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La noche ha caído con la fuerza de un aguacero indomable en las faldas del Quitasol, el cerro sobre el que se levantan muchos de los barrios populares en Bello, todos de callejones sinuosos y escalinatas laberínticas cuesta arriba, en las montañas aparatosas del norte del Valle del Aburrá.
Lina me conduce montaña adentro por una invasión de casitas muy humildes, haciendo piruetas para no resbalar en el sendero de tierra mojada que serpentea entre árboles de pino y ranchos de tablas forrados con costal verde. “Mire que no es mentira”, dice señalando una pila de viejos muebles destruidos que se amontonan junto a un barranco. Son la materia prima que está usando Daira, una de las vecinas, para levantar un cambuche en donde vivir.
Daira, madre cabeza de hogar y desempleada, ha ido recogiendo estos muebles durante meses por las calles y basureros de Bello y Medellín, luego los ha subido en hombros a esta montaña, donde construye su hogar. “Todo nos ha tocado a nosotros mismos”, explica Lina enseñando las conexiones de agua, un revoltijo de mangueras soterradas que se surten de manantiales en lo alto del cerro.
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La precariedad es absoluta y recuerda las invasiones de otras épocas, con las que se poblaron las laderas del Valle del Aburrá dando forma a las populares “comunas”. Una precariedad aún vigente, tan apremiante como vergonzosa. “Que nos colaboren, nos tienen muy abandonados, hay muchas mujeres solas, personas de la tercera edad”, se lamenta Lina respondiendo qué esperan atención del Gobierno: “Los muchachos nos colaboran mucho con los mercados, nos dan un costalito rojo”.
Los “muchachos” son integrantes de una de las bandas delincuenciales que ahora entablaron a conversaciones con el gobierno de Gustavo Petro, a través de una veintena de jefes y voceros que se encuentran privados de la libertad en la cárcel de Itagüí, donde se instalará en los próximos días un espacio de diálogo con ellos en el marco de su política de Paz Total.
Estas bandas en muchos de estos barrios ejercen labores que le corresponden al Estado, regulando aspectos fundamentales de la supervivencia como el acceso al agua, la pavimentación de las vías por autogestión comunitaria, o la solución de conflictos de convivencia.
Durante las cuarentenas se ganaron la simpatía de muchos habitantes repartiendo comida e insumos de primera necesidad, también gestionan aspectos básicos como la recolección de basuras y las conexiones eléctricas en los barrios de invasión.
“Ya lleva mucho tiempo que venimos con la paz”, dice Lina, hablando sobre el pacto entre bandas que detuvo la última confrontación en la zona, ocurrida entre 2019 y 2020. Le pregunto si no tienen miedo de balaceras o fronteras invisibles, como las que atravesaban todo el Valle de Aburrá en años anteriores, y responde que ahora hay una decisión unánime de parar la violencia: “Ellos son pelados del barrio, que como han vivido aquí, tratan de manejar la situación para que la gente que llega no viva con miedo”.
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Su versión es similar a la de otros tres líderes comunitarios, de distintas zonas en Bello, quienes sostienen que la voluntad de paz de los jefes encarcelados que aspiran a negociar con el Gobierno de Gustavo Petro se traduce en un ambiente nuevo, que es palpable en las calles.
“En este momento está cambiando mucha cosa”, explica Ronald, miembro de una junta de acción comunal en el sector de Niquía: “Estos jóvenes han pensado cómo se estaban acabando entre ellos mismos, es una problemática que cogía a la juventud, morían por problemas de territorio”. Ahora, asegura, el consenso en las calles es que hay que parar cualquier tipo de confrontación. Esta misma opinión fue expresada por un miembro de las Juntas de Acción Comunal del Barrio Obrero, cerca a la zona rosa del municipio.
“Igual que usted, yo hice la tarea. Cuando escuché ese tema de la Paz Total me fui a andar un rato a ciertos puntos donde uno no podía meterse por la problemática, ahora uno va tranquilo, fuimos en moto y sin casco a ver qué pasaba, la gente normal, los pelados en su rollo, se ve algo muy diferente”, agrega Ronald.
Para comprobar esta tranquilidad inédita de la que todo el mundo hablaba, Colombia+20 recorrió entre el 20 y 21 de mayo una veintena de barrios de las comunas 6, 7 y 8, en Bello, así como el sector suroccidental de la comuna 13 en Medellín. Uno de estos recorridos se prolongó hasta bien entrada la noche, cruzando en motocicleta y sin ningún problema por pasajes en donde antes existieron fronteras invisibles que separaban a “combos” rivales. “Vaya tranquilo que nadie lo va a molestar, ni lo van a parar”, aseguró una persona que gestionó los contactos.
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Las cifras oficiales respaldan lo dicho por líderes y pobladores: índices como los homicidios han caído de forma dramática en el área metropolitana, registrando descensos impensables en otros tiempos. La Alcaldía de Medellín reportó que en mayo hubo una disminución del 10% frente al mismo periodo en 2022, mientras que en febrero la reducción fue aún mayor, del 11 %.
En 2022 Medellín registró una reducción del 7 % en el delito de homicidio frente a 2021 y 2023 “es el tercer año consecutivo en reducción sistemática, comparada con el 2019, hasta del 49 %”, de acuerdo con la oficina de prensa de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, presidida por el general en retiro José Gerardo Acevedo.
“Vamos ganando, no una batalla, sino que eso es producto del esfuerzo, la articulación que hacemos todos desde la institucionalidad y el acompañamiento primordial de la Alcaldía, de todos los secretarios frente a esta lucha contra la delincuencia en general”, declaró Acevedo.
Los números hablan por sí solos. Desde el 2020 se han registrado 450 días sin homicidios en Medellín, una tranquilidad que se percibe en otras zonas del Valle del Aburrá como Bello e Itagüí, situación imposible en los años noventa cuando Medellín fue la ciudad más violenta del planeta, alcanzando cifras demenciales de hasta 6.800 asesinatos en un año. Datos de la alianza Medellín cómo vamos indican que la percepción ciudadana tiende ahora a relacionar los problemas de seguridad con delitos más leves como los atracos.
Aunque tanto las voces de los barrios como las fuentes oficiales coinciden en que hay una disminución muy positiva de la violencia en la ciudad, las interpretaciones del fenómeno discrepan. Organizaciones de la sociedad civil que llevan décadas estudiando el conflicto armado urbano, como la Coorporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), sostienen que el cese de la violencia es resultado de la voluntad de paz de las bandas pues todo “se debe a los acercamientos y a la proximidad del espacio de diálogos sociojurídico” que va a instalarse con el Gobierno Nacional en la cárcel de Itagüí en los próximos días.
De acuerdo con Jorge Mejía, uno de los facilitadores del Gobierno en estos diálogos, afirmó a este diario hace unos días el 95 % de las estructuras de la capital antioqueña entrarán a la negociación con miras a un posible sometimiento y que aún no se sabe cuál será la figura jurídica con la que se llevará a cabo este proceso con estructuras como La Oficina y Los Pachelly, entre otros.
Ambas partes avanzan en la construcción de un protocolo, que facilite una especie de ruta para resolver inconvenientes que se puedan presentar sobre la marcha. El borrador lo tiene desde hace días la Oficina del Alto Comisionado de Paz, y la lista de posibles delegados de ambas partes la está estudiando el presidente Gustavo Petro.
En mapas: Así se ubican las bandas criminales de Medellín
En uno de los barrios visitados por Colombia+20 algunos miembros activos de una de las bandas más importantes y antiguas del Valle del Aburrá dijeron a este diario que ven el proceso con “mucha esperanza y mucha expectativa”, agregando que es un sentimiento compartido con las comunidades “esperanzadas en que van a poder participar como sociedad civil organizada”.
“Nosotros no estamos en política”, añadió otra persona cercana a las bandas, “pero ese señor [Gustavo Petro] nos está abriendo una puerta”.
Vea en el mapa cómo se ubican las bandas del Valle de Aburrá:
Otro líder social que perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia y ahora trabaja con una ONG en proyectos comunitarios en el Valle de Aburrá aseguró que nunca había visto una sintonía semejante entre los jefes que están en las cárceles, comprometidos, según él, a buscar una salida al conflicto. Advierte, no obstante, que hay enemigos apostándole al fracaso del proceso en algunos sectores políticos locales que recién empiezan su campaña por la alcaldía.
“Los jefes quieren salir de la guerra”, dijo un comerciante y líder comunitario de la comuna 13, que reconoce como la tranquilidad vigente ha beneficiado al menos a 700 familias que viven del turismo en la zona, alimentado por miles de visitantes nacionales y extranjeros que llegan a conocer las escaleras eléctricas en los barrios 20 de julio y Las Independencias. Aseguró que no sólo han disminuido los homicidios, sino también las extorsiones. El rumor en las calles es que la orden vino de las mismas cárceles.
Wilmar, un antiguo pandillero de esa comuna, que creció en tiempos de la Operación Orión y hoy se dedica a impulsar proyectos sociales y empresas comunitarias en sus barrios, señala desde lo más alto de Las Independencias una plancha donde él y sus amigos se enfrentaban a tiros con los “niches” del barrio vecino hace una década.
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De esos años conserva todavía una bala que le quedó incrustada en el cuerpo y el respeto de sus vecinos que le reconocen un liderazgo evidente, espontáneo, mientras caminamos por los pasadizos retorcidos de estos barrios. “Nos toca hacerle la labor al Estado”, dice contando cómo la misma comunidad se organiza para recoger las basuras, mejorar calles y fachadas. Repite una y otra vez una palabra, que lo define a él y a su gente: resiliencia.
Tres ancianos que tocan guitarra en un callejón lo saludan y él recuerda la vez que fueron a pedir permiso en la junta de acción comunal para salir con sus instrumentos a rebuscarse la vida entre los turistas, como hace casi todo el mundo aquí: “¿cómo les iba a decir que no, si hace años ellos me entregaron sus hijos para la guerra?”.
