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Algunos de los pobladores no pegaron el ojo en toda la noche. Pocas horas antes, varios de ellos alcanzaron a ver cómo sus casas eran derrumbadas por la corriente del río. Apenas tuvieron tiempo de agarrar a sus hijos y correr a una colina para resguardarse. El domingo, cuando amaneció después del diluvio, se encontraron con su pueblo arrasado. El Salto, su caserío perdido entre las selvas de Bojayá, Chocó, quedó convertido en un lodazal imposible.
“Todo pasó muy rápido. Cuando iniciamos a recoger las cosas ya el agua estaba dentro de la comunidad. Perdimos nuestras siembras, nuestras casas, nuestros animales. Quedamos sin nada”, le dijo una de las sobrevivientes, indígena embera, al medio local Citará TV.
El sábado, cuando se registró el desastre, la gobernadora Nubia Córdoba Curí habló de un dato preliminar de 25.000 familias damnificadas. Este lunes, apenas 48 horas después, la mandataria chocoana le dijo a El Espectador que la cifra no había dejado de crecer y ascendía a 190.000 afectados.
Ya no era solo Bojayá, Alto Baudó, Bahía Solano y Litoral de San Juan: poco a poco, las lluvias arreciaron en casi todo el departamento hasta dejar víctimas en 27 de los 31 municipios.
Y como si no fuera suficiente con la ola invernal, algunas poblaciones también están lidiando con el paro armado ordenado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Por tercera vez este 2024, el Frente de Guerra Occidental restringió la movilidad en el suroriente chocoano, en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, dejando incomunicadas a 85 comunidades afros e indígenas (unas 45.000 personas, según cálculos de la Defensoría del Pueblo).
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“Las capacidades de atención y respuesta a la emergencia ya no dan abasto desde lo municipal y lo departamental; necesitamos del Gobierno Nacional hoy con inversiones contundentes tanto para la emergencia como posteriormente para las obras de gestión y mitigación del riesgo en las que tanto hemos insistido”, dijo la gobernadora Córdoba.
Un grito por medidas estructurales
Dimensionar el drama que se vive en un territorio como Chocó pasa por entender las condiciones de exclusión, violencia y empobrecimiento a las que se enfrenta la población día a día, incluso sin ninguna emergencia.
Acá así no haya paro las comunidades están confinadas, con restricciones a la movilidad y en situación de vulnerabilidad. Tenemos un Estado débil, y eso lleva a que los actores armados dobleguen a la comunidad”
Líder social Richard Moreno
Este es el quinto departamento con mayor Índice de Pobreza Multidimensional de Colombia (37,4 en 2023, el triple del promedio nacional); el primero en tasa de desempleo (18,2%) y uno de los que más ha sufrido el paso del conflicto armado.
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La huella de la guerra es tan profunda que, según el Registro Único de Víctimas, más de 549.000 chocoanos se vieron afectados (es decir, 9 de cada 10 habitantes son reconocidos como víctimas). Pero este no es un tema del pasado.
Actualmente, el territorio es disputado por la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo (o EGC), que en medio de sus confrontaciones han afectado a decenas de comunidades, especialmente en las zonas rurales.
De hecho, según el Balance Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja, en 2023 Chocó fue, de lejos, el departamento con más casos de confinamiento en el país: 20.720 de los 43.047 registrados a nivel nacional.
Para los pobladores, que son los que resisten al actuar violento de estas estructuras, lo que se necesita es una respuesta estructural, porque incluso sin paro armado ni lluvias se ven afectados por el control de los grupos.
Como dice el líder social Richard Moreno: “Acá así no haya paro las comunidades están confinadas, con restricciones a la movilidad y en situación de vulnerabilidad. Tenemos un Estado débil, alcaldes sin capacidad de reacción porque están en medio del conflicto, un Gobierno que no responde con eficacia ni a la superación del conflicto social ni del abandono estatal, y eso lleva a que los actores armados dobleguen a la comunidad”.
La zozobra por el paro armado del ELN en Chocó
Uno de los efectos más perversos del reciente paro armado del Frente de Guerra Occidental es que está impidiendo la atención a la ola invernal.
“El paro armado genera una superposición de las emergencias humanitarias e incrementa la violación al derecho internacional humanitario. No ha permitido una atención y respuesta oportuna de parte de la institucionalidad, lo cual es ya muy grave entendiendo las condiciones de ruralidad y dispersión en la que habitan nuestras comunidades”, le afirmó la gobernadora a Colombia+20.
Córdoba añadió que los actores armados han insistido “en el confinamiento de las comunidades, incluso cuando estas han sido damnificadas y están en riesgo. No se les ha permitido movilizarse a lugares seguros”.
Hasta la publicación de este artículo, el ELN no había atendido los mensajes del Gobierno ni las poblaciones para levantar el paro armado, a pesar de que en los últimos días esa guerrilla se reunió con la delegación del Ejecutivo en los diálogos de paz para tratar de descongelar la mesa de negociación.
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A estos llamados se unió este lunes la Corte Suprema de Justicia que, ante “tanta indolencia”, le exigió a la guerrilla “el levantamiento de las acciones violentas y el cese del bloqueo territorial, para que sea posible el ingreso de la ayuda humanitaria”.
¿Cómo entender el paro del ELN?
La orden de iniciar un paro armado en el San Juan chocoano se conoció el mismo día que las delegaciones de paz del ELN y el Gobierno Nacional anunciaron que van por buen camino las conversaciones para reactivar la mesa de diálogos, que fue suspendida en septiembre tras un atentado terrorista del ELN.
En el comunicado del Frente de Guerra Occidental, asegura que la decisión se da por las labores de patrullaje que la fuerza pública ha adelantado en el río San Juan, y señalan que se estarían desarrollando en “connivencia con el Clan del Golfo”.
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Como contó Colombia+20 en este artículo, el paro surge como una medida de reacomodación de fuerzas de la guerrilla, que está tratando de evitar que el Clan le gane más terreno.
“La lectura sobre la correlación de fuerzas en el Chocó requiere varias miradas, pero el hecho de decretar los paros armados puede ser una señal de crisis o debilidad (del ELN). Precisamente lo que se busca es utilizar a la comunidad como escudo humano ante el avance territorial de un enemigo que en términos militares parece que ha logrado mantener mucha más intensidad en esos esfuerzos que el propio ELN, que resiste por no ser sacado del Chocó”, explicó el profesor Luis Fernando Trejos.
Colombia busca fondos internacionales para combatir el invierno
Los estragos de la emergencia climática también se han sentido con fuerza en la Alta Guajira y la sabana de Bogotá. Por eso el presidente Gustavo Petro declaró situación de desastre en todo el país.
Según el último reporte del Ideam, las lluvias han afectado a 186 municipios en 27 departamentos, que ya registran 467 eventos y 46.000 familias damnificadas (la mayoría en La Guajira, Huila, Chocó, Norte de Santander y Cauca).
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El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, informó sobre gestiones internacionales en apoyo a la emergencia.
Desde París, Murillo anunció reuniones con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y varias ONG, centrando los esfuerzos en las zonas más afectadas, como Chocó, La Guajira y Bogotá. Asimismo, sostuvo un encuentro con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, quien manifestó su apoyo.
“Desde la Cancillería continuaremos gestionando apoyo internacional para fortalecer la respuesta del Gobierno”, afirmó Murillo, quien destacó el trabajo en conjunto con la Ungrd y otras entidades, reiterando la solidaridad con las familias damnificadas.
Mientras las lluvias y la violencia siguen generando estragos, los casi 200.000 habitantes afectados en Chocó continúan a la espera de que el Ejecutivo tome acciones contundentes en el departamento.
