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Este viernes, el Gobierno del presidente Gustavo Petro hizo oficial, ante la comunidad internacional, su respeto a la integralidad del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC.
El jefe de Estado le envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que se compromete a aplicar una declaración unilateral de Estado en ese sentido, que fue efectuada por el expresidente Juan Manuel Santos Calderón el 13 de marzo de 2017.
“El documento oficial S/2017/272 del Consejo de Seguridad que hace suyo el contenido del Acuerdo de Paz de la Habana hay que respetarlo integralmente. No cabe modificación alguna. El presidente Petro hace propia esa obligación asumida frente al Consejo de Seguridad y las naciones del mundo”, informó la Presidencia en un comunicado.
Uno de los puntos que llama la atención en la misiva enviada por el jefe de Estado es la mención a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo de justicia transicional que creó el Acuerdo de Paz para investigar y sancionar a los exguerrilleros, militares y terceros civiles .
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“Habrá un empeño adicional para que la Jurisdicción Especial para Paz (JEP) se consolide como modelo, referente, para y de todas las naciones del mundo. De allí que ponga el suscrito de presente que la JEP habrá de cumplir, sin dubitación alguna, con las normas que la crearon para garantizar la justicia (...) La JEP tendrá que tener en cuenta toda la Competencia Personal a ella asignada. Esta no podrá ser limitada ni condicionada”, se lee en la carta.
En la misiva de este viernes, además, el presidente le dijo al secretario general de la ONU que la JEP deberá aplicar “el mandato universal y garantista de la favorabilidad penal”, y agregó que “deberá proceder de manera preferente y rápida a aplicar el derecho a la amnistía cuando haya lugar a ella en los términos pactados y al tenor del articulo 6(5) del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949. Por ningún motivo podrá limitar o condicionar la JEP el derecho a la verdad (...) El esquivarlo o eludirlo conllevaría responsabilidades”.
Horas después de que se conociera esa comunicación, el magistrado Roberto Vidal, presidente de la jurisdicción, se pronunció al respecto y pidió respeto por la independencia del tribunal.
“Desde sus inicios, la JEP ha tomado decisiones con absoluta independencia de todos los poderes públicos, únicamente sometida a los mandatos de la Constitución Política y a las normas que rigen el Estado de Derecho”, dijo Vidal, y exigió que eso siga respetándose.
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El togado enfatizó en que por más que esa jurisdicción haya sido originada por el Acuerdo Final de Paz, “no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo. Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-EP no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP”.
Las críticas del canciller Álvaro Leyva a la JEP
Hace apenas una semana, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller Álvaro Leyva criticó a la JEP.
“Se está descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”, dijo Leyva.
Además: Canciller pidió ante Consejo de Seguridad de ONU que la JEP admita a paramilitares
El alto funcionario también indicó que se debería “revisar” la actuación de la JEP para “perfeccionarla”. Según él, la jurisdicción no ha tenido en cuenta otras voces para ampliar los relatos de verdad.
“Se ha limitado la comparecencia de quienes tienen derecho a esta justicia especial (...) se ha condicionado el relato de la verdad, cerrando e impidiendo el paso a que esta, la verdad, llegue plenamente a la JEP y a conocimiento de las víctimas y de la opinión pública en general”, indicó, en lo que desde varios sectores fue un dardo por la no aceptación de paramilitares en la JEP.
De hecho, el pasado 13 de julio, durante la presentación del anterior informe de la Misión de la ONU, el canciller puso sobre la mesa que la JEP debería admitir a paramilitares.
Según Leyva, tanto el Estado como las FARC pueden usar instrumentos del Derechos Internacional Humanitario para “acelerar procedimientos” en pro de la implementación del Acuerdo de Paz. “Es el caso, por ejemplo, el quitar de por medio trabas que impiden el acceso de paramilitares a la Jurisdicción Especial para la Paz sin justificación alguna; la apertura del macrocaso de la responsabilidad del Estado por ser actor del conflicto armado, ya por acción, ya por omisión”, afirmó entonces.