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Desde antes de su llegada a la Presidencia, Gustavo Petro ha alertado sobre el fracaso de la lucha contra las drogas y la necesidad de un cambio de enfoque en esta materia. En el país ha crecido la expectativa sobre el abordaje que el jefe de Estado implementará en su política de drogas, cuyo borrador fue revelado por Colombia+20 de El Espectador.
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En las últimas semanas, el documento ha sido discutido por Consejo Nacional de Política Criminal. La apuesta del Ejecutivo tiene ocho ejes de acción, y uno de los puntos nuevos de esa política es el abordaje sobre el tema de consumo y el cuidado integral de la salud pública.
Según el borrador, se espera que menos niñas, niños, adolescentes y jóvenes consuman, pero que si lo hacen “sea lo más tarde posible”.
Esto incluye una prevención “dirigida a modificar el contexto físico, económico, social, virtual en el que las personas toman sus decisiones de consumo”; pero también un enfoque distinto con personas o grupos con múltiples factores de riesgo.
De acuerdo con el borrador, “el derecho a la salud es quizás uno de los derechos que más se vulnera a las personas que usan drogas cuando no pueden o no quieren dejar su consumo”, por eso se quiere propender por la garantía de detección temprana de problemas por sustancias psicoactivas y su tratamiento integral.
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El documento afirma que 9 de cada 10 personas consumidoras no buscan tratamientos o no acceden a ellos por los sobrecostos o por estigmatización, especialmente en población LGBTIQ+, carcelaria, mujeres, indígenas, entre otras. Así mismo, dice que se tendrá en cuenta las comorbilidades en salud mental, con enfoque de atención primaria en salud.
Para ello, se planean una oferta de servicios de tratamiento e intervención como “hospital día, hospital noche, ambulatorios, móviles, residenciales” o incluso teleconsulta”.
También se contemplan espacios de consumo para la reducción de riesgos y la ampliación del acceso a los fines médicos de las sustancias psicoactivas.
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De hecho, se planea modificar o derogar normas, políticas y barreras de acceso a sustancias controladas como la naloxona (medicina que puede revertir la sobredosis generada por opioides) y la metadona (analgésicos opioides que cambian la manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor).
“No solo (se haría) con fines paliativos, sino también a bienes, servicios, instalaciones e información para tratamientos, prevención del uso problemático de drogas y la reducción del daño entre las personas usuarias de drogas”, se detalla. Esto se haría mediante el modelo farmacia comunitaria, para facilitar adherencia y éxito terapéutico.
De acuerdo con ese enfoque, se buscarán promover la investigación de nuevas sustancias psicoactivas y nuevas formas de administración de las mismas, como por ejemplo los vapeadores, para hacer más efectiva la respuesta institucional.
La regulación de las drogas
El borrador afirma que la regulación será la herramienta para el cambio de una economía ilícita a una lícita, lo que significa generar medidas diferenciales para pequeños cultivadores que serán los “primeros beneficiarios de un mercado regulado”. El Gobierno quiere darles asistencia técnica, apoyo económico y acceso a créditos para que sus emprendimientos legales puedan ser competitivos.
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El Gobierno también se refiere en su política a la regulación del cannabis de uso adulto, un proyecto de ley que se hundió por apenas unos votos en la legislatura pasada, pero que se espera que vuelva a radicarse. Aunque la iniciativa no era propiamente del Gobierno, sí contaba con su aval.
En el borrador se dice que se debe reconocer que los efectos de la prohibición de su consumo no ha tenido efectos en la disminución y que es necesario avanzar en la regulación con un enfoque preventivo “para reducir riesgos y daños asociados a su consumo”.
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“Eso permitirá transitar a un mercado legal regulado por el Estado, en el cual se proteja a las personas que usan esta sustancia, para que, por un lado, no sean estigmatizadas y perseguidas, y por otro, se reduzcan los riesgos en los que se ven inmersos los consumidores al acudir a un mercado ilícito”, se afirma.
Por último, se prevé proteger las prácticas y saberes de las comunidades étnicas relacionadas con ciertas plantas de las cuales se obtienen las sustancias psicoactivas.