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La puesta en marcha de la Paz Total ya tiene luz verde desde el Congreso de la República y desde las comunidades más afectadas por la violencia armada durante décadas. El hecho de que el Gobierno Nacional normativamente ya pueda negociar o tramitar procesos de sometimiento a la justicia con grupos al margen de la ley, más allá de las guerrillas, es algo visto con buenos ojos desde la sociedad civil, pues la realidad del país muestra que la desmovilización de las Farc no significó el fin de las hostilidades en las periferias de Colombia. Algo, que además de ser doloroso, es un factor de recelo en la implementación de lo pactado en La Habana.
Partiendo de estos sentires, grupos de víctimas de distintos departamentos, voceros del gobierno y centros de pensamiento se reunieron en la ‘Confluencia Nacional de Líderes y Lideresas Comunitarios por la Paz’, un espacio organizado por la Embajada de Canadá y el Instituto Europeo para la Paz, en el que le hicieron llegar a Gloria Isabel Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, y a Raúl Delgado, recién posesionado director de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), preocupaciones y proyecciones de cara a un gobierno que está cerca de cumplir sus primeros 100 días en el poder y al que le exigen que los escuchen y los inviten a participar en la construcción de un país más viable para vivir.
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Este encuentro fue acompañado también de forma remota por el ex alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro, y el investigador de conflictos armados internacionales, Jean Paul Lederach.
Justamente, para Jaramillo la sensación más evidente que tuvo al escuchar las palabras de los líderes y lideresas fue desasosiego y una marcada distancia con la institucionalidad. “Tenemos que encontrar todas las vías para romper con las desconfianzas entre comunidades, que han sido desde la firma del Acuerdo un blanco de promesas y discursos que no generan al final gran cosa”, agregó.
Según Roberto Jairo Ángel, líder social y comunitario en Puerto Lleras (Meta), la desconfianza durante el posconflicto también la ha marcado una inseguridad territorial que ha sido hostil con ellos. “La connivencia de fuerza pública con actores armados en nuestra región no es solo son un factor de desconfianza, sino que es un atentado contra nuestras vidas. Y si nos queremos defender, la Unidad Nacional de Protección tampoco nos ha ayudado, pues y por eso le pedimos al gobierno que siga minuciosamente el sistema de verificación de esa institución”, insistió.
Una preocupación similar la expresó Ilsa Banuvi Cazamo, vocera indígena del Pueblo Emberá Dobida en Nuquí (Chocó). De acuerdo con ella, aún después de firmado el Acuerdo de Paz y dejando en el papel tantas directrices para ejecutar políticas étnicas y diferenciales, “las autoridades centrales siguen sin ir a los territorios. No se ha revisado bien la implementación étnica ni las instancias de representación que dejó el acuerdo. Nos preocupa también el desarrollo de proyectos productivos para las comunidades, nuestro desarrollo comunitario también ha quedado rezagado”.
Sobre el último reclamo de Banuvi, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) tiene un mapeo reciente de la situación de los proyectos productivos surgidos tras el Acuerdo de Paz y el panorama no es nada alentador: el 85% de ellos están moribundos.
“No reconocen el papel de las mujeres ni de la niñez”
Además del déficit en los avances de los proyectos productivos y en la verificación completa de los procesos étnicos, algunas lideresas participantes pidieron un mayor acompañamiento a las iniciativas regionales que son encabezadas por mujeres y que intentan darle visibilidad a la niñez rural.
Una de ellas fue Sandra Vargas, del departamento de Putumayo, quien fue reiterativa en que los municipios que más padecieron la guerra “deben hacer una juntanza para la custodia de las semillas locales. Muchos de estos cultivos son liderados por mujeres y además de olvidar este legado, nos quieren acabar con los proyectos propios. Las mujeres podemos con todo y más, déjennos trabajar nuestro campo en paz… a los niños también les debemos todo, no les tenemos una educación rural adecuada y estamos dando rienda para que siembren coca en vez de comida en un futuro”.
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Luisa Fernanda Peñate, vocera de víctimas en Cáceres (Bajo Cauca antioqueño) se unió a la propuesta de su compañera Sandra, agregando una invitación adicional para el gobierno: “los municipios dentro del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) no son los únicos que tienen víctimas y si olvidamos a las mujeres que viven allí, imagínense cómo ha sido la situación para aquellas que no viven en una zona PDET. Es responsabilidad de todos y todas ampliar las vinculaciones de las políticas para la paz. El Acuerdo de Paz es para el país entero, sin excepciones y a pesar de que es válido priorizar algunos lugares”.
Las respuestas del gobierno
Gloria Cuartas es la persona encargada en el gobierno de Gustavo Petro de adelantar las políticas de ejecución que permitan la implementación del Acuerdo de Paz y que haya armonía con la Paz Total.
Dándole respuesta a las preocupaciones de los líderes y las lideresas que dialogaron con ella, la funcionaria dijo que de las primeras cosas con las que se encontró al asumir su nuevo cargo fue con una falta de humanización en las condiciones de alta inseguridad en los territorios y pocas acciones en favor de los más vulnerables.
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“Recibimos un corazón roto del Acuerdo de Paz. Como decía la canción infantil: ‘El puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos?’ Debemos ser rápidos y efectivos porque esas condiciones de inseguridad y de guerra que persisten ponen en riesgo también a la Paz Total”, añadió.
En referencia a la falta de celeridad con proyectos comunitarios y con iniciativas que cuenten con enfoque de género y diferencial, Cuartas cerró su intervención diciendo que en su mandato van a recuperar el espíritu PDET y que van a llevar la paz y los diálogos a todos los rincones del territorio. “Algo no ha funcionado en estos últimos seis años y diagnostico que muchas de estas cosas tienen que ver con estigmas sobre las mujeres y los más vulnerables. La promesa de avance se tiene que ver en acciones, porque si en estos cuatro años no avanzamos en la paz, habrá consecuencias irreversibles”, concluyó.
Raúl Delgado, quien lleva tres días al frente de la ART estuvo de acuerdo con los reclamos de las organizaciones de víctimas e hizo hincapié en los problemas relacionados con seguridad territorial.
De nada nos va a servir un proyecto en una escuela dentro de un municipio PDET si en la puerta de esa misma escuela vemos que asesinan profesores.
El director sentenció que “de nada nos va a servir un proyecto en una escuela dentro de un municipio PDET si en la puerta de esa misma escuela vemos que asesinan profesores. Queremos recuperar la alegría que se veían en las calles apenas fue la firma en el Teatro Colón y sabemos lo grande que es ese desafío porque en muchos sitios la alegría se esfumó porque la violencia retornó con más fuerza que durante el conflicto mismo. Pero necesitamos una alianza entre todos… el Estado no puede solo, la comunidad tampoco”.