José Eduban Coicué, el líder indígena Kiwnas que defiende al río Putumayo
El gobernador del resguardo indígena, ubicado en zona rural de Puerto Asís, denunció que la comunidad que lidera ha recibido amenazas colectivas desde que comenzó su lucha por proteger el territorio de los daños medioambientales de mineras. Reclama que, aunque el 95 % de los indígenas que habitan allí no tienen monocultivos de hoja de coca, grupos armados ilegales los quieren obligar a sembrar.
Valentina Parada Lugo
José Eduban Coicué comenzó a proteger las cuencas del río Putumayo desde que tenía 17 años, en 2005. A esa edad lo nombraron integrante de la Guardia Indígena de los Nasa del resguardo Kiwnas, ubicado en zona rural del municipio de Puerto Asís (Putumayo), de donde es oriundo. Ese mismo año el Ministerio del Medio Ambiente y Ecopetrol comenzaron exploraciones en el territorio y expidieron un Plan de Manejo Ambiental con el Consorcio Colombia Energy, una multinacional petrolera que comenzó a extraer minerales en este departamento para exportación. En ese momento ya se hablaba de la ley de consulta previa que tiene como fin consensuar con las comunidades étnicas este tipo de intervenciones; sin embargo, ese trámite nunca se realizó.
Eduban recuerda que intentaron movilizarse para frenar que la petrolera interviniera en el territorio ancestral. Más de 1.000 de las 38.000 hectáreas donde se lleva a cabo el proyecto, están ubicadas en comunidades indígenas que empezaron a habitar este lugar en 1954. La lucha por lograr conseguir la formalización colectiva de las tierras a sus ancestros les tomó más de 40 años, pues fue hasta 2003 que el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agrararia (Incora) les adjudicó las 1.363 hectáreas de tierra para su proyecto como cabildo indígena. “Desde ese entonces nacimos y crecimos allá y nuestros ancestros comenzaron a enseñarnos el proyecto de vida desde la parte espiritual, eso incluía varios rituales en la naturaleza”, cuenta Eduban, que hoy en día, además de ser integrante de la Guardia, es el gobernador del resguardo.
Su mayor reclamo como autoridad ancestral es que la multinacional comenzó a operar sin un proceso previo de diálogo con las comunidades, luego de que se consolidara el denominado Bloque Suroriente, un proyecto de gas y petróleo sobre el río de este departamento. La tragedia ambiental para ellos comenzó en 2013, cuando empezaron a ocurrir derrames de petróleo sobre las cuencas luego de que el frente 48 de la exguerrilla de las Farc obligara a varios conductores de la empresa a derramar el crudo en los afluentes. Esos hechos se repitieron luego en 2014 y 2015 y varias comunidades ribereñas quedaron sin agua y sin un sustento. “En ese momento se derramaron más de 131.000 galones y quienes todas las comunidades quedaron completamente afectadas por la pesca, la imposibilidad de tomar agua y la dificultad para transportarse en el río”, dice el líder.
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Más de 1.000 de las 38.000 hectáreas donde se lleva a cabo el proyecto, están ubicadas en comunidades indígenas que empezaron a habitar este lugar en 1954.
Toda la historia de la lucha medioambiental la cuenta Coicué en el capítulo dos de la serie Historias del Sur, producido por la Asociación Minga con líderes y lideresas de Nariño y Putumayo. Este audiovisual narra en 16 minutos la historia del resguardo Kiwnas y visibiliza los liderazgos que han hecho todo por oponerse a la destrucción de su entorno. Fue gracias a esa insistencia que lograron que la Corte Constitucional emitiera la Sentencia T-730/16 que ordenó proteger los derechos de las comunidades ancestrales y aseguró que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) “pasó por alto algunos ítems de revisión técnica que son reiterativos y que debían ser cumplidos como parte del acatamiento a la licencia ambiental otorgada”.
Vea aquí el capítulo:
Coicué cuenta que esa sentencia fue una ganancia para los cuatro pueblos indígenas que habitan allí, pero que el argumento de la multinacional fue que no conocía de presencia de comunidades. “Una de las decisiones de ese documento fue obligar a la empresa, a Corpoamazonía, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y al Ministerio del Medio Ambiente a que se sentaran a hablar con la comunidades, dado que no hubo proceso de consulta previa, entonces ellos tenían que reparar los daños medioambientales antes de seguir explorando en el territorio, pero todo eso se limitó a un par de reuniones donde no hubo consenso y ahí terminó porque la multinacional argumentó ante el Gobierno que no conocía de la presencia de comunidades indígenas en la zona de influencia”, explica Coicué.
Esto lo corroboró la Corte Constitucional en la sentencia al explicar que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia “decidió una solicitud de la comunidad Awá orientada a lograr la suspensión de la operación adelantada por el Consorcio Colombia Energy, dado que esa comunidad no fue llamada a consulta previa al momento de proferirse los actos administrativos que autorizaron la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos adelantada por el citado Consorcio”.
(Vea: Las capturas en Meta que generan dudas sobre nueva fase de la Operación Artemisa)
Pese a ello, las actividades mineras continuaron y las comunidades no se han movido del territorio. “Esto nos ha causado mucho daño social, ambiental y espiritual porque para los indígenas el río es todo: es nuestro medio de transporte, pero también es nuestro líquido vital para consumo y es hasta nuestra forma de subsistir alimentariamente, a través de la pesca”, dice el gobernador del resguardo con la convicción de que sus opiniones sobre la salud pública no son percepciones. Su padre, que lleva su mismo nombre, es el médico ancestral (Tewala) del resguardo indígena.
Aunque estas comunidades indígenas nunca han sido desplazadas de allí, dicen que la disputa territorial entre las disidencias de las Farc y otros grupos al margen de la ley como grupos posparamilitarismo han sido el nuevo surgimiento del temor entre ellos después de la firma del Acuerdo de Paz. “Nunca hemos tenido combates dentro de nuestro territorio ancestral porque eso está prohibido y lo han respetado, pero constantemente estamos viviendo acechados por otros grupos que se disputan el control del río”, cuenta.
En 2021, a la lideresa y gobernadora suplente del resguardo, Lola Camayo Fernández, la amenazaron de muerte luego de que arrancara una lucha por conseguir que a la comunidad llegar agua potable. En su petición no estaba sola, la acompañaba, especialmente, su hijo Eiver, un niño de 13 años que también promueve el cuidado de los afluentes a través del reciclaje y de la pedagogía con los más pequeños. Ninguno de los dos salió del territorio y luego llegó una amenaza colectiva al resguardo a través del voz a voz. “Acá muy pocas intimidaciones son con panfletos o con evidencias, en ese momento muchas personas coincidieron con que iban hasta sus casas a pedirles que contaran el mensaje con el resto del pueblo, pero la intimidación no logró que nadie se acalarra”, cuenta Edubán.
Amenazas a quienes no cultiven coca
Su denuncia principal es la intimidación que están viviendo las familias a quienes hombres armados les han ordenado sembrar coca en sus territorios como monocultivo. Dice que la problemática se agudizó desde finales de 2021 y que aunque casi todas las familias se han negado a ceder, el riesgo de seguridad que viven es alto. “Acá como el 5 % de las familias tienen cultivo de hoja de coca para uso personal, para el mambeo, que es nuestro trabajo espiritual y también como planta medicinal, pero acá está prohibido tener monocultivo de coca”, explica.
Como líder dice que su mayor responsabilidad ahora mismo es evitar que las familias sigan siendo presionadas por los grupos armados que buscan beneficiarse de estas economías ilícitas, pero para ello pide la presencia del Estado en el resguardo con alternativas de sustitución, como estaba pactado en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Un estudio de 2020 del Observatorio de Tierras de la Universidad Nacional determinó que el programa promete estímulos económicos por la sustitución a través de pagos bimensuales, asistencia técnica para proyectos productivos, pero “el programa incumple con los pagos, genera retrasos en los compromisos de sus componente y termina dejando a las familias inscritas sin ningún tipo de sustento económico legal”.
Su proyección ahora es lograr llevar el caso de Kiwnas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y buscar en la comunidad internacional un respaldo para que el gobierno colombiano cumpla con los compromisos pactados y proteja los derechos ambientales y sociales de su etnia. De hecho, en medio de la proyección del documental Historias del Sur el pasado 29 de marzo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, comentó que la presencia de actores como el Comando de Frontera y el Frente Carolina Ramírez, que operan en Caquetá, están impactando “como nunca antes a este departamento y hasta la frontera con Ecuador”, dijo.
(Lea: Opiac denuncia presunto caso de falsos positivos en Putumayo)
De continuar los incumplimientos al Acuerdo de Paz, señala, los grupos armados podrían avanzar y conseguir cada vez más hectáreas cultivadas de hoja de coca. “Ellos están llegando a las casas de las familias a decirles qué deben hacer, a qué deben dedicarse, cómo deben sembrar y hasta cuánto les van a pagar. Si el Estado no da garantías para subsistir, la gente no va tener otra alternativa que ceder y vamos a perder a muchos jóvenes que podrían elegir ese camino”, denunció.
Para crear memoria colectiva sobre este caso, la Asociación Minga, que acompaña hace ocho años a esta comunidad en defensa de sus derechos humanos, incluyó el resguardo que gobierna Coicué para uno de los capítulos de su serie-documental. Sonia Cifuentes, de la organización, dijo en medio de la proyección que “la apuesta con el documental es dejar un precedente para que a nivel nacional e internacional, la gente se dé cuenta del daño que hacen algunas empresas en este país a nuestro medioambiente y nuestra cultura. Hay un riesgo inminente y es que se acabe ese pueblo”.
José Eduban Coicué comenzó a proteger las cuencas del río Putumayo desde que tenía 17 años, en 2005. A esa edad lo nombraron integrante de la Guardia Indígena de los Nasa del resguardo Kiwnas, ubicado en zona rural del municipio de Puerto Asís (Putumayo), de donde es oriundo. Ese mismo año el Ministerio del Medio Ambiente y Ecopetrol comenzaron exploraciones en el territorio y expidieron un Plan de Manejo Ambiental con el Consorcio Colombia Energy, una multinacional petrolera que comenzó a extraer minerales en este departamento para exportación. En ese momento ya se hablaba de la ley de consulta previa que tiene como fin consensuar con las comunidades étnicas este tipo de intervenciones; sin embargo, ese trámite nunca se realizó.
Eduban recuerda que intentaron movilizarse para frenar que la petrolera interviniera en el territorio ancestral. Más de 1.000 de las 38.000 hectáreas donde se lleva a cabo el proyecto, están ubicadas en comunidades indígenas que empezaron a habitar este lugar en 1954. La lucha por lograr conseguir la formalización colectiva de las tierras a sus ancestros les tomó más de 40 años, pues fue hasta 2003 que el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agrararia (Incora) les adjudicó las 1.363 hectáreas de tierra para su proyecto como cabildo indígena. “Desde ese entonces nacimos y crecimos allá y nuestros ancestros comenzaron a enseñarnos el proyecto de vida desde la parte espiritual, eso incluía varios rituales en la naturaleza”, cuenta Eduban, que hoy en día, además de ser integrante de la Guardia, es el gobernador del resguardo.
Su mayor reclamo como autoridad ancestral es que la multinacional comenzó a operar sin un proceso previo de diálogo con las comunidades, luego de que se consolidara el denominado Bloque Suroriente, un proyecto de gas y petróleo sobre el río de este departamento. La tragedia ambiental para ellos comenzó en 2013, cuando empezaron a ocurrir derrames de petróleo sobre las cuencas luego de que el frente 48 de la exguerrilla de las Farc obligara a varios conductores de la empresa a derramar el crudo en los afluentes. Esos hechos se repitieron luego en 2014 y 2015 y varias comunidades ribereñas quedaron sin agua y sin un sustento. “En ese momento se derramaron más de 131.000 galones y quienes todas las comunidades quedaron completamente afectadas por la pesca, la imposibilidad de tomar agua y la dificultad para transportarse en el río”, dice el líder.
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Más de 1.000 de las 38.000 hectáreas donde se lleva a cabo el proyecto, están ubicadas en comunidades indígenas que empezaron a habitar este lugar en 1954.
Toda la historia de la lucha medioambiental la cuenta Coicué en el capítulo dos de la serie Historias del Sur, producido por la Asociación Minga con líderes y lideresas de Nariño y Putumayo. Este audiovisual narra en 16 minutos la historia del resguardo Kiwnas y visibiliza los liderazgos que han hecho todo por oponerse a la destrucción de su entorno. Fue gracias a esa insistencia que lograron que la Corte Constitucional emitiera la Sentencia T-730/16 que ordenó proteger los derechos de las comunidades ancestrales y aseguró que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) “pasó por alto algunos ítems de revisión técnica que son reiterativos y que debían ser cumplidos como parte del acatamiento a la licencia ambiental otorgada”.
Vea aquí el capítulo:
Coicué cuenta que esa sentencia fue una ganancia para los cuatro pueblos indígenas que habitan allí, pero que el argumento de la multinacional fue que no conocía de presencia de comunidades. “Una de las decisiones de ese documento fue obligar a la empresa, a Corpoamazonía, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y al Ministerio del Medio Ambiente a que se sentaran a hablar con la comunidades, dado que no hubo proceso de consulta previa, entonces ellos tenían que reparar los daños medioambientales antes de seguir explorando en el territorio, pero todo eso se limitó a un par de reuniones donde no hubo consenso y ahí terminó porque la multinacional argumentó ante el Gobierno que no conocía de la presencia de comunidades indígenas en la zona de influencia”, explica Coicué.
Esto lo corroboró la Corte Constitucional en la sentencia al explicar que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia “decidió una solicitud de la comunidad Awá orientada a lograr la suspensión de la operación adelantada por el Consorcio Colombia Energy, dado que esa comunidad no fue llamada a consulta previa al momento de proferirse los actos administrativos que autorizaron la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos adelantada por el citado Consorcio”.
(Vea: Las capturas en Meta que generan dudas sobre nueva fase de la Operación Artemisa)
Pese a ello, las actividades mineras continuaron y las comunidades no se han movido del territorio. “Esto nos ha causado mucho daño social, ambiental y espiritual porque para los indígenas el río es todo: es nuestro medio de transporte, pero también es nuestro líquido vital para consumo y es hasta nuestra forma de subsistir alimentariamente, a través de la pesca”, dice el gobernador del resguardo con la convicción de que sus opiniones sobre la salud pública no son percepciones. Su padre, que lleva su mismo nombre, es el médico ancestral (Tewala) del resguardo indígena.
Aunque estas comunidades indígenas nunca han sido desplazadas de allí, dicen que la disputa territorial entre las disidencias de las Farc y otros grupos al margen de la ley como grupos posparamilitarismo han sido el nuevo surgimiento del temor entre ellos después de la firma del Acuerdo de Paz. “Nunca hemos tenido combates dentro de nuestro territorio ancestral porque eso está prohibido y lo han respetado, pero constantemente estamos viviendo acechados por otros grupos que se disputan el control del río”, cuenta.
En 2021, a la lideresa y gobernadora suplente del resguardo, Lola Camayo Fernández, la amenazaron de muerte luego de que arrancara una lucha por conseguir que a la comunidad llegar agua potable. En su petición no estaba sola, la acompañaba, especialmente, su hijo Eiver, un niño de 13 años que también promueve el cuidado de los afluentes a través del reciclaje y de la pedagogía con los más pequeños. Ninguno de los dos salió del territorio y luego llegó una amenaza colectiva al resguardo a través del voz a voz. “Acá muy pocas intimidaciones son con panfletos o con evidencias, en ese momento muchas personas coincidieron con que iban hasta sus casas a pedirles que contaran el mensaje con el resto del pueblo, pero la intimidación no logró que nadie se acalarra”, cuenta Edubán.
Amenazas a quienes no cultiven coca
Su denuncia principal es la intimidación que están viviendo las familias a quienes hombres armados les han ordenado sembrar coca en sus territorios como monocultivo. Dice que la problemática se agudizó desde finales de 2021 y que aunque casi todas las familias se han negado a ceder, el riesgo de seguridad que viven es alto. “Acá como el 5 % de las familias tienen cultivo de hoja de coca para uso personal, para el mambeo, que es nuestro trabajo espiritual y también como planta medicinal, pero acá está prohibido tener monocultivo de coca”, explica.
Como líder dice que su mayor responsabilidad ahora mismo es evitar que las familias sigan siendo presionadas por los grupos armados que buscan beneficiarse de estas economías ilícitas, pero para ello pide la presencia del Estado en el resguardo con alternativas de sustitución, como estaba pactado en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Un estudio de 2020 del Observatorio de Tierras de la Universidad Nacional determinó que el programa promete estímulos económicos por la sustitución a través de pagos bimensuales, asistencia técnica para proyectos productivos, pero “el programa incumple con los pagos, genera retrasos en los compromisos de sus componente y termina dejando a las familias inscritas sin ningún tipo de sustento económico legal”.
Su proyección ahora es lograr llevar el caso de Kiwnas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y buscar en la comunidad internacional un respaldo para que el gobierno colombiano cumpla con los compromisos pactados y proteja los derechos ambientales y sociales de su etnia. De hecho, en medio de la proyección del documental Historias del Sur el pasado 29 de marzo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, comentó que la presencia de actores como el Comando de Frontera y el Frente Carolina Ramírez, que operan en Caquetá, están impactando “como nunca antes a este departamento y hasta la frontera con Ecuador”, dijo.
(Lea: Opiac denuncia presunto caso de falsos positivos en Putumayo)
De continuar los incumplimientos al Acuerdo de Paz, señala, los grupos armados podrían avanzar y conseguir cada vez más hectáreas cultivadas de hoja de coca. “Ellos están llegando a las casas de las familias a decirles qué deben hacer, a qué deben dedicarse, cómo deben sembrar y hasta cuánto les van a pagar. Si el Estado no da garantías para subsistir, la gente no va tener otra alternativa que ceder y vamos a perder a muchos jóvenes que podrían elegir ese camino”, denunció.
Para crear memoria colectiva sobre este caso, la Asociación Minga, que acompaña hace ocho años a esta comunidad en defensa de sus derechos humanos, incluyó el resguardo que gobierna Coicué para uno de los capítulos de su serie-documental. Sonia Cifuentes, de la organización, dijo en medio de la proyección que “la apuesta con el documental es dejar un precedente para que a nivel nacional e internacional, la gente se dé cuenta del daño que hacen algunas empresas en este país a nuestro medioambiente y nuestra cultura. Hay un riesgo inminente y es que se acabe ese pueblo”.