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Cuando le avisaron que se habían acabado los 10 minutos de su intervención, el mayor del pueblo kokonuko Alberto Yase apretó su agenda con la mano izquierda y dijo: “Déjenme terminar, que ya subido acá se me quitaron los nervios”. El mensaje que tenía pendiente sintetizó el sentir de centenares de hombres y mujeres que lo escuchaban: “El Gobierno tiene unos intereses y los grupos armados también, pero quienes más sufrimos el conflicto armado somos nosotros. Si no nos volvemos actores en este proceso, otros van a decidir por nosotros y esa paz no va a quedar bien hecha”.
La intervención del líder indígena se dio este jueves 28 de abril durante un evento que, no gratuitamente, tiene un nombre extenso: la Minga Humanitaria, Política y Social por la Defensa de la Vida, el Territorio y la Paz Total e Integral de los Pueblos.
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Se trata de un encuentro organizado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que convocó a organizaciones indígenas, sociales, campesinas, gubernamentales, de cooperación internacional y hasta del sector privado para sentar su posición y reparos sobre la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, pero también para escuchar la voluntad de paz de los grupos armados ilegales que hacen presencia en sus territorios. Para el evento, que va hasta el sábado, se espera que asistan entre 5.000 y 8.000 indígenas que han ido llegando de todas las regiones del Cauca y de departamentos como Nariño, Putumayo, Huila y Valle.
“Estamos cansados de que los procesos de paz sean centralizados. Hay una contradicción, porque dicen que quieren llevar los sentires de abandono en los territorios, pero cuando firman la paz lo hacen sin la gente, y acá no le apostamos más a eso. Queremos que estos procesos nos involucren y vayan en sintonía con los contextos territoriales. Lo tenemos claro porque lo hemos aprendido en todo este tiempo que hemos vivido la guerra”, le dijo a Colombia+20 el mayor Alejandro Casamachín, coordinador de Diálogos Humanitarios del CRIC.
El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, no asistió al encuentro, pero envió una declaración en la que lo calificó como “un hito” en la participación de las comunidades en los acercamientos de paz y aseguró que se tendrán en cuenta las conclusiones de la minga. Además, un funcionario de la oficina de Rueda participa de la mesa que se instaló con las principales autoridades de los territorios.
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Estamos cansados de que los procesos de paz sean centralizados. Queremos que estos procesos nos involucren y vayan en sintonía con los contextos territoriales.
Alejandro Casamachín, vocero del CRIC
Frenar el reclutamiento y otros alivios humanitarios
Una de las mayores preocupaciones que pusieron sobre la mesa los voceros de las comunidades es el reclutamiento forzado. Según el informe anual del CRIC, en 2022 se registraron 576 afectaciones de derechos humanos en el Cauca, y la más recurrente fue la vinculación de niños, niñas y adolescentes a a las filas de los actores armados, con 183 casos.
“Los grupos no pueden seguir llevándose a nuestros jóvenes a la muerte. Ellos niegan el reclutamiento, pero se los llevan, los ponen de carne de cañón. Necesitamos garantías de que esto no va a volver a ocurrir y de que van a ser desvinculados”, dijo públicamente un líder indígena.
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Más de una decena de voceros insistió en la urgencia de desescalar el conflicto y buscar alivios humanitarios para la población.
“Nos angustia que los mecanismos gubernamentales son lentos, mientras que en los territorios el conflicto no da espera. Acá buscamos un cese multilateral al fuego, porque el cese bilateral -que es entre los armados- no es suficiente. Queremos que paren los asesinatos, que se respete el Derecho Internacional Humanitario, que haya un compromiso real con gestos que nos permitan vivir tranquilos”, dijo Casamachín.
Además de solicitar alivios humanitarios, las comunidades plantearon dudas sobre cómo se van a garantizar los derechos de las víctimas en las negociaciones con los actores armados. Según indicó una lideresa, aún no se sabe si las personas desplazadas forzosamente de sus territorios van a poder regresar, cómo se van a reparar los daños causados por los armados ni cómo se articularía la justicia propia indígena en el marco de la Paz Total.
Esperan conocer la posición de los grupos armados ilegales
Para despejar dudas y comprender voluntades, la minga humanitaria elevó un llamado a los grupos guerrilleros y disidentes que operan y se disputan el territorio: el ELN, el denominado Estado Mayor Central de FARC y la Segunda Marquetalia.
“Acá se les envió invitación por escrito a esos grupos. Les dijimos que acá no se va a favorecer a nadie, que no se autoproclamen dueños del pueblo ni de la sociedad, porque acá ya nos cansamos de la instrumentalización. Queremos que vengan y nos digan cuál es la voluntad real de paz que tienen”, dijo uno de los organizadores de la minga humanitaria.
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La llegada de delegados o gestores de esas organizaciones ilegales se daría este sábado 29 de abril, bajo la presencia de todos los actores invitados al evento: funcionarios del gobierno y la cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, comuneros y dirigentes. La expectativa está en que ese diálogo sirva para sentar las bases del desescalamiento del conflicto y empezar a construir una paz integral que nadie ha conocido en esta región en las últimas décadas.
*Este artículo se hizo en el marco de una misión de prensa convocada por la Asociación Minga.
