Así es el millonario negocio de extorsiones de bandas que negocian la paz con Petro
A pesar de los diálogos de paz, el cobro de “vacunas” sigue siendo el modo de financiación más rentable para las bandas de Medellín, Buenaventura y Quibdó. Expertos alertan que grupos cambiaron la operación y ahora cobran a la comunidad por “servicios de protección”.
Paulina Mesa Loaiza
Mientras las delegaciones de paz urbana celebran la reducción casi histórica de homicidios en Medellín, Quibdó y Buenaventura producto en gran parte de las mesas de conversación con las principales bandas criminales de esas tres ciudades, hay un fenómeno que se hace cada vez más evidente y que al mismo tiempo muta en sus formas y se arraiga con fuerza al territorio: la extorsión.
Son las comunidades las que casi que en voz baja encienden las alarmas para que ese delito deje de golpear sus negocios y hasta los precios de los huevos, la leche y las arepas que compran casi a diario en las tiendas de sus barrios.
Si bien las estructuras de alto impacto -como se les conocen a las bandas- están inmersas desde hace más de un año en espacios de paz con el Gobierno para desescalar la violencia e incluso han firmado acuerdos para dejar de cobrar “vacunas” a ciertos sectores de la comunidad, las cifras de extorsión parecen ir en contravía y los casos engrosan un fenómeno del que todavía no se sabe a ciencia cierta la magnitud de su tamaño o impacto, y mucho menos la renta multimillonaria que devengan las bandas, pues es en este delito donde han encontrado la mayor fuente de financiación y de paso una herramienta para aumentar su control territorial.
Ese es el caso de Medellín y el Valle de Aburrá, un territorio que ha sido centro de disputa de los grupos criminales por las rentas ilegales. En esa región el Gobierno adelanta un diálogo con miras al sometimiento de cerca del 90 % de las bandas que hacen presencia en las comunas, es decir, que ese proceso cobija más o menos entre 300 y 400 combos con sus principales cabecillas sentados en una mesa de paz en la cárcel de Itagüí.
Recientemente este diario conoció que ambas delegaciones se reunieron en ese centro penitenciario para destrabar el proceso de paz, y uno de los pedidos fue avanzar en temas como la reducción de los índices de extorsión, su principal fuente ilegal de ingresos, así como la entrega de plazas de vicio y la disminución de hurtos. Aunque es cierto que la tasa de homicidios se ha mantenido a la baja, pues se ha logrado una reducción que no se veía desde hace casi tres décadas en la ciudad, y se espera que el año cierre con una proyección de menos de 300 homicidios, ese no ha sido el caso de rentas ilegales como la extorsión.
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Para entender mejor el fenómeno, dentro de las principales estructuras armadas que están sentadas en el espacio de diálogo sociojurídico se reconoce por ejemplo a La Oficina, con aproximadamente un control territorial en seis comunas de Bello y nueve comunas de Medellín; Los Pesebreros, con presencia en seis comunas de Medellín, dos de Bello y dos corregimientos más; El Mesa, con control en tres comunas; La Terraza, con presencia en siete comunas de la ciudad; Pachelly, con control en dos comunas de Bello; Caicedo, con cuatro comunas; La Unión, con presencia en dos comunas de la ciudad, entre otras bandas.
Todas tienen como fuente principal de financiación la extorsión, que este año, hasta el 20 de noviembre, registró 815 casos, según la Secretaría de Seguridad de Medellín. Aunque comparado con el número de reportes del año anterior (851 para la misma fecha) se registra una leve disminución, expertos en el tema señalan la necesidad de entender las cifras como una estimación que muestra solo la punta del iceberg en gran parte por el subregistro y la falta de una herramienta que permita medir con exactitud la magnitud del fenómeno.
La “vacuna” a cambio de seguridad en Medellín
A esos registros se le suma lo que algunos han llamado como la “sofisticación” de la extorsión dentro de la empresa criminal en Medellín. La diversificación de las economías ilícitas, al igual que su rápida expansión en el territorio, representan hoy por hoy un desafío significativo para sostener la paz. Un informe publicado este año por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), llamado “Plomo es lo que viene”, explica que la consolidación de la extorsión como mecanismo de financiación hace cuestionar si realmente existe una disminución del delito o si hay una normalización de la dinámica en los barrios y las comunas.
En esa idea coincide Sebastián Londoño, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien señala que más allá de entender la extorsión como una de las rentas más importantes para las bandas, hay que poner la mirada en que las comunidades parecen haber hecho un tránsito” para “legitimar” el delito, porque lo tratan como si fuera un cobro por protección. “Detrás de todo ello hay una especie de prestación de servicios de justicia, resolución de conflictos o seguridad por parte de actores armados criminales, que termina siendo un tránsito hacia la gobernanza criminal. Lo que está en juego es un asunto de disputa de la legitimidad del Estado, sobre todo cuando la gente empieza a incluir la extorsión como uno de sus costos diarios de vida y la gente ya no se sienta extorsionada. Cuando eso hace el tránsito a una “protección”, puede ser que la gente sienta que está pagando por un servicio”, dijo Londoño.
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A ese “servicio” se le suma que dentro de las dinámicas de extorsión también caen los monopolios de las canastas básicas. Por ejemplo, según explicó Londoño y algunos líderes barriales, los combos les cobran “vacuna” a las señoras que hacen las arepas e incluso controlan a los proveedores que pueden ingresar al territorio para vender ciertos productos específicos. Esa “sofisticación” de la extorsión en un territorio como Medellín tiene unas implicaciones complejas, porque detrás de ese ejercicio de disputa por la legitimidad las bandas tienen acceso inmediato a la violencia. “La legitimidad es reconocer en el otro que tiene un título justo para ejercer la violencia. Eso es muy grave”, añadió el investigador.
Según estudios de varias universidades, como Eafit y la de Chicago, un aproximado de 150.000 hogares en Medellín pagan extorsión entre los $2.000 y $5.000 semanales, y los negocios pagan entre $15.000 y $100.000. Gran parte del dinero que recibe la criminalidad también ingresa al mercado legal a través del lavado de activos.
En este contexto la mesa de paz del Valle de Aburrá y Medellín aún no ha sido efectiva para impactar el fenómeno de la extorsión, entre otras, porque dentro de la tregua no hubo el compromiso de detener las actividades ilícitas de financiación.
Un informe de la FIP sobre treguas de la paz urbana y su impacto en la seguridad indica que antes de la tregua del 1° de septiembre de 2022 se registraron 1.497 casos de extorsión, mientras que después de la tregua se reportaron 2.511 casos, lo que significa un aumento del 68 % en todo el Valle de Aburrá. Sin embargo, al comparar los períodos anteriores y posteriores a la instalación de la mesa, en junio de 2023, se evidencia una disminución del 23 %. “Esto muestra que los combos tienen un control más directo sobre este delito y que el avance o las demoras en la negociación influyen en cómo se da el fenómeno”, explica el informe de la FIP.
De acuerdo con Fernando Quijano, experto en criminalidad en Medellín, se puede hablar de un estimado de la renta que reciben las bandas a raíz de la extorsión, partiendo del 90 % del control territorial que tienen solo en el centro de Medellín. “Si más o menos en 2014 hablábamos de un aproximado de más de $100.000 millones al año, el cálculo ahora es de unos niveles muy altos. Estamos hablando de miles de millones de pesos, esto no es un asunto de centavos, es una renta ilegal importantísima”, señaló.
Ambos investigadores coinciden en que es complejo pensar que las bandas puedan pensar en renunciar completamente a la extorsión. Según Londoño, los muchachos en las calles saben que el proceso de paz es importante, pero algunos no están de acuerdo que estén negociando con sus rentas. “Si les dicen que hay que dejar de extorsionar absolutamente todo y que hay que entregar las casas de vicio, ¿entonces qué se ponen a hacer? Al punto de que digan que tienen que entregar las rentas que ya son de ellos, yo no creo que ellos tengan esa capacidad y esa tendencia. A lo que voy es que puede haber una divergencia de intereses importantes. No que los voceros no tengan capacidad e incidencia sobre la gente que está en la calle”, explicó.
Quibdó, entre acuerdos que no frenan la extorsión
El espacio de diálogo sociojurídico en Quibdó es quizás el más avanzado en temas de extorsión. Desde hace tres meses se firmaron unos primeros acuerdos para disminuir los índices de extorsión en los barrios con presencia de las tres principales bandas criminales: RPS, Locos Yam y Mexicanos. Cada banda maneja un aproximado de 300 jóvenes en las comunas 1, 4, 5 y 6, lo que se traduce en que podrían tener una injerencia en el 85 % de los barrios, teniendo como fuente principal de financiación la extorsión.
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El pasado 18 de agosto el proceso cumplió su primer año desde la instalación de la mesa, y el aniversario llegó con la firma de un documento en el que quedó contemplado que “se comprometen a dejar de extorsionar a los sectores de profesores, personal de la salud, obras comunitarias en barrios, mejoras de vivienda, construcciones menores y acarreos de material de construcción”. Asimismo, el compromiso explica que “estos acuerdos se realizan en el marco del proceso de desmonte a mediano plazo de todas las extorsiones y un primer paso para superar las economías ilícitas”.
Sin embargo, la avanzada militar del Clan del Golfo, que amenaza con sacarlos del territorio, ha sido un arma de doble filo. En parte porque ha presionado de manera negativa el proceso de paz, como lo ha reconocido el jefe negociador de esa mesa, el senador David Racero, y el mismo comisionado Patiño. A eso se le suma que las bandas, bajo la excusa de defenderse, han reactivado las extorsiones, y personas de la comunidad han contratado servicios extras de seguridad para evitar el cobro de extorsión o una amenaza en caso de no pagar, por lo que no es una imagen extraña ver a hombres armados custodiando los comercios de Quibdó.
“Aunque ya habíamos hecho un acuerdo con esas estructuras, el Clan del Golfo empezó a tener una avanzada sobre Quibdó. Eso lo que ha generado es una reacción por parte de esas estructuras que están sentadas en el espacio. La justificación de ellos es decir que necesitan o que apelan a esas prácticas, por ejemplo extorsión y robo, para poder asumir la guerra contra el Clan del Golfo”, explicó hace unos días Racero a Colombia+20.
Las cifras muestran el crecimiento de ese fenómeno, a pesar de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación. Según datos oficiales, en Quibdó se han registrado 301 casos de extorsión hasta el 20 de noviembre, eso sin tener en cuenta el subregistro, mientras que en el mismo período del año anterior se presentaron 242 casos. Cabe anotar que las cifras también incluyen acciones extorsionistas por parte del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC).
Cerrar negocios en Buenaventura a cambio de no pagar la extorsión
A pesar de los pocos avances recientes en ese proceso de paz, las delegaciones en el espacio anunciaron que la tregua entre el Gobierno con las bandas Shottas y Espartanos se extenderá hasta febrero de 2025.
Si bien las treguas entre bandas ha permitido, entre otras, que Buenaventura saliera del listado de las 50 ciudades más peligrosas de América Latina y lograra la disminución de hasta un 70 % en índices de homicidio, tanto Shottas como Espartanos continúan con un control territorial fuerte con presencia en las 12 comunas de esa ciudad.
Su principal fuente de financiación es la extorsión, lo que incluye el control de los precios de la canasta básica, así como el cobro de cuotas a las construcciones de la zona.
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Según explicó Linda Posso Gómez, coordinadora de la Oficina Regional Pares Pacífico, la extorsión en el territorio afecta mayormente a los comerciantes, lo que impacta de manera directa el comercio. “Buenaventura tiene los precios de la canasta básica muy elevados, y eso tiene que ver con el hecho de que los comerciantes y los pequeños vendedores de las tiendas de los barrios se ven afectados por la extorsión. Esta eleva el doble el valor de los productos, que se ve reflejado en que los tenderos tienen que vender para poder ganar a un precio irrisorio. Las bandas controlan la economía”, aseveró Posso Gómez.
Esa incidencia también se traduce en que los pequeños negocios o los emprendedores han tenido que cerrar los negocios a raíz de las afectaciones. De acuerdo con un enlace en el territorio, al año se pueden cerrar aproximadamente 20 negocios porque no tienen forma de financiarlo y pagar la extorsión, que además ha generado casos de desplazamiento forzado por amenazas.
Según Pares, hasta septiembre de este año se reportaron 107 casos de extorsión, mientras que en ese mismo período de 2023 se registraron 147 denuncias. Sin embargo, esa disminución puede significar que las denuncias de las víctimas bajen a raíz del temor. “Muchas personas sienten que es muy riesgoso denunciar ante autoridades competentes y no lo hacen. Sobre todo es un tema de protección, de cuidar la vida, lo que implica no denunciar. Es riesgoso para una persona poner una denuncia en este escenario. Además, no es que el actor esté alejado del sector donde vive la persona, se puede identificar fácilmente. Ellos coexisten en los mismos barrios”, agregó Posso.
A raíz de la última tregua que se extiende hasta el próximo año, las partes también buscarán desescalar las violencias y avanzar en acciones concretas en beneficio de la comunidad. En ese contexto, desde la mesa de paz se están tomando acciones para descartelizar la canasta básica y reactivar la economía de los mercados campesinos, que han dejado de existir por la cantidad de extorsiones.
A los obstáculos que ya tienen las mesas urbanas de Petro se le suma el panorama de un fenómeno que va sin freno y que encuentra afianzarse en los territorios mientras se dialoga de paz. La urgencia es que el tiempo de la paz total alcance para que las comunidades sientan, por lo menos, un mínimo alivio en su economía también atravesada por la guerra.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com
Mientras las delegaciones de paz urbana celebran la reducción casi histórica de homicidios en Medellín, Quibdó y Buenaventura producto en gran parte de las mesas de conversación con las principales bandas criminales de esas tres ciudades, hay un fenómeno que se hace cada vez más evidente y que al mismo tiempo muta en sus formas y se arraiga con fuerza al territorio: la extorsión.
Son las comunidades las que casi que en voz baja encienden las alarmas para que ese delito deje de golpear sus negocios y hasta los precios de los huevos, la leche y las arepas que compran casi a diario en las tiendas de sus barrios.
Si bien las estructuras de alto impacto -como se les conocen a las bandas- están inmersas desde hace más de un año en espacios de paz con el Gobierno para desescalar la violencia e incluso han firmado acuerdos para dejar de cobrar “vacunas” a ciertos sectores de la comunidad, las cifras de extorsión parecen ir en contravía y los casos engrosan un fenómeno del que todavía no se sabe a ciencia cierta la magnitud de su tamaño o impacto, y mucho menos la renta multimillonaria que devengan las bandas, pues es en este delito donde han encontrado la mayor fuente de financiación y de paso una herramienta para aumentar su control territorial.
Ese es el caso de Medellín y el Valle de Aburrá, un territorio que ha sido centro de disputa de los grupos criminales por las rentas ilegales. En esa región el Gobierno adelanta un diálogo con miras al sometimiento de cerca del 90 % de las bandas que hacen presencia en las comunas, es decir, que ese proceso cobija más o menos entre 300 y 400 combos con sus principales cabecillas sentados en una mesa de paz en la cárcel de Itagüí.
Recientemente este diario conoció que ambas delegaciones se reunieron en ese centro penitenciario para destrabar el proceso de paz, y uno de los pedidos fue avanzar en temas como la reducción de los índices de extorsión, su principal fuente ilegal de ingresos, así como la entrega de plazas de vicio y la disminución de hurtos. Aunque es cierto que la tasa de homicidios se ha mantenido a la baja, pues se ha logrado una reducción que no se veía desde hace casi tres décadas en la ciudad, y se espera que el año cierre con una proyección de menos de 300 homicidios, ese no ha sido el caso de rentas ilegales como la extorsión.
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Para entender mejor el fenómeno, dentro de las principales estructuras armadas que están sentadas en el espacio de diálogo sociojurídico se reconoce por ejemplo a La Oficina, con aproximadamente un control territorial en seis comunas de Bello y nueve comunas de Medellín; Los Pesebreros, con presencia en seis comunas de Medellín, dos de Bello y dos corregimientos más; El Mesa, con control en tres comunas; La Terraza, con presencia en siete comunas de la ciudad; Pachelly, con control en dos comunas de Bello; Caicedo, con cuatro comunas; La Unión, con presencia en dos comunas de la ciudad, entre otras bandas.
Todas tienen como fuente principal de financiación la extorsión, que este año, hasta el 20 de noviembre, registró 815 casos, según la Secretaría de Seguridad de Medellín. Aunque comparado con el número de reportes del año anterior (851 para la misma fecha) se registra una leve disminución, expertos en el tema señalan la necesidad de entender las cifras como una estimación que muestra solo la punta del iceberg en gran parte por el subregistro y la falta de una herramienta que permita medir con exactitud la magnitud del fenómeno.
La “vacuna” a cambio de seguridad en Medellín
A esos registros se le suma lo que algunos han llamado como la “sofisticación” de la extorsión dentro de la empresa criminal en Medellín. La diversificación de las economías ilícitas, al igual que su rápida expansión en el territorio, representan hoy por hoy un desafío significativo para sostener la paz. Un informe publicado este año por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), llamado “Plomo es lo que viene”, explica que la consolidación de la extorsión como mecanismo de financiación hace cuestionar si realmente existe una disminución del delito o si hay una normalización de la dinámica en los barrios y las comunas.
En esa idea coincide Sebastián Londoño, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien señala que más allá de entender la extorsión como una de las rentas más importantes para las bandas, hay que poner la mirada en que las comunidades parecen haber hecho un tránsito” para “legitimar” el delito, porque lo tratan como si fuera un cobro por protección. “Detrás de todo ello hay una especie de prestación de servicios de justicia, resolución de conflictos o seguridad por parte de actores armados criminales, que termina siendo un tránsito hacia la gobernanza criminal. Lo que está en juego es un asunto de disputa de la legitimidad del Estado, sobre todo cuando la gente empieza a incluir la extorsión como uno de sus costos diarios de vida y la gente ya no se sienta extorsionada. Cuando eso hace el tránsito a una “protección”, puede ser que la gente sienta que está pagando por un servicio”, dijo Londoño.
Además: Exjefes paramilitares aceptaron nombramiento que Petro les hizo como gestores de paz
A ese “servicio” se le suma que dentro de las dinámicas de extorsión también caen los monopolios de las canastas básicas. Por ejemplo, según explicó Londoño y algunos líderes barriales, los combos les cobran “vacuna” a las señoras que hacen las arepas e incluso controlan a los proveedores que pueden ingresar al territorio para vender ciertos productos específicos. Esa “sofisticación” de la extorsión en un territorio como Medellín tiene unas implicaciones complejas, porque detrás de ese ejercicio de disputa por la legitimidad las bandas tienen acceso inmediato a la violencia. “La legitimidad es reconocer en el otro que tiene un título justo para ejercer la violencia. Eso es muy grave”, añadió el investigador.
Según estudios de varias universidades, como Eafit y la de Chicago, un aproximado de 150.000 hogares en Medellín pagan extorsión entre los $2.000 y $5.000 semanales, y los negocios pagan entre $15.000 y $100.000. Gran parte del dinero que recibe la criminalidad también ingresa al mercado legal a través del lavado de activos.
En este contexto la mesa de paz del Valle de Aburrá y Medellín aún no ha sido efectiva para impactar el fenómeno de la extorsión, entre otras, porque dentro de la tregua no hubo el compromiso de detener las actividades ilícitas de financiación.
Un informe de la FIP sobre treguas de la paz urbana y su impacto en la seguridad indica que antes de la tregua del 1° de septiembre de 2022 se registraron 1.497 casos de extorsión, mientras que después de la tregua se reportaron 2.511 casos, lo que significa un aumento del 68 % en todo el Valle de Aburrá. Sin embargo, al comparar los períodos anteriores y posteriores a la instalación de la mesa, en junio de 2023, se evidencia una disminución del 23 %. “Esto muestra que los combos tienen un control más directo sobre este delito y que el avance o las demoras en la negociación influyen en cómo se da el fenómeno”, explica el informe de la FIP.
De acuerdo con Fernando Quijano, experto en criminalidad en Medellín, se puede hablar de un estimado de la renta que reciben las bandas a raíz de la extorsión, partiendo del 90 % del control territorial que tienen solo en el centro de Medellín. “Si más o menos en 2014 hablábamos de un aproximado de más de $100.000 millones al año, el cálculo ahora es de unos niveles muy altos. Estamos hablando de miles de millones de pesos, esto no es un asunto de centavos, es una renta ilegal importantísima”, señaló.
Ambos investigadores coinciden en que es complejo pensar que las bandas puedan pensar en renunciar completamente a la extorsión. Según Londoño, los muchachos en las calles saben que el proceso de paz es importante, pero algunos no están de acuerdo que estén negociando con sus rentas. “Si les dicen que hay que dejar de extorsionar absolutamente todo y que hay que entregar las casas de vicio, ¿entonces qué se ponen a hacer? Al punto de que digan que tienen que entregar las rentas que ya son de ellos, yo no creo que ellos tengan esa capacidad y esa tendencia. A lo que voy es que puede haber una divergencia de intereses importantes. No que los voceros no tengan capacidad e incidencia sobre la gente que está en la calle”, explicó.
Quibdó, entre acuerdos que no frenan la extorsión
El espacio de diálogo sociojurídico en Quibdó es quizás el más avanzado en temas de extorsión. Desde hace tres meses se firmaron unos primeros acuerdos para disminuir los índices de extorsión en los barrios con presencia de las tres principales bandas criminales: RPS, Locos Yam y Mexicanos. Cada banda maneja un aproximado de 300 jóvenes en las comunas 1, 4, 5 y 6, lo que se traduce en que podrían tener una injerencia en el 85 % de los barrios, teniendo como fuente principal de financiación la extorsión.
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El pasado 18 de agosto el proceso cumplió su primer año desde la instalación de la mesa, y el aniversario llegó con la firma de un documento en el que quedó contemplado que “se comprometen a dejar de extorsionar a los sectores de profesores, personal de la salud, obras comunitarias en barrios, mejoras de vivienda, construcciones menores y acarreos de material de construcción”. Asimismo, el compromiso explica que “estos acuerdos se realizan en el marco del proceso de desmonte a mediano plazo de todas las extorsiones y un primer paso para superar las economías ilícitas”.
Sin embargo, la avanzada militar del Clan del Golfo, que amenaza con sacarlos del territorio, ha sido un arma de doble filo. En parte porque ha presionado de manera negativa el proceso de paz, como lo ha reconocido el jefe negociador de esa mesa, el senador David Racero, y el mismo comisionado Patiño. A eso se le suma que las bandas, bajo la excusa de defenderse, han reactivado las extorsiones, y personas de la comunidad han contratado servicios extras de seguridad para evitar el cobro de extorsión o una amenaza en caso de no pagar, por lo que no es una imagen extraña ver a hombres armados custodiando los comercios de Quibdó.
“Aunque ya habíamos hecho un acuerdo con esas estructuras, el Clan del Golfo empezó a tener una avanzada sobre Quibdó. Eso lo que ha generado es una reacción por parte de esas estructuras que están sentadas en el espacio. La justificación de ellos es decir que necesitan o que apelan a esas prácticas, por ejemplo extorsión y robo, para poder asumir la guerra contra el Clan del Golfo”, explicó hace unos días Racero a Colombia+20.
Las cifras muestran el crecimiento de ese fenómeno, a pesar de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación. Según datos oficiales, en Quibdó se han registrado 301 casos de extorsión hasta el 20 de noviembre, eso sin tener en cuenta el subregistro, mientras que en el mismo período del año anterior se presentaron 242 casos. Cabe anotar que las cifras también incluyen acciones extorsionistas por parte del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC).
Cerrar negocios en Buenaventura a cambio de no pagar la extorsión
A pesar de los pocos avances recientes en ese proceso de paz, las delegaciones en el espacio anunciaron que la tregua entre el Gobierno con las bandas Shottas y Espartanos se extenderá hasta febrero de 2025.
Si bien las treguas entre bandas ha permitido, entre otras, que Buenaventura saliera del listado de las 50 ciudades más peligrosas de América Latina y lograra la disminución de hasta un 70 % en índices de homicidio, tanto Shottas como Espartanos continúan con un control territorial fuerte con presencia en las 12 comunas de esa ciudad.
Su principal fuente de financiación es la extorsión, lo que incluye el control de los precios de la canasta básica, así como el cobro de cuotas a las construcciones de la zona.
Además: Video: así viven los hijos de exguerrilleros de FARC que nacieron tras Acuerdo de Paz
Según explicó Linda Posso Gómez, coordinadora de la Oficina Regional Pares Pacífico, la extorsión en el territorio afecta mayormente a los comerciantes, lo que impacta de manera directa el comercio. “Buenaventura tiene los precios de la canasta básica muy elevados, y eso tiene que ver con el hecho de que los comerciantes y los pequeños vendedores de las tiendas de los barrios se ven afectados por la extorsión. Esta eleva el doble el valor de los productos, que se ve reflejado en que los tenderos tienen que vender para poder ganar a un precio irrisorio. Las bandas controlan la economía”, aseveró Posso Gómez.
Esa incidencia también se traduce en que los pequeños negocios o los emprendedores han tenido que cerrar los negocios a raíz de las afectaciones. De acuerdo con un enlace en el territorio, al año se pueden cerrar aproximadamente 20 negocios porque no tienen forma de financiarlo y pagar la extorsión, que además ha generado casos de desplazamiento forzado por amenazas.
Según Pares, hasta septiembre de este año se reportaron 107 casos de extorsión, mientras que en ese mismo período de 2023 se registraron 147 denuncias. Sin embargo, esa disminución puede significar que las denuncias de las víctimas bajen a raíz del temor. “Muchas personas sienten que es muy riesgoso denunciar ante autoridades competentes y no lo hacen. Sobre todo es un tema de protección, de cuidar la vida, lo que implica no denunciar. Es riesgoso para una persona poner una denuncia en este escenario. Además, no es que el actor esté alejado del sector donde vive la persona, se puede identificar fácilmente. Ellos coexisten en los mismos barrios”, agregó Posso.
A raíz de la última tregua que se extiende hasta el próximo año, las partes también buscarán desescalar las violencias y avanzar en acciones concretas en beneficio de la comunidad. En ese contexto, desde la mesa de paz se están tomando acciones para descartelizar la canasta básica y reactivar la economía de los mercados campesinos, que han dejado de existir por la cantidad de extorsiones.
A los obstáculos que ya tienen las mesas urbanas de Petro se le suma el panorama de un fenómeno que va sin freno y que encuentra afianzarse en los territorios mientras se dialoga de paz. La urgencia es que el tiempo de la paz total alcance para que las comunidades sientan, por lo menos, un mínimo alivio en su economía también atravesada por la guerra.
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