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En Colombia un concepto ha marcado los intentos de negociaciones de paz en casi todos los gobiernos e incluso ha determinado con quién sentarse en una mesa: el estatus político. Con cierta facilidad, se aceptaron a lo largo de 40 años las negociaciones con las FARC y el ELN bajo el marco de ser movimientos rebeldes que, al menos en un principio, tenían ideales de justicia e igualdad, y combatían al Estado para instaurar un nuevo orden político.
Pero el Gobierno actual, desde su política de paz total, abrió la puerta a dialogar con grupos al margen de la ley considerados meramente delincuenciales o criminales, incluyendo bandas urbanas. Este enfoque ha suscitado polémica debido a la naturaleza de los actores con los que se pretende dialogar, entre ellos, estructuras que controlan redes de narcotráfico, minería ilegal y dinámicas de crimen trasnacional. El otro tema controversial ha sido reconocer como negociadores a jefes de esas estructuras que tienen un largo prontuario delictivo, y que en el marco de la paz total han insistido en que tienen un carácter político.
Tras dos años dando largas a los diálogos con grupos herederos del paramilitarismo como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACNS) y el Clan del Golfo (autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia - EGC), en el último mes el Ejecutivo anunció espacios con estas organizaciones. De hecho, esta semana se conocieron los nombres de los delegados de las ACSN, y poco antes salieron a la luz los del Clan, que incluyen antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que siguieron delinquiendo y otros relacionados con el narcotráfico.
El intento de Petro tiene un objetivo loable. Alcanzar la paz o al menos no cesar en el intento en un país que suma más de 9 millones de víctimas es un objetivo plausible. Incluso para muchos expertos en el conflicto armado, el propósito, aunque ambicioso, es mucho más realista que el que tuvieron sus antecesores. El Gobierno ha dicho desde el inicio que se debe combatir el reciclaje de la violencia que con tantas evidencias dejó el rezago de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la ineficaz llegada del Estado a los lugares donde hacía presencia la extinta guerrilla de las FARC.
En el caso del Clan del Golfo, las ACSN y las bandas urbanas de Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura, no se haría a través de una negociación de paz en la que se les reconoce carácter político a los grupos, sino a través del sometimiento a la justicia y desmantelamiento, algo que podría convertirse en un palo en la rueda.
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“Si hay un planteamiento bastante pragmático al desarrollar conversaciones con estos grupos y realista porque al final el crimen organizado es también una forma de guerra irregular y en eso todos los grupos se terminan asemejando mucho, son capaces de desarrollar operaciones ofensivas contra el Estado, han desarrollado, de alguna manera unas capacidades militares importantes sobre todo en el caso del Clan del Golfo. Estas conversaciones son como reconocimiento del poder de facto que tienen estos grupos, no solo militar, sino también de su capacidad, por ejemplo, para influir socialmente en su inserción social en determinados territorios donde estos grupos han suplantado al Estado” explica Jorge Mantilla, experto en crimen y seguridad.
Y agrega que en Colombia hay una confusión en la que por el hecho de que sean grupos de crimen organizado, pues entonces son grupos apolíticos.
“Se confunde lo político con lo ideológico. Me explico. Por más de que el interés de los grupos del crimen organizado no sea derrocar al Estado y/o instaurar un nuevo orden político, si son grupos que tienen implicaciones políticas, que jugadores y apostadores de la política local y que requieren de ella para el usufructo a rentas del Estado, cuotas burocráticas, poder extorsionar, etc.”, asegura el experto.
Eso no solo es evidente en el caso de los grupos armados organizados, que controlan municipios y hasta departamentos o subregiones enteras, sino también en el actuar de bandas locales que tienen injerencia en barrios o comunas de algunas ciudades. De hecho, ya se han visto pronunciamientos de jefes de estructuras de Medellín en los que reivindican que su control territorial y gestos de voluntad de paz son políticos.
Según explica Sebastián Londoño, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), aunque esa declaraciones de la paz urbana han pasado desapercibidas, son claves porque pueden tener injerencia en la ruta que el Gobierno deba tomar para una eventual negociación: “Sea con grupos como el Clan del Golfo o estructuras urbanas, el principal reto del proceso es definir el marco jurídico. Si es crimen organizado, puede incluir temas de sometimiento a la justicia, y eso puede dificultar que se avance de forma significativa”.
Las grandes dudas son: ¿Qué costo tendrá sentarse con esos negociadores y qué resultados reales habrá? ¿Cuáles son las pretensiones de los grupos -porque varios, incluido el Clan, han dicho que no quieren un sometimiento, sino que van por el reconocimiento político para una negociación?
“En el caso del Clan pienso que esa petición responde a dos cosas: uno sus enemigos principales tienen reconocimiento político. Entonces hay unas lógicas regionales que determinan la manera de operar, la lógica estratégica de estos grupo. El clan del Golfo se enfrenta a un escenario con el ELN en Chocó, con las disidencias y el ELN en sur de Bolívar, está intentando ganar terreno en Norte de Santander donde también sus enemigos tienen reconocimiento político. Su petición está en esa lógica relacional para la cual es importante tener el mismo reconocimiento. En segundo lugar creo que también hay un interés por alcanzar escenarios de justicia transicional”, explica Mantilla.
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En el caso de las bandas urbanas, Londoño dice que es necesario replantear el argumento de que, ante la falta de avances y acompañamiento del Gobierno Petro, los procesos se han mantenido por la mera voluntad de los grupos. “El solo hecho de tener un espacio de diálogo sociojurídico abierto generó unos cambios en las dinámicas de reclusión del día a día, que pueden ser incentivo suficiente para que los cabecillas de las estructuras quieran continuar en el proceso los dos años que le quedan al Gobierno”, plantea el investigador de la FIP.
Con el diálogo con el ELN congelado o “agonizando”, como dijo al final de esta semana el mismo consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, el proceso con la disidencia conocida ahora como Estado Mayor de los Bloques -comandada por Calarcá- a paso lento, y el de la Segunda Marquetalia sin una hora de despegue, el Gobierno parece empezar a dar más preponderancia a estas conversaciones con organizaciones criminales, lo que no solo plantea un debate social que pasa porque no se puede desconocer el impacto y control de estos grupos en los territorios, pero que incluye serios desafíos para el Gobierno y otras autoridades como la Fiscalía y el Ministerio de Justicia que buscan salidas para el marco jurídico con el que se podría realizar ese sometimiento.
Marco jurídico, economías ilícitas y sometimientos colectivo: los retos
El gran desafío de estos diálogos radica en la naturaleza de los grupos involucrados. Mientras que en el pasado, las negociaciones se llevaron a cabo principalmente con guerrillas que tenían una agenda política clara, en esta ocasión, muchos de los actores son organizaciones cuya principal fuente de ingresos proviene de actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Esto plantea dudas sobre la capacidad del gobierno para lograr acuerdos que no solo sean viables en el papel, sino que también se puedan implementar en la realidad.
Uno de los principales retos será evitar que estas negociaciones legitimen a los criminales y les otorguen un estatus político que no necesariamente han ganado a través de sus acciones. La línea entre la insurgencia y el crimen organizado se ha difuminado en muchas partes de Colombia, y el gobierno tendrá que ser muy cuidadoso al trazar una distinción entre los dos, especialmente en términos de concesiones.
“Otros retos son hasta qué punto se puede lograr con estos grupos una desmovilización, un sometimiento o una desarticulación colectiva. Es muy difícil que se sometan de manera conjunta y esto supone que de cara a una eventual negociación seguramente surgirán unas fragmentaciones, unas guerras internas que puede llevar a ciclos de violencia o a una lógica de reciclaje de violencia. El otro tema es la contención de las economías ilícitas con y sobre todo sin estos grupos”, dice Mantilla.
Las dudas por la presencia de exparamilitares y narcotraficantes condenados como delegados en las mesas
El Clan del Golfo, considerado la organización ilegal más poderosa de Colombia, también ha nombrado a varios delegados para las negociaciones con el gobierno. Entre ellos destaca Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo, uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo. Ávila Villadiego ha sido señalado por su participación en masacres y tráfico de drogas a gran escala, y su inclusión en las negociaciones ha generado una fuerte controversia debido a la naturaleza criminal del grupo.
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Otro de los delegados del Clan del Golfo es Orozman Orlando Osten Blanco, conocido como Rodrigo Flechas. Osten Blanco ha sido señalado por su participación en actividades ilícitas. También están José Gonzalo Sánchez, conocido como Gonzalito, es otro de los delegados del Clan del Golfo. Hermano del capturado Otoniel; y José Miguel Demoya Hernández, conocido como Chirimoya, señalado de estar detrás de los enfrentamientos que se dieron en el paro minero en el Bajo Cauca, lo que subraya la importancia de las economías ilícitas en el conflicto colombiano.
Finalmente está Elkin Casarrubia Posada, conocido como el Cura o Joaquín, un exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En cuanto a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que tiene sus raíces en las desmovilizadas AUC en el decreto conocido el pasado miércoles el Gobierno acepto como delegados para ese proceso a Fredy Castillo Carrillo, conocido como Pinocho, muy cercano al exjefe paramilitar Hernán Giraldo. Castillo ha sido vinculado a una serie de crímenes, incluyendo masacres y desplazamientos forzados
Otro de los delegados de las ACSN es José Luis Pérez Villanueva, conocido como Cholo, quien habría asumido la comandancia oficial de este grupo tras la captura de Carmen Evelio Castillo Carrillo, conocido como Muñeca. Pérez Villanueva ha sido señalado por su participación en actividades ilícitas.
También están Loryin Emilio Pertuz Ballestas, conocido como Camilo, Sebastián o York, con un historial de crímenes que incluyen asesinatos, extorsión y narcotráfico; y Orlando Pérez Ortega, conocido como Pataliso, señalado de numerosos actos de violencia en la región de la Sierra Nevada.
El viernes pasado ese grupo pidió también la inclusión de César Gustavo Becerra Gómez, conocido como Camilo. El hombre estuvo 10 años dentro del Ejército y luego se unió a las ACSN.
El otro que fue pedido por el grupo fue Muñeca, quien fuera el máximo cabecilla militar de esa estructura. Durante el último año, ha encabezado el cartel de los más buscados en Santa Marta.
En el caso de las bandas criminales en la paz urbana, solo en los diálogos de Valle de Aburrá hay entre 350 u 400 bandas y combos, cada con entre 20 y 50 personas. Entre las bandas criminales como ‘La Oficina’, que es el tronco común de la cual se han desprendido muchas otras estructuras. También están ‘Los Pesebreros’, una estructura muy conocida en el occidente de Medellín. Además entraron ‘El Mesa’, ‘La Terraza’, ‘Los Pachelly’ y ‘Niquía Camacol’, ‘Los Triana’ y ‘La Agonía’. El vocero es Sebastián Murillo, conocido como Lindolfo, cabecilla de ‘La Oficina’ , y quien está en prisión por delitos de narcotráfico, homicidio agravado y concierto para delinquir. En algunas entrevistas, Murillo ha sugerido que las bandas también tienen un carácter político que el Gobierno debe reconocer.
Bajo este panorama, el gobierno Petro está emprendiendo una tarea monumental al intentar sentarse con grupos que, además, pueden no tener suficiente cohesión, con metas poco claros y con poca formación en negociaciones de paz. La paz total es una visión ambiciosa, pero su éxito dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para manejar las complejidades de negociar con actores tan diversos y peligrosos y tener un enfoque comprometido con la justicia para las víctimas del conflicto.
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