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Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, es el hombre detrás de la política de paz total, el proyecto más ambicioso de Gustavo Petro. Él ha sido el arquitecto de la reactivación de las negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de los acercamientos con las disidencias de las FARC. También ha adelantado la “paz urbana”, que incluye a bandas criminales del Valle de Aburrá y Buenaventura.
A un año del inicio del gobierno Petro, tiene al menos siete diálogos andando con diferentes estructuras armadas. En entrevista con Colombia+20, Rueda habla sobre los avances y retos de su gestión y afirmó que hace unos días habló con Iván Márquez, comandante de la Segunda Marquetalia, de quien se dijo que había muerto.
¿Cuál es su balance de la paz total?
El balance es positivo porque en medio de muchas dificultades hemos logrado avanzar. Este es un proceso inédito, ambicioso. Nunca se ha tenido simultáneamente a tan diversos grupos armados de diferente naturaleza y motivaciones en un proceso de construcción de paz para Colombia.
El más avanzado sin duda es el ELN…
Claro porque el ELN tenía ya una arquitectura y unos compromisos de Estado que fueron abandonados en el gobierno anterior, pero que nosotros retomamos de lo que estaba definido con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Ellos regresaron a Colombia, conforme a los protocolos acordados, respetando la legalidad internacional, y tomaron la decisión de reiniciar una mesa de diálogo con este gobierno.
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¿De todos era el más fácil?
Mas fácil para reiniciar. Cada proceso tiene su complejidad, pero en todos los procesos podemos dar un parte de avances significativos y sustanciales.
¿El proceso con el ELN está en un punto de no retorno?
Nada es irreversible, todo puede cambiar. Tenemos el ánimo de que lo sea y eso se dará sobre la base de unos planes de Gobierno que están a punto de ejecutarse en diversos territorios de Colombia. Son compromisos que existen en el Acuerdo de México y en el Acuerdo de La Habana sobre una agenda temática que va a abordar las causas de la conflictividad armada y sobre todo con una participación que esperamos sea creciente de la sociedad colombiana en la definición de sus cambios.
¿La mesa estará pronto sesionando en Colombia?
Es el objetivo porque un proceso distante no anima a muchos colombianos, un proceso que no tenga efectos muy concretos en el día a día de la ciudadanía no genera afecto y creemos que ya es el momento de que este proceso pueda concitar el afecto y la comprensión de los colombianos. Nosotros como Gobierno, aún en medio de muchas dificultades, generaremos todas las garantías para la presencia permanente de la delegación de paz del ELN en Colombia. Toda la construcción de paz debe generar transformaciones en Colombia y esas transformaciones no se pueden realizar desde afuera. La gente tiene que experimentarlas, tiene que sentirlas. Además, el hecho de pactar un cese de fuego va a imprimir una dinámica distinta a ese proceso.
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¿Y también puede probar la unidad de mando de esa guerrilla, que ha estado cuestionada?
Al día de hoy no dudamos de la unidad de mando que tiene esa organización político-militar. Hay diferencias, tensiones, como en todo proceso organizativo, eso sucede cuando hay decisiones regionales que no se compadecen con lo que se acuerda en la mesa de diálogo.
Como los paros armados…
Sí, hay especificidades regionales, pero podemos dar fe de que hay una unidad.
Hablando de paros armados, el ELN ha decretado al menos cinco en el Chocó, ¿la estructura que opera en ese departamento es la más díscola de ese grupo?
Es una pregunta para el ELN. Lo que analizamos es que esa es una de las tensiones o tendencias internas que existen. Eso tendrán que resolverlo ellos y en la medida en que se vayan acordando asuntos sustanciales, ellos irán aclarándonos.
¿Qué tanto cumplió el ELN su compromiso de alivios a las poblaciones del Pacífico?
También habría que preguntarle al ELN si piensan que los paros armados son una manifestación de avanzar en la construcción de paz o son una forma de llamar la atención de la responsabilidad del Gobierno sobre situaciones en esa región. Para nosotros, esas acciones del ELN han profundizado una crisis humanitaria y generado una deslegitimación de su proyecto político, pero es a ellos a quienes les corresponde dar cuentas de sus actuaciones a la sociedad, a las comunidades del Pacífico.
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¿Cuál es la consecuencia si ese compromiso no se cumple?
Los alivios humanitarios son un acuerdo justo con la pretensión de aplicar DIH y generar mejores condiciones para sus habitantes, pero no van a resolver de fondo todas las situaciones. Las poblaciones tienen unas mejores condiciones hoy que en el pasado. Nosotros como Gobierno tenemos una responsabilidad que vamos a implementar de manera eficaz en los próximos meses. Nosotros heredamos unas prácticas burocráticas que hacen difícil que el Gobierno pueda responder con la prontitud que requieren las comunidades, pero ya tenemos unas líneas de actuación muy claras y vamos a mostrar unos ejercicios piloto de retorno con este tipo de comunidades.
Discrepo de su opinión. La población no puede estar mejor que antes cuando sufren por paros armados, confinamientos y demás violencias. Incluso tuvieron que establecer un corredor humanitario para recibir atención…
Miremos hacia atrás, qué es mejor o qué es peor. Es peor no tener corredores humanitarios, es peor no tener mecanismos de respuesta desde el Gobierno a las demandas de las comunidades, es peor no tener interacción con las comunidades, es peor no tener unos planes de intervención. No podemos operar como las avestruces, pero tampoco desconocer la realidad. Se han logrado acciones importantes y se están diseñando acciones estratégicas con la población para que esas situaciones se resuelvan estructuralmente. Este era un piloto y se supone que con sus lecciones aprendidas sería replicado en otras zonas, ¿dónde serían los otros?
Estamos haciendo unos recorridos en diversas regiones del país construyendo la segunda fase, que empieza después del primer año de gestión. Nos vamos a involucrar en esos territorios 24 horas del día con las misiones paz y la construcción de ecosistemas de paz, a través de los cuales se pactarán eventuales acuerdos humanitarios con los grupos armados que operen en una determinada región, con independencia de los ceses al fuego pactados y donde habrá una intervención integral con las políticas de gobierno para consolidar con la población sus iniciativas de construcción de paz.
¿Dónde podrían ser?
En Cauca tenemos una experiencia inicial, también en Nariño. También estarían el Magdalena Medio, el nordeste, Montes de María, el norte del Chocó, el Bajo Atrato, el Putumayo. Todas las zonas de conflictividad armada y le sumamos a eso las de las de violencia urbana. En la fase de exploración hay algunos acuerdos entre procesos organizativos y el grupo armado, avalados por la oficina de paz, y vamos a empezar desde el 7 de agosto con los equipos permanentes en las comunidades.
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¿En algunas de estas zonas es posible que se llegue a acuerdos entre grupos armados para lograr ceses multilaterales locales?
Es posible.
¿En qué fase de la realidad o de la especulación está el famoso fondo multidonante para financiar al ELN en el cese al fuego?
Es un tema sobre el cual hay mucha especulación y eso solamente se hará realidad cuando se toque ese tema en la mesa de diálogos. Por lo pronto, con ellos como con otros grupos armados, es necesario ir pensando en esos fondos, pero eso será fruto de la madurez de la mesa misma para cesar la especulación. Mientras no se aborde el tema, todo será especulación.
Si queremos avanzar en los asuntos de las hostilidades que afectan a civiles, como extorsiones, secuestros y otras que tienen motivaciones económicas, pues ese tema se abordará. Más allá del fondo, ningún hecho que haya afectado a la población desde el 7 de agosto de 2022 hasta hoy ha dejado de ser abordado por la oficina de paz tanto en las interlocuciones con los grupos armados como en los canales de comunicación permanente.
Por eso podemos decir que hemos logrado más de 50 libertades de civiles y militares que estaban secuestrados. Hay avances, hay gestos que se han logrado por parte de los diversos grupos armados que obran en coherencia con la construcción de la paz. Por ejemplo, parar la deforestación de bosques como ha sucedido en la Amazonia o en el Parque de los Katíos por parte de las AGC, compromisos de disminución del reclutamiento forzado forzoso, entrega de niños...
Una de las principales críticas a su gestión se centra en que abrir procesos de negociación con todos los grupos al mismo tiempo ha significado el fortalecimiento de esos grupos y una peor situación humanitaria en algunos territorios, ¿qué dice usted?
Incluso dicen que yo me inventé el Estado Mayor Central (disidencia de las FARC al mando de Iván Mordisco)… Le propongo que revisemos qué país encontramos el 7 de agosto, cuántas personas armadas había el 7 de agosto en diversos grupos irregulares tanto rurales como urbanos. Entidades como la Fundación Ideas para la Paz señala un crecimiento exponencial de los grupos armados en la pandemia. Luego se extendieron pospandemia. No se expandieron con el cese de fuego, lo que pasó es que se vio dónde estaban y dónde intentaban expandirse.
La población los denunció porque nuestro trabajo se ha centrado en los territorios para generar garantías de libertad de expresión de la población. Las extorsiones no empezaron por el cese de fuego, ¿quién mide certeramente la expansión? El paro armado que realizaron las AGC en mayo del año pasado mostró el poder de ese grupo y la situación que se vive en Santa Marta y toda la zona de la Sierra Nevada.
Lo que sucede en Putumayo, las operaciones de los grupos irregulares de manera, sostenida y permanente incluso en los cascos urbanos, eso no es nuevo. Quien haga cartografía y un traslape del 7 de agosto hasta hoy no puede decir que hay una expansión. Nosotros no nos inventamos la toma del Yarí ni a los grupos de Medellín y Valle de Aburrá. ¿O no existían antes los Shottas y los Espartanos? Eso no quiere decir que no hubo reclutamiento, nosotros podemos decir que hubo discusiones profundas sobre el reclutamiento, que hubo niños devueltos, eso también lo podemos decir.
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¿Cuándo se instalará la mesa con el EMC?
El levantamiento de las órdenes de captura es una decisión muy importante y en derecho del fiscal general. Ahora toca resolver traslados, ubicación de unos puntos, debemos recordar que este será una mesa de diálogos en Colombia y eso requiere unas medidas particulares.
¿Dónde se instalará?
Lo tenemos que acordar con ellos. Ellos nos han formulado varias propuestas. No necesariamente es en el Yarí.
¿Por qué se demoró tanto el Gobierno en nombrar sus delegados a esa mesa? ¿Eso pudo romper la confianza, que se acabó con el asesinato de los niños reclutados?
Las dinámicas militares afectan también las decisiones políticas. Había un crecimiento de denuncias de las actuaciones del EMC y eso generaba un ambiente poco propicio para empezar. Ahora no hay cese de fuego y hay una tensión militar con daños irreparables a la población que no queremos que se sigan produciendo. Ellos y nosotros estamos de acuerdo con unos ajustes a los protocolos, con un abordaje mucho más concreto. No hubo dilación en el nombramiento de la delegación, lo que hubo fue un ambiente de dinámicas militares que no propiciaba el inicio de la mesa.
El grupo EMC persiste en actos violentos como extorsiones, reclutamiento y se les acusa de tener un plan pistola para asesinar policías. ¿Aún así el Gobierno insiste en una negociación con ese grupo? ¿En sus diálogos exploratorios se le exige a este grupo acabar con estas prácticas?
Todos los grupos armados irregulares persisten en el ejercicio de la violencia armada, con actos como extorsiones, reclutamiento, control social y la disputa con otros grupos armados. Todo eso es repudiable y, por supuesto, hemos exigido que ese tipo de prácticas queden abolidas porque van en contra del DIH, de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Insistimos en que ese tipo de violencias pueden resolverse en las conversaciones. A todos los grupos sin excepción alguna se les exigió no torturar, no matar ni desaparecer y evitar confrontaciones armadas que causaran daños a civiles. Tenemos la trazabilidad de los hechos denunciados por los ciudadanos para afrontarlos, en algunos casos hemos logrado resolver las situaciones. Esas prácticas nos retrotraen al pasado, desdicen mucho de las motivaciones políticas de los grupos, son crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
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¿Qué será primero: la mesa o el cese al fuego?
Hay un acuerdo: mientras se levantaban las órdenes de captura teníamos unos espacios de conversación, de generación de confianza, de atención de las situaciones conflictivas en ausencia del cese al fuego. Tenemos unos avances en los ajustes de los protocolos. La idea sería iniciar la mesa de conversación lo más pronto.
¿Por qué no se ha nombrado la persona de la Alta Consejería para la implementación del Acuerdo Final?
Queremos cumplir cabalmente el Acuerdo Final firmado en el Teatro Colón, pronto se nombrará esa persona. Había que revisar una y otra vez los decretos para tener el presupuesto. No se trata solamente de nombrar y poner una persona ahí, sino dejar las cosas bien hechas.
¿Cómo va la lista de candidatos?
Ahí va, el presidente decidirá.
¿Hay avances con la Segunda Marquetalia?
Aquí hay muchas incomprensiones. La Comisión de la Verdad también se pronunció en relación con el entrampamiento a la JEP y que un hecho de esa naturaleza puede generar motivaciones para un nuevo alzamiento armado de este grupo.
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Es decir, ¿se espera que con la actuación de la relatora que Naciones Unidas nombró para este caso del entrampamiento a la JEP por el caso Santrich se tengan argumentos sólidos para decir que Iván Márquez y demás tuvieron motivaciones para retomar las armas y reconocerles estatus político?
Sí, habría la posibilidad de un reconocimiento político. Tenemos unas limitantes y entendemos las expectativas que Segunda Marquetalia tiene con la paz total. Hemos tenido unos avances en materia temática y metodológica para resolver la situación de las razones de su alzamiento armado.
¿No habría mesa de diálogo?
Habría una salida sociojurídica y también política. Hay unos asuntos temáticos novedosos que podrían desarrollarse en los territorios.
¿Con quién habla usted de la Segunda Marquetalia?
Con Iván Márquez y con mandos en los territorios.
¿Iván Márquez está vivo?
Está vivo. No puedo decir nada distinto.
¿Cuándo fue la última vez que habló con él?
Hace unos días. No lo he visto, pero está vivo.
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¿Cómo evitar que los grupos armados interfieran en las próximas elecciones?
Todos los grupos en este momento están en eso. El propósito es lograr un compromiso de todos los grupos armados de cesar la presión y permitir elecciones con garantías para todos los pobladores y con garantías para todos los candidatos. Las cosas no se dan de la noche a la mañana, todo esto es un proceso y este proceso exige hablar con todo el mundo y explicar que dialogar no es perder la fuerza, sino que es ganar la fuerza de la palabra, de la convicción. Que entiendan que es innecesario presionar a la gente para que vote por uno u otro candidato
No es lo que piensan ellos…
Nuestro reto es convencerlos y que obren en coherencia con el compromiso.
¿Cuál es la salida jurídica para las AGC, ya que no habrá reconocimiento político y se cayó la ley de sometimiento?
Hay que respetar la jurisprudencia de la Corte y lo que se ha surtido del 2003 hasta acá a través de los mecanismos que se iniciaron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El Código de Procedimiento Penal tiene los principios del derecho restaurador, o sea hay de dónde halar, pero necesitamos mostrarles las posibilidades. Es el Congreso el que legisla, la Corte haría el examen constitucional de lo que se apruebe en una ley que posibilite la transición colectiva de las AGC y las ACSN a la paz.
Estamos avanzando en un acuerdo en sus zonas de operación e influencia. Hace unas semanas compartimos una propuesta que está en manos de sus mandos máximos y estamos esperando una respuesta.
¿Cuál ha sido el peor momento en este primer año en el cargo?
Todos los asesinatos son dolorosos, sin excepción. Es un revés que hace mella muy fuerte a la paz. Lo de la niña que murió recientemente, lo del líder del Cauca. Es una tragedia lo de los firmantes de paz, el desplazamiento forzado, el confinamiento.
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¿Se frustra con eso?
Si, claro, pero se toma fuerza con la gente. Un día una abuela me decía que agradecía el cese al fuego porque podía dormir en su cama y no debajo de ella.
¿Un momento satisfactorio?
Cuando se logra la libertad de una persona, eso es mucha alegría.
¿Cuál es la crítica que más le ha dolido?
A mí se me van olvidando esas cosas, ni me resiento ni guardo rencor.
Persiste el rumor de que se iría pronto del cargo…
No sé. Todos los días estoy trabajando. Si me voy, dejaré todo dispuesto para que siga bien. Si me voy mañana, me voy feliz porque lo intenté, porque lo que hoy estamos haciendo en el Gobierno es el desarrollo de un proceso que se inició con más de 180 procesos comunitarios de base en los territorios en 2018.
¿Y cómo ha sido llegar al Gobierno después de estar en una ONG dándoles palo a los gobiernos?
Uno se pone en otra piel, entiende las dificultades, pero también responde uno más.