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Entre anuncio y anuncio, la paz total del presidente Gustavo Petro camina lento, pero se vuelve cada vez más ambiciosa. Esta semana, el mandatario anunció que abrirá una nueva mesa de paz con los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos, Salvatore Mancuso, quien actualmente es gestor de paz; Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco, y a Rodrigo Tovar, Jorge 40. Estos dos últimos recluidos en cárceles en Colombia
Esto ocurre justo cuando los otros nueve procesos que actualmente tiene su política estrella no dan señales de avances sustanciales. Por un lado, el proceso con el ELN está suspendido desde hace tres semanas, y aún no arrancan los procesos con los grupos herederos del paramilitarismo como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Por ahora, se está a la espera de la extensión del cese al fuego con la disidencia de Calarcá Córdoba y hay algunos avances en los procesos con Comuneros del Sur y la Segunda Marquetalia. Además, otros diálogos (como los que lleva con las bandas urbanas), carecen de un marco jurídico claro que guíe el proceso sometimiento.
El motivo de crisis de algunos de sus laboratorios de paz ha sido precisamente la falta de un marco jurídico claro que guíe los procesos de desarme y desmovilización. Ese ha sido el intríngulis, por ejemplo, con la paz urbana que en dos años no ha logrado alcanzar un marco normativo. Y ese sería justamente uno de los principales fantasmas que rodearían la reciente propuesta de Petro a los exjefes paramilitares durante un encuentro de entrega de tierras en Montería y que recoge la necesidad de “finiquitar” el proceso de desmovilización que inició hace 20 años a cambio de entregar bienes a las víctimas del conflicto.
“Podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso quedó interrumpido y para eso propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad, que existía en esa época”, aseguró Petro.
Lo cierto es que el anuncio abrió varias dudas como cuál será el objetivo y la viabilidad de abrir una nueva mesa en el marco de una paz total que, según analistas, se ha desarrollado con falta de método.
“Quedan más preguntas que respuestas. Habría que preguntarse si esta decisión está motivada por los mínimos resultados de la paz total y se esperaría que esta fuera una mesa que diera resultados de manera expresa. Otra duda que queda en el aire es si esta mesa es el resultado de acuerdos que se hicieron durante la campaña presidencial por parte del hermano del Presidente y el primer comisionado de paz, Danilo Rueda, que visitaron cárceles durante la campaña”, señaló Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte. Ese hecho, que la oposición denominó como el “pacto de La Picota”, fue defendido en su momento por Petro y por Rueda como una parte de una misión humanitaria.
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¿Cuál sería el marco jurídico para los exparamilitares?
Si bien el objetivo principal de la mesa con los ex jefes de las AUC sería entregar las tierras a las víctimas del conflicto armado, todavía no está claro cómo se haría eso e incluso bajo qué normativa. Para muchos analistas, si Petro no ha conseguido tener una base jurídica que sustente los diálogos con miras al sometimiento que lleva durante dos años con bandas criminales (Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó), es menos probable que logre una estrategia jurídica para los exparamilitares en tiempo récord. Y a eso se le suma un elemento fundamental y es que ese plan normativo debe contemplar que la jurisdicción primaria que cobija a los exparamilitares es Justicia y Paz, un tribunal que sigue vigente en el país.
Cualquier marco jurídico nuevo, podría generar roces con esa ley, cuya vigencia termina en 2025. Asimismo, Trejos explica que para ello, tendría que pasar por el Congreso, donde actualmente el Gobierno no tiene todas las de ganar, eso sin contar el tiempo de un trámite legislativo que tampoco le favorece en los dos años que le quedan.
La propuesta de Petro a los ex AUC podría tener detrás algo que el presidente Petro y personas cercanas al Gobierno, como el excanciller Álvaro Leyva, han venido proponiendo desde hace meses: la idea de un tribunal de cierre. Para el profesor Andrés Ortega de la Universidad Javeriana, el anuncio no es gratuito, pues en las últimas semanas hubo nuevamente ruido con la JEP y las críticas por los resultados que ha tenido en siete años. “Si bien son señales distintas, sí es una gran discusión en general de cómo cerrar el conflicto en Colombia”, señaló Ortega.
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Lo cierto es que la propuesta de Petro a los ex AUC podría tener detrás algo que el presidente Petro y personas cercanas al Gobierno, como el excanciller Álvaro Leyva, han venido proponiendo desde hace meses: la idea de un tribunal de cierre.
En ese orden de ideas, para el profesor Andrés Ortega de la Universidad Javeriana, el anuncio del Presidente no es gratuito, pues en las últimas semanas, precisamente, hubo nuevamente ruido con la JEP y las críticas por los resultados que ha tenido en los siete años que lleva en marcha. “Si bien son señales distintas, sí es una gran discusión en general de cómo cerrar el conflicto en Colombia”, señaló Ortega.
Por su parte, el Gobierno se ha movido hacia esa idea, que no se ha concretado aún, con varias propuestas como crear desde cero una nueva justicia donde entren todos los actores armados y acabar con la JEP -como lo dijo recientemente a Colombia+20 el consejero comisionado, Otty Patiño- o que este último tribunal acepte desde paramilitares hasta miembros de otras estructuras ilegales.
Otra de las dudas que abrió el anuncio de la nueva mesa con los ex paramilitares tiene que ver con los beneficios que estos podrían recibir a través de las figura de gestores de paz, como la excarcelación o la suspensión temporal de medidas de privación de la libertad.
Para el profesor Trejos, es importante aclarar que el mandatario no tiene la potestad jurídica de ofrecer beneficios a esas personas que están dentro de la jurisdicción ordinaria. “Eso se tendría que tramitar ante los tribunales de Justicia y Paz. Esto produce una leve especie de choque de trenes entre el Ejecutivo y la rama judicial”. Asimismo, para el profesor Ortega, la idea de sacarlos de la cárcel no es tan fácil de tramitar porque están purgando condenas por las masacres, las violaciones, y los hechos victimizantes que cometieron los grupos paramilitares y eso se podría traducir en “una alta dosis de impunidad”.
El único que ha logrado atravesar un conflicto de competencias en cuanto a la posibilidad de ser gestor de paz es Salvatore Mancuso, quien sí fue aceptado por la JEP como punto de conexión. En el caso de Macaco y Jorge 40, si bien sus procesos continúan en Justicia y Paz, se deberá resolver si, aun con casos andando, podrían incidir en el proyecto de paz total del gobierno de Gustavo Petro.
En todo caso, para varios analistas, este nuevo intento del mandatario por abrir un tablero de paz podría terminar desgastando mucho más su política gubernamental. “Es sorprendente que reviva un proceso de hace 20 años y que gaste el poco capital político que le queda en darle lo que considera un cierre a un proceso que está bajo tutela de una jurisdicción transicional que con todas sus fallas sigue andando. Uno esperaría que el Gobierno la fortaleciera antes de ignorarla”, señaló Trejos.
Lo evidente es que continúan los anuncios, pero la paz total, por ahora, se ve lejana.
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