“Gobierno no permitirá que excombatientes de Farc en Meta sean desplazados”

El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, se pronunció sobre las amenazas a reincorporados de las Farc en Mesetas, Meta.

Foto: EFE - Carlos Durán Araújo

La Oficina del Alto Comisionado de Paz se pronunció este jueves sobre las denuncias que realizaron en las últimas horas excombatientes de las Farc en el Meta. Según los firmantes, las disidencias que operan en el territorio les dieron un plazo de 30 días para abandonar el ETCR Mariana Páez, ubicado en una vereda del municipio de Mesetas, Meta.

A través de un comunicado, esa oficina indicó que se activó un mecanismo de emergencia con el Ministerio de Defensa, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) para mitigar el riesgo de los habitantes de esta espacio territorial. Además, se llevó a cabo una reunión con delegados de los firmantes y “se convocó al grupo de crisis para atender la situación”.

Delegaciones de esas instituciones, junto al Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) y del Ministerio del Interior, partieron este jueves hacia Mesetas con la “misión de establecer, en consenso con los firmantes de paz, las condiciones que garanticen su permanencia en el ETCR”, dice el documento.

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Así mismo, en el comunicado se afirma: “El Gobierno no permitirá que los firmantes de paz y sus familias sean desplazados de sus hogares y obligados a abandonar sus proyectos productivos”.

De acuerdo con varios excombatientes que hablaron con Colombia+20 y que viven en lunes 14 de marzo, hombres de las disidencias del Estado Mayor Central convocaron a una reunión en la que les dieron el ultimátum para salir del ETCR.

“Los hombres que se autodenominan de las FARC, del Estado Mayor Central, convocaron al Consejo Administrativo, a Juntas de Acción Comunal y líderes de la zona a una reunión en la que dieron varias órdenes, entre ellas el plazo perentorio de 30 días para que todas las personas del ETCR ‘Mariana Páez’ salieran de ese territorio”, detalló a Colombia+20 William Betancur, líder de esa zona.

Las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), que fueron quienes amenazaron a los excombatientes, adelantan actualmente un proceso de negociación con el Gobierno de Gustavo Petro y son uno de los grupos con los que se acordó un cese al fuego bilateral que empezó el pasado 1 de enero e iría hasta el 30 de junio de este año.

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Por eso, varias personas, entre ellas miembros de Comunes, senadores y e incluso los mismos habitantes del ETCR, pidieron que el Gobierno se pronunciara sobre el caso. La amenaza en sí misma es una señal, dicen, de que se está incumpliendo ese cese.

En el comunicado, la Oficina del Alto Comisionado respondió sobre ese tema e indicó que se activó “la línea directa humanitaria que se estableció como parte del cese el fuego bilateral” con esa organización.

“Cabe reiterar al EMC-Farc, y al país en general, que cualquier escenario de conversación de paz con el grupo armado parte inequívocamente del respeto por la vida y la integridad de la población. Ese compromiso fue asumido por los miembros del EMC-Farc al comienzo de este proceso”, dice el documento.

El Estado Mayor Central es una organización que no se acogió al Acuerdo de Paz firmado en el teatro Colón en noviembre de 2016.

El martes pasado, la Fiscalía levantó las órdenes de captura contra 19 integrantes de esa disidencia con lo que le dio estatus político a ese grupo en un intento por una salida negociada al conflicto armado.