Este martes, durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia, el presidente Gustavo Petro lanzó una serie de anuncios y solicitudes clave para acelerar la puesta en marcha del pacto que llevó al fin del conflicto con las FARC en 2016.
Aunque ya se había adelantado que el presidente iba a proponer un plan de choque para saldar los rezagos en la implementación, llamaron la atención varias de sus propuestas ante la máxima instancia a la hora de velar por la paz y seguridad en el mundo.
Entre ellas, la extensión de siete años para ejecutar lo acordado en La Habana y la solicitud al Congreso de la República de un ‘fast track’ para reformar algunas leyes, que tocarían puntos, como el sistema de justicia del país. Según dijo el presidente Petro, la idea es que exista “un sistema único de verdad, justicia y reconciliación” para grupos paramilitares, guerrilleros, disidentes y de otros orígenes.
El mandatario también aprovechó para pedir el espaldarazo de la comunidad internacional en la financiación de su apuesta: “Tengo una cifra: 200 billones de pesos colombianos, 50 mil millones de dólares en español, 50 billones de dólares, que Colombia no tiene porque estoy al frente de una situación económica mundial y local difícil”, dijo Petro en el Consejo de Seguridad.
Durante el inicio de la sesión, Carlos Ruiz Massieu, representante especial en Colombia del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la Misión de Verificación de la ONU, resaltó la presencia de Petro y “su compromiso con la consolidación de la paz en Colombia a pesar de los múltiples retos que aún presenta”.
En el evento estuvieron presentes los 15 representantes de los países miembro del Consejo -cinco permanentes y 10 que se van rotando-. Además, el canciller Luis Gilberto Murillo, la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, y otros miembros del Gobierno. También estuvo por primera vez de manera presencial un exmiembro de la extinta guerrilla de las FARC. Se trata de Diego Ferney Tovar, también conocido como Federico Montes, firmante de paz y delegado del Partido Comunes.
Los puntos claves de la intervención de Petro
Tras la instalación de la sesión y las palabras del representante Carlos Ruíz y el firmante de paz Diego Tovar, el presidente Gustavo Petro tomó la palabra.
Luego de una exposición breve de la evolución del conflicto en Colombia, el jefe de Estado se refirió a la importancia del Acuerdo de Paz firmado por las FARC, pero aseguró que el país se mantiene como el más desigual del mundo.
“La desigualdad se toca con el territorio. Colombia no ha podido superar su problema de violencia porque no ha podido incluir al territorio dentro de la construcción de una nación común, democrática, que permita que por encima de las diferencias del color de piel, sociales, culturales y económicas, podamos convivir todos como seres iguales, con igual poder. Por eso la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 puso una agenda para incluir al campesinado y las zonas más excluidas dentro del desarrollo nacional”, dijo el presidente Petro.
El mandatario explicó que el Acuerdo de Paz no fue capaz de generar “el Acuerdo Nacional” del que habla en sus páginas, y también se refirió a los incumplimientos del Gobierno de Iván Duque en cuanto a la implementación del pacto.
“Ese Gobierno se eligió con la consigna de hacer trizas el Acuerdo, y por tanto en esos cuatro años se interrumpieron buena parte de los mecanismos para cumplirlo”, aseguró Petro, quien dijo que en los dos años que él lleva en su poder se ha hecho una apuesta por implementar el pacto, pero reconoció que no al ritmo que se necesita.
El primer gran anuncio del presidente fue pedirle al Congreso de la República un ‘fast track’ para cambiar normas que permitan la reforma rural integral, planes de salud y vivienda, verdad integral, integración del territorio, y otros temas, que suman un total de ocho puntos.
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“Es un procedimiento que nos llevaría a reducir los plazos de tiempo para cumplir con efectividad el Acuerdo de Paz firmado. Lo vamos a presentar a la sociedad colombiana y al Congreso, pero quisiéramos dejarla aquí, refrendada ante ustedes como parte de la declaración unilateral”, puntualizó.
Uno de los temas sensibles de esta discusión fue el de unificar el sistema de verdad y justicia. Vale la pena recordar que tras el Acuerdo con las FARC nació la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal de justicia transicional que investiga y juzga a los exguerrilleros, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles señalados como máximos responsables.
Sin embargo, la JEP no tiene competencia para actores de otros grupos ilegales, como aquellos con los que hoy en día el Gobierno Petro tiene negociaciones de paz abiertas (ELN, disidencias de las FARC, bandas criminales urbanas). De hecho, esa falta de certezas jurídicas ha sido el principal escollo para que los diálogos avancen.
De otro lado, Petro se refirió al asesinato de firmantes de paz y defensores de derechos humanos. Según dijo, pedirá una Misión Internacional Complementaria de Apoyo al grupo especial de la Fiscalía para establecer a los autores del asesinato de excombatientes y para detener el surgimiento de grupos neoparamilitares en varias zonas del país.
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Al cierre de la sesión, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruíz Massieu, entregó un balance optimista frente a la apuesta presentada por Petro.
“La presencia del presidente, en sí misma, es un mensaje de la importancia que su Gobierno le da a la implementación del Acuerdo de Paz y al apoyo que recibe de las Naciones Unidas. Ha recibido la reiteración del compomiso de la ONU para acompañar, y de los estados miembros, una acogida muy importante en su plan para acelerar la implementación del Acuerdo de 201, así como mensajes de apoyo y expectativa respecto a los resultados de las mesas de diálogo actuales y la renovación de los ceses al fuego”, indicó Ruíz, quien también es representante especial del Secretario General en nuestro país.
¿Qué dijo Diego Tovar, el representante de los firmantes de paz?
Durante su intervención en la sesión del organismo internacional, Tovar hizo una serie de observaciones sobre la implementación del Acuerdo de paz. En primer lugar, aseguró que es “urgente fortalecer la coordinación interinstitucional y reforzar la intervención estatal integral en los territorios”.
Según dijo el firmante de paz, al menos 15 de las más de 50 entidades relacionadas con la puesta en marcha del Acuerdo ha generado importantes rezagos.
“La violencia, en los territorios, sigue destruyendo las vidas de comunidades enteras y limitando aún más la capacidad de las autoridades presentes para cumplir con sus responsabilidades. El involucramiento de menores en el conflicto, la violencia contra mujeres reincorporadas y personas de comunidades étnicas es una preocupación mayor. 3 Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, en dialogo con el Gobierno, generan violencia en las zonas rurales y graves obstáculos para la implementación del Acuerdo”, dijo Tovar ante el consejo.
Petro y representante de ex-FARC inauguraron monumento
Antes del inicio de la reunión, el presidente Petro estuvo en la inauguración del monumento que se construyó hace cinco años con el armamento que pertenecía a las extintas FARC y que fue entregado como parte del Acuerdo Final de Paz. La obra instalada en la sede de la ONU en Nueva York que lleva el nombre Kusikawsay, estaba cubierta con un manto blanco que llevaba la bandera de Colombia. Según su creador, el artista chileno y director de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional, Mario Opazo, esta palabra significa en quechua “vida nueva y venturosa”.
“Por el sitio y lo que representa este sitio, es un patrimonio que queda en la historia de la humanidad. En Colombia hacemos y deshacemos violencias. Deshacemos la violencia con la paz, pero surge la violencia de nuevo. Pareciera una especie de mal permanente, de vicio cultural”, dijo Petro al inicio de su discurso.
El martes pasado la Misión de Verificación de ese organismo en Colombia dio a conocer su informe trimestral con los avances de la implementación del Acuerdo de Paz.
El informe se hizo eco de la reafirmación pública del presidente Gustavo Petro de cumplir con la ejecución del pacto firmado en 2016 con las extintas FARC y, aunque asegura que hay “notables esfuerzos para mejorar la coordinación y la coherencia entre las entidades involucradas en la implementación”, también hay una “necesidad de buscar el consenso y aunar esfuerzos para la consolidación de la paz” dadas las opiniones divergentes sobre este tema de diversos sectores.
El documento también hace referencia a lo que este martes denominó el canciller Luis Gilberto Murillo como el “plan de choque” del Gobierno para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz. El texto afirma que dicho proceso está en cabeza del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz que se “encargarán de cumplir los objetivos fijados en el Acuerdo de Paz”.
Sobre esto el informe dice: “El trabajo en curso para poner en marcha un plan de choque que acelere la implementación es prometedor, al igual que el proceso de revisión del Plan Marco de Implementación con sus objetivos a más largo plazo. Es imperativo que haya un compromiso inequívoco de todas las entidades gubernamentales para dirigir esfuerzos y recursos hacia la implementación”.
El primer puntazo de ese plan de choque será que Petro le pedirá al Consejo de Seguridad ocho años más de plazo para la ejecución del Acuerdo. De acuerdo con el canciller Murillo, bajo las condiciones actuales no se podría cumplir con los tiempos acordados. “Estamos proponiendo que se dé un ajuste al marco de implementación diseñado a 15 años. Con los rezagos hay que considerar muy seriamente extender el periodo de implementación de ese plan (…) Desde la Cancillería se ha venido hablando que tiene que ser una extensión de 5 a 8 años, pero esto está en discusión porque este es un acuerdo entre dos partes y que se tiene que discutir con las partes”, dijo.
¿Qué dice el informe de la ONU?
En otros temas más relacionados con la ejecución de los seis puntos del Acuerdo de Paz, el informe resalta la expedición del decreto que creó el Gabinete de Paz con el que el Gobierno quiere impulsar su apuesta de paz total y dar solución desde distintas instancias al rezago del pacto de La Habana. Esto, dice el documento, “ofrece una oportunidad real a ese respecto, al definir las funciones, las responsabilidades y las acciones de las entidades gubernamentales pertinentes”.
Acerca del punto uno de reforma rural integral, el texto exalta la creación e implementación de que el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y los acuerdos alcanzados con productores de cacao y caña de azúcar para que incrementen su capacidad productiva. Pero afirman que el tema de la seguridad es un objetivo que aún no se alcanza en las regiones donde se implementan algunos de estos proyectos, pues persisten las amenazas contra líderes campesinos, solicitantes de restitución de tierras y mujeres.
Sobre la reincorporación, segundo punto del Acuerdo de Paz, el informe alerta sobre la falta de establecimiento formal del Programa de Reincorporación Integral (PRI) y el Sistema Nacional de Reincorporación. El presupuesto para ello ya lo tiene la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), pero, dice el documento, sin la aprobación del decreto por parte de varias instituciones gubernamentales, “la capacidad de la Agencia para ejecutar su presupuesto se ve gravemente mermada”.
Acerca del tercer punto de garantías de seguridad, uno de los más rezagados del Acuerdo de Paz, el informe exalta la reducción de la cifra de homicidios contra reincorporados de las FARC y la expedición del decreto por el que se adopta la política pública para el desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, pero dice que “la violencia general sigue siendo motivo de preocupación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, el Caquetá, el Cauca y el Chocó” y que “La seguridad de los excombatientes siguió viéndose afectada por desapariciones, desplazamientos, intentos de reclutamiento y amenazas de grupos armados ilegales”.
Por último, el informe indica que el Acuerdo de Paz de Colombia sigue siendo reconocido como un modelo por la comunidad internacional y que siguen altas las expectativas para su implementación. “Celebro que el presidente Petro haya reconocido su responsabilidad histórica en la implementación integral del Acuerdo. Lo aliento, así como a todos los sectores en Colombia, a aunar esfuerzos para transformar esta loable aspiración en resultados tangibles para los más afectados por el conflicto (…) Las Naciones Unidas seguirán al lado de los colombianos en este esfuerzo crucial”.
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