Petro dice que abrirá nueva mesa con exjefes de las AUC, ¿pero qué tan viable es?

La propuesta de Petro incluye a exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, Macaco; y Rodrigo Tovar, Jorge 40.

Foto: Agencia Reuters

Fiel a su estilo, el presidente Gustavo Petro sorprendió al país con un anuncio sobre la apertura de una mesa de paz -una más entre las nueve que actualmente tiene su apuesta de paz total—, pero esta vez con los exjefes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El anuncio se dio en medio del encuentro “Tierras para la reconciliación”, que se dio en Montería, donde se entregaron 8.430 hectáreas de tierras para restitución, un hecho histórico que, con las palabras de Petro, quedó relegado a un segundo plano.

En el evento estuvo de manera presencial el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y de forma virtual, Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco y también miembro de ese grupo armado.

De acuerdo con el mandatario, la idea central de esa propuesta es “terminar” ese proceso de desmovilización que se dio en 2005, hace casi 20 años, y entregar los bienes a las víctimas. “Salvatore, ‘Macaco’, ‘Jorge 40′ podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad, que existía en esa época”, aseguró Petro en un mensaje directo a Mancuso, que participaba por primera vez en un encuentro con Petro tras su llegada a Colombia el pasado febrero luego de 15 años de extradición.

La idea del jefe de Estado puede estar sustentada en la reciente denuncia de Mancuso quien dijo que faltan más de 380 bienes que entregó a la Unidad para las Víctimas durante el Gobierno Uribe. De acuerdo con el exparamlitar, esos predios habrían sido producto de despojos de campesinos que tuvieron que abandonar sus tierras por la violencia que vivían. Ahora, se desconoce dónde podrían estar y el por qué no fueron entregados a la Unidad si son territorios que le corresponderían a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

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La propuesta del presidente generó confusiones porque, como lo había dicho Colombia+20, desde hace varios días circula la información de que la próxima semana se dé la instalación del proceso de diálogos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), uno de los dos grupos herederos del paramilitarismo que justamente había pedido a Mancuso como gestor de paz y cuyo proceso se anunció a mediados de agosto. El otro es el Clan del Golfo.

Fuentes enteradas de ese proceso le dijeron a este diario que la idea es que, particularmente, Mancuso tenga ambos roles. Es decir, que siga siendo gestor en ese proceso con las Autodefensas de la Sierra Nevada, y también lo sea en esa mesa con los exjefes de las AUC.

De hecho, el mismo Mancuso le propuso a Petro en ese mismo evento que se aceleren haya celeridad en la instalación de la mesa de diálogo con las “exautodefensas”. “Señor presidente, hay actores que han jugado con la buena voluntad de su Gobierno, lo sabemos, pero hay otros que están listos, doy fe de ello, listos para iniciar la instalación de mesas de diálogo con el Gobierno Nacional para la pacificación de los territorios. Por favor, señor presidente, démosle celeridad, que los trámites para la instalación de estos diálogos y las mesas con las exautodefensas, entre otras, para la búsqueda de bienes que usted nos solicitó, sea un hecho cumplido. Estamos listos para instalar esa mesa inmediatamente”.

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¿Cuál sería el marco jurídico de la mesa con los exparamilitares?

Tras el evento, Petro aclaró a periodistas que una mesa con los ex-AUC tendría como objetivo entregar tierras a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, aún se desconoce cómo se haría y bajo qué marco jurídico. Esto último, especialmente, porque para muchos analistas, si Petro no ha conseguido tener una base jurídica que sustente los diálogos con miras al sometimiento que lleva durante dos años con bandas criminales (Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó), es menos probable que logre una estrategia jurídica para los exparamilitares en tiempo récord.

Y no menos importante es que ese plan debe contemplar que la jurisdicción primaria que cobija a los exparamilitares es Justicia y Paz, un tribunal que sigue vigente en el país. Cualquier marco jurídico nuevo, podría generar roces con esa ley, cuya vigencia termina en 2025.

En 2003, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se firmó un proceso de desmovilización con las AUC que resultó en la entrega de más de 30.000 combatientes. Sin embargo, la eficacia de este proceso ha sido cuestionada, ya que muchos líderes paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, interrumpiendo sus testimonios en los tribunales colombianos y su compromiso con la reparación de víctimas. Eso sin contar con que en tribunales se ha probado que esa estructura armada habría engañado al Gobierno entregando armas viejas, haciendo pasar a civiles como miembros del grupo y dejando en los territorios bases para seguir su actuar delictivo.

La Comisión de la Verdad, en su informe sobre las AUC, ha resaltado las deficiencias de este proceso, señalando que no se cumplió plenamente con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Mancuso, extraditado en 2008, ha afirmado en varias ocasiones que está dispuesto a contar toda la verdad sobre los vínculos entre los paramilitares, el narcotráfico y sectores del poder político y empresarial en Colombia. Para el presidente Petro, esta nueva mesa de paz es una oportunidad de retomar ese proceso, pero sin las “traiciones” del pasado y sin miedo a la verdad.

Sin embargo, su inclusión en estos diálogos podrían traer una ventaja y es la posibilidad de que ejerzan algún tipo de influencia en el crimen organizado que se expande por el país e incluso en el mismo Clan del Golfo.

Expertos consultados por este diario, afirman que es fundamental que esta idea de Petro se materialice y no sea una más de las que lanza al aire sin que nadie se haga cargo después de ejecutarla.

”Queda faltando el cómo, el método, el procedimiento. Hoy esto nos lleva a un plano de especulación en el cual se podrían plantear dos escenarios: primero, ante la falta de resultados de la paz total podría ser que el Gobierno esté presionado a mostrar algún tipo de logro y, en ese sentido, busque armar una mesa que tendría algún tipo de finalización exprés. Lo que no sabemos es cómo ni para qué. Lo otro es que hace mucho ruido es que se haga este anuncio sin ningún tipo de coordinación con Justicia y Paz y, en ese sentido, queda la sensación de que el Gobierno está pasando sobre una instancia judicial. Tendremos que esperar anuncios desde la Oficina del Consejero Comisionado“, dijo a Colombia+20 Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte.

Lo cierto es que este sorpresivo anuncio podría tener detrás algo que el presidente Petro y personas cercanas al Gobierno, como el excanciller Álvaro Leyva, han venido proponiendo desde hace meses: la idea de un tribunal de cierre.

“Se creó la JEP en esos acuerdos con este objetivo de la verdad. Si miramos si ha aparecido la verdad judicial, que es el que tiene que acabar la impunidad durante todas estas décadas de conflicto, tenemos que decir que no se ha cumplido, lo que ha existido es que la verdad se fragmentó en diversos tribunales de acuerdo con el tipo de sujeto de violencia”, aseguró Petro durante la visita del Consejo de Seguridad de la ONU a Colombia el pasado 8 de febrero.

En octubre de 2023, el suspendido canciller Álvaro Leyva también criticó en ese sentido a la Jurisdicción Especial para la paz (JEP) y se había referido a ella como que está en un proceso de descarrilamiento. “Se está descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas, teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”, dijo Leyva entonces.

Esa tesis de fragmentación la ha dicho el mandatario varias veces y sosteniendo que por eso se hace necesario un tribunal de cierre en la que confluyan todos los actores armados. “Deben estar empresarios, que digan la verdad de su papel en el conflicto”, dijo Petro en ese momento.

El Gobierno se ha movido hacia esa idea, que no se ha concretado aún, con varias propuestas como crear desde cero una nueva justicia donde entren todos los actores armados y acabar con la JEP -como lo dijo recientemente a Colombia+20 el consejero comisionado, Otty Patiño- o que este último tribunal sea más abierto y acepte desde paramilitares hasta miembros de otras estructuras ilegales. Para ello hace falta una reforma constitucional pues las leyes de la JEP entraron en la carta magna a través del bloque de constitucionalidad. Eso quiere decir que cualquier modificación debe pasar por esa figura y por el Congreso.

El perfil de los exparas que serían gestores de paz

El otro punto es cuáles serían las consecuencias de que salieran de la cárcel, figuras como Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco, comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC. y quien desde 2020 está buscando ser gestor de paz.

Macaco está procesado por 12 casos de homicidio, secuestro y extorsión que él mismo aceptó. Entre 1997 y el 2006, el Blooque Central Bolívar operó en 13 departamentos del país y dejó un saldo de al menos 31.000 víctimas. El ala militar de la estructura la encabezó Rodrigo Pérez Alzate o Julián Bolívar y la política la dirigió Iván Roberto Duque, también conocido como Ernesto Báez. Su inicio se dio en el sur de Bolívar y casi que de manera paralela en Santander. En estas zonas, y según los desmovilizados, los municipios más afectados fueron Simití, Santa Rosa del Sur, Rionegro y Barrancabermeja.

El exparamilitar, que fue extraditado y excluido de Justicia y Paz, llegó al país en 2019 para enfrentar procesos por al menos 141 crímenes, entre asesinatos y masacres. Actualmente está en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

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Por su parte, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, fue el jefe del Bloque Norte de las AUC, que operaba la Sierra Nevada de Santa Marta (Cesar y Magdalena) y parte de La Guajira, con presencia en Atlántico y también Santander.

Jorge 40 fue uno de los principales voceros de las AUC en las negociaciones de Santa Fe de Ralito y fue uno de los últimos jefes paramilitares en desmovilizarse. No obstante, en 2015 fue expulsado del también sistema transicional de Justicia y Paz, creado para la desmovilización paramilitar, por no aceptar su participación en crímenes de reclutamiento forzado de menores, violencia de género y secuestro ni haber reparado a las víctimas.

El bloque que comandaba es el responsable de masacre como del de El Salado, en Bolívar, cometida en el 2000. En la actualidad tiene más de 1.400 investigaciones por asesinatos, masacres y desplazamiento forzado.

En mayo de 2023, la JEP rechazó su sometimiento a ese tribunal de justicia por no aportar verdad plena que demostrara que actuó como punto de conexión o de bisagra entre la fuerza pública y los paramilitares.

En el caso de Mancuso, es un exjefe paramilitar que nació en Montería (Córdoba) el 17 de agosto de 1964. Es hijo del italiano Salvatore Mancuso D’Angiolella, de Nápoles (Italia), y de la monteriana Gladys Gómez. Es el segundo de seis hijos.

En 1992, Mancuso trabajaba como administrador de varias fincas, incluyendo la de su esposa en Tierralta (Córdoba). Allí fue víctima de extorsiones y otras amenazas por parte de hombres del Ejército Popular de Liberación (EPL), por lo que decidió seguir a los hombres e identificar sus campamentos. Fue así como se convirtió en un informante de las Fuerzas Militares.

Con los hermanos Carlos y Vicente Castaño creó grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia o las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). De acuerdo con la Comisión de la Verdad, también ayudó en la creación de las Convivir en 1994, en las cuales se legitimó el uso de armas por parte de civiles, argumentando legítima defensa, apoyo a la seguridad y a la defensa nacionales, además de su articulación con la fuerza pública.

Mancuso quedó oficialmente en libertad en abril pasado, pero aun tiene casos pendientes en Colombia. El pasado 8 de agosto, la Corte Constitucional decidió que las salas de Justicia y Paz -y no la JEP- serán las encargadas de reasumir sus procesos.

Las dificultades de esta mesa de paz

Muchos sectores de la sociedad, especialmente las víctimas de los paramilitares, desconfían de la posibilidad de que estos exjefes sean partícipes de un proceso genuino de reconciliación. Para que esta mesa sea viable, se necesitará reconstruir la confianza, garantizando un compromiso claro con la verdad y la justicia. Y eso no será nada fácil si se tiene en cuenta que los tableros de la paz total de Petro no han avanzado.

El proceso con el ELN está suspendido desde hace tres semanas, el sexto ciclo con la disidencia de Calarcá se aplazó por segunda vez, los procesos de paz urbana siguen sin marco jurídico y aún no arrancan los procesos con los grupos herederos del paramilitarismo como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Por ahora, solo avanzan los procesos con Comuneros del Sur y la Segunda Marquetalia.

Aunque Mancuso y Jorge 40, ya cumplieron penas en Estados Unidos por narcotráfico, en Colombia aún enfrentan procesos judiciales por delitos relacionados con masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos. La posibilidad de que estas personas ocupen un rol político o simbólico en una mesa de paz debería ir acompañada de justicia, verdad y reparación.

El otro punto es que deberían aclarar los vínculos entre las AUC, el narcotráfico y ciertos sectores de la élite política. La verdad que pueda emerger de esta mesa podría desestabilizar a actores poderosos, lo que pone en duda hasta qué punto existe voluntad política para permitir un proceso sin restricciones.

Además, si bien la desmovilización oficial de las AUC ocurrió hace más de una década, sus redes aún están activas a través de grupos sucesores como el Clan del Golfo. Estos grupos controlan vastas regiones del país y continúan siendo actores claves en el narcotráfico y la violencia. Involucrar a exlíderes de las AUC en la paz implicaría reconocer que el problema persiste y que se necesitan soluciones

La viabilidad de una eventual mesa de paz con los exjefes paramilitares de las AUC depende de varios factores, entre ellos, la transparencia del proceso, la capacidad del Estado de garantizar justicia a las víctimas y el compromiso genuino de los exlíderes de contar la verdad. Sin embargo, también existen riesgos significativos, especialmente en términos de legitimidad pública y las posibles repercusiones políticas de las revelaciones que pudieran surgir. Este será un camino complejo, pero puede ofrecer una oportunidad única para cerrar uno de los capítulos más dolorosos del conflicto.

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