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Con la instalación de la legislatura y a 16 días de empezar oficialmente su tercer año frente al Gobierno, el reloj sobre el cumplimiento de sus promesas de campaña y su propuesta de cambio le empieza a respirar en la nuca al presidente Gustavo Petro. Y qué duda cabe de que su plan más ambicioso —exceptuando sus reformas sociales, que también están en veremos— es su apuesta de paz total, cuyo objetivo es loable, pero desbocado: sentarse a dialogar con la totalidad de los grupos armados del país.
Tras casi dos años de echar a andar esa política, cuyo diseño sigue en construcción, el balance general es agridulce, sobre todo en algunas cifras de violencia y los impactos del cese al fuego.
El más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), llamado “¿Plomo es lo que viene? Balance y retos de la política de paz total”, muestra un panorama sobre el estado actual de los procesos de paz (ELN, parte de la disidencia Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia). Los dos primeros atraviesan por crisis de diversa índole, mientras que el de la Segunda Marquetalia —la otra disidencia de las antiguas FARC, comandada por Iván Márquez— aún es un diálogo en ciernes.
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Pese al nombre del informe, Laura Bonilla, subdirectora de Pares, explicó a Colombia+20 que el mensaje principal que quieren dar tras su investigación es que ojalá no sea una ola enorme de violencia lo que viene. “Uno de nuestros mensajes claves, diría que el más importante de todos, es: ojalá que no sea plomo lo que venga. Es un llamado ya no solamente el Gobierno, sino es a la sociedad colombiana. Sabemos que hay una crispación política y que tanto la paz como la guerra se han utilizado con propósitos electorales. Nos conviene también reconocer que tenemos un grave problema de crecimiento y presencia de actores armados en el territorio que están afectando a la población”, explica.
Una paz total sin ruta
Desde la sanción presidencial de la Ley 2272 (también llamada Ley de Paz Total), casi todos los meses hay anuncios y actividades relacionadas con las negociaciones políticas y los procesos de sometimiento; los dos tipos de acercamientos que se determinaron en esa legislación, pero, dice el informe, “pese a tener una dinámica activa y constante, la paz total no tiene una ruta, documento o plan que permita identificar las diferencias en los acercamientos, pero tampoco prever retos o analizar en profundidad los cambios en los ciclos de violencia, o incluso entender mejor las estructuras del crimen organizado”.
Pares identificó al menos cuatro cuellos de botella. El primero lo denominan “politicómetro”, que se refiere a que esos dos tipos de negociación previstas en la ley produjeron un incentivo dañino: que los grupos armados buscaran a toda costa exponer su poderío local para que, a la postre, los ubicaran más como un grupo político que solo como un grupo criminal. “Buscaron aceleradamente hacer visible lo que interpretan como agendas políticas, que incluyen presiones o interferencias en elecciones locales, búsqueda de alianzas políticas o reforzamiento de formas de control y disciplina social, instalación de infraestructura e incremento de tributación ilícita a las economías locales, entre otras”, dice el documento.
El impacto de esa “demostración de control” afectó en las poblaciones, en especial a quienes ejercen liderazgos sociales, pues sobre ellos recayó todo ese ciclo de violencia.
El otro reto es la información insuficiente sobre las estructuras criminales de alto impacto, en particular sobre el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)—, al que Pares califica como el “mayor holding criminal del país” y que, aunque representa el mayor reto de la paz en Colombia, no está en ninguna negociación (espere mañana la segunda parte de esta entrega sobre el accionar de los grupos armados).
Petro tuvo un primer acercamiento con el grupo al inicio del Gobierno, cuando anunció un cese al fuego con varios grupos armados, pero esa medida apenas duró unos meses. Desde entonces, a pesar de intentos del grupo por sentarse a la mesa y uno que otro guiño de Petro, no se ha concretado.
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Pares indica que “las interpretaciones sobre si entra o no en el marco de la negociación de carácter político con el Gobierno han abierto un debate sobre las agendas territoriales, como la regulación o no de economías ilícitas (minería, narcotráfico), la tributación ilegal (extorsión)”, mientras el grupo se convierte en el “más grande, de mayor capacidad de expansión, control y daño”.
De acuerdo con la fundación, el Clan del Golfo tiene influencia en 316 municipios, “distribuidos en 24 departamentos del país”, lo que “implica un incremento significativo de su presencia a nivel nacional en un 17 % respecto al último seguimiento, hecho en 2023″.
El tercer reto está relacionado con el momento en que se están dando las negociaciones. Sobre esto dice Pares: “La disputa sobre las cifras de violencia ha sido nociva para la paz total”, entre otras razones porque ni el cese al fuego ha sido el determinador de la expansión territorial de los grupos ni tampoco todos han significado una reducción de la violencia contra las poblaciones.
La subdirectora Bonilla explica que ciertos territorios pueden sentir más los efectos de la violencia, por ejemplo cuando son zonas donde hay continuos enfrentamientos entre ese grupo en cese y la fuerza pública, pero si los conflictos son otros, son menos sensibles a que el cese tengo un impacto. “Es difícil establecer la causalidad de que el cese al fuego provoca una disminución de la violencia. El cese al fuego tiene un impacto limitado en la disminución de violencias a excepción de estos dos puntos que es el desplazamiento”, afirma.
El último punto analiza las serias dificultades que ha tenido la administración Petro para comunicar qué es lo que pasa en las tres mesas de diálogo que siguen activas. “Los avances en las negociaciones con los grupos que tienen mesas activas y la disminución de los indicadores de violencia, que forman parte de esta apuesta gubernamental, no han sido visibilizados de manera clara o suficiente por las diversas vocerías que la abanderan”, se indica.
Así se mueve la paz en los territorios del país
Al hablar de paz territorial, hay una zona del país que encierra un camino complejo hacia ese objetivo final: Cauca. Si se hace una radiografía de ese departamento, pareciera que la paz le es esquiva y lejana. La amplia presencia de grupos armados organizados que disparan la violencia cada tanto hace que esa promesa se demore en llegar.
En este territorio hay un punto central para entender la disputa: Argelia. Ese municipio es un nodo estratégico debido al control del cañón del Micay, un corredor hacia el Pacífico de inigualable importancia para encadenar las economías ilícitas como la minería y el cultivo de la hoja de coca por parte del EMC, la Segunda Marquetalia y el ELN.
El informe también destaca las confrontaciones históricas que ha tenido la zona por la economía asociada al extractivismo del oro en la región y la aparición paulatina de laboratorios de procesamiento de hoja de coca en el municipio.
En otros territorios del país el panorama tampoco es alentador. Las cifras de violencia en Nariño siguen siendo las más altas, a pesar de los esfuerzos de paz. Es incluso una zona en la que confluye gran cantidad de actores armados, como el ELN en 26 municipios, la Segunda Marquetalia en 11 municipios, el EMC en 16 municipios, el Clan del Golfo en nueve municipios y las Autodefensas Unidas de Nariño en 12 municipios sobre la Cordillera Occidental del departamento. Esa extensión en el territorio se concentra en municipios que son bisagra con Cauca, la costa Pacífica nariñense y la frontera con Ecuador.
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Esa presencia se refleja en que, según la Defensoría del Pueblo, Nariño ha sido uno de los principales departamentos golpeados por el desplazamiento masivo forzado. Durante el primer trimestre de 2024, en ese territorio se registró la mayor cantidad de casos: 3.400 de 3.900 a escala nacional. Asimismo, Nariño también es uno de los más afectados por desaparición forzada y artefactos explosivos.
Asimismo, esa confluencia de actores armados, según el informe, deriva en alianzas para afianzar el control territorial. “El Frente Comuneros del Sur, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Unidas de Nariño establecieron una alianza, denominada ‘la tríada’, en el primer trimestre de 2024, para enfrentar el control que el Frente Franco Benavides, perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas del EMC, mantiene en la zona y así poder aprovechar este territorio estratégico de conexión con el Cauca y el centro del país”, señala Pares.
¿Y la paz urbana?
En Medellín, la paz pareciera esperar en medio de un reloj que juega en contra. A pesar de que la violencia letal asociada a las disputas entre bandas ha disminuido de manera considerable debido a los pactos de no agresión en el marco de las negociaciones, los delitos asociados al control de las rentas ilícitas siguen en aumento, como la extorsión, el secuestro y el hurto.
“Esto demuestra que, aunque las organizaciones delincuenciales logran mostrar su voluntad de paz y su capacidad de control de los índices de violencia en la región, la captación de las rentas ilícitas derivadas no solo se ha mantenido, sino que también ha aumentado”, señala el informe.
En parte, las negociaciones en Medellín juegan un papel estabilizador en el mundo criminal, con los voceros de las principales bandas sentados en la mesa establecida en la cárcel de Itagüí, pero, al mismo tiempo, la falta de avances significativos en el espacio socio jurídico implica escenarios de riesgo que pueden derivar no solo en un aumento de la violencia, sino también en posibles escenarios de crisis en la negociación. En ese panorama, también se debería tener en cuenta a las estructuras que están por fuera de las negociaciones, como el Clan del Golfo, que se podrían fortalecer durante el proceso de paz o después, si termina con éxito.
Además, las amenazas externas comienzan a hacerse sentir en la ciudad. Ambas delegaciones en la mesa de Itagüí han expresado varias veces la llegada de organizaciones transnacionales del crimen organizado que estarían buscando disputarse el control territorial y la captación de rentas ilegales.
Más allá de los mensajes de alerta frente al proceso, el informe destaca que la mesa del Valle de Aburrá es una de las más estables cuando se habla de paz urbana, en parte por la amplia participación de la sociedad civil, lo que ha permitido el fortalecimiento y la legitimidad de los diálogos en los territorios.
“En este contexto, el desarrollo del espacio de diálogo del Valle de Aburrá ha transcurrido en una tensa calma. Si se compara con el desarrollo de los espacios en Buenaventura y Quibdó, se puede afirmar que este es el diálogo más consolidado y abierto de cara a la sociedad civil. Sin embargo, luego de más de un año de acercamientos entre las partes y de cumplirse un año desde la instalación de la mesa, los avances no son los esperados”, es el balance de Pares.
Según el informe, un factor determinante para que no existan avances sustanciales en este proceso urbano, fue el cambio de Comisionado de Paz. “Aunque Otty Patiño ha mostrado disposición hacia la Paz Urbana, parece que ha tenido dificultades para involucrarse a fondo en este proyecto, lo cual ha ralentizado el proceso”, dice.
Precisamente, desde la mesa de diálogo se han realizado llamados para que el alto comisionado se acerque y retome las labores que adelantó el excomisionado Danilo Rueda. El estancamiento de la mesa no ha permitido, por ejemplo, la consolidación de una agenda temática que guíe el proceso con las bandas en Medellín, así como un marco jurídico para avanzar en los diálogos.
“De no consolidarse una hoja de ruta, unos primeros acuerdos y confluencia de fuerzas sociales y políticas en torno al espacio de diálogo, la Paz Urbana del Valle de Aburrá puede entrar en un punto de desgaste definitivo para el proceso”, advierte Pares.
En el caso de Buenaventura, el primer laboratorio de paz de Petro tiene hoy un ambiente de total incertidumbre tras el cambio de Alejandro Ocampo, que fungía como jefe de la delegación del Gobierno en el espacio socio jurídico con Shottas y Espartanos. Esta semana las bandas enviaron un comunicado al presidente Gustavo Petro para expresarle con urgencia su voluntad de paz y su compromiso con la mesa de diálogo.
Ese mensaje llega justo en un momento en el que el espacio socio jurídico ha sido aún más frágil, hasta que el pasado 5 de mayo, con la presencia de Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, se logró retomar la mesa y se prorrogó la tregua, una vez más, por 90 días más entre ambas partes.
“Sin un piso jurídico sólido, sin claridad sobre los recursos que podrían financiar las negociaciones ni sobre los alcances reales del espacio socio jurídico, se sigue construyendo una paz difusa”, dice el informe, que además explica las razones del estancamiento: “No hay una metodología clara trazada desde la Oficina del Alto Comisionado ni un piso jurídico para negociar, por lo que no hay manera de ofrecer beneficios jurídicos adicionales al principio de oportunidad individual que ya contempla el Código Penal colombiano”.
Sobre Quibdó, el informe señala que es la mesa de la que menos información se tiene. En el proceso de diálogo urbano están Los Mexicanos, Los Zetas, Los Locos Yam, RPS o Los Rapados, quienes viven en una constante disputa territorial. De hecho, uno de los puntos que han complicado el proceso en ese territorio ha sido el hermetismo, además de la falta de presencia activa de la Gobernación, que ha minado los esfuerzos de paz y reconciliación. “Este hermetismo que ha caracterizado la mesa de diálogo en Quibdó ha generado un desconcierto generalizado en la población, alimentando la desconfianza de la ciudadanía y la percepción de que las negociaciones no están alineadas con la realidad territorial”, indica el informe de Pares.
Según los investigadores, ese espacio en Quibdó no es una prioridad en general, es por eso que “la paz urbana en Quibdó es el proceso más debilitado”, concluyen.