Un grito desesperado se escucha en las calles de Medellín ante la oportunidad histórica de mantener la paz, que le ha sido tan esquiva y efímera. La ciudad clama por la atención del Gobierno para que avancen los diálogos que se cocinan en la cárcel de Itagüí desde hace más de un año con los voceros representantes de las bandas que por años han controlado el mundo criminal. Pero en medio de la incertidumbre de un proceso que pareciera sobrevivir del aire surge la pregunta sobre ¿Por qué el Gobierno no ha mantenido un apoyo constante para avanzar?
Hace cuatro días, el pasado jueves, 5 de agosto, en el centro de la ciudad se realizó la segunda audiencia pública del Senado para evaluar lo que ha sido uno de los laboratorios de paz urbana del presidente Gustavo Petro en su política de paz total.
Ese espacio fue propicio para poner sobre la mesa los palos en la rueda que ha tenido el proceso con las bandas, que hoy por hoy controlan más del 85% de la ciudad. Sin embargo, a pesar de los gritos, las arengas, las banderas blancas y las camisetas que exigían la paz urbana, no hay avances sustanciales para mostrar.
Dos días antes de ese encuentro, que ya había tenido una primera sesión el pasado 15 de junio, líderes de organizaciones sociales se reunieron en el espacio Autónomo de la Sociedad Civil para pedirle a la delegación del Gobierno, en cabeza de Jorge Mejía, que por favor hagan peticiones más urgentes al mandatario y al comisionado consejero para la paz, Otty Patiño, para que entiendan el riesgo de una Medellín en guerra justo cuando se empieza a reconocer que el proceso está en una fase crítica.
Una radiografía al intento de paz urbana en Medellín refleja que todavía hay grandes obstáculos como la falta latente de un marco jurídico que sirva como hoja de ruta para el sometimiento y desarme de estas estructuras armadas, y el reclamo constante por la presencia del comisionado de paz que brilla por su ausencia.
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Para Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y experto en el conflicto de la ciudad, la actitud del comisionado Patiño es absolutamente incomprensible y envía un mensaje negativo al proceso de paz.
“A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz le falta mucho liderazgo frente a este tema. Si la apuesta del comisionado era el proceso con el ELN, ya sabemos eso en lo que está; con la Segunda Marquetalia, también están empantanados; con el Estado Mayor Central y el grupo de Calarcá tampoco hay grandes avances y con Mordisco se rompió la mesa; con el Clan del Golfo apenas empiezan algunos acercamientos; y con las tres mesas urbanas no hay avance en el marco jurídico, pero la pregunta es ¿Cuál es la apuesta del comisionado entonces? Si la gente en las ciudades tiene voluntad ¿por qué no se les presta atención?”, señaló Gil.
Durante el transcurso de la audiencia se escuchó que había una carta en la que se designaba a Fernando Quijano, experto en criminalidad urbana, como un delegado del consejero comisionado en ese espacio en Medellín. Sin embargo, el enviado por Otty no tuvo participación ni voz durante la audiencia convocada por iniciativa de la senadora Isabel Zuleta, a la que además asistió la senadora Jhael Quiroga, el senador Omar Restrepo y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.
En entrevista con Colombia+20, el delegado aseguró la presencia de la Oficina del Consejero Comisionado en el espacio que fue citado por el Senado.
“Hay varias cosas que son importantes. El comisionado Otty Patiño sí estuvo. Aquí hay una persona que está delegada y fui enviado para felicitar el espacio en el que se están discutiendo todos estos asuntos de la paz. Es una conversación que se viene dando hace décadas, y que aquí hay continuidad de esa conversación de muchos actores, sectores de la sociedad que están comprometidos con el tema de la paz. El comisionado de paz no abandonó el barco, está comprometido con el proceso de paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá”, dijo Quijano.
Y agregó: “Celebramos el esfuerzo que está haciendo el Senado, en cabeza de la senadora Isabel Cristina Zuleta. Lo apoyamos, lo acompañamos y seguimos adelante. La paz hay que construirla y la queremos construir con la ciudadanía, los gremios económicos, los sectores políticos de oposición y la queremos construir con el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, y con el señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón”.
Por su parte, Sebastián Murillo, o Lindolfo, cabecilla de La Oficina de Envigado y vocero representante del espacio socio-jurídico, le dijo a Colombia+20 que si bien la presencia de un delegado del comisionado en ese espacio es muestra de voluntad, todavía están esperando la presencia de Otty Patiño en la mesa. “Es un avance que haya enviado a una persona delegada por él, aunque nosotros seguimos esperando su presencia, porque es importante tanto como para todas las soluciones y avances del proceso, como para el respeto que merece este proceso y en general las comunidades en Medellín y Valle de Aburrá”, dijo tras cuestionar un “silencio inexplicable” del comisionado en el proceso.
El gran pendiente en la paz urbana: un marco jurídico
A pesar de que el proceso en Medellín es robusto en cuanto a la cantidad de bandas que están sentadas en el espacio socio jurídico y expresan con firmeza sus voluntades de paz, en la ciudad se han tenido que realizar dos audiencias para evaluar los obstáculos que impiden que esa paz urbana prospere. Precisamente, en esos espacios se habla sobre la necesidad de establecer un marco jurídico para los procesos de justicia con las bandas. Aunque aún no hay certezas sobre las opciones, el Gobierno ya tendría un borrador de decreto, como reveló El Espectador hoy.
“El Gobierno colombiano no logra liderar una conversación para las iniciativas jurídicas. El problema es que ya llevamos dos años de este gobierno y el ambiente en el Congreso cada vez es más difícil. La ministra de Justicia tiene el encargo de preparar un proyecto de ley sobre el sometimiento de los grupos de carácter delincuencial, pero el escenario en el Congreso es muy incierto”, señaló Gil.
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Ese marco guía que les hace falta a los diálogos mitigaría riesgos como la caída de las mesas, que tendría efectos colaterales en la comunidad en términos de violencia. De ahí la importancia de blindar el proceso con una base legal y jurídica firme. Pero con el paso del tiempo, el vacío legal se hace cada vez más profundo dejando en el aire los espacios socio jurídicos tanto en Medellín como en Quibdó y Buenaventura. Y ese precisamente ha sido un reclamo constante desde todos los lados de la mesa en la capital antioqueña.
“Nosotros solos aunque queremos, no podemos. Necesitamos que el Estado diseñe un marco jurídico que se adapte. Las estructuras tienen toda la convicción de hacer el tránsito a una ciudadanía pacífica pero necesitamos el marco legal. No hay que reducir esto a un problema de justicia ordinaria (...) Sin marco jurídico y sin la presencia del Comisionado no podemos avanzar”, señaló Sebastián Murillo, vocero de las bandas, quien también hizo énfasis en la necesidad de socializar la agenda en la que han trabajado de manera constante pero que “por la ausencia de este señor no hemos podido lanzar”.
Por su parte, Jorge Mejía, delegado del Gobierno en el espacio de diálogo con las bandas, explicó que la agenda no se ha podido socializar porque el cambio de comisionado no ha permitido un lanzamiento público. “Eso ha tenido el proceso en cierto estancamiento. Esa es la hoja de ruta de este proceso. Un ejercicio de paz sin agenda temática está condenado a perecer. Una de las solicitudes al Gobierno y al comisionado es que se propicie la divulgación de esa agenda como una dinamización del proceso”, expresó Mejía en reunión con organizaciones sociales.
Al respecto, Quijano desde su posición como delegado en el espacio explicó que se han trabajado en protocolos importantes para fortalecer el espacio de conversaciones y se está trabajando en la forma para presentar la agenda.
Lo cierto es que esas agendas y protocolos no caminan al paso esperado e incluso se tuvo que pensar en otras salidas políticas. Para agilizar y darle acompañamiento al trámite del marco jurídico, la senadora Isabel Zuleta anunció durante la audiencia que fue aprobada la solicitud para crear una comisión accidental que acompañe los espacios de diálogo socio-jurídico y permita avances más concretos con las organizaciones. Así las cosas, la comisión pretende construir alternativas para la creación de un marco legal que permita la desmovilización y el sometimiento de estas organizaciones.
¿Hasta dónde aguanta la voluntad de paz de las bandas?
En medio del letargo y con el tiempo en contra, los voceros representantes de las bandas en el espacio de diálogo socio-jurídico en la cárcel de Itagüí aseguran que la voluntad de paz se sostiene. En entrevista con este diario, Sebastián Murillo dijo que esa voluntad de continuar en el proceso sigue firme a pesar de la ausencia del consejero comisionado. “Seguimos firmes con la voluntad y simplemente esperamos que en algún momento el consejero comisionado vuelva a sentarse con nosotros”, dijo.
Sin embargo, durante la audiencia en Medellín, la ministra de Justicia, Buitrago, hizo serios reparos a esa voluntad de paz que expresan las bandas, recogiendo los reclamos de las madres buscadoras. “Los que quieren la paz deben empezar por contar dónde están los desaparecidos y contar las reales causas de esta guerra. Usted me pregunta señor Murillo si se quiere la paz, la respuesta es sí, pero se necesita de voluntad de las dos partes. El diálogo está abierto, pero se requieren acuerdos de los dos lados”, señaló la ministra.
Y agregó: “La invitación es a seguir dialogando pero sin traspasar las responsabilidades. Aquí tampoco ha habido manifestaciones claras de esa paz. Las palabras de los actores armados deben pesar por esas manifestaciones claras y no por seguir dinamitando el proceso”.
En respuesta a las críticas de la ministra, Sebastián Murillo se le acercó en privado y le aseguró que quieren trabajar. “Estamos poniendo toda la voluntad y la disposición para que esto salga adelante. Por favor, ayúdenos”.
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Por su parte, la senadora Zuleta volvió a tomar la palabra para asegurar que en Medellín sí hay voluntad de paz. “Desde que se instaló este proceso hemos evidenciado una manifestación clara de las estructuras y podemos constatar eso con cifras y hechos en los territorios”, dijo.
Según datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Alcaldía de Medellín, en lo que va del año se han registrado 193 homicidios, mientras que para el mismo período, pero en 2023, se habían contabilizado 247 casos. Esa cifra representaría la tasa más baja en casi 40 años.
Sin embargo, la senadora denunció que desde la Alcaldía se cambió la metodología para hacerle seguimiento a este indicador, por lo que pidió más transparencia en las cifras para lograr verificar la real voluntad en el proceso.
Según explica Sebastián Londoño, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el argumento de la disminución de homicidios como gesto de voluntad de paz se ha utilizado de manera casi errónea. “Esto se ha usado de manera imprecisa tanto por las estructuras como por el alcalde de Medellín, quien dice que la reducción histórica de estos crímenes se da gracias a su lucha contra la criminalidad. Nuestra tesis es que no es ni la voluntad de los grupos ni la estrategia de la Alcaldía, sino una mezcla de factores que incluyen un aprendizaje de estas estructuras en la sofisticación de cuatro décadas de existencia. Ese aprendizaje es que la violencia letal no es buena, no le sirve al negocio, porque llama la atención del Estado, que ante un aumento se pone las pilas para apagar el incendio. Por eso, más que por la instalación de mesas, las bandas llegan a concertaciones para evitar los homicidios”, señaló.
Precisamente, esa disminución notable de la tasa de homicidios no significa que las bandas están desapareciendo, sino que mantienen otras dinámicas en el territorio, como la extorsión, las vacunas y hasta el monopolio de negocios como la venta de arepas y huevos, mercados de fácil distribución y fácil consumo por los habitantes.
Frente a este tema, Sebastián Murillo señaló que están buscando crear laboratorios de paz en los barrios para reducir delitos de alto impacto como la extorsión haciendo un cambio por oportunidades para lograr una efectiva transformación.
Si bien todo apunta a que el proceso de paz urbana en la ciudad se soporta gracias a la voluntad de paz de las partes, para el investigador Londoño, sin embargo, hay una hipótesis que puede dar otra explicación sobre la permanencia en la mesa a pesar de la falta de avances. “Con la instalación del espacio de diálogo, las condiciones de reclusión que tienen hoy los cabecillas son abrumadoramente mejores que las de antes, en cuanto a las posibilidades de cercanía con sus familias, el tener a los medios de comunicación y universidades nacionales y extranjeras buscándolos para entrevistas, eventuales permisos para salir a las audiencias, y lo que eso implica en el control de sus negocios. Ese incentivo del día a día puede ser suficiente para mantenerse, porque si el tema se extiende por los dos años que quedan del Gobierno, significa un tiempo considerable gozando de estas condiciones”.
¿A quién le importa la paz en Medellín?: los reclamos al consejero comisionado
Durante la audiencia en Medellín del pasado jueves, las organizaciones sociales tildaron a Otty Patiño como “el gran ausente” y rechazaron sus actitudes frente al proceso de paz en la ciudad.
“Mientras nos reunimos para hablar de paz urbana con las organizaciones delincuenciales de alto impacto que controlan el 85 % de la ciudad y sus zonas rurales, el comisionado de paz mira con displicencia a las organizaciones sociales y a los defensores de derechos humanos de Medellín y sus esfuerzos de paz, que no solo son desvalorados sino también mal vistos, como si la paz no fuera con las comunidades, como si fuéramos los invitados no deseados en un proceso que necesita de aliados y defensores en todas las esferas y en todos los bandos”, dijo Weimar Guarín de la Agenda Ciudadana por la Paz. Y agregó una advertencia: “Se nos está agotando el tiempo. Estamos pasando a otra etapa del conflicto”.
Por su parte, Diego Herrera, del Espacio Autónomo de la Sociedad Civil, reconoció que el proceso hoy por hoy está en crisis. “Nos metieron en la paz urbana, les pedimos que tengan mayor decisión política para avanzar y desarrollar este proceso (...) La consejería de paz, en cabeza de Otty Patiño, ha brillado por su ausencia y el trato desdeñoso. Hacemos un llamado de urgencia para que asuman el compromiso de materializar el éxito de los diálogos socio jurídicos. Esta es una oportunidad histórica para superar los ciclos de violencia urbana”, expuso Diego.
Pero entonces ¿a quién le importa la paz urbana en la ciudad? Para Gil, es evidente que los procesos urbanos tuvieron un poco más de atención por parte del ex comisionado Danilo Rueda, teniendo en cuenta que su trabajo ha sido desde las cárceles del país e incluso se encargó del traslado de varios cabecillas de las estructuras de Medellín, desde la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, hasta la cárcel La Paz en Itagüí, precisamente para buscar consensos entre las bandas.
“Danilo tuvo un poco más de cuidado y más prisa con estos procesos. Otty es más de un carácter histórico de negociación con grupos de carácter político. Aunque, con franqueza, a veces es difícil entender la posición de Otty. Esta negociación le interesa es a la gente de Medellín porque tampoco la Alcaldía ni la Gobernación están interesados. Yo creo que son procesos huérfanos que se quedan un poco en el limbo, sin dolientes”, explicó Gil.
En todo caso, el llamado de todas las partes es a entender con urgencia lo que significa una Medellín que pierde la oportunidad de frenar la guerra.
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