Este sábado, el Gobierno y la disidencia de las extintas FARC, autodenominadas como Estado Mayor Central, llegaron a tres acuerdos con los que se avanza en las negociaciones con ese grupo armado.
El primer acuerdo es la fecha de la instalación de la mesa de diálogos, que será el próximo 17 de septiembre. De acuerdo con un borrador del acuerdo que conoció Colombia +20, “las partes anunciarán el lugar, mecanismo de funcionamiento y los países y actores internacionales involucrados en el apoyo al desarrollo de la Mesa”.
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Ese mismo 17 de septiembre comenzaría el cese al fuego bilateral, nacional y de carácter temporal, que tendría una vigencia de seis meses. “Para este propósito, cada una de las partes impartirán órdenes precisas, a todas sus estructuras, mientras se definen los protocolos hacia un cese al fuego bilateral temporal de carácter nacional con énfasis en el respeto a los derechos de la población”, precisa el documento.
Mientras llega ese cese al fuego, se acordó un cese de operaciones ofensivas a partir del próximo jueves 17 de agosto“con el propósito de evitar afectaciones y consecuencias a la población civil”. Además, dice el documento, se quiere “proteger la vida de colombianos y colombianas líderes y lideresas sociales, niños, niñas, adolescentes, soldados, policías, insurgentes, campesinos y campesinas y firmantes del Acuerdo de Paz de 2016″.
Adicionalmente, ambas partes están discutiendo un plan de trabajo para la eliminación de economías ilegales en los territorios como: narcotráfico, secuestro, minería ilegal, entre otros.
Según el documento, durante ese mes se harán los ajustes de protocolos y la puesta en marcha del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación en su punto nacional y puntos locales. Además, se discutirá la agenda de negociación. Se sabe que ya hay unos borradores en consideración de cada una de las partes, pero no se han discutido. Hay un acuerdo para que los ajustes a los protocolos que ya habían acordado en febrero de este año permitan tener un cese al fuego más robusto y con mayores garantías para su vigencia.
Así mismo, las partes están discutiendo la creación de un Equipo de Resolución de Contingencias. Este estaría conformado por delegados y delegadas del Gobierno Nacional, del Estado Mayor Central, Representante Especial del secretario general de la ONU, la MAPP-OEA-Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias y su objetivo será “la atención y trámite de incidentes relacionados con la suspensión de la confrontación armada”.
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El documento indica que “las partes se reservan su legítimo derecho a la defensa y mantendrá sus propias medidas de seguridad”.
Los tres acuerdos fueron parte de la discusión que se dio durante este viernes y sábado en Caquetá con presencia del el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, funcionarios de la ONU, de la Misión de Observación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP- OEA), delegados del Gobierno Nacional y miembros de esa disidencia.
El pasado 8 de julio, las partes anunciaron el reinicio de las negociaciones, así como la discusión de un nuevo cese al fuego, que se detuvieron en mayo pasado tras el asesinato por parte de ese grupo armado de cuatro menores de edad indígenas que habían huido de las filas del frente Carolina Ramírez en Putumayo.
Esta disidencia tiene cerca de 3.200 personas en armas y es comandada por Iván Mordisco y otros mandos medios de la extinta guerrilla de las FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. Se estima que están distribuidos en 23 frentes que operan en 16 departamentos del país.
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En entrevista con el Periódico del Meta, el jefe político de estas disidencias, Andrey Avendaño, afirmó que ante posibilidad de cese al fuego, no ven condiciones para dejar las extorsiones y el secuestro.
“Nosotros no extorsionamos, tenemos una política de impuesto de guerra. De esos recursos nada es para nosotros y lo que se recauda es para beneficio de las comunidades, del mismo pueblo, para construcción de carreteras, para construcción de puentes, de muchas cosas que se necesitan en los territorios”, señaló en la entrevista. Frente al secuestro se refirió a que son “retenciones económicas” que se han venido evitando con el paso del tiempo.
Toda esta información se conoció el mismo día en que la comunidad de Morales (Cauca) denunció enfrentamientos entre estas disidencias y la Fuerza Pública que dejó tres soldados muertos.