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“La paz es el sentido de mi vida, es la esperanza de Colombia (…) Trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva. Como nadie, como nunca”. Eso fue una parte de lo que dijo Gustavo Petro hace un año en su discurso de posesión como el primer presidente de izquierda en Colombia, ante una multitud que lo vitoreaba en la Plaza de Bolívar.
Entonces parecía que todo el retraso en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 en el gobierno de Iván Duque empezaría a recuperarse a toda máquina y que su proyecto de Paz Total, en sí mismo enorme, podría abarcar lo que no se había hecho: un plan colosal de terminar con el reciclaje de la guerra producto de procesos de desmovilización y desarme que quedaron a medias.
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Un año después, el balance de esa ambiciosa Paz Total es más algo tan solitario y parcial como varios de los cambios que aún no ha podido hacer en su Gobierno. Es que una cosa es decir y otra cosa, hacer, según ha reconocido el mismo mandatario.
Además, este primer año de Petro no puede tener un sabor más agridulce cuando se da en medio de una tormenta política y judicial tras la confesión de su hijo Nicolás Petro Burgos sobre la presunta entrada irregular de dinero proveniente de exnarcotraficantes y cuestionados empresarios a la campaña presidencial.
Hoy, con el duro panorama que enfrenta y que podría poner al presidente en un bucle donde prime su defensa de esas acusaciones, la Paz Total podría quedarse en veremos.
¿Cómo empezó la Paz Total de Petro?
La pacificación de Petro -en llave con el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda- comenzó desde el primer día de mandato. Durante estos 365 días echó a andar diálogos con al menos siete grupos armados entre ELN, bandas criminales y disidencias de las antiguas FARC.
Su idea de sentar a todos los grupos armados al mismo tiempo es arriesgada por el costo político que tiene, pero además porque se necesita planeación para ello -algo que sus contradictores le critican-, y porque no todos los grupos están en la misma canasta. Algunas de las negociaciones se hacen dándoles estatus político como es el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia autodenominada Estado Mayor Central (EMC), mientras que otras se hacen con miras a un sometimiento a cambio de beneficios, como con el Clan del Golfo o AGC, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y las bandas criminales de Buenaventura y Medellín.
“El hecho de intentar desactivar el conjunto de violencias en el territorio de manera simultánea sin duda genera enormes desafíos. Eso implica desarrollar esfuerzos para diferentes mesas de negociación, nombramientos de gestores y delegados, acciones en el territorio nacional, etc. Eso conlleva varios retos, como robustecer la capacidad institucional para esos diálogo, más personas y equipos en la oficina del alto comisionado para la paz y una articulación con diferentes entidades,” explica a Colombia+20 David Flórez, analista político, experto en temas de paz y quien participó en el comité de empalme de Petro.
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En el camino, además, Petro ha cometido algunos errores como anunciar (el 31 de diciembre) ceses al fuego por seis meses con cinco grupos armados sin haberlos acordado previamente y sin reglas de juego claras para su cumplimiento y verificación. La mayoría de esos ceses terminaron sin pena ni gloria.
Tampoco han caído bien ciertos nombramientos de delegados y gestores de paz como los jóvenes de la denominada primera línea y detenidos por participar en las protestas de 2021, el de Carlos Eduardo García, conocido como Andrey, y acusado del atentado contra Iván Duque; o el Violeta Arango, señalada por el ataque al Andino, será parte de la mesa de paz con el ELN, y el más reciente, el del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Lo que más ha avanzado: El ELN y el Estado Mayor Central
El proceso con el ELN le dejó hasta ahora al presidente uno de sus mayores logros políticos: el jueves pasado se inició el cese al fuego con esa guerrilla por 180 días, se instaló el Mecanismo de Verificación y Monitoreo y también el Comité Nacional de Participación -una instancia para que la ciudadanía sea parte activa de ese proceso-.
En casi 30 años de historia de negociaciones de paz con el ELN nunca se había llegado tan lejos al punto de que por primera vez en décadas delegados de esa guerrilla estuvieron en Bogotá en un acto multitudinario que se realizó en Corferias.
“Nunca jamás en la historia contemporánea el ELN había llegado a esta posición. Hablar de frente, en el corazón de Colombia, sin armas y ante la diversidad de Colombia y ante el Estado de Colombia con el cual ha librado una guerra que se remonta al año de 1964”, dijo el presidente Petro durante su intervención.
El tiempo para este logro histórico lamentablemente no pudo ser peor, pues se vio opacado por la confesión, ese mismo día, de su hijo sobre la financiación irregular de la campaña.
Reactivar esos diálogos con el ELN también supuso un punto extra para Petro, que fue el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y Cuba, países claves para la paz de Colombia que han servido en estas negociaciones como países garantes y sedes de ciclos. “La paz total no es solo nacional, sino va más allá de las fronteras”, dijo entonces el canciller Álvaro Leyva, para muchos el arquitecto detrás de este andamiaje.
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La negociación con el ELN, que ha tenido hasta ahora tres ciclos de negociación (Caracas, México y La Habana), ha sido intensa y llena de ires y venires de parte de ambos bandos -incluida una pausa en mayo pasado-, especialmente porque la guerrilla ha seguido realizando acciones armadas. Según el Instituto Cerac que lleva un reporte mes a mes del conflicto con el ELN, aunque la violencia se desescaló antes del inicio del cese de operaciones, “en julio el número de acciones ofensivas atribuidas al ELN (20) aumentó frente a junio (16)”.
Flórez, por su parte, afirma que la otra mirada sobre el punto al que se ha podido llegar con la guerrilla del ELN es el impacto en los territorios: “Ese es un éxito en tanto logra disminuir la violencia e ir comprometiendo por primera vez en muchos años en una ruta cierta a este grupo para firmar un acuerdo final con el Estado”, comenta a Colombia+20.
Y agrega que un segundo logro es sumar a sectores de la oposición a ese proceso. En el evento del jueves, por ejemplo, llamó la atención el discurso de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y quien es negociador del Gobierno con el ELN.
“Estamos en momentos claves para la historia del país, pero lo serán más si en 180 días nos reunimos para renovar el cese al fuego bilateral nacional y temporal. Para estar aquí hemos firmado 11 acuerdos y 9 protocolos. Esto no es una celebración, sino un pacto de supervivencia: hay que devolverla a Colombia la fe perdida (…) Quiero creer que hoy es un día histórico y no el comienzo de una frustración”, dijo Lafaurie el jueves.
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El gran reto desde ahora será mantener ese cese al fuego, que tiene variables externas complejas como los otros grupos con quien se sigue enfrentando el ELN; y cumplir con la agenda para la participación activa de la sociedad.
La otra negociación política, pese a los serios desacuerdos de varios sectores sociales por darle ese estatus a ese grupo, es con la disidencia de las antiguas FARC autodenominada Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco y que reúne a unos 3.000 guerrilleros que se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016
Justamente ese punto, el hecho de que no firmaron el pacto de La Habana, fue la razón del Gobierno para darles un trato distinto.
Para mayo, el proceso empezó a tambalear luego de que el Gobierno suspendiera el cese con esa disidencia en cuatro departamentos del país tras el asesinato de cuatro menores de edad indígenas que habían sido reclutados por esta guerrilla en Putumayo.
La reanudación del proceso se tomó mes y medio más hasta que el pasado 8 de julio, ambas partes anunciaron que se restablecían las conversaciones. Ahora, cuando ya están conformadas las dos delegaciones, se está a la espera de que se instale la mesa de diálogos que vendrán con un espaldarazo adicional: la Misión de Verificación recibió el aval del Consejo de Seguridad para verificar el cese al fuego con ese grupo armado.
Lo que va a paso lento: Shottas y los Espartanos y las bandas de Medellín
Los diálogos con las bandas criminales aún no han tenido el impacto que Petro buscaba como llevar seguridad a los territorios. Entre otras razones porque esas conversaciones con las estructuras del Valle de Aburrá y Buenaventura se llevan a cabo en medio de la incertidumbre por el futuro de la ley de sometimiento -que no pasó en el Congreso-, que establece las bases jurídicas para que esas estructuras abandonen las actividades criminales, reparen a las víctimas y a cambio reciban beneficios como rebaja de penas o la posibilidad de conservar un porcentaje de su patrimonio.
“No hay una ley de sometimiento que soporte los capítulos de la paz urbana. En ese sentido, creo que ese es uno de los principales retrocesos en la implementación del a Paz Total”, explica Andrés Preciado, director del conflicto y violencia de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Esas conversaciones también han ido a paso lento y en unos territorios han tenido más efectos. En Medellín, por ejemplo, la instalación de la mesa de diálogo se dio el 2 de junio con el objetivo de someter a la justicia de unas 14.000 personas que pertenecen a entre 350 a 400 bandas.
Las cifras oficiales muestran que delitos como los homicidios han caído en el área metropolitana, registrando descensos impensables en otros tiempos. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, la ciudad tuvo el semestre menos violento de los últimos 40 años y la reducción en homicidios que empezó a darse en abril se ha sostenido hasta julio. De enero a julio de 2023 se registró un 10 % menos homicidios frente al mismo periodo de 2022, dice la Alcaldía.
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Con las bandas de Buenaventura, el camino ha sido más espinoso. El que fue denominado como el primer “laboratorio de la paz urbano” ha estado lleno de treguas cumplidas a medias y estalli dos de violencia entre los Shottas y los Espartanos, las dos bandas ilegales más grandes del puerto.
Aunque varios observadores han advertido que la tregua ha sido parcial y que se siguen cometiendo otro tipo de delitos, el pasado 18 de julio se instaló la mesa de diálogos en compañía de la Iglesia católica, delegados de la ONU y la OEA, víctimas de la violencia y organizaciones sociales.
Lo que aún no funciona: Los ceses al fuego
En medio de las fiestas de fin de año, Petro anunció con bombos y platillos que el 2023 se iniciaba con un cese al fuego que iba hasta el 30 de junio con cinco grupos armados. Pero el regalito de Nochebuena se le empezó a desbaratar apenas unos días después cuando el ELN salió a desmentir ese acuerdo y dijo que no se había planteado en la mesa.
Esa jugada del Gobierno planteó una crisis al interior de esa negociación y se vio como una primiparada del mandatario en cuestiones de negociación que tuvo que resolver rápidamente su delegación.
“Hoy está presente ese error de haber concertado ceses al fuego sin los mecanismos de verificación y monitoreo que le dieran tranquilidad a la comunidad internacional y a las comunidades”, afirmó Flórez. Los otros ceses tampoco fueron bie. Con el Clan de Golfo se acabó el 19 de marzo cuando el presidente los culpó del paro armado en el Bajo Cauca.
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El proceso más crudo hasta ahora es con la Segunda Marquetalia, la otra disidencia de las FARC comandada por Iván Márquez y conformada por desertores del Acuerdo de Paz de 2016. Ese grupo armado estuvo dentro de los que mantuvo el cese al fuego hasta el 30 de junio pasado -el otro grupo fue las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)- con el Gobierno, pero hubo graves denuncias de incumplimientos y la terminación del plazo del cese no significó mayores avances en las negociaciones.
La deuda pendiente: la implementación del Acuerdo de Paz
Aunque Petro desde su posesión dijo que defendería a muerte el Acuerdo de Paz, ha puesto en duda la capacidad del Estado para cumplir las metas fijadas y dice que no hay plata para su implementación ni para la reparación de las víctimas.
“Yo me pregunto, ¿se firmó ese Acuerdo con la intención de aplicarlo o con la intención de desarmar a las Farc y después, a la colombiana, refundir todas las cosas? “Yo sí quiero aplicar el Acuerdo de Paz, pero el Acuerdo de Paz vale 150 billones. Si lo firmó el gobierno de Santos a nombre del Estado y la sociedad queda ahí representada, entonces, díganme ¿de dónde voy a sacar 150 billones?”, dijo el mandatario en abril.
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El martes pasado, Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, anunció que el Gobierno cuenta con cuenta con $50.4 billones para esa tarea, una cifra considerable, pero menor a la luz de lo que decía el presidente.
Petro también avanzó en la reactivación de algunas instancias vitales para la implementación como como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), pero en otros puntos sigue colgado. El más reciente informe del Instituto Kroc que se publicó en junio indica que el cumplimiento del Acuerdo entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC podría no lograrse en el tiempo establecido “a menos de que se tomen decisiones inmediatas y de gran calado sobre el proceso”. Los puntos más colgados son la reforma rural y la participación política.
A eso hay que sumarlo que no se detienen los asesinatos contra excombatientes de las FARC. Desde ese año hasta finales de julio, 380 firmantes de paz fueron asesinados, 24 en el gobierno Petro, según Indepaz. En 2022 hubo un aumento en el asesinato de líderes sociales en Colombia. También hay denuncias desde los territorios de la expansión de los grupos armados en las zonas rurales.
