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En las calles y casas estrechas de Medellín se respira un mismo aire de incertidumbre. Una tensa calma que se siente extraña porque ahora pocos hablan de sicarios, no se escucha de fronteras invisibles y mucho menos de las oleadas de asesinatos que en algún momento convirtieron a la ciudad en una de las más violentas del mundo. Son las nuevas dinámicas de una tranquilidad que tiende a tambalear, y en parte responden a un acuerdo tácito entre las estructuras armadas, que además mostraron voluntad para sentarse en una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, en el marco de la apuesta de paz total.
Sin embargo, ha pasado un año desde la firma de la tregua entre bandas y la instalación de la mesa de conversaciones en la cárcel de Itagüí, pero no hay mayores avances sobre la salida que esperan allí sentados los cabecillas que han controlado el territorio por años. El tiempo apremia y amenaza con despertar una guerra que parece anestesiada.
El 28 de abril de 2023, tras varios encuentros entre el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, y los líderes presos de las bandas se anunció la instalación oficial de la mesa de diálogos y el compromiso de un cese de hostilidades en Medellín y el Valle de Aburrá, el tercer territorio priorizado en la paz urbana.
Dos meses más tarde, una foto le dio la vuelta al país. En una mesa blanca de la cárcel de Itagüí estaban sentados Juan Carlos Mesa Vallejo, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, Gustavo Adolfo Pérez Peña, Juan Camilo Rendón Castro, Albert Antonio Henao Acevedo, Freyner Ramírez García y Mauricio de Jesús Morales Múnera, como los voceros de las bandas encargados de dialogar con el gobierno.
En contexto: Desde la cárcel de Itagüí, se instaló mesa de diálogos con bandas de Medellín
Esa negociación tiene como objetivo principal el sometimiento de esas estructuras armadas, y según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz involucraría a unas 14.000 personas que pertenecen a entre 350 a 400 bandas y combos. Sin embargo, en los meses posteriores, la salida de Rueda y la llegada del comisionado consejero Otty Patiño, tiene a la mesa a mitad de camino, mientras que los voceros negociadores mantienen, a pesar de amenazas y retrasos, la voluntad de paz.
En ese contexto, la ciudad experimenta una tranquilidad relativa que se expresa en reducción de homicidios. Según datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Alcaldía de Medellín, en lo que va del año se han registrado 106 homicidios, mientras que para el mismo período, pero de 2023, se habían contabilizado 114. La causa principal de los asesinatos también cambió. Para el año pasado los homicidios correspondían a los Grupos Delincuenciales Organizados (GAO), mientras que para 2024 los casos por hurto han aumentado considerablemente.
Reducen los homicidios, pero se mantiene la extorsión
Para Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y asesor de la mesa de diálogos, hay que hacer una diferenciación en las dinámicas actuales del conflicto urbano en Medellín, y es que los homicidios ya no se les endilgan a las estructuras criminales, sino que están ligados a otras causas. “Encontramos una reducción histórica de homicidios, de casos de desaparición forzada y desplazamientos forzados. Hay cosas que están ocurriendo positivamente, mientras hay otras deudas como el tema de embolsados, la intolerancia, la problemática por hurtos y la presencia de bandas colombo-extranjeras que ya son una realidad en el Valle de Aburrá”, explicó Quijano.
Esa disminución notable de la tasa de homicidios no significa que las bandas están desapareciendo, sino que mantienen otras dinámicas en el territorio, como la extorsión, las vacunas y hasta el monopolio de negocios como la venta de arepas y huevos, mercados de fácil distribución y fácil consumo por los habitantes.
“Las bandas lo que buscan ahora es mantener su negocio de finanzas sin usar la violencia, siempre y cuando su renta no se vea afectada. Es una forma de sostener a un montón de jóvenes porque en Medellín hay más combos que barrios”, contó un líder social a Colombia+20. Ese negocio, según fuentes cercanas a las estructuras criminales, deja rentas de más de 20 mil millones de pesos al mes entre vacunas y microtráfico.
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Por otro lado, las dinámicas actuales responden a una voluntad de paz latente. “Están cansados de la confrontación. Quieren pasar a otra fase en su actividad, retirarse y saldar sus cuentas con la justicia”, señaló Max Yuri Gil, investigador del conflicto urbano en Medellín.
Esa realidad, hoy por hoy, es la que se vive en los barrios de Medellín. Sin embargo, no es una dinámica nueva y eso es algo que Gil reconoce, pues más allá de la pacificación de los barrios que se ha consolidado con la instalación de la mesa, en realidad no se puede hablar de grandes cambios en la vida cotidiana.
La vida en los barrios y la lucha de las organizaciones sociales
Adolfo Taborda, líder social del sector, recuerda la vez que salió de su casa en pandemia con 32 mil pesos en el bolsillo. Eran cerca de las once de la noche cuando lo llamaron para decirle que a un muchacho del barrio lo habían encerrado en una alcantarilla como castigo por haberse robado un celular. Adolfo, también conocido como Olafo, compró dos termos de tinto caliente y caminó hasta el combo del barrio. “¿Qué más muchachos? Traje tinto para que conversemos”, dijo Adolfo. Se sentaron en una acera del barrio, los del combo y Adolfo, y empezaron a hablar la posibilidad de dejar salir a ese muchacho que estaba en la alcantarilla al borde de una hipotermia o en riesgo de desaparecer forzosamente.
Se quedaron hablando hasta las cuatro de la mañana porque los del combo no lo querían liberar. Al final, Adolfo les propuso otros dos termos de tinto a cambio de irse con el muchacho. Accedieron y Adolfo recuerda que “en ese momento la vida de ese muchacho valió 32 mil pesos. Hoy es un delineante de arquitectura”. La escena podría ser la misma. Los del combo sentados negociando con alguien que quiere hacer la paz.
Adolfo Taborda habla desde su experiencia hace más de 40 años en organizaciones sociales como la corporación Convivamos, donde han trabajado lo que llama “la paz a pequeña escala” en la comuna nororiental, que zonas como Manrique, el Popular, Santa Cruz y Aranjuez.
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El conocimiento de estos barrios les ha permitido lograr salvar pequeñas piezas de un rompecabezas que tiende a desarmarse con las dinámicas de conflicto en la ciudad y también acompañar los diferentes procesos de paz que se han gestado en Medellín.
Hablar de paz urbana no es un tema nuevo entre las organizaciones sociales que hoy reclaman un espacio en la mesa de diálogo que instaló el gobierno de Gustavo Petro. Por eso han enviado manifiestos y cartas a la delegación para expresar a viva voz que la paz no es posible sin las organizaciones que conocen los territorios a profundidad.
Desde la Comuna 8, Villa Hermosa, Kevin Arenas, líder social e integrante del colectivo Movimiento Urbano, explicó que ha sido un territorio muy estigmatizado desde los tiempos en que se proyectó el documental La Sierra, pero desde hace 20 años los procesos sociales de la mano del colectivo han trabajado de manera fuerte por cambiar el rumbo de la comuna, independientemente del proceso de paz actual.
“Siento que por lo menos en los barrios se puede andar muy tranquilo y muy en paz de unos años hacia acá, no necesariamente con lo que se viene trabajando en Itagüí. Muchas personas desconocemos porque no informan abiertamente a la comunidad ni a las instituciones ni a las personas lo que está pasando allá”, dijo Kevin.
La paz que han construido en sus mismos barrios es lo que hoy los tiene construyendo una apuesta turística de murales en todo el territorio, en el que resaltan las labores positivas de los líderes que todavía están vivos.
Los campanazos para avanzar con la paz urbana
Dentro de los principales obstáculos en los diálogos de paz con las bandas criminales en Medellín es que no existe todavía un marco jurídico claro que se pueda ofrecer. Para Quijano, es primordial “entender qué es la paz urbana, para entender qué son las guerras urbanas y entender quiénes son las estructuras. No estamos tratando con niños de barro. Si no construimos el tema de paz urbana, van a llegar las guerras urbanas, no de ellos, sino porque aquí hay agentes externos que están jugando. Si dejamos pasar esta oportunidad nos esperan períodos de guerra muy fuertes”.
En eso coincide el investigador Gil, pues explicó que en caso de que la mesa llegue a romperse podríamos asistir a un incremento de la violencia delictiva.
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Por otro lado, para el jefe negociador por parte del Gobierno en la mesa de Itagüí, el principal problema es que “estamos en un territorio donde hablar de paz total y paz urbana no es fácil. Acá hay una polarización política muy fuerte, hay una presencia muy significativa de sectores reacios al Gobierno Nacional y a sus políticas que creen que hay que seguir aplicando la misma fórmula ya hace 40 o 50 años con relación al tema de la seguridad. No coinciden que la mejor manera de luchar por la seguridad es luchar por la paz y por lo tanto pues hay que vencer esas resistencias”.
Quijano agregó que la política es uno de los mayores obstáculos. “Necesitamos la presencia del alcalde (Federico Gutiérrez). La paz es de todos y Medellín nos duele a todos. Tiene la obligación de ayudar a construir la paz”.
Para Mejía, sin embargo, el mayor enemigo de este proceso es el tiempo. “A pesar de la voluntad de los distintos actores, no podemos desperdiciar ese recurso que es agotable. Nosotros tenemos la disposición de avanzar para finiquitar las conversaciones antes de que termine el gobierno de Gustavo Petro, esa es nuestra aspiración”.
¿Quiénes participan en los diálogos?
El 2 de junio de 2023, una foto le dio la vuelta al país. En una mesa de la cárcel de Itagüí estaban sentados Juan Carlos Mesa Vallejo, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, Gustavo Adolfo Pérez Peña, Juan Camilo Rendón Castro, Albert Antonio Henao Acevedo, Freyner Ramírez García y Mauricio de Jesús Morales Múnera, como los voceros de las bandas encargados de dialogar con el Gobierno.
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Esa negociación hoy tiene como objetivo el sometimiento de esas estructuras armadas, y según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz involucraría a unas 350 a 400 bandas y combos.
