le dijo a Colombia+20 el líder afro.

Las autoridades afro se refieren, por ejemplo, al Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), una plataforma que existe desde 2001 y que recoge a buena parte de comunidades y organizaciones étnicas en el departamento. Desde allí, entre otras, construyeron la Agenda Interétnica Regional de paz del Chocó, que después la gobernación avaló como la política de paz del departamento.

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También desde allí surgió en agosto de 2017 el Acuerdo Humanitario Ya, que presentaron en el marco de las conversaciones de paz que para entonces llevaba a cabo el Gobierno de Juan Manuel Santos con el ELN en Ecuador. Se trataba de un documento con 11 exigencias de carácter humanitario para llevar a la mesa en Quito.

En el encuentro en Apartadó, los voceros de las comunidades sostuvieron que esas instancias construidas por ellas mismas están siendo desconocidas en el proceso de la Paz Total. “La Paz Total para nosotros implica reconocer las dinámicas territoriales y eso implica que las agendas que ya vienen haciendo un proceso de resistencia para la pervivencia de los pueblos étnicos en el territorio tienen que ser reconocidas, son el punto de partida para la Paz Total”, dijo Abid Manuel Romaña, coordinador del Fisch.

“Eso no está pasando; todavía no hemos sentido que los elementos estructurales de la paz total estén siendo coincidentes con el pensamiento del territorio”, puntualizó.

Las prevenciones de estas comunidades en el Bajo Atrato se han agudizado por las reiteradas alusiones del presidente Petro, el ministro del Interior Alfonso Prada y el comisionado de Paz Danilo Rueda al papel que van a jugar en todo el proceso las juntas de acción comunal. Las autoridades étnicas sienten que se le está dando todo el protagonismo y la prioridad a esa figura, de tradición campesina, pero no hay una sola referencia a los consejos comunitarios o los resguardos indígenas.

Así lo afirma también Jaime Mecheche Cáisamo, indígena embera miembro de la Asociación de Autoridades Indígenas Ancestrales del Bajo Atrato (Asoaiba). “Al Gobierno lo que le pedimos es que nos anexe; así como tienen a las juntas de acción comunal, que nos anexen a los resguardos y asociaciones indígenas, y a los consejos comunitarios de los afro”.

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“Nos están creando un problema (con las juntas de acción comunal)”, alertó Abid Manuel Romaña. “La alocución presidencial tiene que ser integral, desde el pensamiento comunitario. Las juntas de acción comunal tienen su función en la ley; los consejos comunitarios y resguardos indígenas tienen también su lógica en las leyes propias. La alocución del presidente nos deja mucho que pensar porque por ningún lado habla de consejos comunitarios o resguardos indígenas”, agregó.

Todos los reclamos los escucharon el enlace para Antioquia y Chocó de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Omar Fernández, y el enlace para esos mismos territorios de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Carlos Montoya. La cita fue convocada y liderada por el Cinep – que acompaña y asesora a varias de las comunidades étnicas en el Bajo Atrato – y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que trabaja en el territorio y que, de hecho, era dirigida por Danilo Rueda antes de que fuera nombrado como comisionado de Paz. Al encuentro también fue convocada la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Clemencia Carabalí, quien finalmente no asistió. En el espacio, el emisario del comisionado explicó detalles del avance de la Paz Total.

Fernández aclaró que su oficina considera como grupos rebeldes / políticos a la guerrilla del ELN y a las dos disidencias de las antiguas FARC: el Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco; y la Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez. Explicó que con estas dos últimas se tendrán mesas de negociación como la que ya existe con el ELN que ahora mismo sesiona en México. En total, entre esos tres grupos de origen guerrillero son 10.100 hombres en armas (5.600 del Eln, 3.000 del Estado Mayor Central y 1.500 de la Segunda Marquetalia).

Por el otro lado, considera grupos no rebeldes a las AGC o Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), las estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá, las de Quibdó y las de Buenaventura. En total, estos grupos recogen a 22.000 hombres en armas, y con ellos lo que habrá serán espacios de conversación socio-jurídica que llevarán al sometimiento a la justicia.

En este segundo grupo está el actor que más tiene la atención de los pueblos indígenas y negros del Bajo Atrato: las AGC o Clan del Golfo. Según se denunció en el encuentro, la expansión de ese grupo de origen paramilitar ha llegado a todos sus territorios colectivos y los “puntos” – enlaces de ese grupo armado que están camuflados entre las comunidades – están en las cabeceras, en los espacios comunitarios, en las escuelas y hasta en las casas de las pobladores. “Las AGC ya se han recorrido todo el territorio hablándonos de la Paz Total”, dijo uno de los voceros en el encuentro. Según afirmaron varios de los asistentes, en reuniones con las comunidades el grupo armado ha reiterado su compromiso con la paz en el actual proceso y están a la expectativa de cómo va a quedar en el Congreso la Ley de Sometimiento.

Del encuentro salió que la Mesa Humanitaria del Chocó, una de las instancias gestionadas por las comunidades, sesionará en abril en Riosucio y se espera que acudan funcionarios del Gobierno Nacional de alto nivel y con capacidad de toma de decisiones. La primera vez que dicha mesa sesionó fue en septiembre del año pasado y acudieron la vicepresidenta Francia Márquez y el comisionado de Paz, Danilo Rueda.

Jaime Mecheche tiene clara una de las propuestas que espera ponerle en la mesa al Gobierno Nacional. Plantea que la Uramia, como le llaman en el Bajo Atrato a la guardia indígena embera, tenga un rol en la veeduría o verificación del cese al fuego del Gobierno con los grupos armados, así como las comunidades del territorio tengan asiento en las conversaciones que se tengan con los grupos. “Van a negociar con los grupos, sí, pero nosotros como víctimas debemos ser partícipes, porque toda la violencia que han generado ha sido dentro del territorio de nosotros, no son territorios de ellos”.

El encuentro se dio a puerta cerrada en un hotel de Apartadó (Antioquia). Hasta allí llegaron dos delegados del Gobierno Nacional, a quienes esperaban decenas de representantes de pueblos negros y comunidades indígenas que querían escuchar de primera mano algunas luces sobre la “Paz Total”, que han leído en los titulares de la prensa y visto en los noticieros de televisión, pero de la que poco han sentido en sus territorios colectivos en la cuenca del Bajo Atrato, en el norte del Chocó.

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“Creemos que hay una desarticulación entre la apuesta del Gobierno en lo que tiene que ver con la política de Paz Total y el reconocimiento a las autoridades de los gobiernos propios tanto de las autoridades indígenas como de los consejos comunitarios de comunidades negras”. Las palabras son de Ramiro Rodríguez Padilla, miembro de Cocomacia, el consejo comunitario más grande del país, ubicado a lo largo del río Atrato. Durante el encuentro, Rodríguez fue enfático en que la construcción de la Paz Total debe hacerse con las autoridades negras e indígenas del territorio.

“Es necesario que haya una ruta de consenso en términos de reconocimiento a esas autoridades; pero también a todo ese andamiaje que han venido construyendo las comunidades de la mano de las diócesis de Quibdó, de Istmina Tadó y de Apartadó, de cara a unas apuestas de paz y de salida negociada a los diferentes conflictos que se vienen presentando en las comunidades”, le dijo a Colombia+20 el líder afro.

Las autoridades afro se refieren, por ejemplo, al Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), una plataforma que existe desde 2001 y que recoge a buena parte de comunidades y organizaciones étnicas en el departamento. Desde allí, entre otras, construyeron la Agenda Interétnica Regional de paz del Chocó, que después la gobernación avaló como la política de paz del departamento.

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También desde allí surgió en agosto de 2017 el Acuerdo Humanitario Ya, que presentaron en el marco de las conversaciones de paz que para entonces llevaba a cabo el Gobierno de Juan Manuel Santos con el ELN en Ecuador. Se trataba de un documento con 11 exigencias de carácter humanitario para llevar a la mesa en Quito.

En el encuentro en Apartadó, los voceros de las comunidades sostuvieron que esas instancias construidas por ellas mismas están siendo desconocidas en el proceso de la Paz Total. “La Paz Total para nosotros implica reconocer las dinámicas territoriales y eso implica que las agendas que ya vienen haciendo un proceso de resistencia para la pervivencia de los pueblos étnicos en el territorio tienen que ser reconocidas, son el punto de partida para la Paz Total”, dijo Abid Manuel Romaña, coordinador del Fisch.

“Eso no está pasando; todavía no hemos sentido que los elementos estructurales de la paz total estén siendo coincidentes con el pensamiento del territorio”, puntualizó.

Las prevenciones de estas comunidades en el Bajo Atrato se han agudizado por las reiteradas alusiones del presidente Petro, el ministro del Interior Alfonso Prada y el comisionado de Paz Danilo Rueda al papel que van a jugar en todo el proceso las juntas de acción comunal. Las autoridades étnicas sienten que se le está dando todo el protagonismo y la prioridad a esa figura, de tradición campesina, pero no hay una sola referencia a los consejos comunitarios o los resguardos indígenas.

Así lo afirma también Jaime Mecheche Cáisamo, indígena embera miembro de la Asociación de Autoridades Indígenas Ancestrales del Bajo Atrato (Asoaiba). “Al Gobierno lo que le pedimos es que nos anexe; así como tienen a las juntas de acción comunal, que nos anexen a los resguardos y asociaciones indígenas, y a los consejos comunitarios de los afro”.

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“Nos están creando un problema (con las juntas de acción comunal)”, alertó Abid Manuel Romaña. “La alocución presidencial tiene que ser integral, desde el pensamiento comunitario. Las juntas de acción comunal tienen su función en la ley; los consejos comunitarios y resguardos indígenas tienen también su lógica en las leyes propias. La alocución del presidente nos deja mucho que pensar porque por ningún lado habla de consejos comunitarios o resguardos indígenas”, agregó.

Todos los reclamos los escucharon el enlace para Antioquia y Chocó de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Omar Fernández, y el enlace para esos mismos territorios de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Carlos Montoya. La cita fue convocada y liderada por el Cinep – que acompaña y asesora a varias de las comunidades étnicas en el Bajo Atrato – y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que trabaja en el territorio y que, de hecho, era dirigida por Danilo Rueda antes de que fuera nombrado como comisionado de Paz. Al encuentro también fue convocada la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Clemencia Carabalí, quien finalmente no asistió. En el espacio, el emisario del comisionado explicó detalles del avance de la Paz Total.

Fernández aclaró que su oficina considera como grupos rebeldes / políticos a la guerrilla del ELN y a las dos disidencias de las antiguas FARC: el Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco; y la Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez. Explicó que con estas dos últimas se tendrán mesas de negociación como la que ya existe con el ELN que ahora mismo sesiona en México. En total, entre esos tres grupos de origen guerrillero son 10.100 hombres en armas (5.600 del Eln, 3.000 del Estado Mayor Central y 1.500 de la Segunda Marquetalia).

Por el otro lado, considera grupos no rebeldes a las AGC o Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), las estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá, las de Quibdó y las de Buenaventura. En total, estos grupos recogen a 22.000 hombres en armas, y con ellos lo que habrá serán espacios de conversación socio-jurídica que llevarán al sometimiento a la justicia.

En este segundo grupo está el actor que más tiene la atención de los pueblos indígenas y negros del Bajo Atrato: las AGC o Clan del Golfo. Según se denunció en el encuentro, la expansión de ese grupo de origen paramilitar ha llegado a todos sus territorios colectivos y los “puntos” – enlaces de ese grupo armado que están camuflados entre las comunidades – están en las cabeceras, en los espacios comunitarios, en las escuelas y hasta en las casas de las pobladores. “Las AGC ya se han recorrido todo el territorio hablándonos de la Paz Total”, dijo uno de los voceros en el encuentro. Según afirmaron varios de los asistentes, en reuniones con las comunidades el grupo armado ha reiterado su compromiso con la paz en el actual proceso y están a la expectativa de cómo va a quedar en el Congreso la Ley de Sometimiento.

Del encuentro salió que la Mesa Humanitaria del Chocó, una de las instancias gestionadas por las comunidades, sesionará en abril en Riosucio y se espera que acudan funcionarios del Gobierno Nacional de alto nivel y con capacidad de toma de decisiones. La primera vez que dicha mesa sesionó fue en septiembre del año pasado y acudieron la vicepresidenta Francia Márquez y el comisionado de Paz, Danilo Rueda.

Jaime Mecheche tiene clara una de las propuestas que espera ponerle en la mesa al Gobierno Nacional. Plantea que la Uramia, como le llaman en el Bajo Atrato a la guardia indígena embera, tenga un rol en la veeduría o verificación del cese al fuego del Gobierno con los grupos armados, así como las comunidades del territorio tengan asiento en las conversaciones que se tengan con los grupos. “Van a negociar con los grupos, sí, pero nosotros como víctimas debemos ser partícipes, porque toda la violencia que han generado ha sido dentro del territorio de nosotros, no son territorios de ellos”.