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Hace siete meses, cuando el Gobierno Nacional le dio estatus político para un proceso de paz al Estado Mayor Central (EMC), la más numerosa disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, no tenía certeza del grupo al que se enfrentaba. Esa es una de las principales conclusiones de un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que hace una radiografía de la evolución de esa organización armada, su estado actual y la apuesta política dentro de la Paz Total.
Según la FIP, el Ejecutivo concedió ese estatus bajo la presunción de que hay cierta homogeneidad, jerarquía y un componente político sólido, pero “estos supuestos no corresponden a una descripción real del EMC”, comandado por Iván Mordisco. De hecho, la seguidilla de atentados, el incumplimiento de acuerdos y ciertos pronunciamientos del grupo han mostrado que no será un hueso fácil de roer, como quedó demostrado el domingo pasado en Tibú (Norte de Santander), cuando se tuvo que posponer la instalación de la mesa de diálogos y el inicio del cese al fuego con el grupo.
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Todo parecía estar listo: más de 5.000 personas habían llegado desde varias regiones del país al coliseo de Tibú, los actos protocolarios se iniciaron y la mayoría de miembros de las delegaciones estuvieron sentados en una mesa ubicada en la tarima principal. Después de más de seis horas de retrasos, confusión y tensiones, se confirmó lo que en voz baja se advertía desde los días previos: el grupo ilegal y el Gobierno no llegaron a un acuerdo y la instalación se debía aplazar una semana.
“Lo que ocurrió en Tibú plantea preguntas sobre cómo negociar con un grupo tan heterogéneo, con multiplicidad de intereses y sin claridad de lo que quiere poner sobre la mesa”, dice Andrés Cajiao, investigador del área de Conflicto y Violencia Organizada de la FIP y uno de los autores del informe.
¿Por qué implica tantos desafíos negociar con el EMC? ¿Cuántos combatientes tiene, cómo están repartidos en el país y cómo se relacionan con otros grupos armados? ¿Cuál es su vínculo con el narcotráfico y otras economías ilegales? ¿Qué temas buscarían negociar en su agenda? Estas son algunas de las preguntas que resuelve el documento titulado “El proyecto Estado Mayor Central: un intento de unificación disidente”, que salió a la luz este domingo, ad portas de la nueva fecha que las delegaciones de Gobierno y EMC dieron para instalar la mesa.
El evento, mucho más privado que el anterior, está citado para este lunes a las 9 de la mañana, aunque varias fuentes consultadas por Colombia+20 aseguran que se podría postergar otra vez.
Del origen diverso a la consolidación
Lo que hoy se conoce como EMC —aunque el grupo se reivindique como FARC-EP— se empezó a gestar incluso antes de la firma del Acuerdo de Paz con esa guerrilla, en noviembre de 2016. A mediados de ese año, una parte de los mandos más visibles de las FARC se salieron del proceso de negociación, entre ellos Gentil Duarte (muerto el 4 de mayo de 2022), Iván Mordisco y Calarcá.
Tras apartarse del proceso de paz, “estos mandos empezaron a conformar estructuras disidentes en el sur del Meta, Guaviare y Caquetá, y hoy son unas de las estructuras más fuertes y consolidadas del EMC. A estas se sumaron también mandos y excombatientes que, por múltiples razones, se desmovilizaron y luego se rearmaron”, explica el informe.
Justamente esa presencia de quienes alcanzaron a firmar el acuerdo de 2016 es uno de los grandes retos del actual diálogo, pues, según quedó consignado en el Artículo Transitorio 66 de la Constitución, estas personas no pueden ser parte de una nueva negociación de paz. Eso se aplica, por citar apenas un caso, a Andrey Avendaño, quien fue designado jefe negociador del EMC.
Luego de más de un año en armas, Gentil Duarte y Mordisco empezaron a enviar emisarios a varias zonas, como parte de un proyecto de coordinación y alianzas que las disidencias emprendieron entre 2018 y 2021, y que a pesar de las alertas de diversas organizaciones logró concretarse con relativo éxito.
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Aunque el EMC aún está lejos de tener el poder de las antiguas FARC, actualmente es la facción disidente más consolidada y con mayor presencia territorial. Este grupo logró absorber a 27 de las casi 40 estructuras disidentes surgidas del proceso de paz, en medio de su proyecto de unificación.
“El EMC es más una federación de grupos bajo una misma sombrilla, pero con intereses, formas de operar y grados de articulación diversos, además de una gran autonomía en su funcionamiento a nivel territorial”.
Informe de la FIP
Según el conteo de la fuerza pública, al que tuvo acceso la FIP, en 2023 el EMC tiene 3.545 integrantes: 2.186 en armas y 1.359 en la red de apoyo.
Este pie de fuerza tiene incidencia en 173 municipios de 22 departamentos y se divide en cinco grandes bloques. El Occidental (con seis frentes y tres columnas móviles), está en Cauca, Valle, Nariño y algunas zonas del Tolima y Huila. El Bloque Oriental (con siete frentes) está en Meta, Caquetá y Huila.
El Magdalena Medio (seis frentes) opera en el Catatumbo, sur de Bolívar, Bajo Cauca y norte de Antioquia. El Bloque Suroriental (dos frentes) está desplegado en Guaviare, Vaupés, Putumayo, Caquetá y Amazonas. El Comando Coordinador de Oriente (tres frentes) está en Arauca, Casanare y el sur de Norte de Santander.
¿La unidad de mando del EMC- FARC se volvió un problema?
Es un hecho que, en términos estratégicos, al EMC le conviene mostrar unidad de mando y capacidad de toma de decisiones conjuntas, bien sea para negociar con el Gobierno o para quedar fortalecido si los diálogos no llegan a buen puerto. Sin embargo, no ha sido fácil.
“Pese a que hoy esta facción disidente muestra una comunicación más uniforme hacia el exterior, y que Iván Mordisco quiere implementar una organización más vertical, pero con autonomía local, lo cierto es que aún no se ve una unidad de mando y control sobre todas las estructuras”, se lee en el informe.
Esa situación se vio reflejada entre enero y mayo, periodo en el que el grupo sostuvo un cese al fuego bilateral con el gobierno en el que se registraron decenas de violaciones por parte de algunas estructuras, especialmente los frentes del Bloque Occidental, el mismo que en septiembre desató una serie de atentados en Cauca como respuesta a la Operación Trueno, con la que el Ejército busca recuperar el control del cañón del Micay, el mayor enclave cocalero del Cauca y una zona estratégica para el tráfico de drogas.
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Para la FIP, uno de los elementos que muestra por qué las estructuras del Cauca mantienen cierta independencia es que los incentivos de varios de los comandantes locales para subordinarse a una dirección nacional son pocos, “debido a que gran parte de estas estructuras se fortalecieron económica y territorialmente sin tener lazos estrechos con un mando centralizado de orden nacional”.
En esto también entran a jugar los perfiles de los comandantes. Luego de la muerte, en operaciones militares, de líderes como Gentil Duarte, Rodrigo Cadete y Euclides Mora, solo quedan dos figuras de trayectoria y peso: Iván Mordisco y Calarcá. Así las cosas, la mayoría de las comandancias actuales quedaron en manos de cabecillas jóvenes con trayectorias cortas dentro de las antiguas FARC y un adroctrinamiento político menor.
De hecho, durante los primeros años de expansión del EMC, varios casos demostraron que “estos mandos son cada vez más pragmáticos y trabajan más por los beneficios que puedan encontrar que por una afinidad política o ideológica con un grupo”, dice el documento de la FIP. Por ejemplo, en Antioquia, en 2019 el Frente 18 se adhirió primero a la Segunda Marquetalia (disidencia comandada por ‘Iván Márquez’, considerada enemiga del EMC), pero este año se habría unido al Estado Mayor Central.
Lo cierto es que el grupo de Mordisco se está fortaleciendo internamente en el contexto de la propuesta de Paz Total de Petro. Luego de la cumbre de mandos (en teoría la primera), que lograron hacer en abril de este año, donde estuvieron comandantes de 23 frentes, se pudo haber fortalecido su cadena de mando y la toma de decisiones colectivas.
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No obstante, para la fundación “no es claro que exista realmente un mando y control unificado” y más que un grupo con estructura jerárquica, esta disidencia funciona como “una federación de grupos bajo una misma sombrilla, pero con intereses, formas de operar y grados de articulación diversos, además de una gran autonomía en su funcionamiento a nivel territorial”.
Lo clave es entender que esa estructuración interna no demerita su capacidad de daño, expansión y resiliencia, lo que deja al grupo como una de las mayores amenazas para la seguridad de las zonas rurales del país.
Objetivos y confrontaciones
El EMC, al igual que las FARC antes de su desmovilización, ya no busca la toma del poder a través de las armas, sino que está intentando cooptar el poder a escala local y controlar las economías en sus zonas de operación. De acuerdo con el informe, “los atentados contra la fuerza pública se realizan bajo una lógica de oportunidad, disuasión y retaliación, mas no de guerra de posiciones”.
Con las disidencias de la Segunda Marquetalia, el ELN y el Clan del Golfo mantienen las mayores disputas en el sur y norte del Cauca, Antioquia, Sur de Bolívar, el Pacífico nariñense y caucano, la zona rural de Buenaventura y la región del Caguán. En zonas como el Catatumbo y el Meta, el EMC ha desarrollado alianzas o acuerdos con otros grupos, mientras que el grupo liderado por Mordisco ganó el dominio en Guaviare, Vaupés, Amazonas, Valle, Tolima, sur del Meta y Caquetá.
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En cuanto a su relación con las comunidades, aunque el grupo ha intentado ganar respaldo social, en varias regiones ese objetivo “está más mediado por la violencia y la intimidación que por la construcción de bases sociales”, sostiene la FIP.
Una de las grandes preguntas de la negociación con el EMC es cuál será la agenda temática de la mesa de diálogos, considerando que el grupo rechazó varios de los puntos del Acuerdo de La Habana y se espera que exijan cruzar varias de las líneas rojas que no se traspasaron en aquel proceso de paz, como dejar gradualmente las armas a medida que se cumplan los acuerdos.
Entre las pistas que han dado también está su interés por hablar de un nuevo modelo de sustitución de economías ilegalizadas, la concentración de la tierra, las garantías de seguridad para desmovilizados, la discusión de la doctrina militar, el modelo económico, la relación entre la naturaleza y la minería y el cumplimiento de acuerdos que haya pactado el Estado con organizaciones sociales, entre otros temas, muchos de los cuales se cruzan con lo ya pactado en 2016 con las antiguas FARC.
Para la FIP, lo clave es que el Gobierno comience a “tomar decisiones sobre qué tanto abarcará esta mesa y, de manera gradual, analizar si es conveniente colocar a la política pública y la estructura del Estado en múltiples tableros de negociación”.
El investigador Andrés Cajiao añade que, al ser un grupo que no está debilitado militarmente, su poder de exigencia es alto: “Al parecer, el Gobierno pensaba que esta iba a ser una negociación más fácil y ágil, pero cuando uno lo observa, el EMC tiene una perspectiva hacia la expansión, pero pocos incentivos reales para llegar a una negociación; por eso el Gobierno debe poner incentivos que superen la proyección económica del grupo”.
En entrevista con Colombia+20, uno de los mandos del Bloque Occidental dejó en claro que esa expansión continuará. De hecho, en medio de la exploración para abrir la mesa de diálogos, el EMC consolidó nuevos frentes en el Huila y sigue invitando a los habitantes a integrar sus filas, incluso en redes sociales.
Frente a eso, el informe plantea que “la fuerza pública deberá encontrar una estrategia, si no de desmantelamiento, al menos de contención de expansiones que generen más situaciones de disputa de las que ya tenemos en el país”.
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La Fundación también resalta que para que la negociación sea exitosa hay que ganar mayor legitimidad social, no solo con buena voluntad de las partes, sino con acuerdos más allá de la mesa, que permitan detener la afectación humanitaria.
Por ahora, habrá que esperar si mañana, finalmente, las partes llegan a un acuerdo sobre el cese al fuego e instalan la mesa de diálogos. Según Cajiao, “la perspectiva no es muy positiva, no es la primera ni la segunda vez que se pospone, y si no hay mecanismos claros ni una presión del Estado que fuerce al EMC a ceder, puede que la mesa sea frágil”.
Nuevo intento por instalar mesa de diálogo y pactar cese al fuego
Este lunes 16 de octubre, y tras dos semanas de intensas negociaciones en Tibú, Norte de Santander, se espera la instalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno y las disidencias del EMC FARC. Ese día también se darán a conocer los protocolos y demás documentos que reglamentarán el cese al fuego bilateral de carácter nacional que debe empezar ese mismo día y tendrá una duración de tres meses.
El evento será en el club Barquito y se espera la asistencia de unas 100 personas. La prensa ya fue convocada y se espera que además se den a conocer detalles de la agenda de negociación y un ambicioso plan de desarrollo para la población del cañón del Micay, en Cauca. Este punto produjo tensión el pasado 8 de octubre, al punto de que se puso en peligro el proceso de paz.
