“Es histórico el respaldo al enfoque del Gobierno en temas de paz”: ONU DD. HH.

La situación de Colombia fue una de las más discutidas en Ginebra (Suiza) esta semana, durante las sesiones del Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Temas como los avances y rezagos en la implementación del Acuerdo de Paz, firmado con las FARC en 2016, y la apuesta de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro fueron centrales en las deliberaciones de los estados miembros.

Uno de los anuncios clave tras las sesiones es que se aprobó una resolución, la cual dicta que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos comenzará a asesorar al Gobierno en la implementación de las recomendaciones para la no repetición del conflicto que la Comisión de la Verdad entregó hace un año. A esto se suma la designación de un experto internacional que le pondrá la lupa a una denuncia que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó en marzo pasado, y que involucra a funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez que habrían obstruido una investigación contra el exjefe de las FARC (y luego disidente) Seuxis Pausias Hernández, conocido como “Jesús Santrich”.

En contexto: Caso Santrich: ONU designará experto para investigar entrampamiento al exFARC

En esta entrevista, Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explica los alcances de las decisiones tomadas en Ginebra, que incluyen un fortalecimiento de su oficina y la ampliación de su mandato.

También se refiere al espaldarazo que recibió el enfoque de paz del Gobierno Petro y habla de la negociación con el ELN y la situación humanitaria en los territorios afectados por la violencia. “Hay que llamar a los grupos a no fallar en esta apuesta por la paz, no fallar en esta oportunidad que tienen para hacer lo correcto”, dice la representante.

¿Qué va a permitir esta resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

El Consejo respaldó la iniciativa colombiana que le pide a la comunidad internacional ayudar a implementar algunos aspectos de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, especialmente las que tienen que ver con la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, la reforma que se está haciendo en temas de seguridad y el acompañamiento, desde lo técnico, del esfuerzo del Estado para tratar temas de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y corrupción que afectan los derechos humanos. Además, el enfoque de esta resolución está sobre el trabajo que podemos hacer acompañando al Estado para adoptar una política pública que permita construir una cultura de paz en Colombia.

Lea: ONU asesorará a Colombia para implementar recomendaciones de Comisión de la Verdad

¿Cómo se va a materializar, en la práctica, esa asesoría de la ONU?

Es un trabajo de cooperación técnica, de acompañamiento de las instituciones, de esclarecer cómo se implementan los estándares internacionales de derechos humanos y las obligaciones de Colombia en esa materia. Se van a acompañar discusiones sobre políticas, normas, prácticas institucionales, para ver cómo se integra un enfoque de derechos humanos y realmente ayudar a las instituciones y a la sociedad civil a encontrar modelos de de políticas, legislación y comportamiento institucional que respeten los derechos humanos, también usando ejemplos de otros países.

Otra de las grandes decisiones fue la de designar un experto para investigar los obstáculos del Acuerdo de Paz, ¿cuál será su rol?

Sí, además de las funciones de asesoría y asistencia técnica que se le piden a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esta resolución pide que se nombre un experto que se encargue de identificar y de verificar los obstáculos que se han podido conocer para la implementación del Acuerdo de Paz desde 2016 y que fueron denunciados por la JEP.

¿Se refiere a la denuncia por obstrucción de la Fiscalía en el caso del exjefe de las FARC Jesús Santrich? Ese tema lo puso sobre la mesa también el canciller Álvaro Leyva ante el Consejo de Seguridad…

Sí, tiene que ver con la denuncia que la JEP hizo respecto de ese caso. Al ser conocidos por este experto y verificados se va a contribuir a los esfuerzos ya existentes en Colombia para esclarecer estos hechos. La experta o experto tendrá que definir cómo implementar el mandato, que se refiere específicamente a la denuncia de la JEP, y debe presentar un informe a más tardar a finales de 2023, que también será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su sesión principal en marzo de 2024. Tenemos que esperar que se nombre a esa persona, los tiempos son bastante cortos.

En contexto: Polémica por propuesta del Canciller para que ONU investigue entrampamiento a JEP

¿Y qué viene después de que el experto presente sus conclusiones?

En la resolución se prevé que haya un debate en el Consejo de Derechos Humanos acá en Ginebra sobre los hallazgos del experto. En el caso de la asistencia técnica y de todo el trabajo de cooperación que se le pide a la Oficina de ONU Derechos Humanos sí se aborda un periodo más amplio, de 2 años, que puede ser renovable.

¿Cómo ven en la ONU la apuesta del Gobierno de dialogar con todos los grupos armados?

Creemos que todos los esfuerzos para avanzar hacia la paz son importantes y que hablar con estos actores armados que causan tanto daño a la población civil es muy importante para exigirles también que cumplan con las normas del Derecho Internacional Humanitario.

¿Eso significa que hay un respaldo casi unánime a la apuesta de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro?

En el Consejo de Seguridad se discutió esto ayer (el miércoles), y hoy (jueves) Colombia también fue tema de debate acá en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Creo que fue histórico el respaldo fuerte hacia la iniciativa colombiana y el enfoque que está tomando el Gobierno en temas de paz y de derechos humanos. De hecho, intervinieron muchos países para felicitar esta iniciativa de Colombia y el enfoque que está teniendo el Gobierno en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y también en el relacionamiento que está teniendo el Gobierno con nuestra oficina en temas de derechos humanos.

Le puede interesar: Paz total sigue con vida, Corte Constitucional se abstiene de tomar decisión de fondo

Su oficina se va a fortalecer luego de esta resolución. ¿Qué desafíos persisten en estos territorios donde el conflicto sigue activo?

El valor agregado de nuestra oficina creo que es la cercanía a las poblaciones más afectadas por la violencia y la confianza de la que gozamos en estas. Es cierto que todavía hay muchos desafíos en términos de violencia en los territorios, y además se acercan las elecciones. La situación todavía es precaria en términos del respeto a la población civil. Los grupos armados tienen que hacer mayores esfuerzos para respetar el derecho a transitar en el territorio, a expresarse libremente y respetar a las organizaciones sociales de los territorios. Nosotros tenemos mucha esperanza de que las discusiones con los grupos armados puedan generar otro entorno para la población civil y eso es lo más importante en este momento.

Muchas de las situaciones que se viven allí se han expuesto en Ginebra. ¿Qué le preocupa a la ONU sobre lo que está pasando en Colombia?

Condenamos todos esos abusos que se cometen en los territorios, viendo cómo la gente se está teniendo que desplazar aún hoy en un departamento como el Chocó, o cómo en el sur de Córdoba las y los defensores de derechos humanos se sienten amenazadas por grupos, o cómo en otros lugares llegan nuevos grupos a nuevas veredas, imponiendo reglas de convivencia, carnetización de la población. Estas discusiones son importantes para exigirle a los grupos que respeten a la población civil, eso es un interlocución esencial para ese objetivo y, al mismo tiempo, creemos que la implementación del Acuerdo de Paz existente de 2016 da respuesta a problemas estructurales que son el trasfondo del conflicto en en Colombia y que tienen que ver con crear un Estado de Derecho en estos territorios que han sido históricamente abandonados, traer desarrollo e implementar la reforma rural integral. En el Consejo de Seguridad hemos escuchado los avances que ha habido en esos ámbitos.

Hablemos del ELN, que es la negociación que va más avanzada y cuenta con acompañamiento de varias instancias de la ONU. El 3 de agosto comenzará formalmente el cese al fuego, ¿qué esperan de ese alivio?

La Misión de verificación de Naciones Unidas está siguiendo estos temas puntuales de cese al fuego. Nosotros lo que hacemos es observar la situación de derechos humanos y vamos a seguir haciéndolo, para ver cómo impactan, ojalá positivamente, en la materialización de derechos y en la protección de la población civil. Vamos a mantener un diálogo muy cercano con las comunidades para saber cómo están sintiendo la situación, cómo va evolucionando el territorio. Creemos que es una oportunidad y ojalá que el resultado sea una mejor situación de derechos para la población civil.

Las comunidades piden que se logre un cese multilateral al fuego y que existan más alivios humanitarios…

Sí, la población en general lleva mucho tiempo pidiendo acuerdos humanitarios, ceses de fuego multilaterales y muchas medidas. Lo que quieren es poder sentirse protegidos en sus territorios. Creo que muchas de estas discusiones de paz toman tiempo y mientras tanto pues tenemos un Estado colombiano que puede empezar a llegar de otra manera también a estos territorios. Empezar a construir el Estado de Derecho. Hemos sugerido que haya un diálogo con las poblaciones afectadas,independiente de las negociaciones con grupos armados, donde la población pueda expresarse sobre los temas de seguridad más allá de un grupo u otro, sino más bien directamente con el Estado y con las responsabilidades que tiene el propio Estado de proteger a la población.

Voy a dar un salto para que hablemos de la JEP. Ustedes han seguido de cerca el trabajo del tribunal y también han advertido sobre las amenazas a funcionarios. ¿Cómo ven los avances y el riesgo de perseguir la verdad?

Condenamos absolutamente esas amenazas a los abogados, a los comparecientes, a los magistrados, a las personas víctimas que están presentándose ante la JEP. Es muy importante llegar al fondo y conocer quiénes son los autores de estas amenazas y que se le dé prioridad a estas investigaciones. Pero también quiero aprovechar para decir que creemos que los avances que está haciendo la JEP son muy importantes.

Estuve en en la audiencia de reconocimiento de responsabilidades en Dabeiba y han sido espacios muy importantes de aceptar lo que realmente ocurrió durante el conflicto armado y de empezar a reparar los daños que se les causaron a las víctimas, reconociendo, por ejemplo, que las personas que fueron asesinadas y presentadas como falsos positivos eran ciudadanos y ciudadanas realmente inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto armado, pero que la fuerza pública presentó como presuntos guerrilleros. Comenzar a reconstruir la memoria de esas personas, reconocer que lo que las víctimas han venido diciendo hace décadas es cierto es muy importante. En esa audiencia también fue importante la presencia del ministro de Defensa, del ministro de Justicia y del Alto Comisionado para la Paz, que muestra también el compromiso de este Gobierno con la verdad y con avanzar estos temas difíciles de paz, pero necesario como para poder construir otro tipo de país.

Para seguir con el sistema integral de paz, ¿cómo ve la gestión de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, que hace pocos meses cambió de directora?

Tuve una reunión con la directora y me parece que tiene un enfoque muy acertado para la Unidad: tratar de de traer a todas las instituciones para que juntas hagan este esfuerzo de búsqueda y de trabajo con con las víctimas. Es muy importante que se reconozca que los y las familiares, las buscadoras, han sido quienes más han impulsado el hallazgo de las personas desaparecidas y que sean parte de todo este esfuerzo, y el reconocimiento también que se ha estado discutiendo en el Parlamento es importante. Creo que esa articulación institucional es el desafío más grande y la directora lo tiene muy claro, entonces siento mucha esperanza para lo que pueda venir.

Siga leyendo: “Desperdiciamos el acuerdo de paz con las FARC”: habla nuevo Cardenal de Colombia

¿Qué decirles a todas esas familias de buscadoras, de víctimas, a todas esas comunidades que siguen resistiendo al conflicto?

Colombia tiene un tesoro y es su capacidad organizativa. Esa capacidad de las personas defensoras de derechos humanos en el territorio de luchar por la paz, por los derechos humanos y por una Colombia distinta, justa, donde haya equidad. Creo que esa riqueza tenemos que protegerla a toda costa. Los grupos armados saben que eso es uno de sus mayores obstáculos para controlar los territorios y por eso los atacan de manera tan agresiva. Tenemos que todos hacer un esfuerzo en proteger a las organizaciones y personas defensoras de derechos y llamar a los grupos a no fallar en esta apuesta por la paz, no fallar en esta oportunidad que tienen para hacer lo correcto y para ayudar a transformar a Colombia y potencializar toda esa diversidad que tiene este país realmente, de permitir a las comunidades gozar de toda esa riqueza.

La situación de Colombia fue una de las más discutidas en Ginebra (Suiza) esta semana, durante las sesiones del Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Temas como los avances y rezagos en la implementación del Acuerdo de Paz, firmado con las FARC en 2016, y la apuesta de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro fueron centrales en las deliberaciones de los estados miembros.

Uno de los anuncios clave tras las sesiones es que se aprobó una resolución, la cual dicta que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos comenzará a asesorar al Gobierno en la implementación de las recomendaciones para la no repetición del conflicto que la Comisión de la Verdad entregó hace un año. A esto se suma la designación de un experto internacional que le pondrá la lupa a una denuncia que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó en marzo pasado, y que involucra a funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez que habrían obstruido una investigación contra el exjefe de las FARC (y luego disidente) Seuxis Pausias Hernández, conocido como “Jesús Santrich”.

En contexto: Caso Santrich: ONU designará experto para investigar entrampamiento al exFARC

En esta entrevista, Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explica los alcances de las decisiones tomadas en Ginebra, que incluyen un fortalecimiento de su oficina y la ampliación de su mandato.

También se refiere al espaldarazo que recibió el enfoque de paz del Gobierno Petro y habla de la negociación con el ELN y la situación humanitaria en los territorios afectados por la violencia. “Hay que llamar a los grupos a no fallar en esta apuesta por la paz, no fallar en esta oportunidad que tienen para hacer lo correcto”, dice la representante.

¿Qué va a permitir esta resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

El Consejo respaldó la iniciativa colombiana que le pide a la comunidad internacional ayudar a implementar algunos aspectos de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, especialmente las que tienen que ver con la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, la reforma que se está haciendo en temas de seguridad y el acompañamiento, desde lo técnico, del esfuerzo del Estado para tratar temas de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y corrupción que afectan los derechos humanos. Además, el enfoque de esta resolución está sobre el trabajo que podemos hacer acompañando al Estado para adoptar una política pública que permita construir una cultura de paz en Colombia.

Lea: ONU asesorará a Colombia para implementar recomendaciones de Comisión de la Verdad

¿Cómo se va a materializar, en la práctica, esa asesoría de la ONU?

Es un trabajo de cooperación técnica, de acompañamiento de las instituciones, de esclarecer cómo se implementan los estándares internacionales de derechos humanos y las obligaciones de Colombia en esa materia. Se van a acompañar discusiones sobre políticas, normas, prácticas institucionales, para ver cómo se integra un enfoque de derechos humanos y realmente ayudar a las instituciones y a la sociedad civil a encontrar modelos de de políticas, legislación y comportamiento institucional que respeten los derechos humanos, también usando ejemplos de otros países.

Otra de las grandes decisiones fue la de designar un experto para investigar los obstáculos del Acuerdo de Paz, ¿cuál será su rol?

Sí, además de las funciones de asesoría y asistencia técnica que se le piden a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esta resolución pide que se nombre un experto que se encargue de identificar y de verificar los obstáculos que se han podido conocer para la implementación del Acuerdo de Paz desde 2016 y que fueron denunciados por la JEP.

¿Se refiere a la denuncia por obstrucción de la Fiscalía en el caso del exjefe de las FARC Jesús Santrich? Ese tema lo puso sobre la mesa también el canciller Álvaro Leyva ante el Consejo de Seguridad…

Sí, tiene que ver con la denuncia que la JEP hizo respecto de ese caso. Al ser conocidos por este experto y verificados se va a contribuir a los esfuerzos ya existentes en Colombia para esclarecer estos hechos. La experta o experto tendrá que definir cómo implementar el mandato, que se refiere específicamente a la denuncia de la JEP, y debe presentar un informe a más tardar a finales de 2023, que también será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su sesión principal en marzo de 2024. Tenemos que esperar que se nombre a esa persona, los tiempos son bastante cortos.

En contexto: Polémica por propuesta del Canciller para que ONU investigue entrampamiento a JEP

¿Y qué viene después de que el experto presente sus conclusiones?

En la resolución se prevé que haya un debate en el Consejo de Derechos Humanos acá en Ginebra sobre los hallazgos del experto. En el caso de la asistencia técnica y de todo el trabajo de cooperación que se le pide a la Oficina de ONU Derechos Humanos sí se aborda un periodo más amplio, de 2 años, que puede ser renovable.

¿Cómo ven en la ONU la apuesta del Gobierno de dialogar con todos los grupos armados?

Creemos que todos los esfuerzos para avanzar hacia la paz son importantes y que hablar con estos actores armados que causan tanto daño a la población civil es muy importante para exigirles también que cumplan con las normas del Derecho Internacional Humanitario.

¿Eso significa que hay un respaldo casi unánime a la apuesta de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro?

En el Consejo de Seguridad se discutió esto ayer (el miércoles), y hoy (jueves) Colombia también fue tema de debate acá en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Creo que fue histórico el respaldo fuerte hacia la iniciativa colombiana y el enfoque que está tomando el Gobierno en temas de paz y de derechos humanos. De hecho, intervinieron muchos países para felicitar esta iniciativa de Colombia y el enfoque que está teniendo el Gobierno en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y también en el relacionamiento que está teniendo el Gobierno con nuestra oficina en temas de derechos humanos.

Le puede interesar: Paz total sigue con vida, Corte Constitucional se abstiene de tomar decisión de fondo

Su oficina se va a fortalecer luego de esta resolución. ¿Qué desafíos persisten en estos territorios donde el conflicto sigue activo?

El valor agregado de nuestra oficina creo que es la cercanía a las poblaciones más afectadas por la violencia y la confianza de la que gozamos en estas. Es cierto que todavía hay muchos desafíos en términos de violencia en los territorios, y además se acercan las elecciones. La situación todavía es precaria en términos del respeto a la población civil. Los grupos armados tienen que hacer mayores esfuerzos para respetar el derecho a transitar en el territorio, a expresarse libremente y respetar a las organizaciones sociales de los territorios. Nosotros tenemos mucha esperanza de que las discusiones con los grupos armados puedan generar otro entorno para la población civil y eso es lo más importante en este momento.

Muchas de las situaciones que se viven allí se han expuesto en Ginebra. ¿Qué le preocupa a la ONU sobre lo que está pasando en Colombia?

Condenamos todos esos abusos que se cometen en los territorios, viendo cómo la gente se está teniendo que desplazar aún hoy en un departamento como el Chocó, o cómo en el sur de Córdoba las y los defensores de derechos humanos se sienten amenazadas por grupos, o cómo en otros lugares llegan nuevos grupos a nuevas veredas, imponiendo reglas de convivencia, carnetización de la población. Estas discusiones son importantes para exigirle a los grupos que respeten a la población civil, eso es un interlocución esencial para ese objetivo y, al mismo tiempo, creemos que la implementación del Acuerdo de Paz existente de 2016 da respuesta a problemas estructurales que son el trasfondo del conflicto en en Colombia y que tienen que ver con crear un Estado de Derecho en estos territorios que han sido históricamente abandonados, traer desarrollo e implementar la reforma rural integral. En el Consejo de Seguridad hemos escuchado los avances que ha habido en esos ámbitos.

Hablemos del ELN, que es la negociación que va más avanzada y cuenta con acompañamiento de varias instancias de la ONU. El 3 de agosto comenzará formalmente el cese al fuego, ¿qué esperan de ese alivio?

La Misión de verificación de Naciones Unidas está siguiendo estos temas puntuales de cese al fuego. Nosotros lo que hacemos es observar la situación de derechos humanos y vamos a seguir haciéndolo, para ver cómo impactan, ojalá positivamente, en la materialización de derechos y en la protección de la población civil. Vamos a mantener un diálogo muy cercano con las comunidades para saber cómo están sintiendo la situación, cómo va evolucionando el territorio. Creemos que es una oportunidad y ojalá que el resultado sea una mejor situación de derechos para la población civil.

Las comunidades piden que se logre un cese multilateral al fuego y que existan más alivios humanitarios…

Sí, la población en general lleva mucho tiempo pidiendo acuerdos humanitarios, ceses de fuego multilaterales y muchas medidas. Lo que quieren es poder sentirse protegidos en sus territorios. Creo que muchas de estas discusiones de paz toman tiempo y mientras tanto pues tenemos un Estado colombiano que puede empezar a llegar de otra manera también a estos territorios. Empezar a construir el Estado de Derecho. Hemos sugerido que haya un diálogo con las poblaciones afectadas,independiente de las negociaciones con grupos armados, donde la población pueda expresarse sobre los temas de seguridad más allá de un grupo u otro, sino más bien directamente con el Estado y con las responsabilidades que tiene el propio Estado de proteger a la población.

Voy a dar un salto para que hablemos de la JEP. Ustedes han seguido de cerca el trabajo del tribunal y también han advertido sobre las amenazas a funcionarios. ¿Cómo ven los avances y el riesgo de perseguir la verdad?

Condenamos absolutamente esas amenazas a los abogados, a los comparecientes, a los magistrados, a las personas víctimas que están presentándose ante la JEP. Es muy importante llegar al fondo y conocer quiénes son los autores de estas amenazas y que se le dé prioridad a estas investigaciones. Pero también quiero aprovechar para decir que creemos que los avances que está haciendo la JEP son muy importantes.

Estuve en en la audiencia de reconocimiento de responsabilidades en Dabeiba y han sido espacios muy importantes de aceptar lo que realmente ocurrió durante el conflicto armado y de empezar a reparar los daños que se les causaron a las víctimas, reconociendo, por ejemplo, que las personas que fueron asesinadas y presentadas como falsos positivos eran ciudadanos y ciudadanas realmente inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto armado, pero que la fuerza pública presentó como presuntos guerrilleros. Comenzar a reconstruir la memoria de esas personas, reconocer que lo que las víctimas han venido diciendo hace décadas es cierto es muy importante. En esa audiencia también fue importante la presencia del ministro de Defensa, del ministro de Justicia y del Alto Comisionado para la Paz, que muestra también el compromiso de este Gobierno con la verdad y con avanzar estos temas difíciles de paz, pero necesario como para poder construir otro tipo de país.

Para seguir con el sistema integral de paz, ¿cómo ve la gestión de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, que hace pocos meses cambió de directora?

Tuve una reunión con la directora y me parece que tiene un enfoque muy acertado para la Unidad: tratar de de traer a todas las instituciones para que juntas hagan este esfuerzo de búsqueda y de trabajo con con las víctimas. Es muy importante que se reconozca que los y las familiares, las buscadoras, han sido quienes más han impulsado el hallazgo de las personas desaparecidas y que sean parte de todo este esfuerzo, y el reconocimiento también que se ha estado discutiendo en el Parlamento es importante. Creo que esa articulación institucional es el desafío más grande y la directora lo tiene muy claro, entonces siento mucha esperanza para lo que pueda venir.

Siga leyendo: “Desperdiciamos el acuerdo de paz con las FARC”: habla nuevo Cardenal de Colombia

¿Qué decirles a todas esas familias de buscadoras, de víctimas, a todas esas comunidades que siguen resistiendo al conflicto?

Colombia tiene un tesoro y es su capacidad organizativa. Esa capacidad de las personas defensoras de derechos humanos en el territorio de luchar por la paz, por los derechos humanos y por una Colombia distinta, justa, donde haya equidad. Creo que esa riqueza tenemos que protegerla a toda costa. Los grupos armados saben que eso es uno de sus mayores obstáculos para controlar los territorios y por eso los atacan de manera tan agresiva. Tenemos que todos hacer un esfuerzo en proteger a las organizaciones y personas defensoras de derechos y llamar a los grupos a no fallar en esta apuesta por la paz, no fallar en esta oportunidad que tienen para hacer lo correcto y para ayudar a transformar a Colombia y potencializar toda esa diversidad que tiene este país realmente, de permitir a las comunidades gozar de toda esa riqueza.