¿Cuáles son las bandas criminales con las que Petro tiene un diálogo de paz en Quibdó?
El 18 de agosto de 2023 el Gobierno instaló su tercer laboratorio de paz urbana en esa zona del Chocó. En medio de la incertidumbre por la falta de un marco jurídico y la llegada de nuevos actores armados, el espacio socio jurídico se ha mantenido e incluso se han firmado acuerdos para frenar la extorsión y reducir los índices de violencia en los barrios.
Paulina Mesa Loaiza
El espacio de diálogo socio-jurídico en Quibdó, Chocó, fue el último de tres laboratorios de paz urbana que el gobierno de Gustavo Petro instaló en el marco de su propuesta de paz total. Los otros dos, ubicados en Medellín y Buenaventura, avanzaron a paso corto, mientras que la mesa de Quibdó se destacó desde el principio como uno de los procesos más estables cobijando a tres de las bandas criminales más fuertes del territorio: Locos Yam, RPS y Mexicanos.
A pesar de los retos y la inestabilidad que ha provocado dialogar con miras al sometimiento sin que exista un marco jurídico, el pasado 18 de agosto de 2024 el proceso de paz urbana en ese territorio cumplió un año con varios acuerdos sobre la mesa como los planes para reducir la extorsión, así como los índices de violencia en general y una tregua indefinida entre las bandas sentadas en el espacio.
Hoy por hoy, ese laboratorio urbano ha tenido que enfrentar varios obstáculos como la avanzada militar de otros grupos armados como el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y con ello la violencia que supuso el rompimiento de un cese al fuego para hacerle frente a esa presencia. Asimismo la mesa ha experimentado algunos cambios en el equipo negociador del Gobierno, dejando solo tres delegados en el espacio.
Sin embargo, las bandas criminales han realizado reiterativos pronunciamientos para ratificar su compromiso con la mesa y su voluntad de paz para continuar. Tanto así que en su más reciente comunicado, esas estructuras invitaron a pactar una “tregua indefinida” con los otros actores armados del territorio que no están en los diálogos: EGC, Zetas y Cabí.
Y esa invitación habría tenido efecto. El pasado 4 de diciembre, el Gobierno Nacional autorizó acercamientos con el propósito de llegar a nuevos acuerdos para que en la mesa de paz estén sentadas todas las estructuras que operan en Quibdó.
Lea también: Gobierno empezará acercamientos con otras dos bandas criminales en Quibdó, ¿cuáles son?
Según informó la delegación de Petro, la banda criminal “Los Z” ha enviado varios comunicados para manifestar su compromiso con avanzar en la construcción de paz en el territorio, por lo que los acercamientos con esa banda atenderán las peticiones.
“Los acogemos de forma propositiva y estamos en la construcción de una ruta de conversación que permita llevar alivio a la comunidad”, dice el documento donde además les pidieron no realizar acciones en contra de las comunidades con el fin de crear confianza.
Mientras tanto, las tres bandas en el espacio están trabajando en la estrategia “Cero Crimen” para reducir en sus territorios los hurtos, la extorsión y los homicidios.
¿Cuáles son las bandas criminales en Quibdó que hablan de paz con el Gobierno?
Los barrios de ese municipio chocoano han visto crecer con fuerza los grupos delincuenciales urbanos que ahora están sentados en la mesa de conversación. Sus principales fuentes de financiación ilegal han sido la extorsión y el microtráfico. En su mayoría las bandas criminales están conformadas por jóvenes, algunos víctimas de desplazamiento a raíz del conflicto armado en regiones del país.
Los Mexicanos
Autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias Mexicanas, es una de las organizaciones criminales con mayor control territorial y una alta capacidad de control urbano en Quibdó. La banda criminal estaría conformada por casi 300 jóvenes de ascendencia indígena y afrocolombiana y podrían llegar a tener injerencia en un 85% de los barrios quibdoseños, especialmente en las comunas 5 y 6. Anteriormente también hacían presencia en la comuna 1, sin embargo, fuentes en terreno detallaron que el Clan del Golfo los sacó de ese territorio. Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el involucramiento de los jóvenes en esta banda responde a la falta de oportunidades que enfrentan en la capital del Chocó. En un comunicado donde explicaban sus orígenes los mexicanos afirman “Desde muy niños nos convirtieron en los actores principales de una guerra absurda que no tuvimos por qué vivir”.
Locos Yam
Esta banda criminal se habría originado en la cárcel Anayanci de Quibdó y sus miembros provienen de zonas como el Bajo Atrato, Medio Atrato y San Juan a raíz del desplazamiento forzado. También está conformada por jóvenes que expresaron que la falta de oportunidades los convirtió en presas fáciles para la delincuencia. Tienen presencia en las comunas 1 y 5 de Quibdó y tienen como renta principal la extorsión y el microtráfico. El día de la instalación del espacio de diálogo, el 18 de agosto de 2023, Locos Yam enviaron un video para expresar su voluntad en construir paz en la región. “Me imagino un Chocó sin fronteras, sin barreras invisibles y que todos pongamos nuestro granito de arena, no solo nosotros sino todo, así podemos lograr la paz”, expresó un integrante en el video.
RPS
También autodenominado Fuerzas Armadas RPS, principalmente integrada por jóvenes del barrio El Reposo con presencia en la comuna 1, 4 y 5. Manejan la renta ilegal de la extorsión y su principal disputa ha sido con el Clan del Golfo. Los enfrentamientos han provocado desplazamientos internos y según datos de ACNUR, desde la firma del Acuerdo de Paz se han afectado a más de 100.000 personas en Chocó. Durante la instalación del Espacio de conversación, los RPS también enviaron un mensaje en video para pedir disculpas a la población por las adversidades y pidieron construir un futuro en paz.
¿Cómo están conformadas las delegaciones en el espacio de diálogo?
Al momento de instalar el espacio sociojurídico en Quibdó, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para ese momento en cabeza de Danilo Rueda, hoy Consejería Comisionada de Paz y con Otty Patiño al frente, presentó a los delegados del Gobierno, entre ellos, Luis Evelis Andrade, exsenador y líder indígena; Juan Diego Restrepo, periodista y director del portal periodístico Verdad Abierta; Eduardo Rosero, abogado y empresario de la región; y Elsa Paselia Delgado, presidenta de la Cámara de Comercio del Chocó.
Le puede interesar: Bandas criminales en Quibdó piden a Clan del Golfo que se sume a una “tregua indefinida”
También integraba la delegación Luz Marina Ríos, lideresa de la región y concejal del partido político Mira; Dillon Martínez Mena, del Comité Cívico por la Dignidad y la Salvación del Chocó -sector educación y sindical-; Rosy Pacheco, consejera municipal de juventudes; y Pedro Baracutao García, firmante del Acuerdo de Paz de FARC y representante a la Cámara por el partido Comunes. El representante a la Cámara, David Racero, y el concejal de Bogotá, Diego Cancino, también eran parte de la delegación de Gobierno.
En la actualidad, el equipo negociador del Gobierno se redujo considerablemente. Según fuentes cercanas por posibles fricciones entre ambas delegaciones y atendiendo a la practicidad, se decidió que la delegación estaría conformada de ahora en adelante por David Racero, como coordinador del espacio, junto con Pedro Baracutao y Luis Evelis Andrade. Ese equipo negociador también está acompañado por Luis Gregorio Moreno, asesor de presidencia designado para brindar asesoría y su papel en la mesa consiste en ser gestor o secretario técnico. Moreno fue autorizado para acercamientos con EGC, Los Z y Cabí. Por otra parte, los voceros de las bandas son Armando Robledo, por Mexicanos; Inocencio Córdoba, por Locos Yam; y Jordan Córdoba, por la banda RPS.
¿A qué acuerdos han llegado?
Dentro de los avances más recientes del proceso, el Gobierno pactó un compromiso con las estructuras urbanas para suspender la extorsión a varios sectores, en el marco de la paz total. Ese acuerdo se firmó el pasado 8 de agosto y en el documento quedó contemplado que “se comprometen a dejar de extorsionar a los sectores de profesores, personal de la salud, obras comunitarias en los barrios, mejoras de vivienda y construcciones menores y acarreos de material de construcción”. Asimismo, el compromiso explica que “estos acuerdos se realizan en el marco del proceso de desmonte a mediano plazo de todas las extorsiones y un primer paso para superar las economías ilícitas”.
Por su parte, el Gobierno también se comprometió a buscar complementar esos compromisos con ofertas institucionales para los jóvenes. De acuerdo con la oficina del Consejero Comisionado, se busca que “cerca de 500 integrantes de estas estructuras armadas (principalmente jóvenes), puedan vincularse a programas que les permitan contar con alternativas de sostenimiento diferentes al conflicto armado”. Y agrega: “Además, buscamos brindar alternativas económicas, culturales y sociales a los jóvenes integrantes de estas estructuras armadas, quienes han visto en las armas su único sustento”.
Además: Tras un año de instalación de diálogo con bandas en Quibdó: así va el proceso de paz
El pasado 15 de noviembre, las delegaciones anunciaron la estrategia “Cero Crimen” a través de un comunicado en el que además las bandas ratifican su compromiso con el proceso y aseguran que se mantendrán en la mesa para intentar ponerle fin al conflicto.
Allí también quedó contemplada la creación de una hoja de ruta conjunta con miras a disminuir los índices de hurtos en la ciudad. “Se reconoce como principal objetivo del Espacio de Conversación Sociojurídico de Quibdó, lograr que la comunidad pueda estar en paz, por lo tanto, manifestamos que aumentaremos los esfuerzos que se requieran para que la ciudad pueda bajar los índices de criminalidad que hoy la agobian”, detallaron.
Asimismo, en el espacio se hizo un llamado para que la institucionalidad tenga mayor presencia en los barrios y priorice la inversión social. “La ausencia estatal en los sectores más marginados no ayuda a la disminución del conflicto”, se lee.
Por su parte, la delegación del Gobierno se comprometió a intensificar la presencia territorial para impulsar el proceso y generar mayor articulación para lograr un mayor impacto de las acciones de paz en el territorio. Desde esa mesa de paz también se están impulsando iniciativas de transformación territorial desde los proyectos productivos que tienen las comunidades.
¿Cuáles son las principales dificultades del espacio sociojurídico en Quibdó?
Uno de los grandes obstáculos que ha tenido el proceso de paz con las bandas en Chocó es que todavía no existe un instrumento legal que le entregue una vía clara al espacio sociojurídico. En una reciente entrevista con Colombia+20, David Racero, congresista y coordinador del espacio sociojurídico, explicó que están conversando sobre salidas al sometimiento aunque sea con el marco legal actual.
“Ya es claro para estas estructuras que una ley de sometimiento en el mediano plazo se ve muy difusa. Lo que estamos haciendo es trabajando con el marco legal actual, que a nuestro modo de ver es limitado y por eso queríamos profundizarlo con la nueva ley de sometimiento, pero contempla reducción de penas a cambio de diferentes factores como la verdad o el cese a las actividades ilegales”, dijo.
Lea también: “Exploramos acuerdos mínimos entre bandas criminales y Clan del Golfo”: David Racero
Otra de las dificultades que impactan ese diálogo en Quibdó tienen que ver con las células urbanas del Clan del Golfo o AGC que se han instalado en el departamento. Como respuesta a la incursión de ese grupo armado, el pasado 2 de septiembre, las bandas anunciaron la ruptura del cese al fuego. El pasado 4 de octubre la crisis en la mesa se agravó cuando las estructuras amenazaron con irse de la mesa por la supuesta connivencia de las autoridades de Policía con el Clan del Golfo.
El mismo consejero Patiño aseguró en septiembre, en medio un debate de control político, que el Clan del Golfo sí busca apoderarse de Quibdó.
A eso se sumó las denuncias sobre un plan feminicida que tendría el Clan del Golfo en Chocó. Colombia+20 publicó un extenso reportaje sobre la alarma que hay por la lista de 27 mujeres amenazadas por ese grupo por ser madres, amigas o pareja de personas presuntamente relacionadas con las bandas criminales.
La mesa había dicho a este diario que todos esos temas se iban a discutir con las bandas para ver cómo podrían resolverse. Al parecer, la reunión del 11 de noviembre sirvió para retomar las conversaciones y ratificar la voluntad de paz.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com
El espacio de diálogo socio-jurídico en Quibdó, Chocó, fue el último de tres laboratorios de paz urbana que el gobierno de Gustavo Petro instaló en el marco de su propuesta de paz total. Los otros dos, ubicados en Medellín y Buenaventura, avanzaron a paso corto, mientras que la mesa de Quibdó se destacó desde el principio como uno de los procesos más estables cobijando a tres de las bandas criminales más fuertes del territorio: Locos Yam, RPS y Mexicanos.
A pesar de los retos y la inestabilidad que ha provocado dialogar con miras al sometimiento sin que exista un marco jurídico, el pasado 18 de agosto de 2024 el proceso de paz urbana en ese territorio cumplió un año con varios acuerdos sobre la mesa como los planes para reducir la extorsión, así como los índices de violencia en general y una tregua indefinida entre las bandas sentadas en el espacio.
Hoy por hoy, ese laboratorio urbano ha tenido que enfrentar varios obstáculos como la avanzada militar de otros grupos armados como el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y con ello la violencia que supuso el rompimiento de un cese al fuego para hacerle frente a esa presencia. Asimismo la mesa ha experimentado algunos cambios en el equipo negociador del Gobierno, dejando solo tres delegados en el espacio.
Sin embargo, las bandas criminales han realizado reiterativos pronunciamientos para ratificar su compromiso con la mesa y su voluntad de paz para continuar. Tanto así que en su más reciente comunicado, esas estructuras invitaron a pactar una “tregua indefinida” con los otros actores armados del territorio que no están en los diálogos: EGC, Zetas y Cabí.
Y esa invitación habría tenido efecto. El pasado 4 de diciembre, el Gobierno Nacional autorizó acercamientos con el propósito de llegar a nuevos acuerdos para que en la mesa de paz estén sentadas todas las estructuras que operan en Quibdó.
Lea también: Gobierno empezará acercamientos con otras dos bandas criminales en Quibdó, ¿cuáles son?
Según informó la delegación de Petro, la banda criminal “Los Z” ha enviado varios comunicados para manifestar su compromiso con avanzar en la construcción de paz en el territorio, por lo que los acercamientos con esa banda atenderán las peticiones.
“Los acogemos de forma propositiva y estamos en la construcción de una ruta de conversación que permita llevar alivio a la comunidad”, dice el documento donde además les pidieron no realizar acciones en contra de las comunidades con el fin de crear confianza.
Mientras tanto, las tres bandas en el espacio están trabajando en la estrategia “Cero Crimen” para reducir en sus territorios los hurtos, la extorsión y los homicidios.
¿Cuáles son las bandas criminales en Quibdó que hablan de paz con el Gobierno?
Los barrios de ese municipio chocoano han visto crecer con fuerza los grupos delincuenciales urbanos que ahora están sentados en la mesa de conversación. Sus principales fuentes de financiación ilegal han sido la extorsión y el microtráfico. En su mayoría las bandas criminales están conformadas por jóvenes, algunos víctimas de desplazamiento a raíz del conflicto armado en regiones del país.
Los Mexicanos
Autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias Mexicanas, es una de las organizaciones criminales con mayor control territorial y una alta capacidad de control urbano en Quibdó. La banda criminal estaría conformada por casi 300 jóvenes de ascendencia indígena y afrocolombiana y podrían llegar a tener injerencia en un 85% de los barrios quibdoseños, especialmente en las comunas 5 y 6. Anteriormente también hacían presencia en la comuna 1, sin embargo, fuentes en terreno detallaron que el Clan del Golfo los sacó de ese territorio. Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el involucramiento de los jóvenes en esta banda responde a la falta de oportunidades que enfrentan en la capital del Chocó. En un comunicado donde explicaban sus orígenes los mexicanos afirman “Desde muy niños nos convirtieron en los actores principales de una guerra absurda que no tuvimos por qué vivir”.
Locos Yam
Esta banda criminal se habría originado en la cárcel Anayanci de Quibdó y sus miembros provienen de zonas como el Bajo Atrato, Medio Atrato y San Juan a raíz del desplazamiento forzado. También está conformada por jóvenes que expresaron que la falta de oportunidades los convirtió en presas fáciles para la delincuencia. Tienen presencia en las comunas 1 y 5 de Quibdó y tienen como renta principal la extorsión y el microtráfico. El día de la instalación del espacio de diálogo, el 18 de agosto de 2023, Locos Yam enviaron un video para expresar su voluntad en construir paz en la región. “Me imagino un Chocó sin fronteras, sin barreras invisibles y que todos pongamos nuestro granito de arena, no solo nosotros sino todo, así podemos lograr la paz”, expresó un integrante en el video.
RPS
También autodenominado Fuerzas Armadas RPS, principalmente integrada por jóvenes del barrio El Reposo con presencia en la comuna 1, 4 y 5. Manejan la renta ilegal de la extorsión y su principal disputa ha sido con el Clan del Golfo. Los enfrentamientos han provocado desplazamientos internos y según datos de ACNUR, desde la firma del Acuerdo de Paz se han afectado a más de 100.000 personas en Chocó. Durante la instalación del Espacio de conversación, los RPS también enviaron un mensaje en video para pedir disculpas a la población por las adversidades y pidieron construir un futuro en paz.
¿Cómo están conformadas las delegaciones en el espacio de diálogo?
Al momento de instalar el espacio sociojurídico en Quibdó, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para ese momento en cabeza de Danilo Rueda, hoy Consejería Comisionada de Paz y con Otty Patiño al frente, presentó a los delegados del Gobierno, entre ellos, Luis Evelis Andrade, exsenador y líder indígena; Juan Diego Restrepo, periodista y director del portal periodístico Verdad Abierta; Eduardo Rosero, abogado y empresario de la región; y Elsa Paselia Delgado, presidenta de la Cámara de Comercio del Chocó.
Le puede interesar: Bandas criminales en Quibdó piden a Clan del Golfo que se sume a una “tregua indefinida”
También integraba la delegación Luz Marina Ríos, lideresa de la región y concejal del partido político Mira; Dillon Martínez Mena, del Comité Cívico por la Dignidad y la Salvación del Chocó -sector educación y sindical-; Rosy Pacheco, consejera municipal de juventudes; y Pedro Baracutao García, firmante del Acuerdo de Paz de FARC y representante a la Cámara por el partido Comunes. El representante a la Cámara, David Racero, y el concejal de Bogotá, Diego Cancino, también eran parte de la delegación de Gobierno.
En la actualidad, el equipo negociador del Gobierno se redujo considerablemente. Según fuentes cercanas por posibles fricciones entre ambas delegaciones y atendiendo a la practicidad, se decidió que la delegación estaría conformada de ahora en adelante por David Racero, como coordinador del espacio, junto con Pedro Baracutao y Luis Evelis Andrade. Ese equipo negociador también está acompañado por Luis Gregorio Moreno, asesor de presidencia designado para brindar asesoría y su papel en la mesa consiste en ser gestor o secretario técnico. Moreno fue autorizado para acercamientos con EGC, Los Z y Cabí. Por otra parte, los voceros de las bandas son Armando Robledo, por Mexicanos; Inocencio Córdoba, por Locos Yam; y Jordan Córdoba, por la banda RPS.
¿A qué acuerdos han llegado?
Dentro de los avances más recientes del proceso, el Gobierno pactó un compromiso con las estructuras urbanas para suspender la extorsión a varios sectores, en el marco de la paz total. Ese acuerdo se firmó el pasado 8 de agosto y en el documento quedó contemplado que “se comprometen a dejar de extorsionar a los sectores de profesores, personal de la salud, obras comunitarias en los barrios, mejoras de vivienda y construcciones menores y acarreos de material de construcción”. Asimismo, el compromiso explica que “estos acuerdos se realizan en el marco del proceso de desmonte a mediano plazo de todas las extorsiones y un primer paso para superar las economías ilícitas”.
Por su parte, el Gobierno también se comprometió a buscar complementar esos compromisos con ofertas institucionales para los jóvenes. De acuerdo con la oficina del Consejero Comisionado, se busca que “cerca de 500 integrantes de estas estructuras armadas (principalmente jóvenes), puedan vincularse a programas que les permitan contar con alternativas de sostenimiento diferentes al conflicto armado”. Y agrega: “Además, buscamos brindar alternativas económicas, culturales y sociales a los jóvenes integrantes de estas estructuras armadas, quienes han visto en las armas su único sustento”.
Además: Tras un año de instalación de diálogo con bandas en Quibdó: así va el proceso de paz
El pasado 15 de noviembre, las delegaciones anunciaron la estrategia “Cero Crimen” a través de un comunicado en el que además las bandas ratifican su compromiso con el proceso y aseguran que se mantendrán en la mesa para intentar ponerle fin al conflicto.
Allí también quedó contemplada la creación de una hoja de ruta conjunta con miras a disminuir los índices de hurtos en la ciudad. “Se reconoce como principal objetivo del Espacio de Conversación Sociojurídico de Quibdó, lograr que la comunidad pueda estar en paz, por lo tanto, manifestamos que aumentaremos los esfuerzos que se requieran para que la ciudad pueda bajar los índices de criminalidad que hoy la agobian”, detallaron.
Asimismo, en el espacio se hizo un llamado para que la institucionalidad tenga mayor presencia en los barrios y priorice la inversión social. “La ausencia estatal en los sectores más marginados no ayuda a la disminución del conflicto”, se lee.
Por su parte, la delegación del Gobierno se comprometió a intensificar la presencia territorial para impulsar el proceso y generar mayor articulación para lograr un mayor impacto de las acciones de paz en el territorio. Desde esa mesa de paz también se están impulsando iniciativas de transformación territorial desde los proyectos productivos que tienen las comunidades.
¿Cuáles son las principales dificultades del espacio sociojurídico en Quibdó?
Uno de los grandes obstáculos que ha tenido el proceso de paz con las bandas en Chocó es que todavía no existe un instrumento legal que le entregue una vía clara al espacio sociojurídico. En una reciente entrevista con Colombia+20, David Racero, congresista y coordinador del espacio sociojurídico, explicó que están conversando sobre salidas al sometimiento aunque sea con el marco legal actual.
“Ya es claro para estas estructuras que una ley de sometimiento en el mediano plazo se ve muy difusa. Lo que estamos haciendo es trabajando con el marco legal actual, que a nuestro modo de ver es limitado y por eso queríamos profundizarlo con la nueva ley de sometimiento, pero contempla reducción de penas a cambio de diferentes factores como la verdad o el cese a las actividades ilegales”, dijo.
Lea también: “Exploramos acuerdos mínimos entre bandas criminales y Clan del Golfo”: David Racero
Otra de las dificultades que impactan ese diálogo en Quibdó tienen que ver con las células urbanas del Clan del Golfo o AGC que se han instalado en el departamento. Como respuesta a la incursión de ese grupo armado, el pasado 2 de septiembre, las bandas anunciaron la ruptura del cese al fuego. El pasado 4 de octubre la crisis en la mesa se agravó cuando las estructuras amenazaron con irse de la mesa por la supuesta connivencia de las autoridades de Policía con el Clan del Golfo.
El mismo consejero Patiño aseguró en septiembre, en medio un debate de control político, que el Clan del Golfo sí busca apoderarse de Quibdó.
A eso se sumó las denuncias sobre un plan feminicida que tendría el Clan del Golfo en Chocó. Colombia+20 publicó un extenso reportaje sobre la alarma que hay por la lista de 27 mujeres amenazadas por ese grupo por ser madres, amigas o pareja de personas presuntamente relacionadas con las bandas criminales.
La mesa había dicho a este diario que todos esos temas se iban a discutir con las bandas para ver cómo podrían resolverse. Al parecer, la reunión del 11 de noviembre sirvió para retomar las conversaciones y ratificar la voluntad de paz.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com