La gran apuesta de paz total, que ha sido la bandera del presidente Gustavo Petro en términos de seguridad, también extendió sus redes a los territorios más golpeados por la violencia. Sin embargo, en departamentos como Cauca, Nariño, Antioquia y Norte de Santander la paz no ha caminado según lo planeado. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) hizo una radiografía de las zonas en cuanto a los avances y desafíos en la implementación de los planes del mandatario. Además, presentó cifras y datos que dan cuenta de la violencia que azota las regiones del país.
En ese contexto, Cauca encierra grandes retos en materia de paz y seguridad y la amplia presencia de grupos armados organizados que disparan la violencia cada tanto, hace que esa promesa se demore en llegar.
Para entender la disputa en ese territorio, el informe enmarca a Argelia por ser un municipio considerado como un nodo estratégico. Justo en esta zona se presenta el mayor control del cañón del Micay, un corredor hacia el Pacífico de inigualable importancia para encadenar las economías ilícitas como la minería y el cultivo de la hoja de coca por parte de facciones de la mayor disidencia de las extintas FARC, Estado Mayor Central (EMC), la Segunda Marquetalia (otra disidencia de la antigua guerrilla) y el ELN.
Precisamente, de acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV el 70% de las personas desplazadas en el Cauca provienen de Argelia.
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Y al girar la mirada hacia el municipio de Suárez se encuentran también dinámicas importantes de violencia. Ese territorio representa un 22% en desplazamiento y actualmente ocupa el primer lugar en casos de confinamiento con 1221 eventos.
Según el informe, ese fenómeno de violencia en el municipio puede estar relacionado con que Suárez, aunque no está directamente ubicado en el corredor del Cañón del Micay, forma parte de una configuración que incluye a Cajibío, Morales, Buenos Aires y concluye en El Naya para conectarse con el océano Pacífico. Asimismo, el informe destaca las confrontaciones históricas que ha tenido la zona por la economía asociada al extractivismo del oro en la región y la aparición paulatina de laboratorios de procesamiento de hoja de coca en el municipio.
“Esto evidencia que Suárez es un área que facilita el control o flujo de economías ilícitas interconectadas, que van desde la minería ilegal hasta el procesamiento y distribución de cocaína”, se lee en el informe.
A su vez, esto ha producido una irradiación de la violencia en otros municipios como Norte del Cauca, un territorio en el que ha persistido la violencia a pesar de la firma del Acuerdo de Paz y que hoy por hoy yace bajo una presencia casi hegemónica del Bloque Occidental Jacobo Arenas del EMC, lo que supone una continuidad del control territorial y la explotación de recursos ilícitos tras la salida de las extintas FARC. “La violencia en la región se manifiesta a través de amenazas, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados, afectando especialmente a liderazgos sociales y comunidades étnicas. Además, se ha observado un preocupante incremento en el reclutamiento de menores por parte del EMC”, señala Pares.
Según los investigadores, las hostilidades en Cauca, en parte, se deben a los corredores y hacen una identificación temprana de una posible aparición de un nuevo corredor que comprende los territorios de Silvia, Caldono, Toribío y Jambaló.
Un punto clave en el escenario de violencia en el Cauca, es que tras el rompimiento del cese al fuego entre el EMC y la Fuerza Pública, los enfrentamientos, atentados y hostigamientos se han concentrado en esos puntos. El incremento de estos hechos ha provocado una respuesta ofensiva por parte del Gobierno Nacional, sobre todo contra los frentes del EMC bajo el mando de Iván Mordisco que decidieron separarse de la mesa de diálogo tras el levantamiento del cese al fuego en ese departamento.
“Dichas acciones reafirman el poco compromiso de esta estructura en la construcción de paz y evidencian la capacidad bélica o de ataque que tienen en el departamento del Cauca, puesto que, sus acciones no solo están desarrollándose en las zonas rurales, si no, en cabeceras municipales”, indica el informe de Pares.
Otra lectura que destaca el informe es que los grupos armados con presencia en Cauca, “no están motivados por una agenda política, sino por intereses lucrativos y económicos. Esta tendencia se manifiesta no solo en el establecimiento de nodos de operación, sino también en la creación de corredores que sirven como rutas para actividades de economía ilegal”.
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Sin embargo, en medio del panorama de violencia, en Cauca también resisten los movimientos sociales. Tras la firma del Acuerdo, en ese departamento aumentaron las organizaciones de mujeres, liderazgos femeninos y proyectos productivos en Argelia. Asimismo, en El Tambo, crecieron las asociaciones caficultoras dedicadas a la producción de cafés especiales y orgánicos. El informe alerta que ese tipo de iniciativas podrían verse afectadas debido a los desplazamientos masivos y los enfrentamientos en la región, lo que por ende afecta la apuesta de paz total.
Nariño en disputa por control territorial
Las cifras de violencia en esa región siguen siendo las más altas a pesar de los esfuerzos de paz. Es incluso una zona en la que confluyen gran cantidad de actores armados como el ELN en 26 municipios; la Segunda Marquetalia en 11 municipios; el EMC en 16 municipios; el Clan del Golfo en 9 municipios; y las Autodefensas Unidas de Nariño en 12 municipios sobre la Cordillera Occidental del departamento. Esa extensión en el territorio se concentra, específicamente, en municipios que son bisagra con Cauca, la costa pacífica nariñense y la frontera con Ecuador.
Esa presencia se refleja en que, según la Defensoría del Pueblo, Nariño ha sido uno de los principales departamentos golpeados por el desplazamiento masivo forzado.
Durante el primer trimestre de 2024, en ese territorio se registró la mayor cantidad de casos, 3.400 de 3.900 a nivel nacional. Asimismo, Nariño también es uno de los más afectados por desaparición forzada y por artefactos explosivos.
Asimismo, esa confluencia de actores armados, según el informe, deriva en alianzas para afianzar el control territorial. “El Frente Comuneros del Sur, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Unidas de Nariño establecieron una alianza, denominada “la triada”, en el primer trimestre de 2024, con el fin de hacer frente al control que el Frente Franco Benavides perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas del EMC mantiene en la zona y así poder aprovechar este territorio estratégico de conexión con el Cauca y con el centro del país”, señala Pares.
Esa confrontación entre los mismos actores armados ha provocado confinamientos, amenazas, homicidios, delitos sexuales y torturas a presuntos colaboradores.
Esa escalada de la violencia en Nariño también responde a la ruptura del cese al fuego, lo que a su vez demuestra el fortalecimiento militar de los grupos armados y la fuerte disputa territorial que resulta de la “reconfiguración geográfica a raíz de la transformación de las fuentes de financiación de dichos grupos que, al dejar de percibir los mismos ingresos por cuenta del narcotráfico, buscan ocupar y controlar los territorios mineros que reportan más y mejores ganancias”.
A esto se le suma que el frente Comuneros del Sur, una estructura guerrillera que se separó del ELN en mayo, empezó una negociación propia con el ejecutivo en Nariño. Si bien esa ha sido una de los grandes motivos por los que la mesa de negociación con esa guerrilla atraviesa una de sus mayores crisis, esta negociación se ve en el territorio como una oportunidad para consolidar el enfoque territorial del proyecto político de la paz total.
Norte de Santander en una tensa calma
La ubicación estratégica de este departamento con Venezuela ha desencadenado la prolongación de las luchas territoriales. Actualmente en Norte de Santander se vive una tensa calma respaldada por la disminución de ataques contra la fuerza pública, el secuestro, el homicidio y la extorsión. Sin embargo, voces oficiales han señalado que es probable que exista un subregistro debido a la autocensura por miedo a denunciar. Aún así, los esfuerzos por alcanzar la paz se mantienen en el territorio.
El Alto consejero para la paz y la reconciliación en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, explicó que, aunque “el Catatumbo es un paciente que está sobre diagnosticado y Cúcuta se encuentra en estado crítico”, las comunidades resisten para superar las dinámicas del conflicto a través de nuevas alternativas de vida. Además, los grupos armados en la zona se mantienen en su voluntad de paz. “Los delegados de paz del ELN y el EMC tienen comunicación con nosotros y nos dicen que continúan con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados hasta el momento”, expuso Niño.
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Y ese esfuerzo de paz se refleja también en cifras. Según Enrique Pertuz, de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh) y presidente del Consejo Departamental de Paz de Norte de Santander, indica que en el departamento “la disminución de las acciones armadas llega a un 90%”.
Para sostener la posibilidad de alcanzar la paz, los analistas reconocen algunos retos a tener en cuenta como la necesidad de rodear de confianza los procesos que se adelantan. Asimismo, garantizar la escucha y el diálogo constante con las comunidades afectadas por el conflicto armado.
Sin embargo, una fuente anónima le aseguró a Pares que los personeros del Catatumbo no están siendo escuchados, ni tenidos en cuenta en las mesas de diálogo con el ELN y el EMC. “Según la fuente en mención, desde el año pasado, se enviaron tres solicitudes al Alto Comisionado de Paz para que los personeros del Catatumbo sean vinculados en los diálogos, y puedan ser parte de la verificación de los acuerdos, pero no han obtenido respuesta”, señala el informe.
Ese es precisamente uno de los puntos con mayor debilidad en el camino de la paz en ese departamento. Según el alto consejero para la Paz y la Reconciliación, Luis Fernando Niño, la comunicación con el Gobierno es “casi nula”. “No hay con quién hablar en temas de paz. Hemos enviado tres cartas para ser escuchados, pero al Gobernador no lo recibe el presidente. Lo que medio se ha avanzado de paz lo estamos haciendo nosotros acá, con la voluntad de los grupos armados, porque si ellos hoy dicen hasta aquí llegamos, y dicen nos vamos a comenzar otra vez a dar bala, tienen toda la potestad para hacerlo”, agregó.
¿Antioquia sin paz total?
Este departamento tiene influencia de actores armados como el Clan del Golfo, que se posiciona como el grupo armado más influyente de la región, con control en 65 municipios. En segundo lugar se ubica el ELN con presencia en 32 municipios. Por su parte, las disidencias del EMC ocupan 18 municipios concentrados en Norte, Bajo Cauca y Nordeste. Esa predominancia del Clan del Golfo se traduce en la disminución del conflicto armado en todo el departamento. Sin embargo, ese grupo armado sigue ejerciendo control social a través de la violencia e intimidación, el desplazamiento forzado, la extorsión y otras violaciones a los derechos humanos.
Otro de los motivos que han contribuido a la disminución de confrontaciones armadas ha sido la implementación de la paz total y los ceses al fuego en la región con el ELN, el EMC, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo. Sin embargo, esa medida se suspendió con el Clan del Golfo. “Durante el año 2023 e inicios del 2024, el Clan del Golfo ha implementado diversas acciones, como combates y enfrentamientos con otros grupos, con el objetivo de ampliar su control territorial en respuesta a la situación de cese al fuego que mantiene el Estado con el ELN y el EMC. Estos últimos, el segundo y tercer grupo armado ilegal con mayor presencia en Antioquia, han visto mermada su influencia en algunas zonas, lo que ha permitido al Clan del Golfo fortalecerse en el departamento”, señala el informe.
Como respuesta a esas dinámicas, Pares resalta que se han realizado alianzas entre los grupos armados para hacerle frente a esa expansión territorial, lo que deja en el medio a toda la población civil a la que se les vulnera los Derechos Humanos, específicamente en subregiones como Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia, zonas con importancia geográfica y económica para los actores armados.
En ese panorama, la paz total pareciera asomarse poco o nada por los territorios antioqueños. Varias organizaciones sociales aseguran que existe una carencia de espacios de interlocución para que las víctimas, comunidades y organizaciones sociales puedan participar de forma activa en el proceso. A eso se le suma que la institucionalidad tampoco ha sido cercana a la paz total del presidente Petro.
La postura del gobernador Andrés Julián Rendón ha sido de rechazo frente a los diálogos de paz. Recientemente, el mandatario local no aceptó la invitación del Gobierno Petro a participar en la mesa de diálogo con el EMC en ese departamento, lo que de entrada envió un mensaje desacertado de cara a la voluntad de paz.
“La respuesta por parte del gobierno de Antioquia es no. Las FARC firmaron un acuerdo de paz y acá me piden me siente con los que lo han incumplido. Estos criminales no han hecho cosa alguna para mostrar buenas intenciones en el departamento, al contrario, siembran terror”, señaló Rendón.
Lo cierto es que no es la primera vez que Rendón rechaza este tipo de temas. El gobernador ha sido uno de los principales críticos de la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro, acusando este proyecto de incrementar la violencia en la región. En una reciente entrevista con Colombia+20, Carlos Zapata, director del Instituto Popular de Capacitación, explicó que “es claro que el gobierno departamental no quiere para nada la política de paz total, pero es importante que las partes, tanto el Gobierno Nacional y regional, le bajen a la arrogancia y piensen mejor en cómo proteger a la sociedad civil para que no se pierdan más vidas humanas. Es un llamado a la coherencia”.