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Unos 50 líderes y lideresas sociales le entregaron a 16 gobernadores un Plan Humanitario de paz y seguridad para hacerle frente a la violencia que azota a sus territorios, aún en medio de la estrategia de paz total que impulsa el presidente Gustavo Petro.
Como una respuesta a la crisis humanitaria en territorios priorizados, el plan humanitario tiene como propósito articular iniciativas, planes y propuestas territoriales de los gobiernos departamentales y municipales con el Gobierno Nacional para impactar de manera positiva a las comunidades.
En ese contexto, el plan tiene cuatro ejes principales para mitigar los efectos de la guerra, entre ellos está la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para abordar de manera integral la situación e implementar alivios mínimos humanitarios; garantías de paz y seguridad que fortalezcan los mecanismos de protección de los liderazgos y se pueda proteger la vida de la población civil; participación de la sociedad para afianzar los espacios de participación en su papel de incidencia; y cultura de paz para propiciar un cambio en lo que respecta a resolución de conflictos a través del diálogo.
Para impulsar este plan humanitario se espera tener conexión con alcaldías, gobernaciones, ministerios, el Congreso, la Unidad de Víctimas y organismos internacionales como la Misión de Verificación de la ONU y otros.
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El objetivo principal será aplicar y hacer seguimiento a catorce acciones específicas y sectorizadas para los territorios del país que fueron priorizados en el Plan Humanitario.
“El plan de choque tiene todo que ver con esta conversación porque en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, tiene que ver con la protección de los territorios”, ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Tras la presentación del Plan Humanitario, los líderes y las lideresas emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron con urgencia la implementación de este documento y un cese al fuego para el fin de año. “Mientras llega la paz, la implementación del Plan Humanitario que presentamos es el alivio que necesitan los territorios”, explicaron.
“Desde el sur de Córdoba, exigimos que se implementen los mínimos del plan humanitario para enfrentar la crisis territorial. Es urgente proteger a líderes y comunidades” señaló Agueda Quiñones de la Mesa Humanitaria de Córdoba.
Maydany Salcedo, lideresa de la región de Putumayo, Sucumbios y Piamonte, aseguró que sus comunidades no piden únicamente seguridad militar, sino inversión social, cuidado ambiental y cumplimiento del Acuerdo de Paz.
El consejero comisionado, Otty Patiño, aunque estaba invitado, no asistió a la entrega del Plan Humanitario. Los líderes sociales que viajaron desde diferentes partes del país reclamaron su ausencia y afirmaron que Patiño ni siquiera ha visitado sus territorios y no han podido establecer comunicación con él. “Hacemos el llamado al Comisionado de Paz para que nos escuche, que está ausente, la paz se construye con nosotros”, dijo Mairen Correa, lideresa de la Coordinadora Humanitaria.
Así está la situación humanitaria
El expresidente Ernesto Samper, presidente de la fundación Vivamos Humanos, explicó que a raíz del conflicto y la violencia, formaron una alianza para hacerle frente a la problemática y poner en el centro los liderazgos sociales.
“La paz total no está dando los resultados que se esperaban. Vamos a terminar el año con más de 1.200 eventos violentos. Para enfrentar esto hemos celebrado una alianza con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura para hacer un plan que tiene como propósito ser un eje articulador de la paz total”, detalló Samper en la Cumbre Humanitaria.
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La cifra que entregó el expresidente Samper a modo de proyección es producto del Observatorio de la Coordinadora Humanitaria, un espacio que reúne a más de 700 organizaciones sociales en 16 territorios del país en representación de alrededor de 10 millones de personas.
Durante sus tres años trabajando por la humanización del conflicto armado y el respeto por la vida de las comunidades, esa entidad le ha hecho seguimiento a la situación humanitaria en el país. Según sus más recientes datos, durante el primer semestre de 2024 se presentaron 605 eventos violentos, mientras que para el segundo semestre se reportaron 401, siendo enero, abril y octubre los meses más violentos.
En ese contexto, los territorios más afectados fueron Cauca (229 eventos); Caribe (157); Antioquia (114); Caquetá (79); Arauca (78); Catatumbo (70). Asimismo, según la Coordinadora, durante este año se registró un aumento del 34% sobre la expansión de grupos armados como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo, y el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las FARC comandada por Iván Mordisco.
De la cantidad de eventos registrados, la Coordinadora resaltó el aumento de acciones contra la vida de la población civil, un total de 406 eventos, y los casos relacionados con artefactos explosivos con 157 eventos. A eso se le suman 213 casos de restricciones de movilidad de las personas o libre movilidad, como paros armados y confinamientos; y 170 eventos contra liderazgos sociales y defensores de Derechos Humanos en el país. Según los reportes, los presuntos responsables serían el EMC, el EGC y la guerrilla del ELN.
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