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Por medio de un comunicado, la delegación de Gobierno en el espacio de diálogo sociojurídico que se adelanta en Quibdó, Chocó, anunció que se iniciarán acercamientos con dos bandas criminales más: los Cabí y los Zetas, así como la intención de llegar a acuerdos también con el Ejército Gaitanista de Colombia, autodenominado Clan del Golfo.
La intención de estos nuevos acercamientos será conversar en esa mesa de paz urbana con todas las estructuras que operan en Quibdó y de esta manera evitar muertes y proteger a las comunidades que quedan en medio. Hasta el momento en ese espacio solo participan tres principales bandas de esa región, Locos Yam, Mexicanos y RPS, quienes recientemente enviaron una mensaje a esas otras estructuras para sumarse a una “tregua indefinida” y lograr impulsar la estrategia “Cero Crimen”.
Además ratificaron su compromiso para continuar en la mesa de diálogo. “Invitamos públicamente a las estructuras denominadas Los Z, Cabí y al Ejército Gaitanista de Colombia EGC, a realizar una tregua indefinida que permita llevar a 0 (cero) las muertes violentas en la ciudad de Quibdó y que posibilite hacer acuerdos mínimos para respetar la vida y disminuir la criminalidad en la ciudad”, dice el comunicado firmado por ambas delegaciones en ese diálogo sociojurídico y que se dio tras una reunión el pasado 11 de noviembre en la cárcel Anayanci, Quibdó.
Según informó la delegación de Gobierno, la banda criminal “Los Z” ha enviado varios comunicados para manifestar su compromiso con avanzar en la construcción de paz en el territorio, por lo que los acercamientos con esa banda atenderán las peticiones.
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“Los acogemos de forma propositiva y estamos en la construcción de una ruta de conversación que permita llevar alivio a la comunidad”, dice el documento.
En ese contexto, la delegación también pidió muestras de voluntad concretas para avanzar en los diálogos con las nuevas estructuras que tienen intenciones de sumarse a la paz urbana en Quibdó. “La Delegación solicita actuaciones coherentes que permitan salvaguardar la vida, los intereses comunitarios, los estamentos públicos y eclesiásticos, así como de otro tipo de organizaciones públicas y privadas que le sirven a la comunidad, estos a toda costa deben respetarse”, agregaron.
La petición de la mesa también va acompañada de un llamado de urgencia para que la estructura criminal “Los Z” evite realizar acciones que atenten contra la comunidad con el fin de consolidar la construcción de confianza y legitimidad de los espacios de conversación.
¿En qué va el diálogo en Quibdó?
El espacio de diálogo sociojurídico con bandas en Quibdó, Chocó, cumplió el pasado 18 de agosto, un año desde su instalación y se perfilaba como uno de los procesos más estables, según cercanos al desarrollo de la paz en este territorio.
Dentro de los avances más recientes del proceso, el Gobierno pactó un nuevo compromiso con las estructuras urbanas para suspender la extorsión a varios sectores, en el marco de la paz total.
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Ese acuerdo se firmó el pasado 8 de agosto y en el documento quedó contemplado que “se comprometen a dejar de extorsionar a los sectores de profesores, personal de la salud, obras comunitarias en los barrios, mejoras de vivienda y construcciones menores y acarreos de material de construcción”. Asimismo, el compromiso explica que “estos acuerdos se realizan en el marco del proceso de desmonte a mediano plazo de todas las extorsiones y un primer paso para superar las economías ilícitas”.
Uno de los grandes obstáculos que ha tenido el proceso de paz con las bandas en Chocó es que todavía no existe un instrumento legal que le entregue una vía clara al espacio sociojurídico. En una reciente entrevista con Colombia+20, David Racero, congresista y coordinador del espacio sociojurídico, explicó que están conversando sobre salidas al sometimiento aunque sea con el marco legal actual.
“Ya es claro para estas estructuras que una ley de sometimiento en el mediano plazo se ve muy difusa. Lo que estamos haciendo es trabajando con el marco legal actual, que a nuestro modo de ver es limitado y por eso queríamos profundizarlo con la nueva ley de sometimiento, pero contempla reducción de penas a cambio de diferentes factores como la verdad o el cese a las actividades ilegales”, dijo.
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