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Tras dos meses casi exactos de haberlo anunciado, el presidente Gustavo Petro, junto a algunos altos funcionarios de su Gobierno, intervendrá este 11 de julio en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la máxima instancia a la hora de velar por la paz y seguridad en el mundo.
Hasta donde ha trascendido, el objetivo de la presencia del jefe de Estado es plantear un plan de choque para responder a los incumplimientos y rezagos en la implementación del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC, que tras ocho años de la firma tiene estancados varios de sus puntos.
Aunque el ruido por la llegada de Petro a este escenario internacional aumentó apenas en las últimas semanas -impulsado por las menciones a una constituyente y los reiterados anuncios del presidente y su círculo cercano-, lo cierto es que es la materialización de una apuesta política que el Ejecutivo inició hace al menos 15 meses, el 13 de abril de 2023.
Ese día, el entonces canciller, Álvaro Leyva, hizo presencia en Nueva York para pedirle al consejo una comisión internacional de investigaciones de Naciones Unidas o un grupo de expertos independientes para blindar el proceso de paz y poner la lupa sobre algunos “obstáculos” de la puesta en marcha del pacto.
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En su momento, el tema abrió una polémica en el país, porque se relacionó con las denuncias de un entrampamiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso del exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’, que presuntamente fue orquestado por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación durante la administración de Néstor Humberto Martínez.
Apenas dos días antes de que Leyva elevara esa solicitud, el presidente Petro dijo en Bogotá que el Estado colombiano no tenía recursos suficientes para implementar el Acuerdo ni para reparar a las víctimas, aunque reiteró su voluntad de cumplir con lo pactado en La Habana, como prometió en campaña.
En contexto: Petro asegura que no hay recursos para cumplir el Acuerdo de Paz ni para víctimas
Esas dos declaraciones de hace más de un año tienen casi la misma base argumentativa que el mandatario expondrá hoy ante el Consejo de Seguridad. Según adelantó el actual canciller, Luis Gilberto Murillo, una de las peticiones al organismo será que se evalúe un ajuste al marco de implementación del Acuerdo, diseñado inicialmente para 15 años.
La apuesta del Gobierno sería pedir una extensión de entre 5 y 8 años, para resolver los rezagos, que iría acompañada de un plan de choque para que en los próximos dos años se acelere al máximo la ejecución del pacto, aunque requiera “medidas extraordinarias y de emergencia”.
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El Consejo de Seguridad de ONU no es ajeno a la situación
La evidencia de que hay rezagos está respaldada por los más de 30 informes que ha entregado, trimestre a trimestre, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, pero además tiene un respaldo adicional. En efecto, la petición de Leyva de nombrar a un experto fue acogida por el Consejo, que designó a la abogada chilena Antonia Urrejola, quien investigó las denuncias durante seis meses y presentó un informe en marzo de este año. En el documento, Urrejola detalla que se encontraron impedimentos en la ejecución del Acuerdo entre 2018 y 2022, y también instó al Estado a “redoblar esfuerzos de manera urgente para la implementación integral del Acuerdo”.
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A eso se suma que en febrero pasado los propios miembros del Consejo de Seguridad estuvieron en Colombia conociendo de en terreno los avances y retos de la puesta en marcha del pacto, y se reunieron con distintos actores que alertaron las dificultades que se han visto en estos años
¿Que viene tras la intervención de Petro en la sesión?
Así las cosas, el auditorio al que se dirige este jueves el presidente Petro cuenta con información de primera mano, lo que podría favorecer una eventual ayuda para la extensión que busca el Gobierno, que también podría ir acompañada de un llamado a apoyar económicamente el plan de choque. De hecho, por eso el Gobierno tendrá citas con la Comisión para la Consolidación de la paz de ONU.
“No es usual que sea el Estado el que se presenta y reconoce que no ha cumplido con sus compromisos, pero de alguna forma puede leerse como una prueba de que hay voluntad de cumplir y por eso se pide el pazo adicional. Sin embargo, no es una solicitud con respuesta automática”, explicó un académico experto en temas internacionales que le ha hecho seguimiento a la implementación del Acuerdo. La fuente, que pidió no ser citada, aseguró que esta extensión de mandato podría abrir la puerta a otros temas, como estudiar que también se alargue la competencia temporal de la JEP, entre otros temas.
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Por lo pronto, habrá que esperar a conocer la propuesta completa del Gobierno ante el Consejo de Seguridad para analizar los caminos que siguen.
“El organismo tendrá que estudiarla y considerar factores: pedir informes a Misión de Verificación, al Secretario General, y tener consideraciones de sus miembros, porque allí están los verdaderos poderes del mundo, por lo cual la respuesta podría conocerse hacia final de año. De entrada, se podría esperar que no haya oposición, en tanto eso aseguraría que el Estado, cumpla aunque sea en un tiempo mayor, pero hay que esperar”, aseguró .