Nariño se ha convertido en el epicentro de una de las principales apuestas del presidente Gustavo Petro: la paz total, pero especialmente la paz territorial. En medio de las dificultades que el Gobierno ha tenido para sacar adelante las mesas de negociación, en ese departamento están avanzando dos procesos de los que hay grandes expectativas no solo de llegar a buen puerto, sino de que se haga antes de que termine el periodo presidencial: los diálogos con Comuneros del Sur (un frente que se separó del ELN) y con la Segunda Marquetalia (una de las disidencias de las FARC comandada por Iván Márquez).
Por eso, no es casual que esta región en el sur de Colombia esté jalonando las apuestas para salir de la guerra. Nariño lleva décadas luchando en contra del conflicto armado y su historia ha estado manchada por atentados a la Fuerza Pública, crímenes contra la población civil, el abandono del Estado y delitos como la extorsión, el secuestro y los desplazamientos forzados.
La historia del conflicto armado en el departamento comenzó en la década de los 80 cuando se organizaron los primeros bloques de las FARC que hicieron presencia en la parte alta de la cordillera occidental y se asentaron en los municipios de Policarpa, Leiva, El Rosario y Cumbitara, que hoy siguen teniendo presencia de grupos armados.
Según Luis Gabriel Salas, docente investigador de la Universidad Nacional de Colombia, el conflicto en Nariño apareció con el descubrimiento de rutas hídricas y terrestres que eran usadas por los grupos armados para el tráfico de economías ilícitas desde el norte del Cauca hasta la salida por el océano Pacífico, en Tumaco.
La ubicación geoestratégica del departamento también fue usada por los carteles más temidos de la historia de Colombia para el tráfico de estupefacientes. El Cartel de Medellín usó a Nariño como centro de acopio de toda la droga que llegaba desde Ecuador; mientras que el Cartel de Cali concentró en el municipio de Llorente su centro de operaciones con pistas de aterrizajes y laboratorios para sacar la droga hacia Estados Unidos y Europa.
“Esa condición geográfica ha sido usada por los grupos armados que fortalecen sus economías criminales y no por el Estado para el desarrollo del departamento”, explicó Salas a Colombia+20.
Desde entonces, todos estos corredores han sido apetecidos por las estructuras armadas que toman los antecedentes del narcotráfico como una de sus rentas criminales más productivas para fortalecer sus tentáculos.
La expansión de la guerrilla de las FARC para la década de los 90 ya estaba consolidada en el departamento y fue entonces cuando Nariño se convirtió en uno de los epicentros del conflicto armado en el país.
Durante meses, la historia del departamento estuvo ensombrecida por los crímenes contra la población civil y los constantes enfrentamientos armados que dejaron sin vida a muchas personas. Sin embargo, un primer acercamiento de paz propuesto por el expresidente Andrés Pastrana sembró en las comunidades una esperanza de terminación del conflicto que nunca se vio materializada.
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La ruptura de la mesa de diálogos entre ese Gobierno y las FARC- EP que se gestó entre 1998 y 2002, en San Vicente del Caguán, dejó consigo un intento de paz fallido y un centenar de combatientes que se desplazaron hacia las fronteras en busca de más apoyo para fortalecer sus bloques.
“La negociación fallida significó un fortalecimiento de las FARC en la frontera y en el Pacífico con una colonización armada que trajo consecuencias desastrosas como masacres y asesinatos a líderes sociales”, dijo Salas.
Pero para el 2002 no solo eran las FARC las que ocupaban el territorio. Sobre esa misma época se comenzó a escuchar sobre la incursión paramilitar en la zona y Nariño fue escenario de una nueva distribución territorial de los grupos armados en función de la cadena productiva de las drogas.
Las FARC se asentaron en la zona de frontera donde había mayor producción de hoja de coca, mientras que los paramilitares se tomaron las rutas del Río Mira para comprar pasta de coca y producir los estupefacientes con el apoyo de narcos del Valle o de México.
Las rentas criminales en la zona se fueron expandiendo y el territorio se convirtió en el blanco de delincuentes que ocuparon Nariño en busca de rutas que no habían sido identificadas.
Tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, cientos de excombatientes salieron de la zona, pero desafortunadamente el departamento no se salvó del conflicto. Nuevos grupos armados, incluyendo las disidencias de Iván Mordisco, llegaron hasta Nariño para apoderarse de las rutas que habían dejado las FARC y poder expandirse en un territorio que estaba recién liberado.
Una vez más, las comunidades fueron tomadas por los grupos armados y, en algunos casos, instrumentalizadas para el contrabando de armas, gasolina, droga e incluso, tráfico de migrantes que buscan llegar hasta Estados Unidos a través del Tapón del Darién. También hubo víctimas de explotación sexual.
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Actualmente, Nariño también lucha contra la expansión de cultivos ilícitos que ya completa 69.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, de acuerdo con lo que le dijo a este diario el gobernador de ese departamento, Luis Alfonso Escobar, y que ha traído consigo que los valles del departamento se conviertan en territorios minados por los que solo pueden transitar quienes conocen del negocio.
Aunque la historia ha estado marcada por un doloroso conflicto armado, los intentos de pacificar el territorio han vuelto con fuerza en las últimas semanas a Nariño.
Las negociaciones de Paz con Comuneros del Sur y Segunda Marquetalia
Tumaco y Samaniego son los dos municipios que han acogido espacios de construcción de paz con la participación del Gobierno y los grupos ilegales.
Desde julio de este año, el Ejecutivo firmó el inicio de negociaciones con Comuneros del Sur, frente que se escindió de la guerrilla del ELN en el mes de mayo, y que avanza a pasos agigantados en ese proceso.
En menos de dos meses de formalización de los diálogos y luego de la instalación de la mesa, ese grupo ha logrado avances enormes en el diálogo que lleva con el Gobierno.
En septiembre pasado dieron a conocr el primer acuerdo de cara a la construcción de paz en Nariño, se destaca la destrucción de armas de guerra antes de diciembre de este año, el inicio del diseño para un cese al fuego, y de unas “zonas de concentración” para quienes hagan tránsito de la vida civil.
En lo que respecta a las Zonas Territoriales de Concentración, las delegaciones explican que ambas partes diseñarán el proceso y se espera que la primera zona se pueda instalar antes de finalizar el año en curso. “En este espacio, un 30% de la tropa de Comuneros del Sur comenzará un proceso de concentración en una ubicación definida”, dice el documento.
Asimismo, Comuneros del Sur estableció sus primeros gestos de voluntad de paz como la suspensión de los secuestros, el reclutamiento de menores de edad y el uso de minas antipersonal. En ese acuerdo también se lanzó oficialmente el proceso de desminado humanitario en Nariño, buscando desescalar la violencia en este territorio.
Por otro lado, Tumaco fue el escenario para que hace algunos días se destrabara la mesa entre el Gobierno y la Segunda Marquetalia, quienes anunciaron que el segundo ciclo de diálogos se realizará la tercera semana de octubre en La Habana (Cuba).
Aunque ese proceso no tiene un ritmo tan acelerado, el Gobierno confía en que la negociación avance ahora que superaron un punto fundamental: el levantamiento de las órdenes de captura de Iván Márquez. Aunque esa sigue siendo una petición de la Segunda Marquetalia, el Gobierno logró que se pueda dar el siguiente ciclo y otras reuniones como la que ocurrió hace dos semanas a la que sistieron al menos 200 líderes de las comunidades y decenas de organizaciones sociales, campesinas, afros e indígenas, que piden que los diálogos avancen. Este diálogo -que sí es una negociación política- aún carece de agenda.
Colombia+20 habló con el gobernador Escobar quien señaló que es necesario construir la paz desde las regiones y que desde su administración han trabajado para que en el departamento se pueda avanzar en el diálogo, no solo entre Gobierno y grupos armados, sino que también se incluya la voces de las comunidades.
“Hoy tenemos dos procesos de paz con la Segunda Marquetalia y Comuneros del Sur con resultados muy concretos de acuerdos de desescalamiento de la violencia en 10 municipios. Esperamos que los diálogos entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno avancen como se ha hecho con Comuneros”, aseguró el mandatario.
Respecto al grupo disidente de las FARC, Escobar dijo que es necesario que muestren intenciones reales de paz y que avancen en dejar las armas, no solo por las peticiones del Gobierno, sino que también por la voluntad que ha expresado la sociedad de no seguir en medio del conflicto.
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A pesar de los diálogos de paz, la violencia no cesa en Nariño
Según cifras de la Unidad de Víctimas, a corte de febrero de 2024, el departamento de Nariño ha registrado 620.725 víctimas del conflicto armado (uno de cada tres habitantes). La presencia de casi todos los grupos ilegales en el departamento ha hecho que este territorio se convierta en un campo de guerra, en el que los civiles han caído en medio de la confrontación con los grupos armados.
Un informe entregado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), para el año 2024, señala que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), hace presencia en 26 municipios (12 más que en el 2023). La Segunda Marquetalia continúa teniendo presencia en 11 municipios. El Estado Mayor Central (EMC), hace presencia en 16 municipios (4 más que en el 2023); mientras que el Ejército Gaitanista de Colombia EGC, más conocido como el Clan del Golfo, hace presencia en 9 municipios.
En diálogo con este diario, Francisco Javier Daza, coordinador de paz y postconflicto de la Fundación Pares, quien estableció que en el departamento de Nariño se han dado movimientos alrededor del conflicto armado y que, de hecho, se han generado alianzas entre la Segunda Marquetalia, Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño para frenar la avanzada del EMC.
“Esto da unas pinceladas sobre cómo se puede avanzar en temas de paz, ya que con estas alianzas se puede dar un cese al fuego multilateral”, aseguró el experto sobre cómo las mismas organizaciones se están juntando para evitar la expansión disidente.
Daza dijo que el hecho de que la mesa de negociaciones con la Segunda Marquetalia se haya centrado en Nariño se debe a que este grupo armado tiene su centro de operaciones en este departamento y que, por tanto, necesita que haya un desescalamiento de las acciones ofensivas por parte de la Fuerza Pública.
Cabe destacar que la ubicación geográfica de Nariño también es un detalle clave en el funcionamiento de los grupos armados, ya que su salida hacia el océano Pacífico y su frontera con Ecuador hacen de este territorio un lugar apetecido para la criminalidad.
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“Más allá del alto número de cultivos de coca, en Nariño se consolidan unas rutas de narcotráfico, no solo hacia el Pacífico, sino que también hacia el centro del país. Es por eso que el EMC busca apropiarse de las mismas”, detalló el experto.
Según Daza, Nariño es uno de los departamentos con tasas de homicidio y desplazamiento más altas del país y es por eso que desde el Gobierno han centrado sus objetivos en disminuir esos números para dejar resultados tangibles al finalizar el Gobierno Petro.
El Gobernador Escobar es consciente de estos problema, pero afirma que lo que se está haciendo en Nariño está fundamentado en que el departamento “tiene el derecho de buscar que la paz llegue a sus territorios”. Y agrega: “Es ilusorio pensar que nos quedemos de brazos cruzados mientras el conflicto avance en nuestro territorio. Tenemos el derecho a buscar la paz y eso no se le puede impedir a ningún colombiano”, dijo el gobernante.
¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta Nariño, en caso de firmarse la paz con Comuneros del Sur y Segunda Marquetalia?
La historia del departamento de Nariño ha dejado lecciones que se deben corregir para que los grupos armados no vuelvan a tomar el territorio. Por ejemplo, tras la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC, muchos grupos ilegales que estaban dispersos por el país encontraron en esa región una base para esconderse de las autoridades.
“La ubicación del departamento representa un reto porque esto busca ser aprovechado por los grupos armados para ejercer dinámicas de control social y territorial. En el marco de los avances que se puedan tener con Comuneros del Sur y Segunda Marquetalia, también se deben activar unas rutas de ocupación efectiva del Estado”, mencionó el experto.
Para el senador nariñense Robert Daza, del Polo Democrático, es importante que el Estado se fortalezca en el departamento para evitar la invasión de más grupos armados que dominen el territorio.
“Los garantes de la tranquilidad de la comunidad deben ser las Fuerzas Militares. El Gobierno tiene que garantizar más Fuerza Pública para contener la entrada de los grupos armados. Sería muy grave que se desmovilice una fuerza, que se incorporen a la sociedad y que lleguen los otros, quizás a hacer asesinatos como ha ocurrido con los firmantes de paz”, concluyó Daza.
En caso de que el Ejecutivo firme los acuerdos con estos dos grupos, la amenaza de copamiento del territorio estaría latente por parte del Estado Mayor Central, quienes ocupan una importante fracción de Cauca y que buscaría cubrir varios puntos en el sur del país.
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