Petro acepta que campesinos continúen con coca hasta que la sustitución sea eficaz
En el Encuentro Cocalero del Catatumbo, el presidente Gustavo Petro recibió las propuestas sobre la salida a los cultivos de uso ilícito, ordenamiento territorial y paz concertadas por los campesinos. Anunció que la construcción de la Universidad del Catatumbo se iniciará en abril próximo.
Natalia Romero Peñuela
El presidente Gustavo Petro aceptó una de las principales propuestas de los campesinos cultivadores de coca del Catatumbo: que no se vean obligados a arrancar sus matas hasta que los nuevos cultivos sean efectivamente productivos. “Les diré a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona. Y si funciona, ya no hay necesidad de lo otro” señaló.
La propuesta responde al mayor reclamo de los campesinos cocaleros, no solo del Catatumbo: que la sustitución del cultivo no fue efectiva por incumplimientos del Acuerdo de paz. Sin embargo, Petro se anticipó a las críticas: “‘Ah- nos van a decir- van a convivir con ese satán’, y no, convivimos con la realidad porque tenemos que transformarla. No solamente cometer los errores del pasado. Eso se puede hacer en un proceso de diálogo entre la sociedad y el Estado constantemente”, aseguró el presidente.
El mandatario sostuvo que considera pertinentes las propuestas entregadas por el campesinado y que deben analizarlas en conjunto. En particular, reiteró su apoyo a la gradualidad en la sustitución: “Por ejemplo una: ¿Y si un campesino productor de hoja de coca no quita su cultivo completamente porque no sabe qué le espera, si es el hambre, si lo dejan abandonado por allí, si no tiene después qué entregarle de comida a su hijo, a su hija, a su esposa, si esa desconfianza no le permite dar el paso?”.
Luego, en un pronunciamiento a medios el presidente Petro aclaró: “Vamos a establecer la gradualidad. En la medida en que va a funcionando el cultivo alternativo, va disminuyendo el cultivo de hoja de coca del campesino. Entonces se establece un periodo en el que conviven ambos hasta que logremos que el sustituto tenga un nivel de rentabilidad que garantice la vida de esa familia campesina”.
Los pronunciamientos se dieron en el marco del Encuentro Cocalero del Catatumbo, desarrollado este jueves y viernes en El Tarra. Allí se congregaron más de 3.000 campesinos de la región para plantearle al gobierno propuestas en tres ejes: paz total, desarrollo regional y ordenamiento territorial del Catatumbo. Todo esto atravesado por la problemática de los cultivos de uso ilícito en la subregión con más siembras del país.
(En contexto: Estas son las peticiones que le harán a Petro los cocaleros de Catatumbo)
Al encuentro también asistió el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien reconoció la labor de las organizaciones de la región en la búsqueda de propuestas constructivas. “Sus apuestas empiezan a tener concreción. Han construido la democracia desde la base. No hubo exclusión para nadie en este espacio. Hombres, mujeres, jóvenes, campesinos e indígenas participaron en la agenda temática. Aquí está expresado el pueblo organizado en sus diferencias con un propósito común: hacer que el Catatumbo sea la primera experiencia de la Colombia potencia mundial de la vida”, celebró.
Petro también coincidió en que los programas deben ser territoriales: “Claro que los funcionarios que tengan que ver con este programa no pueden quedarse en Bogotá donde no hay una sola mata de coca, ni saben cómo es. Tienen que vivir aquí”.
El presidente, además, aplaudió el llamado de los campesinos a transformar el negocio de la coca en conjunto, en vez de pensar únicamente en sustituir la mata. “Tenemos que sacar al campesinado de una economía que ya no va a dar más de lo que dio. Aquí lo decían, la producción en bruto tiene que transformarse industrialmente y esa industria no puede ser de los poderosos, tiene que ser del campesinado que en forma cooperativa se vuelve propietario de la industrialización. No es solo plantar cacao para sacar sus frutos, debe haber una chocolatería en manos de los productores de cacao en la misma región. Si no, la valorización no le va a llegar al campesinado”, aseguró.
Universidad del Catatumbo inicia construcción en abril
Durante la lectura de las propuestas de los campesinos al Gobierno Nacional, todas coincidieron en que la economía de la coca les ha permitido acceder a derechos básicos ante la no presencia integral del Estado. “Ustedes tienen razón. ¿Cómo vamos a salir de una economía ilegal si la juventud no tiene perspectivas? Si su única opción es que lo contraten por uno o dos millones para portar un fusil para matar a otro joven. Debe haber otras alternativas en la región y es el deber del gobierno que es el que tiene con qué hacerlo”, les respondió el presidente.
(Lea: Petro anunció recursos para la construcción de Universidad del Tarra, en Catatumbo)
Por eso, recordó la promesa de construir la Universidad del Catatumbo en el municipio de El Tarra y anunció que su construcción iniciará en abril del 2023. “Hemos cogido los cunchos que nos dejó el Gobierno Duque en el presupuesto, casi 40 mil millones y sé que el gobernador tiene un lote donde puede caber perfectamente un complejo educativo”, explicó. Y añadió que los programas serán pactados con la comunidad para que anualmente ingresen unos 3.500 estudiantes. “Esa universidad será un pilar de la paz en la región”, aseveró.
Decenas de propuestas de las organizaciones
Junior Maldonado, de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat); Hernando García, del Comité Integral Social del Catatumbo (Cisca); Pablo Téllez, de la Asociación Campesina del Catatumbo, y Juan Titira, representante del Resguardo Motilón Barí, fueron los líderes encargados de entregarle al Gobierno las conclusiones de las más de 50 mesas de trabajo del jueves. Además del presidente y el comisionado de paz, en el evento también hicieron presencia el director del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) , Felipe Tascón; al director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado; el ministro de Educación, Alejandro Gaviria.
Maldonado, encargado de leer las propuestas sobre el eje que denominaron “Ordenamiento territorial, medio ambiente y la problemática de la coca”, empezó por cuestionar por qué las políticas públicas de la región se han hecho “de espalda a los campesinos”. En ese sentido reiteró que la coca es la que ha permitido la construcción de infraestructura social en el Catatumbo y ha posibilitado que las familias accedan a servicios básicos, salud y educación. Sin embargo son plenamente conscientes del daño cultural, social y ambiental que este cultivo ha generado.
Por eso, propusieron que los instrumentos de desarrollo y ordenamiento territorial sean formulados de manera participativa, desde el territorio y no desde las ciudades principales. Resaltaron que debe darse una caracterización a la población para resolver problemas de salud y educación. Dentro de otras propuestas están: Hacer un reconocimiento a la producción local y revisar los tratados de libre comercio firmados “que deterioraron la vida del campesinado”; que la entrega de tierras se realice en lugares donde sea accesible, además de brindarles garantías jurídicas; que se establezcan zonas de reserva campesina o territorios campesinos agroalimentarios para promover la economía campesina.
Además, en los tres ejes se refirieron a promesas específicas del Acuerdo de paz y solicitaron ampliar y reformular los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos para que llegue a más territorios. Resaltaron la necesidad de desarrollar la Reforma Rural Integral prometida por el Acuerdo de paz con las Farc y propusieron expandir la compra de tierras planteada por Petro hacia las empresas del sector palmero que hacen presencia en el Catatumbo. En ese mismo sentido, solicitaron que el Plan Nacional de Desarrollo tenga un capítulo especial sobre la implementación del Acuerdo. Finalmente reclamaron que se derogue “el marco jurídico donde se permite la fumigación terrestre y aérea con glifosato de forma definitiva”, según señaló Maldonado.
Sobre el desarrollo regional y la economía productiva, la principal petición fue la de declarar emergencia social y económica en el Catatumbo por lo que las organizaciones llamaron “una crisis de hambre por la caída de la economía de la coca” y que desencadenaría en la entrega de un mínimo vital por parte del Gobierno a las organizaciones. Además, solicitaron que se impulse la industrialización del campo para que los campesinos puedan transformar sus cosechas como pasa con la hoja de coca, propuesta que celebró el presidente.
Entre otras propuestas están: crear oficinas municipales de asistencia técnica; diseñar políticas de integración económica con Venezuela para la comercialización binacional; comprar las cosechas campesinas para garantizar el comercio y estabilidad de precios; conformar cooperativas campesinas para la producción y comercialización de productos en supermercados regionales; garantizar el acceso y formalización de tierras, que además, “deben ser dentro del territorio, no lejos, para conservar las tradiciones y costumbres del Catatumbo”, como enfatizó Hernando García, del Cisca.
Además, hicieron peticiones concretas de apoyo técnico en las labores agropecuarias como la construcción de fábricas de bioabono, regulación del comercio de insumos agrícolas y establecer bancos de maquinaria amarilla para las juntas. También hubo propuestas para contrarrestar la corrupción como crear una red de veeduría compuesta por las organizaciones comunitarias
(En video: Así está aterrizando la paz total en el Catatumbo)
Las organizaciones también hicieron llamados de atención concretos sobre el establecimiento de la paz total: acciones humanitarias, participación de la sociedad civil e implementación del Acuerdo con las Farc como base para los siguientes diálogos. “El nuevo proceso de paz debe garantizar el cese multilateral del fuego y de las hostilidades y debe involucrar a todos los grupos armados. El desarrollo comunitario sólo es posible si se acaba con la violencia”, leyó Pablo Téllez de Asuncat, quien insistió en que la construcción de la paz debe partir de las propuestas de las comunidades desde el territorio.
Téllez también hizo énfasis en la propuesta de que sea Tibú la sede de la primera conferencia internacional para replantear la lucha contra las drogas y en que se debe hacer un censo de los pequeños cultivadores de coca que han sido judicializados para brindarles el tratamiento penal diferenciado planteado por el Acuerdo y permitirles ser gestores de la sustitución.
Juan Titira, representante del pueblo Barí, manifestó la oposición de los pueblos indígenas del Catatumbo a los cultivos de uso ilícito y denunció las amenazas a la vida que esto les ha traído. Solicitaron ser tenidos en cuenta en las conversaciones sobre la región y que se garantice la protección de su vida y sus derechos territoriales. “Los cultivos de coca acechan los límites de nuestros resguardos en la totalidad de nuestras pretensiones territoriales. No será posible una política de drogas sin garantizar nuestros derechos”, señaló.
Además, propusieron desarrollar una convención nacional indígena sobre cultivos de coca y plantas medicinales ancestrales para buscar futuras alternativas al respecto con los demás pueblos indígenas del país. Y exaltó la necesidad de crear una mesa tripartita entre los Barí, los campesinos y Gobierno Nacional para buscar alternativas concertadas a los conflictos que hay entre ambas poblaciones
El presidente Petro recibió uno a uno los documentos por parte de los líderes y se comprometió a revisarlos con su equipo de trabajo.
El presidente Gustavo Petro aceptó una de las principales propuestas de los campesinos cultivadores de coca del Catatumbo: que no se vean obligados a arrancar sus matas hasta que los nuevos cultivos sean efectivamente productivos. “Les diré a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona. Y si funciona, ya no hay necesidad de lo otro” señaló.
La propuesta responde al mayor reclamo de los campesinos cocaleros, no solo del Catatumbo: que la sustitución del cultivo no fue efectiva por incumplimientos del Acuerdo de paz. Sin embargo, Petro se anticipó a las críticas: “‘Ah- nos van a decir- van a convivir con ese satán’, y no, convivimos con la realidad porque tenemos que transformarla. No solamente cometer los errores del pasado. Eso se puede hacer en un proceso de diálogo entre la sociedad y el Estado constantemente”, aseguró el presidente.
El mandatario sostuvo que considera pertinentes las propuestas entregadas por el campesinado y que deben analizarlas en conjunto. En particular, reiteró su apoyo a la gradualidad en la sustitución: “Por ejemplo una: ¿Y si un campesino productor de hoja de coca no quita su cultivo completamente porque no sabe qué le espera, si es el hambre, si lo dejan abandonado por allí, si no tiene después qué entregarle de comida a su hijo, a su hija, a su esposa, si esa desconfianza no le permite dar el paso?”.
Luego, en un pronunciamiento a medios el presidente Petro aclaró: “Vamos a establecer la gradualidad. En la medida en que va a funcionando el cultivo alternativo, va disminuyendo el cultivo de hoja de coca del campesino. Entonces se establece un periodo en el que conviven ambos hasta que logremos que el sustituto tenga un nivel de rentabilidad que garantice la vida de esa familia campesina”.
Los pronunciamientos se dieron en el marco del Encuentro Cocalero del Catatumbo, desarrollado este jueves y viernes en El Tarra. Allí se congregaron más de 3.000 campesinos de la región para plantearle al gobierno propuestas en tres ejes: paz total, desarrollo regional y ordenamiento territorial del Catatumbo. Todo esto atravesado por la problemática de los cultivos de uso ilícito en la subregión con más siembras del país.
(En contexto: Estas son las peticiones que le harán a Petro los cocaleros de Catatumbo)
Al encuentro también asistió el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien reconoció la labor de las organizaciones de la región en la búsqueda de propuestas constructivas. “Sus apuestas empiezan a tener concreción. Han construido la democracia desde la base. No hubo exclusión para nadie en este espacio. Hombres, mujeres, jóvenes, campesinos e indígenas participaron en la agenda temática. Aquí está expresado el pueblo organizado en sus diferencias con un propósito común: hacer que el Catatumbo sea la primera experiencia de la Colombia potencia mundial de la vida”, celebró.
Petro también coincidió en que los programas deben ser territoriales: “Claro que los funcionarios que tengan que ver con este programa no pueden quedarse en Bogotá donde no hay una sola mata de coca, ni saben cómo es. Tienen que vivir aquí”.
El presidente, además, aplaudió el llamado de los campesinos a transformar el negocio de la coca en conjunto, en vez de pensar únicamente en sustituir la mata. “Tenemos que sacar al campesinado de una economía que ya no va a dar más de lo que dio. Aquí lo decían, la producción en bruto tiene que transformarse industrialmente y esa industria no puede ser de los poderosos, tiene que ser del campesinado que en forma cooperativa se vuelve propietario de la industrialización. No es solo plantar cacao para sacar sus frutos, debe haber una chocolatería en manos de los productores de cacao en la misma región. Si no, la valorización no le va a llegar al campesinado”, aseguró.
Universidad del Catatumbo inicia construcción en abril
Durante la lectura de las propuestas de los campesinos al Gobierno Nacional, todas coincidieron en que la economía de la coca les ha permitido acceder a derechos básicos ante la no presencia integral del Estado. “Ustedes tienen razón. ¿Cómo vamos a salir de una economía ilegal si la juventud no tiene perspectivas? Si su única opción es que lo contraten por uno o dos millones para portar un fusil para matar a otro joven. Debe haber otras alternativas en la región y es el deber del gobierno que es el que tiene con qué hacerlo”, les respondió el presidente.
(Lea: Petro anunció recursos para la construcción de Universidad del Tarra, en Catatumbo)
Por eso, recordó la promesa de construir la Universidad del Catatumbo en el municipio de El Tarra y anunció que su construcción iniciará en abril del 2023. “Hemos cogido los cunchos que nos dejó el Gobierno Duque en el presupuesto, casi 40 mil millones y sé que el gobernador tiene un lote donde puede caber perfectamente un complejo educativo”, explicó. Y añadió que los programas serán pactados con la comunidad para que anualmente ingresen unos 3.500 estudiantes. “Esa universidad será un pilar de la paz en la región”, aseveró.
Decenas de propuestas de las organizaciones
Junior Maldonado, de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat); Hernando García, del Comité Integral Social del Catatumbo (Cisca); Pablo Téllez, de la Asociación Campesina del Catatumbo, y Juan Titira, representante del Resguardo Motilón Barí, fueron los líderes encargados de entregarle al Gobierno las conclusiones de las más de 50 mesas de trabajo del jueves. Además del presidente y el comisionado de paz, en el evento también hicieron presencia el director del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) , Felipe Tascón; al director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado; el ministro de Educación, Alejandro Gaviria.
Maldonado, encargado de leer las propuestas sobre el eje que denominaron “Ordenamiento territorial, medio ambiente y la problemática de la coca”, empezó por cuestionar por qué las políticas públicas de la región se han hecho “de espalda a los campesinos”. En ese sentido reiteró que la coca es la que ha permitido la construcción de infraestructura social en el Catatumbo y ha posibilitado que las familias accedan a servicios básicos, salud y educación. Sin embargo son plenamente conscientes del daño cultural, social y ambiental que este cultivo ha generado.
Por eso, propusieron que los instrumentos de desarrollo y ordenamiento territorial sean formulados de manera participativa, desde el territorio y no desde las ciudades principales. Resaltaron que debe darse una caracterización a la población para resolver problemas de salud y educación. Dentro de otras propuestas están: Hacer un reconocimiento a la producción local y revisar los tratados de libre comercio firmados “que deterioraron la vida del campesinado”; que la entrega de tierras se realice en lugares donde sea accesible, además de brindarles garantías jurídicas; que se establezcan zonas de reserva campesina o territorios campesinos agroalimentarios para promover la economía campesina.
Además, en los tres ejes se refirieron a promesas específicas del Acuerdo de paz y solicitaron ampliar y reformular los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos para que llegue a más territorios. Resaltaron la necesidad de desarrollar la Reforma Rural Integral prometida por el Acuerdo de paz con las Farc y propusieron expandir la compra de tierras planteada por Petro hacia las empresas del sector palmero que hacen presencia en el Catatumbo. En ese mismo sentido, solicitaron que el Plan Nacional de Desarrollo tenga un capítulo especial sobre la implementación del Acuerdo. Finalmente reclamaron que se derogue “el marco jurídico donde se permite la fumigación terrestre y aérea con glifosato de forma definitiva”, según señaló Maldonado.
Sobre el desarrollo regional y la economía productiva, la principal petición fue la de declarar emergencia social y económica en el Catatumbo por lo que las organizaciones llamaron “una crisis de hambre por la caída de la economía de la coca” y que desencadenaría en la entrega de un mínimo vital por parte del Gobierno a las organizaciones. Además, solicitaron que se impulse la industrialización del campo para que los campesinos puedan transformar sus cosechas como pasa con la hoja de coca, propuesta que celebró el presidente.
Entre otras propuestas están: crear oficinas municipales de asistencia técnica; diseñar políticas de integración económica con Venezuela para la comercialización binacional; comprar las cosechas campesinas para garantizar el comercio y estabilidad de precios; conformar cooperativas campesinas para la producción y comercialización de productos en supermercados regionales; garantizar el acceso y formalización de tierras, que además, “deben ser dentro del territorio, no lejos, para conservar las tradiciones y costumbres del Catatumbo”, como enfatizó Hernando García, del Cisca.
Además, hicieron peticiones concretas de apoyo técnico en las labores agropecuarias como la construcción de fábricas de bioabono, regulación del comercio de insumos agrícolas y establecer bancos de maquinaria amarilla para las juntas. También hubo propuestas para contrarrestar la corrupción como crear una red de veeduría compuesta por las organizaciones comunitarias
(En video: Así está aterrizando la paz total en el Catatumbo)
Las organizaciones también hicieron llamados de atención concretos sobre el establecimiento de la paz total: acciones humanitarias, participación de la sociedad civil e implementación del Acuerdo con las Farc como base para los siguientes diálogos. “El nuevo proceso de paz debe garantizar el cese multilateral del fuego y de las hostilidades y debe involucrar a todos los grupos armados. El desarrollo comunitario sólo es posible si se acaba con la violencia”, leyó Pablo Téllez de Asuncat, quien insistió en que la construcción de la paz debe partir de las propuestas de las comunidades desde el territorio.
Téllez también hizo énfasis en la propuesta de que sea Tibú la sede de la primera conferencia internacional para replantear la lucha contra las drogas y en que se debe hacer un censo de los pequeños cultivadores de coca que han sido judicializados para brindarles el tratamiento penal diferenciado planteado por el Acuerdo y permitirles ser gestores de la sustitución.
Juan Titira, representante del pueblo Barí, manifestó la oposición de los pueblos indígenas del Catatumbo a los cultivos de uso ilícito y denunció las amenazas a la vida que esto les ha traído. Solicitaron ser tenidos en cuenta en las conversaciones sobre la región y que se garantice la protección de su vida y sus derechos territoriales. “Los cultivos de coca acechan los límites de nuestros resguardos en la totalidad de nuestras pretensiones territoriales. No será posible una política de drogas sin garantizar nuestros derechos”, señaló.
Además, propusieron desarrollar una convención nacional indígena sobre cultivos de coca y plantas medicinales ancestrales para buscar futuras alternativas al respecto con los demás pueblos indígenas del país. Y exaltó la necesidad de crear una mesa tripartita entre los Barí, los campesinos y Gobierno Nacional para buscar alternativas concertadas a los conflictos que hay entre ambas poblaciones
El presidente Petro recibió uno a uno los documentos por parte de los líderes y se comprometió a revisarlos con su equipo de trabajo.