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La gran apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro, que empezó con ocho procesos de paz, entre negociaciones y diálogos con miras al sometimiento, hoy pende de un hilo con dos mesas -con el ELN y con una parte de la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor Central-, que esta semana mostraron mucha incertidumbre.
La seguidilla de ataques a varios municipios de Cauca y Valle del Cauca por parte del grupo que comanda Iván Mordisco -que solo en los últimos días dejó cuatro muertos- elevaron al máximo la tensión en un proceso que viene fragmentándose, entre otras razones, por la división que provocó el levantamiento regional del cese al fuego en el interior de esa disidencia.
Por eso, aunque en la teoría el Gobierno quiso mantener la mesa con las estructuras que afirmaron estar comprometidas con el proceso y que son, de alguna manera, lideradas por Calarcá Córdoba (Caquetá, Catatumbo y unos pocos de Putumayo y Arauca), en la práctica la salida de bloques leales a Mordisco -Comando Conjunto de Oriente, bloque Amazonas, el bloque Occidental y una derivación de este último, el recién creado bloque Isaías Pardo- y sus ataques a Cauca, dejan dudas sobre cómo podría sostenerse ese diálogo y una sensación de debilidad en la estrategia de seguridad del Gobierno.
Los problemas con la disidencia EMC
“En el afán de montar mesas de diálogos, el Gobierno se saltó las alertas de que el EMC no era un grupo homogéneo, sino una federación de expresiones de violencia, y hoy vemos los efectos”, explica a Colombia+20 Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte.
Otros expertos consultados por este diario han coincidido en esas declaraciones y afirman que es muy difícil explicarles a los ciudadanos que la mitad de un grupo está en una mesa y la otra está dedicada a hacer unas demostraciones de fuerza. A eso se suma la tremenda dificultad que tiene el Gobierno para delimitar con quién sí y con quién no opera el cese al fuego.
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En el panorama actual hay varias estructuras que siguen en la mesa, pero están en zonas donde no hay cese o, al revés, otras que no estén en los diálogos, pero están protegidas por estar en zonas donde aún opera ese alto al fuego.
“Se entiende que hay dificultades con el cese al fuego porque las disidencias no operan siguiendo las divisiones políticas del país, y ahí tiene un reto el Gobierno, pero el tema va más allá: toda la estrategia con el Estado Mayor Central merece un replanteamiento”, explica Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
La respuesta de Petro, por ahora, ha sido pasar a lo que ha denominado una “ofensiva total”, un cambio en su narrativa que deja entrever que quizá sabe que se le agota el tiempo a la salida negociada o que los resultados no han sido los esperados. Para el profesor Trejos, el otro tema urgente es saber en qué condiciones se quedarán las estructuras al mando de Calarcá. “Se necesitan claridades sobre cuál es la verdadera agenda y el tema de desarme, desmovilización y justicia transicional”, asegura.
Tobo coincide: “Se necesita replantear el cese, la agenda, la metodología, la negociación, las metas de ese proceso o futuros fraccionamientos del grupo. No hay una respuesta de la delegación de Gobierno, solo que va a continuar. Creo que todo lo que pasa merecería una modificación”, explica.
La otra arista que parecen no contemplar los negociadores gubernamentales es que los grupos también están viendo el tratamiento que el mandatario le ha dado al Acuerdo de Paz. Los escasos cambios en la implementación y la extraña idea que han dado algunos de sus alfiles, como el excanciller Álvaro Leyva, sobre tomarlo como caballo de batalla para hacer una constituyente, no son una base sólida para que los grupos tomen en serio las negociaciones.
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El ELN: pese a firma del primer punto, hay asuntos clave por definir
Pero mientras el Gobierno trata de encontrar una fórmula para que se pueda negociar con la mitad de esa disidencia y no dejar que la seguridad en esa parte del país siga deteriorándose, el proceso con el ELN también trata de salir de su propia crisis.
Aunque este sábado 25 de mayo la negociación con esa guerrilla marcó su principal hito, la firma del primer punto de la agenda, relacionado con la participación de la sociedad civil, este avance se dio en medio de una difícil crisis que empezó en febrero.
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Esta semana ambas delegaciones se vieron por primera vez las caras luego de tres meses de serias dificultades por cuenta del diálogo regional que el Gobierno lleva con Comuneros del Sur, un frente que opera en Nariño y que se separó de la guerrilla.
La reunión extraordinaria que se llevó a cabo hasta el viernes tenía dos objetivos: la entrega del borrador del modelo de participación de la sociedad civil, un documento que no cayó nada bien en algunos sectores, y la firma del acuerdo sobre el primer punto de la agenda de diálogos, precisamente el que se refiere a esa participación.
El hecho de haber logrado esa firma es histórico, por ser el primer acuerdo alcanzado en los 30 años en los que varios gobiernos han intentado negociar con esa guerrilla, pero tiene a la sombra el que se haya pactado a pesar de las preocupaciones expresadas por ciertos sectores.
Solo unas horas después de conocerse el borrador del modelo, ocho de los principales gremios empresariales del país expresaron fuertes cuestionamientos al borrador y dijeron que el papel excedía el alcance del Comité y que aún no se entendía si esas propuestas eran o no vinculantes para el Estado.
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Era previsible que reacciones así se dieran, dado que implican grandes transformaciones estructurales sobre el régimen político, el modelo económico y la situación ambiental. Para expertos como el profesor Trejos, cambios tan profundos “podrían leerse como una constituyente de facto” .
Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), estamos llegando a un momento decisivo. “La próxima ronda de diálogos va a ser definitiva y el ELN tiene que tomar la decisión de si sigue o no”, afirma.
En todo caso, el modelo de participación debería ser una discusión donde se incluyan todas las voces y no una razón para que haya más desconfianza hacia el proceso. Incluso podría servir como una forma de bajar la tensión entre las delegaciones.
La duda, sin embargo, es qué tanto sirvió el encuentro de las delegaciones en Caracas para solucionar los temas de las crisis recientes y empezar a avanzar. En el acto de presentación del acuerdo sobre participación no se habló sobre la decisión final del ELN de volver a secuestrar, ni sobre qué piensa la guerrilla del plan de gobierno para continuar dialogando con el frente de Nariño, lo que podría reactivar las tensiones.
El tema no es menor, sobre todo si se tiene en cuenta que el lunes pasado el Gobierno trazó líneas rojas en esta materia.
“Nuestra delegación en Caracas no firmará acuerdos que legitimen a una representación que no cumple con lo pactado y sigue permitiendo el horror del comercio de seres humanos rechazado de manera enfática por la humanidad”, aseguró el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, en un comunicado.
En contexto: Gobierno dice que no avanzará en acuerdos con ELN hasta que no abandone secuestros
Se espera que en los próximos días se hagan claridades sobre las condiciones bajo las cuales se continuará esta negociación de paz. Por parte del ELN, el espacio clave de decisión será su Sexto Congreso Nacional, programado para julio.
Entre tanto, el Gobierno debe decantar con urgencia sus estrategias de seguridad y negociación, no solo con el ELN sino también con las disidencias de las FARC y otros grupos. La clave es que esa decisión no se tome con base en el deseo, sino en la realidad del país.
