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El presidente Gustavo Petro participará esta semana, por tercera vez en sus dos años de Gobierno, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con una agenda que volverá a incluir una de sus banderas: la paz.
Aunque tanto el Acuerdo firmado en 2016 con las extintas FARC como sus actuales nueve tableros de diálogos siguen generando expectativa internacional, esta quizás no es la mejor semana para presentar grandes avances.
Hace seis días un atentado del ELN a una base militar en Arauca, que dejó 3 militares muertos y 27 heridos, puso en jaque su apuesta de paz total, y de paso significó la suspensión de una de las mesas de diálogo más adelantada. Las negociaciones con la guerrilla del ELN que en 30 años nunca habían llegado tan lejos con un Gobierno, están ahora en una pausa.
Esos diálogos además eran los que tenían más presencia activa de miembros de la Misión de Verificación de la ONU, que acompañan el proceso.
Por mandato aprobado por el Consejo de Seguridad, ese organismo verificaba el cese al fuego que duró un año con esa guerrilla y terminó el pasado 3 de agosto y, además, era parte del Mecanismo de Verificación del cese al fuego.
Además, el Secretario General de la ONU, António Guterres, designó a su Representante Especial en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, como acompañante permanente de la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN.
Si bien un proceso suspendido no significa la ruptura de la mesa de diálogo, desde la delegación del Gobierno han afirmado que para volverse a sentar es necesaria una muestra inequívoca de voluntad de paz.
Los posibles temas que tocaría Petro ante las Naciones Unidas
En ese contexto y con los ojos de la ONU puestos especialmente en ese proceso con el ELN y el Acuerdo de Paz, el presidente una vez más les hablará a los miembros de la ONU con el ánimo de volver conquistar el respaldo internacional.
Para ambientar su participación en el extranjera, el domingo en la noche el presidente dio una alocución en la que volvió a mencionar el acuerdo nacional como el camino para “lograr la paz dialogando y que los cambios que necesita el pueblo se hagan de forma dialogada y tranquila”. Además, dijo que la paz había recibido una “puñalada trapera” por parte de sectores de la oposición.
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En su otra negociación estrella, la que lleva con la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor Central, una crisis rompió la mesa en dos y, hoy por hoy, ese grupo armado está dividido: por un lado, están los frentes bajo el mando de Iván Mordisco, que se alejaron de los diálogos y contra los que Petro ordenó una ofensiva total tras suspender el cese al fuego en tres departamentos.
Y por otro lado están los frentes bajo el mando de Calarcá Córdoba, que se mantienen en la mesa de negociación a pesar de señalamientos por falta de acciones claras de voluntad de paz.
En contexto: Los “acuerdos urgentes” a los que se comprometieron Gobierno y disidencia de Calarcá
Si bien ese proceso con el ahora Estado Mayor de Bloques (EMB) camina a media marcha, el pasado 9 de agosto las partes tuvieron una reunión extraordinaria de tres días en la que hubo compromisos de “acuerdos urgentes” para darle solución a distintas situaciones que mantienen atascada esa negociación de paz. En ese proceso se espera la realización del próximo ciclo de conversaciones.
El presupuesto para el Acuerdo de Paz
La última visita de Petro a la ONU fue en junio pasado, cuando habló ante el Consejo de Seguridad durante la presentación del informe trimestral que hace la Misión de Verificación.
En su discurso, el presidente hizo especial énfasis en la implementación del Acuerdo de Paz y su estancamiento y propuso un plan de ocho puntos que permita acelerar la implementación de ese pacto.
El jefe de Estado dijo entonces que en el país hay una polarización en torno a la paz y que habló por primera vez de un “acuerdo nacional”, y de repetir la figura del “fast track”, el método utilizado en 2016 para aprobar leyes en el Congreso que tenían que ver con el Acuerdo de manera más expedita.
Además, en su discurso ante la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU, el mandatario afirmó que se necesita dinero para la implementación del Acuerdo de Paz. “Hago mis cuentas nacionales y el resultado es que estamos ahorcados. ¿Cómo financiamos el Acuerdo de Paz, que es una declaración unilateral de Estado y que en mi opinión es supraconstitucional?”, dijo el presidente.
Pese a ello, en la reciente discusión sobre el proyecto del Presupuesto General de la Nación, la apuesta de paz recibió un coletazo. Varias entidades claves para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 tienen serias reducciones en su destinación presupuestal o en su inversión o, entre otro escenario, aunque tienen incrementos en los recursos podrían ser insuficientes.
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Las negociaciones con las que Petro puede mostrar resultados
Sin embargo, no todos los tableros de la paz total van por mal camino, incluso algunos analistas señalan que podrían ser el salvavidas de Petro en términos de paz, puesto que en los casi dos años que le quedan de Gobierno, serán a los que tendrá que echar mano para salir avante en su apuesta de estrategia territorial.
Por un lado, está el proceso con Segunda Marquetalia, disidencia al mando de Iván Márquez, que este fin de semana se destrabó tras una reunión preparatoria en Tumaco, Nariño, como antesala al segundo ciclo de negociación que se desarrollará en La Habana, Cuba, durante las últimas semanas de octubre.
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Esa reunión, en la que se definió la fecha de ese segundo ciclo, es un punto clave en el desarrollo de este tipo de conversaciones en las que el Gobierno le ha apostado a un involucramiento total de las comunidades. De hecho, parte del objetivo del encuentro fue, tal como se acordó en el primer ciclo de junio, presentar a la población los resultados de lo que se dialogó en Venezuela y entre los que se destaca la creación de una subcomisión técnica que se encargará de “georreferenciar los municipios, corregimientos y veredas” donde esta disidencia hace presencia; y un cese unilateral al fuego.
La Segunda Marquetalia es una de las principales disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, decidió retomar las armas. Liderada por Márquez, quien fue uno de los principales negociadores del proceso de paz en La Habana, esta facción argumenta que el Estado colombiano incumplió varios compromisos fundamentales del acuerdo, lo que los llevó a romper con el proceso.
Ahora, en ese espacio en Tumaco, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, lanzó una sentencia frente a los procesos que se llevan a cabo en ese departamento: “La paz no tiene reversa en este territorio”.
Y es que a la par del proceso con la Segunda Marquetalia, en Nariño también se adelantan los diálogos con Comuneros del Sur, el frente que se separó del ELN en mayo, pero que es una de los motivos principales de la profunda crisis que sumió la mesa de negociaciones con esa guerrilla desde febrero. En ese panorama, mientras que el proceso con el ELN está casi sepultado, el pasado jueves, en Samaniego, el Gobierno y Comuneros firmaron el primer acuerdo para desescalar la violencia en esa región.
En el documento se pactaron cuatro puntos clave como las zonas de concentración para el tránsito a la vida civil y la entrega de armas antes de diciembre.
Asimismo, Comuneros del Sur estableció sus primeros gestos de voluntad de paz como la suspensión de los secuestros, el reclutamiento de menores de edad y el uso de minas antipersonal. El documento también señala la implementación de un Mecanismo de Monitoreo y Verificación Eficaz, y el cese al fuego bilateral.
Otro de los tableros de negociación que Petro tiene abiertos son los procesos socio jurídicos con las bandas urbanas en Quibdó, Buenaventura y Medellín. Si bien esos laboratorios de paz urbana no han caminado según lo esperado, uno de los mayores obstáculos que han logrado identificar es la falta de un marco jurídico que guíe la ruta de sometimiento para esas estructuras en las ciudades. Sin embargo, en diálogo con Colombia+20, el consejero comisionado, Otty Patiño, dio luces sobre algunas iniciativas en el legislativo para superar ese tema del sometimiento y destrabar de una vez por todas los procesos urbanos con las bandas.
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