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-Barrancabermeja, Santander
En julio de 2013, el Grupo de Memoria Histórica le entregó al presidente Juan Manuel Santos un informe que reconstruía los 54 años de la guerra en Colombia, desde 1958. En ese documento quedaron consignados los 200 municipios del país que han sentido con mayor rigor la violencia del conflicto armado. A la cabeza de la lista aparecían Apartadó, en el Urabá antioqueño; Tibú, en Norte de Santander; El Castillo, en el Meta; Fundación, en Magdalena, y Barrancabermeja, en Santander. En todos ellos se vivieron todas las clases de violencia y hubo una gran cantidad de víctimas. Y a Barrancabermeja, en particular, la marcó la masacre de mayo de 1998, cuando los paramilitares mataron a siete personas y desaparecieron a 25, a las que señalaron de colaborar con la guerrilla del Eln.
“Hemos sido históricamente epicentro del conflicto. Tuvimos la presencia de todos los grupos armados guerrilleros, era su zona de acción, y después llegaron las autodefensas. Ahora esperamos que se mire a toda esta zona, incluyendo el sur de Bolívar, con mucha generosidad por parte del Gobierno, para poder recuperar tantos años perdidos en esa espiral de violencia que afectó el desarrollo e impidió generar procesos para consolidar la paz. La paz se construye desde las regiones. Si queremos convivencia es desde las regiones. Barranca requiere inversiones y presencia del Estado. Queremos que el Gobierno vea a las regiones con generosidad y eso no está pasando hoy”, señala el alcalde Darío Echeverri, elegido en nombre del liberalismo.
Para él, la pedagogía de la paz es fundamental y hasta el momento no se ve. “Falta mucho. El país tiene desconocimiento, pero desde lo local tenemos que respaldar el proceso de negociación. La firma en La Habana no va a lograr la paz, pero sí va a iniciar un proceso de consolidación y la disminución de los conflictos en el territorio. Así no sea el mejor acuerdo, va a lograr generar un impacto social en las ciudades”, agrega Echeverri, quien cree que es fundamental que el Gobierno les dé a conocer a los alcaldes cuál va a ser esa tarea que, les han dicho, será la clave en el posconflicto y en la construcción de una paz estable y duradera. “La paz debe ser en tranquilidad y convivencia, pero sobre todo en desarrollo”.
-Puerto Rico y la región del Ariari en el Meta
Históricamente, la región del Ariari, en el departamento del Meta, ha sido uno de los núcleos de concentración de las Farc e incluso sede de algunas de las principales conferencias, plenos y encuentros a nivel nacional en los que se han definido los lineamientos estratégicos de esta guerrilla. De esta región forman parte los municipios de La Macarena, la Uribe, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Vista Hermosa y Puerto Rico, siendo este último testigo de uno de los tantos hechos de violencia que ha padecido el país en el marco del conflicto armado: el 10 de julio de 1999, en plenos diálogos de paz del Caguán, unos 2.000 guerrilleros atacaron la estación de policía, dando muerte a cinco uniformados y secuestrando a 28 de ellos.
Hoy, Puerto Rico mira con esperanza los diálogos de La Habana mientras lucha por dejar atrás ese pasado de guerra y dolor. “Ante tanta incertidumbre que se maneja, especialmente en zonas como la nuestra, que ha sido tan influyente y tan afectada por el conflicto armado, esta negociación, porque aún no estamos en el posconflicto, se ha convertido en una esperanza para los territorios. Esperanza en el sentido de que se le ponga fin al azote que hemos vivido por las acciones de los grupos al margen de la ley y esperando que con estos acuerdos llegue la institucionalidad y podamos ser partícipes de las proyecciones y estabilización económica de la patria”, dice Luis Alfonso Suárez, su alcalde, elegido por la Alianza Social Indígena.
En su concepto, si bien el Gobierno viene adelantando labores de pedagogía para hacer entender los alcances de la paz en las regiones, hace falta llegarle con ella al pueblo. “Estuve hablando con el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, y me he comunicado en varias oportunidades con la directora de Prosperidad Social, Tatyana Orozco, y me parece que es necesario que ellos envíen algunas comisiones que les ayuden a los líderes sociales a dar a entender la importancia de lo que se espera, porque hay muchos vacíos y desinformación. Celebramos que el Gobierno está empeñado en trabajar por el avance de nuestras regiones, pero ojalá a ello se le haga seguimiento para que no se quede en expectativas”, agrega.
A 2020, cuando termina el período de los actuales mandatarios locales, Suárez sueña con entregar un municipio próspero e incluyente, a partir de la formulación del plan de desarrollo que está siendo consultado con las comunidades. “Se cuestiona que los jóvenes se están viniendo del campo y eso es mentira, les ha tocado salir porque allá la única oportunidad de vida que tienen es ingresar a los grupos armados ilegales”. Y frente a la posibilidad de que en su región se ubique una de las zonas de concentración de la guerrilla planteadas como paso previo al desarme y la desmovilización, la respuesta lo dice todo: “En el Ariari no habría mucho esfuerzo, porque allá no hay que decir que no vayan, porque ahí están. Lo que pedimos es que nos permitan conocer qué compensaciones van a tener las comunidades”.
-San Vicente del Caguán, Caquetá
Fue el gobierno del presidente Andrés Pastrana el que, a través de la resolución 85 del 14 de octubre de 1998, determinó la creación de la zona de despeje del Caguán para adelantar diálogos de paz con las Farc, buscando acabar con el conflicto armado colombiano. La zona se creó en noviembre y entró en efecto en enero de 1999, con una extensión de 42.000 kilómetros cuadrados y abarcaba los municipios de Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, que actuó como epicentro del proceso.
Hoy, con poco más de 62.000 habitantes, San Vicente lucha contra el estigma que le dejó el haber sido sede de esos diálogos y el escepticismo de sus habitantes frente al actual proceso de La Habana. Para su alcalde, Humberto Sánchez Cedeño, a ese proceso le ha faltado claridad y, sobre todo, hechos de paz contundentes hacia el pueblo colombiano. “Nosotros ya vivimos el infausto proceso de la zona de distensión con su consecuente estigmatización y el incremento de las vacunas o extorsiones. Todos queremos la paz, pero no sabemos a qué atenernos. Esta es una región en donde muchos colonos y campesinos, a lo largo de los años, han hecho su propiedad y el Gobierno Nacional no les ha firmado escrituras, por lo que temen que vengan a arrebatarles sus tierras. Como las Farc han estado históricamente aquí, que los desplacen y se queden sin nada”, dice.
Por eso considera que si algo ha faltado es pedagogía para que la gente pueda entender de qué se trata la paz. Algo en lo que, según dice Sánchez, las Farc le han tomado delantera: “Han dejado esta tarea en manos de la guerrilla, tanto así que lo que se dio en Conejo (La Guajira) ya había pasado en San Vicente y en otras partes del Caquetá. Hay que corregir en el camino esos errores e improvisaciones que pueden hacer que el proceso de paz fracase”, agrega. Aun así, Sánchez Cedeño, elegido alcalde por el uribista Centro Democrático, confía en que, para 2020, San Vicente del Caguán sea un ejemplo en la construcción de la paz y que el Estado haya llegado con infraestructura, cubrimiento en salud, educación y sobre todo seguridad.
-El Charco, Nariño
En el departamento de Nariño tienen influencia tanto las guerrillas de las Farc y el Eln, como las bandas narcotraficantes de origen paramilitar, conocidas como las bacrim”. Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, sobre los retos territoriales para el posconflicto, los municipios de Roberto Payán, Barbacoas, Olaya Herrera, Magüí, San Andrés de Tumaco, Santa Bárbara, Cumbitara, Samaniego, Policarpa, El Rosario, Linares, Mosquera, la Tola y El Charco, presentan un alto riesgo por la presencia de esos grupos armados ilegales que, en primer lugar, han librado una batalla en la disputa territorial por controlar actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal, hasta tejer alianzas entre ellos para compartir las ganancias que ésta deja.
Para el alcalde de El Charco, Milton Cuero Tejada, de la Alianza Social Independiente, el fin de la guerra que se negocia en La Habana servirá para que la reconciliación llegue a sus territorios sólo si desde Bogotá comprenden el sentir de los territorios. “El problema está en que desde el interior del país diseñan un posconflicto diferente a la realidad que se vive acá, donde se padece la guerra. Necesitamos que se firme el acuerdo de paz para que la situación de vida de la gente del campo cambie porque es bien precaria. Se habla de equidad, pero eso no se ve. Por ejemplo, han implementado un proyecto denominado “Todos somos Pacífico”, pero son sólo cuatro los municipios beneficiados: Tumaco, Buenaventura, Quibdó y Guapi, y los otros 56 quedamos excluidos. ¿De qué equidad están hablando?”, pregunta.
El Charco es considerado el municipio más pobre de Colombia. Hoy vive tiempos de calma, pero aún quedan secuelas del pasado. “Aquí tuvimos problemas muy graves con los paramilitares, hubo presencia de las Farc y otros grupos al margen de la ley. Lo que hay en El Charco es mucha pobreza y necesidades insatisfechas. Es una situación muy compleja. Muy poca presencia hace el Estado. Los funcionarios que deberían llegar no lo han hecho. En La Habana se están negociando unos acuerdos sin hacer presencia estatal y contar con la gente que verdaderamente sabe qué es vivir en carne propia la guerra”, agrega su alcalde. Y aunque su meta es entregar en 2020 un municipio transformado, más industrializado, cree que ese 97 % que tiene de pobreza sólo se superará si se crean oportunidades y que para ello se necesita el apoyo eficaz y decidido del Gobierno Nacional o, como dice, “más hechos y menos promesas”.