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La vicepresidenta electa Francia Márquez y el presidente electo Gustavo Petro recibieron dos peticiones este fin de semana para proteger la memoria histórica del país, especialmente frente al accionar de las directivas del Centro Nacional de Memoria Histórica: “Solicitamos su intervención urgente para asegurar que el Museo Nacional de Memoria Histórica (MNM) y el Archivo Nacional de Derechos Humanos se abran y extiendan frente al país y en ese sentido cumplan su mandato institucional y su objeto misional de escuchar y promover la reflexión nacional”, resume uno de los documentos.
La preocupación cobra relevancia porque el museo y el archivo son las únicas estamentos que quedarán tras la finalización del mandato de la Comisión de la Verdad y del trabajo de CNMH para garantizar una pedagogía hacia la reconciliación sobre el conflicto armado colombiano.
Quienes enviaron las solicitudes fueron la Alianza Colombiana de Museos y la Red Colombiana de Lugares de Memoria. La primera fue creada en 2020 por organizaciones de memoria y museos del país, ante la “emergencia cultural” causada por las cuarentenas de la pandemia del covid, para impulsar discusiones sobre políticas públicas de cultura, patrimonio y memoria. Una de sus miembros es la Red, la segunda, que desde hace más de 20 años integra a 39 lugares de memoria del Caribe, Antioquia, el Pacífico y el sur oriente del país, para construir una memoria que garantice la no repetición.
Ambas peticiones van en el mismo sentido: que intervengan para que el Centro Nacional de Memoria Histórica cumplan su misión en la estructuración del museo de manera participativa con organizaciones de derechos humanos, de víctimas y académicas y que promueva la pedagogía en los territorios. Según la Alianza Colombiana de Museos, “el director del CNMH, Darío Acevedo, y la Junta Directiva del mismo omiten (evaden o simplemente desconocen) el sentido profundamente transformador de las memorias de las víctimas”. Como resultado, dicen, el país no cuenta con un Archivo Nacional de Derechos Humanos ni un Museo de Memoria “que comprendan el valioso e histórico ejercicio de la sociedad en procura de la No Repetición”.
Para Italia Samudio, de Comité de Incidencia de la asociación, esto es especialmente grave porque el Museo Nacional de Memoria es el eje de todo el trabajo que se debe hacer ahora que la Comisión de la Verdad entregó su Informe Final. “El Museo es la única institucionalidad que queda de todo el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y la No Repetición. Y con él, el Archivo Nacional de DDHH, que contendrá el acervo patrimonial más grande del país y de donde saldrán todas las investigaciones, no solamente de naturaleza jurídica sino el trabajo académico, de lugares de memoria y procesos territoriales, pero que hoy se encuentra en un limbo institucional”, explica.
En contexto: En el guion del Museo de Memoria de Darío Acevedo no existen los paramilitares
La intervención del próximo gobierno al CNMH debe tener en cuenta, para la Red, que “una de las principales limitaciones para la satisfacción integral de este derecho en nuestro país es el hecho de que la política de memoria en Colombia ha sido hasta ahora más una política de Gobierno que una política de Estado”. Por eso, solicitan a Petro y a Francia, que, además de reformular la arquitectura institucional del Museo de la Memoria este “quede anclado dentro de la institucionalidad” para garantizar su independencia de los gobiernos de turno.
Además, insisten en que la estructura directiva de esa entidad debe contar con representación de las víctimas y del gremio museológico y académico. “Dicha representación debe superar la mera instancia consultiva, permitiendo voz y voto en la directiva para garantizar la activa y decisoria participación en la formulación y definición de los Planes Museológico, Museográfico, Curatorial y Archivístico”, señala. Y recuerdan que una muestra de su invisibilización es que el guion publicado en abril pasado no fue consultado con las organizaciones.
En esa misma medida, solicitan que quien esté a la cabeza sea una persona que genere confianza en la institucionalidad. “Darío Acevedo ha repetido y repetido que, según la Ley 1448 y 4803, la construcción debe ser participativa pero eso no ha sucedido. Ha hecho unas cuatro reuniones, pero solo una ha tenido asistencia porque las asociaciones le dijeron que con él no se puede trabajar, porque solo nos pone a llenar listas de asistencia, porque desde el inicio ha sido un negacionista del conflicto, la muestra son las exposiciones entuteladas por la JEP”, explica Samudio.
Las organizaciones piden ser tenidas en cuenta tanto en el comité de empalme para el Centro Nacional de memoria Histórica como en la estructuración de una política pública de memoria, que además fue una de las recomendaciones de la CEV. “No es solo cambiar la directivo del CNMH. Nos preocupa la política pública que define cuál es el lugar institucional del museo, porque el museo no es un edificio en el centro de Bogotá, es una estrategia para generar las reflexiones en todos los rincones del país que nos permitan pensar y hacer de la transformación de los territorios una salida a la guerra. Es llevar esos conocimientos, ponerlos a disposición de los territorios y generar el diálogo con las comunidades que nunca pudieron hablar. Todo en el camino de la no repetición”, añade.
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Un guion en contra de la memoria
Como bien lo había documentado Colombia+20, el guion del Museo de la Memoria presentado por Darío Acevedo genera grandes reparos entre las organizaciones de memoria, de víctimas y otros conocedores del tema pues no apunta hacia la misión que le delegó la Ley 1448, de víctimas y restitución de tierras: contribuir a la reconciliación y la No Repetición de la violencia en e país.
En el documento de la Alianza Colombiana de Museos, que también fue enviado a Iván Cepeda y Álvaro Prada, resumen los reparos en tres puntos. Aseguran que desconoce los esfuerzos de las organizaciones de DDHH y memoria por prevenir atender y superar la violencia y reduce a las víctimas a cifras y datos al carecer de una metodología de escucha. En segundo lugar, señala que esa revisión de datos es precaria y pretende negar u ocultar la responsabilidad del Estado “contradiciendo el mandato que tiene el CNMH y el MNM de no oficializar verdades desde el establecimiento porque ello va en detrimento de los necesarios alcances reflexivos que debemos hacer como sociedad y hace mella en la legitimidad de la institucionalidad creada en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR”, según señala.
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Y, finalmente, limita “las narrativas museologicas” a una “simple exposición cronológica de hechos en donde los recursos expositivos no van más allá de una mirada historicista de momentos y acciones que no corresponde ni conceptual ni analíticamente con lo que en los procesos de memoria desde los territorios se ha construido desde hace más de treinta años”. Por eso insisten en que debe ser reformulado, teniendo en cuenta el trabajo previo de otras organizaciones académicas, observatorios de paz y de tierras, las redes de víctimas y hasta el mismo trabajo del CNMH, para que el museo esté al servicio de las comunidades.