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Entre tensiones y retrasos, las delegaciones del espacio socio jurídico de paz urbana de Medellín y Valle de Aburrá se darán cita este jueves, 7 de noviembre, en Itagüí, para retomar las conversaciones y destrabar el proceso que hasta el momento no ha tenido avances significativos. Precisamente, los protocolos para avanzar será uno de los temas principales.
Según fuentes cercanas a ese proceso, la reunión entre los voceros representantes de las estructuras de alto impacto de la ciudad y el equipo negociador del Gobierno tendrá como finalidad tratar de establecer las “reglas del juego” en el proceso para definir cómo va a funcionar el espacio de conversación. Asimismo, ambas partes llevarán a la mesa peticiones por lado y lado que podrían poner el juego el proceso.
Uno de los pedidos será avanzar en temas como la reducción de los índices de extorsión, una de las principales rentas ilegales de las bandas que actualmente deja casi 30 mil millones de pesos anuales, así como la reducción de plazas de vicio, homicidios y hurtos.
Para Fernando Quijano, experto en criminalidad urbana y también cercano al proceso de paz en la ciudad, hasta ahora se ha logrado mantener la reducción de muertes violentas en general y se tendría una proyección de cerrar el año con menos de 300 homicidios. Los índices de desaparición forzada y desplazamiento también han disminuido. Sin embargo, Quijano explica que es necesario abordar en la mesa los temas de economías ilícitas.
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Otra de las posibles peticiones que se podrían contemplar en la reunión de este jueves será la solicitud de gestorías de paz para los voceros representantes que están recluidos en la cárcel de Itagüí. Una fuente le contó a Colombia+20 que la petición se enmarca en que los voceros deben estar en territorios para ser garantes de la disminución de los factores de criminalidad. Asimismo, los jefes de las bandas también estarían solicitando mayores garantías de seguridad y garantías judiciales. En este punto, sería probable que los voceros aboguen por el traslado de Douglas, jefe de la Oficina de Envigado y La Terraza, quien habría solicitado hace dos semanas detención domiciliaria por motivos de salud.
En todo caso, la reunión entre ambas delegaciones sería crucial para el proceso de paz urbana en Medellín y Valle de Aburrá. Expertos en el proceso se mantienen escépticos y creen que soplan vientos de una mesa que podría llegar a congelarse.
El gran pendiente: un marco jurídico
El más reciente avance que ha tenido el proceso de paz urbana en esa ciudad fue la firma de una hoja de ruta que contempla la participación de la sociedad civil. En ese documento se acordó la realización de asambleas, un comité de impulso y la exigencia del desmonte de los grupos armados.
Durante su presentación, la senadora Isabel Zuleta, delegada del Gobierno en la mesa de diálogo, se refirió al gran obstáculo que ha tenido este proceso que también se lleva con las bandas criminales de Chocó y Buenaventura: la falta de un marco legal y jurídico que sirva como hoja de ruta para el proceso de sometimiento. En el caso de Valle de Aburrá se contempla un proceso con 350 a 400 bandas y combos y cada uno puede tener entre 20 y 50 personas. El Gobierno tramitó en 2022 la Ley de Paz Total, que incluía ese tipo de diálogos con esas estructuras criminales, pero el 30 de noviembre de 2023 la Corte Constitucional revisó dicha ley y, aunque la dejó en firme, aclaró que el Gobierno no puede negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder.
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Además, indicó que solo se podrá llegar al punto del sometimiento una vez el Legislativo reglamente bajo qué condiciones se hará.
“La preocupación también es sobre la base jurídica, qué sustenta a este proceso, cómo se sustenta y habíamos esperado el pronunciamiento de la ley de Paz Total para dar este paso. Sabemos que esa ley de Paz Total no es suficiente y que mandata al Congreso a que realice un desarrollo normativo para los procesos de sometimiento. Ese mandato lo tiene el Congreso, pero el compromiso que tenemos es hacer las gestiones para impulsarlo que se necesite en materia jurídica, no dejarlo de lado, pero tampoco que sin ello no podamos avanzar en la construcción de paz urbana”, dijo Zuleta.
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