La población se agolpó bajo una carpa blanca y vitoreó mientras las palabras que por tanto tiempo repitieron salían de la boca del propio presidente de la República, Gustavo Petro. Por fin, después de 21 años de lucha, de resistir al desplazamiento y al despojo, el Estado les dio la razón y les respondió con lo que siempre pidieron: tener de regreso las tierras que los paramilitares les arrebataron en Las Pavas, en el municipio de El Peñón, Bolívar, en 2003.
“Este es un gobierno para el campesinado, no es un gobierno de terratenientes, no es un gobierno de despojadores ni de masacradores”, dijo Petro en medio de su discurso.
Este jueves, el Ejecutivo entregó 50 resoluciones de adjudicación, y títulos de propiedad de los predios Chipre I y II, y el Provenir, en el corregimiento de Buenos Aires.
“La entrega del predio Las Pavas se convierte en un hito para el Gobierno Nacional, en la medida en que se pone fin a más de 20 años de un proceso agrario. Lo más importante son los campesinos y su reparación integral, a través del restablecimiento de sus derechos”, indicó la Agencia Nacional de Tierras.
Las trabas de años para entregarles los predios a los campesinos
El caso de Las Pavas es uno de los más emblemáticos en materia de despojo de tierras en Colombia. Se trata de un globo de 14 predios que suman 3.000 hectáreas de extensión, que estuvieron en la mira de paramilitares como Vicente Castaño, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Jorge 40, que promovieron el desplazamiento de la población.
Años después, la empresa palmicultora Aportes de San Isidro empezó a reclamar la propiedad de la finca, desatando una batalla ante la justicia que, en varias decisiones, les dio la razón a los campesinos.
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Antes de que Las Pavas llegaran a manos de esa empresa, le pertenecían a Jesús Emilio Escobar Fernández, hermano del narcotraficante del cartel de Medellín Gustavo Escobar Fernández.
Ante el abandono de los predios por parte del dueño, en 1997, 123 familias del corregimiento de Buenos Aires se asentaron en esas tierras para sembrar sus cultivos de pancoger y luego se juntaron en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab).
Como denunció Colombia+20 de El Espectador en 2022, no existía ningún impedimento jurídico para que una parte de estas tierras pasara a manos de los campesinos, cuya lucha y resistencia para no dejarse quitar sus predios fue reconocida con el Premio Nacional de Paz en 2013.
En 2005, los labriegos retornaron al predio y acudieron al antiguo Incoder para empezar un proceso de extinción de dominio sobre los terrenos por inexplotación económica de su propietario.
En resoluciones emitidas entre 2012 y 2013, el Incoder decretó extinción de dominio sobre tres predios: Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere, que suman 1.300 hectáreas y son el corazón de la finca. Sobre los otros 11, estableció que nunca habían salido realmente del dominio del Estado y que se trataba de baldíos de la nación. Por eso, todos los terrenos podían adjudicarse a campesinos sin tierra.
En contexto: Adjudicación de la finca Las Pavas a campesinos, atascada en la Agencia de Tierras
En noviembre de 2021, los campesinos de la hacienda Las Pavas le enviaron una petición a la ANT para indagar por qué la entidad no ha avanzado en la adjudicación de los predios, aun cuando jurídicamente le habían ganado varias batallas a la empresa de palma.
Parte de esa disputa se cierra con la entrega que acaba de hacer el Gobierno. “El campesinado en Colombia cumple una función social y es transformar la tierra en alimento, que es lo mismo que transformar la tierra en vida. Ustedes son fuerza de la vida y, por tanto, son nuestro aliado fundamental”, dijo el presidente Petro.
Así se gestó la presencia paramilitar en la finca Las Pavas
En 2003, como está probado judicialmente, a las familias campesinas las desplazaron dos estructuras del bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ―el Bloque Norte y el Bloque Central Bolívar―.
Todo empezó en diciembre de 1999, cuando 30 paramilitares de diferentes estructuras del Bloque Norte salieron desde la finca Las Brisas en el municipio de Tamalameque (Cesar), abordaron dos chalupas y se dirigieron por un brazo del río Magdalena hasta un poblado conocido como Papayal.
La orden de esa incursión vino del jefe paramilitar Salvatore Mancuso y consistía en llegar hasta la finca Las Pavas y montar allí la seguridad para que el propio Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40 y comandante del Bloque Norte, llegara hasta el predio.
Otros testimonios dan cuenta de una segunda incursión de paramilitares a Las Pavas en enero de 2000 y de una más en 2004, ambas por orden de Vicente Castaño, quien quería ratificar que la finca era de su propiedad.
El caso de la hacienda Bellacruz en la que está involucrado Efromovich
Petro también se refirió durante su discurso en Bolívar a otros caso emblemático de despojo que hasta hoy sigue sin resolverse: el de la hacienda Bellacruz.
Ese caso corresponde a una fracción de tierras que en su totalidad recoge alrededor de 22.000 hectáreas entre los municipios de Pelaya, La Gloria y Tamalameque. Un caso, además, que evidencia la dimensión del problema de los baldíos en el país, sobre el que recientemente se pronunció la Corte Constitucional, que aseguró que la falta de intervención del Estado devino en un lío de enormes proporciones.
El despojo de esa hacienda ocurrió en medio de las tomas de predios promovidas desde la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), que entraron a asentarse en zonas de ese predio que reivindicaban como baldíos, pero que la familia caldense Marulanda Ramírez reclamaba como su propiedad privada.
Para ese momento habían pasado unas cuatro décadas desde que Alberto Marulanda Grillo llegó a esta zona del Cesar a comprar tierras, pero también -como ha documentado la comunidad y los colectivos de abogados que la acompañan- a apropiarse de otras echando cercas, con artilugios jurídicos y vías de hecho en contra de los colonos que ya estaban allí. Así, dentro de Bellacruz, la hacienda que fundó, habrían quedado baldíos de la nación.
Esa hacienda de Marulanda Grillo la heredaron sus hijos Carlos Arturo y Francisco Alberto, quienes embistieron con fuerza a la comunidad campesina que entró en 1986.
El desplazamiento masivo de la comunidad campesina asentada en los predios de la hacienda se dio el 14 de febrero de 1996. Ese día los paramilitares del frente Héctor Julio Peinado entraron a la hacienda acompañados del administrador de los Marulanda, conocido como Caballito¸ y arremetieron contra los campesinos. Quemaron ranchos, destruyeron víveres, amenazaron a los labriegos y los azotaron con un látigo que tenía vainillas de fusil en sus tres puntas y que desgarraba la piel de los campesinos. Según la Comisión de la Verdad, al menos 102 desalojos forzados en esas tierras hasta 1990.
Vea: La lucha de los campesinos de la hacienda Bellacruz llega a la Comisión de la Verdad.
Años después, el predio fue adquirido por un grupo de inversionistas representado por Germán Efromovich para sembrarla en palma de aceite. En diciembre de 2022, Agencia de Tierras le pide al empresario devolver esos predios.
En su discurso, Petro preguntó por Carlos Arturo Marulanda. “¿Dónde está Carlos Arturo Marulanda? ¿Dónde está el flamante embajador de Colombia ante la Unión Europea en diversos gobiernos de este siglo? Y más aún preguntaría, porque no me interesa el señalamiento a las personas, ¿dónde está la hacienda Bellacruz? Ahí se regó la sangre campesina por decenas de personas. ¿Por qué razón la hacienda Bellacruz no le pertenece al campesinado? ¿Por qué magistrados han intentado una y otra vez que la hacienda Bellacruz les pertenezca a las familias de quienes fueron asesinados, de quienes despojaron y aun mantiene la idea de que esa hacienda es de los despojadores?”, dijo Petro.
A reglón seguido, el mandatario le pidió a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y al director de la ANT, Felipe Harman, -quienes estabas presente en el acto-, que le cuenten a los medios de comunicación qué está pasando con esa hacienda.
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