Desde la cárcel de Itagüí, se instaló mesa de diálogos con bandas de Medellín

Instalación de la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las bandas criminales del Valle de Aburrá.

Foto: Camilo Alzate González

Este viernes, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí (Antioquia), se instaló la mesa de negociación entre el Gobierno y las bandas criminales del Valle de Aburrá (subregión conformada por 10 municipios, incluido Medellín). La mesa busca el sometimiento de esas estructuras armadas, y según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz involucraría a unas 14.000 personas que pertenecen a entre 350 a 400 bandas y combos.

El acto, que se dio dentro de una zona verde de ese centro penitenciario -alejado de las celdas-, contó con la presencia de representantes de organizaciones sociales, congresistas, comunidad internacional y delegados de iglesias.

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Tras la culminación de la instalación de la mesa, otro evento tuvo lugar en el parque principal de Bello, Antioquia. Decenas de jóvenes se congregaron en ese lugar para respaldar ese proceso. El evento, que cuenta con la presencia del comisionado Rueda y de la delegación designada para las negociaciones con las bandas criminales, también busca dar a conocer los avances de la política de Paz Total.

Por parte de las estructuras armadas también se conocieron los nombres de los delegados de cara al proceso de negociación. Se trata de Juan Carlos Mesa Vallejo (conocido como Tom), Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, conocido como Vallejo, Gustavo Adolfo Pérez Peña, Juan Camilo Rendón Castro, Albert Antonio Henao Avecedo, Freyner Ramírez García (Carlos Pesebre) y Mauricio de Jesús Morales Múnera. Según se anunció, tendrán unos voceros suplentes.

En la tarde de este viernes, tras finalizar el acto de instalación de la mesa, en el municipio de Bello se reunirán miembros de las comunidades que podrán en marcha un espacio de acompañamiento de este proceso desde la sociedad civil.

Diálogos inician sin un marco jurídico

Sebastián Murillo Echeverry, conocido como Lindolfo, fue el encargado de dar la declaración por parte de las estructuras armadas. En su intervención dijo que el proceso no ha sido fácil dadas las dudas sobre la figura jurídica con la que se negociará.

“Hoy 2 de junio puede ser una fecha más o el comienzo de un cambio de rumbo en Medellín y el Valle de Aburrá. Aceptamos la invitación del Gobierno de Gustavo Petro y se la extendemos a la comunidad internacional para dialogar en la construcción de una ruta para la paz urbana. El camino trasegado hasta la fecha no ha sido fácil, son múltiples los interrogantes que rodean la instalación de este espacio dialógico. No es un hecho desconocido para los participantes de este encuentro y toda la sociedad colombiana que estos diálogos inician sin que exista aún el marco jurídico para resolver las situaciones socio-jurídicas de los miembros de estas estructuras”, indicó.

Murillo dijo también que quieren sumar su versión al “relato del conflicto” y que por eso quieren cambiar el camino de la guerra. “Somos parte de esos dolores y la sangre de nuestra gente en los barrios (...) Ha llegado el momento de que Colombia tenga otra perspectiva del conflicto urbano en el hemos sido actores reales del poder. Un conflicto en el que hoy se reciclan todas las violencia y en el cual convivimos víctimas y victimarios, donde nos encontramos todos los excluidos y donde hasta hoy no había llegado la política de paz”, afirmó.

Tras las declaraciones del comisionado Rueda y de Murillo, se levantó la mesa. Se indicó que solo representantes del Gobierno darían rueda de prensa, mientras los presos se retiraron del recinto y volvieron a sus celdas.

Durante su intervención, el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda dio a conocer los nombres de los negociadores del Gobierno en este proceso. Como ya lo habíamos adelantando en Colombia+20, se tratan de la senadora Isabel Cristina Zuleta, la excomisionada de la Verdad Lucía González y el exsecretario de seguridad de Antioquia, Jorge Mejía. Los tres fueron facilitadores del proceso. A ellos se suma la lideresa comunitaria María Gisela Quintero.

El proceso también tendrá asesores. Se trata de Fernando Quijano, periodista y experto en criminalidad urbana; Mijail Lacher, politólogo y filósofo, expertos en temas de seguridad, desarrollo económico y social y Johan Giraldo, abogado y defensor de derechos humanos, ha acompañado comunidades en Antioquia y también trabajó con la Corporación Jurídica Libertad.

Daniel Millares, representante de la MAPP-OEA, fue el encargado de leer la declaración conjunta en la que se explicó las fases que ha ido surtiendo el proceso se agradeció el apoyo de la comunidad internacional y se fijaron algunos compromisos como la participación de la sociedad civil en los diálogos. Sobre esto último, se indicó que en las próximas semanas se darían a conocer los mecanismos de participación.

Estos fueron los seis puntos del proceso:

1. Hoy instalamos en la cárcel La Paz de Itagüí, el espacio de diálogo socio-jurídico con miras a construir una paz urbana real, estable y duradera. Tras culminar la fase de diálogos exploratorios que se venía adelantando desde agosto de 2022 e instalar mecanismos de seguimiento a la reducción de las violencias armadas en Medellín y su área metropolitana, estamos preparados para iniciar esta segunda frase del proceso.

2. Este espacio de conversación socio-jurídica estará abierto para que la ciudadanía participe y presente sus propuestas y aspiraciones.

3. Reconocemos y agradecemos el acompañamiento de las iglesias y de la comunidad internacional y organismos multilaterales, secotres de la sociedad civil, líderes sociales, víctimas y miembros de la academia.

4. Este espacio nos permite volver a creer en la palabra del otro.

5. Desde el primer momento este proceso tendrá como criterio central el respeto por las comunidades afectadas por la violencia y la definición de garantías de no repetición.

6. Reafirmamos nuestro compromiso con la ética de la vida.

La instalación de la mesa se inició con el himno de Colombia y el de Antioquia y las palabras del cura Jaime Henao Franco, quien habló sobre el poder de la reconciliación. En la mesa hay una veintena de personas. Los delegados y jefes de las bandas están usando una camisa blanca.

A su turno, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que mediante distintas estrategias jurídicas se están haciendo los esfuerzos de una paz que respete el derecho de las víctimas, pero también el debido proceso a quienes han cometido delitos. “Es un proceso que pueda mejorar la convivencias. El Gobierno está consciente de que cualquier arreglo de paz sea respetuoso y reivindicador de los derechos de las víctimas. Estamos pensando en reparaciones que sean transformadoras”.

Sobre las 9 de la mañana empezó el ingreso a una zona verde de ese centro penitenciario -lejos de las celdas-. Había un modesto esquema de seguridad de hombres del Ejército, Gaula y la Policía. Allí hicieron presencia medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y representantes del Instituto de Paz de Estados Unidos. También estaba la representante a la Cámara, Susana Boreal.

Julio Cesar Rengifo, líder del corregimiento de Altavista, habló con Colombia+20 previo a la instalación y dijo que el inicio de este proceso es una apuesta a la vida y a la paz. También pidió que se incluyan delitos de alto impacto que aún no han sido debatidos. “Ojalá los voceros no solamente tengan en cuentan delitos como el narcotráfico, microtráfico, homicidio o la parte económica de estas bandas, sino otros delitos de alto impacto que no están sobre la mesa como el reclutamiento de menores y la desaparición forzada”, explica.

Rengifo se pronunció sobre los vacíos que aún hay en este diálogo. “No hay un marco jurídico claro para esas negociaciones para lograr lo que se quiere lograr, pero esparemos que se den todas las herramientas necesarias a través de la ley de sometimiento para esa paz urbana en Medellín”, aseguró.

El líder, quien ha sido objeto de varias amenazas, afirma que sí hay un riesgo para los veedores y facilitadores de este proceso si llega a fallar. “Seguimos teniendo esa zozobra y seguimos denunciando. La paz no ha llegado, se está negociando y está en construcción. Entonces sí, riesgo hay”, afirma.

En una entrevista publicada el pasado lunes por este diario, el grupo de Los Pachelly habló sobre sus expectativas en este proceso y dijo que hay una voluntad de paz que “se ha intensificado en los últimos años” y que la mesa de diálogos con el Gobierno en el marco de la política de Paz Total ha sido recibida “como un espacio de reconciliación para la paz urbana”.

Este proceso ha significado, según datos de la Alcaldía de Medellín, una reducción de hasta el 40% en los homicidios en la ciudad y que se ha profundizado en los primeros meses de este año. “Es una decisión que sale de los barrios, pero es producto del llamado de un liderazgo que sale de las cárceles, todos caminamos en esa misma función”, afirmaron Los Pachelly.

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Los facilitadores han hecho un mapeo en los barrios de Medellín y en la cárcel de Itagüí para saber de primera mano cuáles son las peticiones de estas estructuras armadas, qué alcances pueden tener los diálogos de paz al interior de estas estructuras tan numerosas y cómo un sometimiento a la justicia puede conllevar a una pacificación del Valle de Aburrá.