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Negociar el fin de la guerra con varios grupos armados, al tiempo que las confrontaciones armadas y las violaciones al cese al fuego siguen latentes, ha generado que en distintas subregiones del país se mire con cierto recelo la política de “Paz Total”. Para líderes y voceros comunales aseguran que sus pueblos no resisten un episodio más de violencia y que el Estado colombiano debe ser el garante para que los grupos alzados en armas no los intimiden más.
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Bajo esa premisa, la Coordinadora Humanitaria lideró un encuentro entre organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, acompañantes internacionales y espacios de diálogo regionales, y lanzó una plataforma virtual para monitorear en tiempo real el cese al fuego bilateral y temporal en todas las regiones del país en la que haya actores armados y perviva la violencia.
Los datos del mecanismo mostraron que en el primer trimestre de 2023 ha habido 99 acciones hostiles y 219 violaciones al cese al fuego. Estas dos grandes categorías para monitorear la actividad de los grupos interesados en entrar a la “Paz Total” mostraron que en el Caribe, Cauca, Antioquia, Arauca, la subregión del Catatumbo, Nariño y el Magdalena Medio se han perpetrado la mayor cantidad de acciones violentas contra la población civil.
La iniciativa surgió de una realidad dolorosa y contundente: en Colombia hay sistematicidad en acciones hostiles y en violaciones al cese al fuego. A pesar de que indicadores de organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras, sugieran que en lo corrido de 2023 los crímenes bajo responsabilidad de grupos armados hayan disminuido respecto a años anteriores, eso no quita que el ELN siga cometiendo ataques en medio de los diálogos de paz o que el EMC sea uno de los actores que encabeza la lista de hostilidades a nivel nacional.
Lea aquí el reporte de la Coordinadora Humanitaria
Para poner en contexto la plataforma de monitoreo de la Coordinadora Humanitaria, hay que tener en cuenta que los investigadores que desarrollaron este ejercicio de mapeo tuvieron en cuenta reportes de organizaciones sociales, de centros de investigación, alertas de la Defensoría del Pueblo y denuncias de organizaciones comunales.
Los grupos responsables
Contrario a indicadores como los de Indepaz, que aseguran que el EMC es el grupo armado actual con mayor responsabilidad en ataques a civiles a nivel territorial, la Coordinadora Humanitaria muestra en su plataforma que son los miembros de las Agc los que están de primeros en el penoso escalafón de violaciones al cese al fuego. A este grupo paramilitar se le atribuyen 108 acciones armadas de este tipo; seguidos del EMC, con 82; el ELN, con 68; y la Segunda Marquetalia, con 24.
Esta medición también incluye a grupos armados “indeterminados”, a los que señalan de haber cometido 56 acciones violatorias al cese al fuego, entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2023.
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Estos 318 hechos, que son tan solo las reportadas en ese periodo de tiempo, fueron en su mayoría acciones contra la defensa y el respeto de la vida (96), afectación a liderazgos sociales y defensores de derechos humanos (84), restricciones a la movilidad y libre locomoción -o incidir en confinamientos- (62), afectaciones por usos de minas antipersonales (28) y afectaciones a bienes civiles (14).
¿Qué pasa con las acciones hostiles?
Según la Coordinadora Humanitaria, en 2023 de las 99 acciones hostiles reportadas, 27 de ellas tienen que ver con acciones contra la defensa y el respeto por la vida de los civiles; y 20 más dirigidas exclusivamente a los liderazgos sociales.
Dentro de esta categoría llama la atención que los grupos “indeterminados” encabezan este tipo de acciones, con 55 hechos, cifra que doblega por ejemplo el actuar criminal del ELN o triplica los números mostrados por parte del EMC.
De hecho, el panorama de las acciones hostiles de los grupos armados este año ha sido tan paradigmático para muchas poblaciones, que fue centro de debate para varios líderes territoriales que asistieron al Hotel Tequendama, para ver el lanzamiento de la plataforma de monitoreo.
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Uno de los voceros allí reunidos fue Jorge Fonseca, representante de víctimas en el departamento de Arauca. De acuerdo con el líder, “en lugares como mi departamento nos seguirán matando si no sabemos con exactitud quién está detrás de los crímenes o cómo los podemos rastrear. Agradecemos los esfuerzos de querer monitorear lo que pasa en nuestro territorio, pero es el Estado el único responsable en darnos las garantías presenciales para que nada de eso vuelva a ocurrir”.
El senador Iván Cepeda, negociador de paz con el ELN, también habló de la importancia de llevar la paz a los territorios y de poner a las víctimas en el centro. Sugirió un futuro ciclo de diálogos con el ELN en las regiones de Colombia y no olvidar a quién es que toca darle la cara al negociar el fin de una guerra.
“El hecho de tener ciclos de diálogos fuera del país nos ha permitido avanzar en bastantes temas. Sin embargo, sabemos que en Arauca, Catatumbo, Antioquia o Chocó están las personas que realmente anhelan y necesitan la paz que estamos negociando. Agradecemos a los países que nos han recibido, pero tenemos el deseo de poder traer el proceso a Colombia. Es un ejercicio de dimensionar la guerra y mirar de frente a los que han vivido tantos daños”, agregó el congresista.
“Llamamos a los actores armados a que se suscriban a la paz, no aguantamos más dolor”
Uno de los flagelos que más repeticiones tiene en los territorios a lo largo del país es el desplazamiento forzado. De acuerdo con el más reciente informe anual del CICR, en el último año aumentó este crimen contra civiles en un 62% (120.000 casos individuales) respecto al 2021.
Este panorama, según Lorenzo Caraffi -jefe de la delegación del CICR en Colombia- es el resultado esperado a la falta de aplicación del Derecho Internacional Humanitario y a la falta de avances contundentes de todos los actores estatales en la acción humanitaria. Esta postura fue compartida por los voceros de ACNUDH presentes en el lanzamiento de la plataforma de la Coordinadora Humanitaria, instancia desde la que advirtieron que construir paz no puede quedarse simplemente en instalar una mesa de negociación y esperar.
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“La paz no se hace solo con los armados. Si en estos procesos no se hace con la gente que ha vivido los crímenes más horrorosos a lo largo de su vida, nada se va a conseguir. Desde que se firmó el Acuerdo de Paz han asesinado a más de 360 excombatientes y ha habido mucha violencia. Sin embargo, la paz acá se sigue apoyando porque pervive la esperanza de que todo va a mejorar y de que las poblaciones seguirán siendo el centro para ser escuchadas y acompañadas, como poco lo fueron en el pasado”, comentaron los delegados de Naciones Unidas.
La plataforma de la Coordinadora Humanitaria tiene cinco niveles de riesgo. Cauca, Antioquia y Arauca representan en este reporte humanitario a las zonas con mayores riesgos y presencia de ataques. Sus pobladores piden con clamor un nunca más.
Agradecemos a los países que nos han recibido, pero tenemos el deseo de poder traer el proceso a Colombia
Iván Cepeda Castro
La indígena emberá Blanca Bailarín, vocera de víctimas en Antioquia, reclamó eso acompañada de un mensaje de cesar de una vez por todas tantos hechos que le han arrebatado parte de lo que más ha querido.
“Por años tuvimos una vida en la que pareciera que a los gobernantes y a las personas armadas les gustara ver nuestro dolor. Los caminos de la paz son los que siempre vamos a elegir a pesar de todo y por eso llamamos a los actores armados a que se suscriban a la paz, que negocien porque no aguantamos más dolor. Agradecemos que esta plataforma quiera monitorear lo que pasa para que entre todos denunciemos y que dentro de poco no la usemos más. Esa sería la señal de que no ganaron los violentos”, concluyó.