En un gobierno lleno de simbolismos, como lo ha sido el del presidente Gustavo Petro, la conmemoración de sus dos años en el poder esta semana no podía quedarse sin un guiño a su ambiciosa apuesta de paz total. En menos de tres días el Ejecutivo no dio uno, sino dos anuncios claves, que involucran abrir diálogos de paz con el Clan del Golfo (AGC o Ejército Gaitanista de Colombia, EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Estos dos nuevos procesos se suman a siete que tiene con guerrillas, disidencias de las antiguas FARC y bandas urbanas.
Las nuevas mesas, inscritas bajo la denominación de “espacios sociojurídicos” con la que el Gobierno enmarca los diálogos con miras al sometimiento, será con dos organizaciones que -con sus diferencias- son herederas del paramilitarismo en las regiones donde operan y, sin duda, plantean un conjunto de desafíos y dilemas que podrían determinar el éxito o fracaso de esta nueva iniciativa. De hecho, en el último año el Ejecutivo estuvo reacio a darles luz verde a estos diálogos, que llegan en medio de crisis sostenidas de las “negociaciones estrella” de la paz total: la del ELN y las disidencias de las FARC.
“Una hipótesis explicativa es que, ante la falta de avances en las mesas de negociación sociopolítica, el Gobierno se haya dado cuenta de que antes de 2026 no habrá ningún acuerdo importante para mostrar, y por eso de forma pragmatica busca avanzar con el EGC y las ACSN, grupos a los que no les reconoce carácter político, pero que por el hecho de no ser revolucionarios tendrían agendas de negociación más realistas y cortoplacistas”, explica el profesor Luis Fernando Trejos, uno de los académicos que más ha escrito sobre el actuar de los dos nuevos grupos vinculados a la apuesta de paz total.
En efecto, en los últimos meses ha quedado en evidencia que las negociaciones con grupos rebeldes no despegan. Por un lado, y tras un año y medio de diálogos, el Gobierno se enfrenta a una mesa congelada con el ELN, cuya crisis derivó en la no prórroga del cese al fuego el pasado 3 de agosto. Por el otro lado, tras la fractura de la disidencia Estado Mayor Central, el Gobierno está en la mesa solo con algunas estructuras que decidieron seguir en esa negociación, mientras que frentes leales a Iván Mordisco se apartaron del diálogo y están siendo combatidos. En ese proceso, aunque ha habido algunos progresos a nivel de acuerdos territoriales, no los hay tanto en la definición de la agenda y los temas de fondo.
¿Qué se puede esperar de las nuevas mesas?
El Gobierno se embarca ahora en dos diálogos con estructuras que tienen una naturaleza distinta. En el caso del Clan del Golfo es la organización ilegal más poderosa del país. Surgido de las desmovilizaciones paramilitares en los años 2000, el Clan ha consolidado un control territorial significativo en varias regiones, especialmente en el Urabá antioqueño y chocoano, el Caribe y zonas del Pacífico. El grupo, hoy comandado por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego —conocido como Chiquito Malo y quien es uno de los seis representantes de la estructura en la mesa—, tiene actividades delictivas diversas, y que abarcan desde el narcotráfico hasta la minería ilegal, pasando por la extorsión y el sicariato.
En el último año, el Clan reiteró en más de cinco comunicaciones oficiales su intención de dialogar con el Gobierno, pero durante varios meses el Ejecutivo no respondió a sus solicitudes. El giro de esta semana para abrirle la puerta a la paz total puede responder a que el grupo se ha convertido en la principal amenaza para las otras negociaciones y para la paz en el país debido a su expansión territorial, control social y compleja organización interna.
Además, coincide con las declaraciones que el jueves hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, durante la entrega del balance de orden público en el país, donde admitió que “se han producido retrocesos en control ilegal de territorios”.
Varios expertos y cercanos al Gobierno le habían insistido al presidente Petro en que debía sentarse a negociar con el Clan dado el indiscutible poder y crecimiento. Para Elizabeth Dickinson, analista sénior para Colombia del International Crisis Group, esta nueva negociación supondría, en efecto, sentarse con la estructura armada con más hombres en terreno, pero además darle un respito a la propuesta de paz del mandatario.
¿Estamos ante un proceso de paz o más bien un proceso de sometimiento? Si bien la resolución del Gobierno dice que será un proceso para someter a la justicia a ambos grupos, esas estructuras armadas —en especial los gaitanistas— ya han dicho en muchas ocasiones que eso no es lo que quieren.
“Sin duda hay un intento de dar oxígeno a la paz total y, de alguna manera, completar todos los procesos. Hasta ahora tenían solo mesas abiertas con la mitad de las organizaciones que tienen una presencia significativa a nivel nacional. Para mí es una oportunidad. Probablemente, este Gobierno no logre acuerdos con ningún grupo, pero puede dejar andando procesos que tengan claros los intereses de distintos actores, qué buscan en la mesa, y eso puede ser una posible hoja de ruta para el futuro”, le explicó a Colombia+20.
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El otro tema que le pone más presión tanto a estas como a las otras negociaciones es que Petro sabe que a partir del miércoles pasado su tiempo en la Casa de Nariño va en contra y la gasolina propia que tienen las administraciones en sus primeros dos años se acabó. El jefe de Estado entra a su tercer año al frente del país con dificultades con el Congreso, reformas que no avanzan, distanciamiento con las cortes, el peso de los casos de corrupción, entre otros cuestionamientos.
En ese sentido, dialogar con los gaitanistas y los conquistadores puede significar procesos más rápidos. Según plantea Trejos, “al no tener carácter ni pretensiones revolucionarias, cualquier agenda de diálogos con estos grupos sería más acotada y no giraría en torno a reformas institucionales o cambios en la arquitectura, sino objetivos más pragmaticos”.
Al respecto, el investigador dice que habría tres temas claves que perseguirían estas organizaciones: asegurar que haya garantías de no extradición, ser vinculados a un proceso de justicia transicional y, por último, hacer acuerdos para conservar parte de la riqueza que hicieron durante su actividad ilegal. Todo esto acompañado de planes estatales de inversión y desarrollo en las regiones donde son los actores hegemónicos, un tema que ya han planteado en distintos espacios.
Lo que persiguen estos grupos y las dudas sobre el modelo del proceso de paz
A pesar de los esfuerzos de la Fuerza Pública y las disputas internas del grupo, el Clan del Golfo se ha consolidado como una suerte de empresa criminal con un modelo exitoso. “Actúa como ‘holding criminal’, en tanto es una estructura delictiva que, similar a un holding empresarial, no se dedica únicamente a actividades delictivas operativas, ni su único propósito es la dedicación a rentas ilícitas, sino que gestiona y coordina a diversos grupos delincuenciales. Esta organización ha consolidado su poder mediante la externalización de actividades delictivas (outsourcing) a grupos delincuenciales más pequeños y locales. Estos grupos realizan labores en función de los intereses del Clan, lo que les permite expandirse desde su fortín en el Bajo Cauca, Urabá antioqueño y sur de Córdoba, hacia otras regiones del país”, explica el informe “¿Plomo es lo que viene?”, de la Fundación de Paz y Reconciliación (Pares).
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, por su parte, representan un grupo con raíces más localizadas, cuyas operaciones se mueven en esa zona de Santa Marta, Magdalena y algunos municipios de La Guajira y Cesar. Si bien están vinculadas al paramilitarismo, con el tiempo su rol y estructura se han transformado. Este grupo, al igual que el Clan del Golfo, tiene una influencia no solo militar, sino también social y económica, controlando territorios estratégicos y, en algunas zonas, suplantando totalmente al Estado.
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“El Gobierno se niega a reconocer una beligerancia política a estos grupos porque la fuente de su control territorial es la violencia. El Ejecutivo tendrá la tarea de demostrarles que la violencia no es un sustituto del poder. En esa medida, la deliberación radicará en demostrar que los múltiples delitos de estas bandas no pueden llegar a ser, desde ningún punto de vista, delitos políticos”, explica Christian Fajardo, profesor y miembro del grupo de investigación Estado, Conflictos y Paz de la Universidad Javeriana.
El contexto en el que se desarrolla esta negociación también tiene sus complejidades y particularidades. Por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta es una región de alta importancia ecológica y cultural, habitada por comunidades indígenas y campesinas, y es una zona donde convergen múltiples intereses, desde rutas turísticas con millonarias rentas legales y zonas de protección ambiental, hasta corredores del narcotráfico y la minería ilegal. Este entramado hace que cualquier intento de desmovilización de un grupo armado no solo un asunto de entregar las armas, sino una reconfiguración del poder y la autoridad en la región.
Un hecho que lleva a tener expectativas moderadas con estos procesos es que aún no hay un marco normativo que regule los diálogos sociojurídicos. Pero de fondo, el mayor desafío es el modelo de negociación a acordar con el EGC y las ACSN. ¿Estamos ante un proceso de paz o más bien un proceso de sometimiento? Si bien la resolución del Gobierno dice que será un proceso para someter a la justicia a ambos grupos, esas estructuras armadas —en especial los gaitanistas— ya han dicho en muchas ocasiones que eso no es lo que quieren. De hecho, lo que buscan es una negociación y el estatus político.
Pero de ahí surge otra duda: ¿qué podría ofrecer el Gobierno a esos grupos? “Existen dos ofrecimientos que les dará el Gobierno al Clan del Golfo y a las ACSN. El primero de ellos es de orden moral: los delegados del Gobierno deberán demostrar que el control territorial, a través de la violencia y sin leyes positivas, trae de modo necesario la devastación, el sufrimiento para la población colombiana. El segundo ofrecimiento será el de las condiciones de su sometimiento. En este punto deberá haber un consenso entre las partes y un ajuste a nuestro marco constitucional para que el legislador logre una aprobación de las leyes que permitirán dicho sometimiento”, explica Fajardo.
La paz en los territorios
Con esos dos procesos, el gobierno de Petro quiere reforzar su idea de territorialización de la paz, una iniciativa que incluye propuestas difíciles de tragar y de explicar: transformaciones territoriales que vengan de propuestas de la población civil, pero que se hagan de la mano de estas estructuras armadas. Es lo que se ha hecho en Caquetá, Meta y Catatumbo con los frentes de EMC que aún están en la mesa de diálogos. También se ha replicado ese modelo con el frente Comuneros del Sur en Nariño, donde empezaron proyectos de desminado y desescalamiento de la violencia a nivel muy local, y también se ha hecho con los procesos urbanos de Quibdó, Buenaventura y Valle de Aburrá.
“Creo que es difícil, pero la paz territorial es real. Hay una realidad dentro de los territorios, y es que el Gobierno necesita no necesariamente el apoyo, pero al menos el aval de los grupos que tienen control para hacer esas transformaciones. La apuesta que tiene el Ejecutivo es que eso sea un proceso gradual porque no puede quitar ese control de los grupos de la noche a la mañana”, explica Dickinson.
Pero esa fórmula de negociación también trae sus retos. Por ejemplo, es probado que ambos grupos han logrado tener una relación cercana con el poder e infiltrarlo a nivel muy alto. El Clan del Golfo tiene un anclaje con sectores políticos y gobiernos locales. En el caso de las ACSN, su entramado ilegal, mucho más pequeño que el del Clan, sostiene una pirámide económica enorme en la región.
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Otros expertos consultados por este diario añaden que, aunque este tipo de diálogo tiene más en cuenta las dinámicas de la región que los cambios y trabajos que se hagan de la mano de las organizaciones armadas también pueden derivar en un cogobierno y, a la postre, si el Estado sigue faltando, legitimar su accionar en la población. Por eso es crucial que el Gobierno implemente medidas complementarias para abordar las causas estructurales de la violencia como la falta de oportunidades.
Otro obstáculo significativo es la posibilidad de que estos grupos usen las negociaciones como una táctica para ganar tiempo y rearmarse.
Este riesgo es particularmente alto en el caso del Clan del Golfo, que ha demostrado ser una organización acomodadiza, aunque parece haber voluntad de la organización en su conjunto a la luz de que todos los comandantes están como representantes en la mesa.
Las próximas semanas serán claves para conocer, con mayor transparencia, qué plantean tanto los grupos ilegales como el Gobierno, que tiene el reloj en contra para tratar de poner a andar una apuesta de paz que, hasta ahora, tiene pocos dividendos reales para mostrar.}
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