Desde 2016 hay 22 sentencias contra Argos por las tierras de Montes de María

Hace unos días, en una entrega de tierras a víctimas y excombatientes de las antiguas FARC en Montes de María, el presidente Gustavo Petro se refirió a la empresa Argos y aseguró que la cementera “se había quedado con tierra de desplazados”.

“Hoy nos acusan de expropiadores. ¿Alguien, en algún lugar de la televisión nacional o de la prensa o de la discusión pública o del Congreso o partidos políticos, acaso dijo que lo que había hecho Argos en realidad era una expropiación a miles de campesinos?”, dijo el presidente en ese discurso que el jueves fue emitido como una alocución presidencial.

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La empresa le salió al paso a ese pronunciamiento y, a través de una carta de dos páginas firmada por su presidente, Jorge Mario Velásquez, dijo que en 2008 la compañía desarrolló procesos con empresas privadas para generar “empleo formal e inversión” en esa región y que para ello adquirió 6.600 hectáreas de tierras en los municipios de El Carmen de Bolívar y Ovejas.

“Se adelantó una debida diligencia que incluyó la contratación previa de un estudio de títulos, sin intermediarios, pagando el justo precio y apegados en todo momento a la ley”, dice la misiva.

En el documento también se afirma que con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, de reparación a las víctimas, empezaron a llegar reclamaciones de los dueños anteriores de esas tierras, con quienes, dijo Argos, nunca tuvo relación.

“Las decisiones judiciales de restitución de tierras que se han proferido en ningún momento han concluido que se generaron desplazamientos ni despojos por parte de Argos. La organización siempre obró de buena fe y nunca se opuso a los procesos de restitución”, añadió Argos en su misiva firmada por Velásquez.

Las sentencias que se han proferido sobre el tema muestran que hace 20 años los campesinos de esa zona fueron expulsados por la violencia, por las masacres cometidas por los paramilitares como la de El Salado o la de Macayepo, y también por algunas operaciones de las antiguas FARC -especialmente del frente 37-. Entre 1997 y 2004, solo de El Carmen de Bolívar salieron desplazadas más de 90 mil personas.

Además: La tierra de El Carmen de Bolívar, 20 años después de la masacre de El Salado

Sus tierras fueron compradas masivamente por grandes empresarios antioqueños que luego las vendieron a la cementera Argos, según varias instancias judiciales.

Según sentencias de restitución de tierras que han sido proferidas en los últimos años, las compras que los empresarios hicieron en esos años fueron irregulares. Los magistrados de restitución de tierras han establecido que los campesinos que vendieron sus predios lo hicieron como consecuencia del desplazamiento forzado. Por ello, se habla de la inexistencia de las compraventas entre los campesinos y los empresarios.

Además, se habla del valor en las compras de los predios. Los campesinos afirmaron que el precio de compra era $300 mil la hectárea, pero luego esa misma tierra se vendió a $2 millones la hectárea o más, según quedó consignado en el informe de la Superintendencia, donde reseñan varios casos en San Onofre (Sucre).

De acuerdo con Álvaro Echeverría, empresario y pionero de las compras en esa región, los predios los adquirió para venderlos a compradores como Argos, que ya tenía asegurados. “Las compré porque Argos me pidió tierras, Invesa me pidió tierras, mucha gente me pidió tierras”, dijo entonces a este diario.

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En la carta de hace unos días, Argos afirma que en 2015 se tomó la decisión de desarrollar en esa región un proyecto social y no ambiental como en principio se había proyectado, con lo que se donó la totalidad de las 6.600 hectáreas compradas en 2008 a la Fundación Crecer en Paz que, de acuerdo con Argos, es independiente a ellos. Ese proceso se acompañó con la entrega de más de $21.000 millones a la fundación para “fortalecer su capacidad de acción”.

Esa fue la alternativa de la cementera para prevenir algo de lo que vino después: una racha de fallos que daban respuesta favorable a las demandas de restitución de tierras presentadas por reclamantes de predios que quedaron en manos de Crecer en Paz.

Desde entonces, hasta hoy se han emitido 22 sentencias en contra de Argos, entre ellas tres de compulsas de copias. En ninguno de los casos Argos pudo demostrar buena fe exenta de culpa en el momento de la compra, pues según las sentencias, le faltó mayor diligencia al comprar las tierras, teniendo en cuenta el contexto de violencia generalizada en el que estaba la región y que era de público conocimiento.

Este viernes, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, se pronunció en X -antes Twitter- en ese sentido, y dijo: “Las condenas judiciales a Empresa Argos vienen desde el año 2016. Argos está obligada a restituir las tierras en Montes de María”.

El presidente Petro también se refirió a las sentencias y en su cuenta de X expuso algunos de esos fallos.

Hace unos días, en una entrega de tierras a víctimas y excombatientes de las antiguas FARC en Montes de María, el presidente Gustavo Petro se refirió a la empresa Argos y aseguró que la cementera “se había quedado con tierra de desplazados”.

“Hoy nos acusan de expropiadores. ¿Alguien, en algún lugar de la televisión nacional o de la prensa o de la discusión pública o del Congreso o partidos políticos, acaso dijo que lo que había hecho Argos en realidad era una expropiación a miles de campesinos?”, dijo el presidente en ese discurso que el jueves fue emitido como una alocución presidencial.

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La empresa le salió al paso a ese pronunciamiento y, a través de una carta de dos páginas firmada por su presidente, Jorge Mario Velásquez, dijo que en 2008 la compañía desarrolló procesos con empresas privadas para generar “empleo formal e inversión” en esa región y que para ello adquirió 6.600 hectáreas de tierras en los municipios de El Carmen de Bolívar y Ovejas.

“Se adelantó una debida diligencia que incluyó la contratación previa de un estudio de títulos, sin intermediarios, pagando el justo precio y apegados en todo momento a la ley”, dice la misiva.

En el documento también se afirma que con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, de reparación a las víctimas, empezaron a llegar reclamaciones de los dueños anteriores de esas tierras, con quienes, dijo Argos, nunca tuvo relación.

“Las decisiones judiciales de restitución de tierras que se han proferido en ningún momento han concluido que se generaron desplazamientos ni despojos por parte de Argos. La organización siempre obró de buena fe y nunca se opuso a los procesos de restitución”, añadió Argos en su misiva firmada por Velásquez.

Las sentencias que se han proferido sobre el tema muestran que hace 20 años los campesinos de esa zona fueron expulsados por la violencia, por las masacres cometidas por los paramilitares como la de El Salado o la de Macayepo, y también por algunas operaciones de las antiguas FARC -especialmente del frente 37-. Entre 1997 y 2004, solo de El Carmen de Bolívar salieron desplazadas más de 90 mil personas.

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Sus tierras fueron compradas masivamente por grandes empresarios antioqueños que luego las vendieron a la cementera Argos, según varias instancias judiciales.

Según sentencias de restitución de tierras que han sido proferidas en los últimos años, las compras que los empresarios hicieron en esos años fueron irregulares. Los magistrados de restitución de tierras han establecido que los campesinos que vendieron sus predios lo hicieron como consecuencia del desplazamiento forzado. Por ello, se habla de la inexistencia de las compraventas entre los campesinos y los empresarios.

Además, se habla del valor en las compras de los predios. Los campesinos afirmaron que el precio de compra era $300 mil la hectárea, pero luego esa misma tierra se vendió a $2 millones la hectárea o más, según quedó consignado en el informe de la Superintendencia, donde reseñan varios casos en San Onofre (Sucre).

De acuerdo con Álvaro Echeverría, empresario y pionero de las compras en esa región, los predios los adquirió para venderlos a compradores como Argos, que ya tenía asegurados. “Las compré porque Argos me pidió tierras, Invesa me pidió tierras, mucha gente me pidió tierras”, dijo entonces a este diario.

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En la carta de hace unos días, Argos afirma que en 2015 se tomó la decisión de desarrollar en esa región un proyecto social y no ambiental como en principio se había proyectado, con lo que se donó la totalidad de las 6.600 hectáreas compradas en 2008 a la Fundación Crecer en Paz que, de acuerdo con Argos, es independiente a ellos. Ese proceso se acompañó con la entrega de más de $21.000 millones a la fundación para “fortalecer su capacidad de acción”.

Esa fue la alternativa de la cementera para prevenir algo de lo que vino después: una racha de fallos que daban respuesta favorable a las demandas de restitución de tierras presentadas por reclamantes de predios que quedaron en manos de Crecer en Paz.

Desde entonces, hasta hoy se han emitido 22 sentencias en contra de Argos, entre ellas tres de compulsas de copias. En ninguno de los casos Argos pudo demostrar buena fe exenta de culpa en el momento de la compra, pues según las sentencias, le faltó mayor diligencia al comprar las tierras, teniendo en cuenta el contexto de violencia generalizada en el que estaba la región y que era de público conocimiento.

Este viernes, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, se pronunció en X -antes Twitter- en ese sentido, y dijo: “Las condenas judiciales a Empresa Argos vienen desde el año 2016. Argos está obligada a restituir las tierras en Montes de María”.

El presidente Petro también se refirió a las sentencias y en su cuenta de X expuso algunos de esos fallos.