Petro pedirá perdón por crímenes de paramilitares y Ejército en Carmen de Viboral
Las Autodefensas del Magdalena Medio, en connivencia con el Ejército Nacional y el grupo de Fuerza de Tarea Águila, incursionaron en la vereda La Esperanza en 1996. En esos hechos, doce campesinos fueron desaparecidos y uno más fue asesinado. En 2017, la Corte IDH le ordenó al Estado reconocer su responsabilidad y reparar a las víctimas. Casi tres décadas después de lo ocurrido, ese perdón llegó.
Paulina Mesa Loaiza
Tras 28 años de espera y dolor, y varios procesos fallidos de reparación, las víctimas del crimen ocurrido en la vereda La Esperanza, en El Carmen de Viboral, a manos de paramilitares en connivencia con el Ejército Nacional, recibirán, por fin, un acto de reconocimiento por parte del Gobierno.
El presidente Gustavo Petro viajará este martes hasta ese municipio antioqueño para darle cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que encontró responsable al Estado de la desaparición de quince campesinos y el asesinato de uno más.
El evento empezó con una misa sobre las 10 de la mañana en ese lugar, donde también hacen presencia el Ministro de Cultura, Juan David Correa; y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.
“Entender que el Estado participó en actos en connivencia con actores al margen de la ley, con paramilitarismo y con otros actores que también significaron muchas muertes en Colombia, es un acto necesario. Por eso, la presencia de los ministerios y del Presidente en estos actos para reconocer que hay que ser consciente del pasado. Nuestra presencia significa acompañar a las víctimas, entender el dolor de tantos años”, dijo la ministra Buitrago.
Fue en 1996 cuando las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, con ayuda del Ejército Nacional y el grupo de Fuerza de Tarea Águila, incursionaron en ese territorio. El primer hecho se reportó el 21 de junio, cuando hombres armados retuvieron y desaparecieron al comerciante Aníbal de Jesús Gallego. Y horas más tarde, fue desaparecido Óscar Hemel Zuluaga, de 16 años. Ambos fueron señalados por el Ejército de vender suministros de hogar a las guerrillas de la zona.
Un día después, el 22 de junio, desaparecieron a Juan Crisóstomo y Miguel Ancízar Cardona, de 12 y 15 años. Y cuatro días más tarde, el grupo Fuerza de Tarea Águila desapareció a Irene de Jesús Gallego, acusada de pertenecer a la guerrilla. Al mes siguiente continuaron las desapariciones de Juan Carlos Gallego, Jaime Alonso Mejía y asesinaron a Javier Giraldo. También fueron víctimas de desaparición Hernando de Jesús Castaño, Orlando de Jesús Muñoz y Octavio de Jesús Gallego. Siete meses después, el 27 de diciembre de 1996, hombres armados desaparecieron a Andrés Antonio Gallego Castaño y Leonidas Cardona Giraldo.
Casi tres décadas después, el gobierno le dará la cara a las familias de esas 13 víctimas a través de un acto de reconocimiento internacional, una medida de reparación simbólica, en la que el Estado reconoce su responsabilidad por el crimen y las violaciones a los derechos humanos. Asimismo, el Gobierno le dará cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH proferida el 31 de agosto de 2017. Este acto de reconocimiento se realizará en el Centro de Convenciones del municipio de El Carmen de Viboral (Antioquia), donde se espera la asistencia de, por lo menos, 100 personas en calidad de víctimas y alrededor de 250 miembros de la comunidad de la vereda La Esperanza, además de organizaciones de la sociedad civil, y representantes de entidades del gobierno nacional.
El camino para buscar justicia
Ese mismo año, en 1996, las familias de las víctimas comenzaron a buscar justicia y verdad. La Corporación Jurídica Libertad se puso al frente del caso y se reunía constantemente con la comunidad para volver a tejer lazos de confianza y apoyo.
La abogada Liliana María Uribe fue la que para ese entonces tomó el caso, que tres años más tarde se llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero solo hasta 2017 se logró que se dictara una sentencia a favor de las víctimas. Luego, la Corte IDH condenó al Estado colombiano por la desaparición de las 13 personas identificadas, pero también consideró a las 120 familias que resultaron afectadas por los paramilitares y el Ejército Nacional. Tal como señaló la Corte, 520 personas fue el total de perjudicados tras los crímenes en la vereda La Esperanza.
Además: Se confirma que excarcelero de FARC y gestor de paz, sí está con grupo de Mordisco
La sentencia de la Corte le ordenó al Estado investigar los hechos, realizar un acto público de reconocimiento, crear un monumento de los desaparecidos y realizar una reparación psicológica, médica y económica a los familiares y a la comunidad.
“Sabemos que estos actos de perdón se han demorado y las comunidades tienen dolores, pero el Gobierno del cambio lo que quiere decir es que es un trabajo arduo, pero estamos dispuestos a asumirlo. Anunciaremos el comienzo de un proceso de construcción de un monumento para las víctimas, la realización de un libro que cuente la historia de esta comunidad durante 28 años buscando justicia y reparación. Y por supuesto, la idea de la inclusión en el plan de formación artística y cultural del Ministerio. No solo se trata de recordar, sino de brindar posibilidades para el futuro de las comunidades que han sufrido”, explicó el Ministro de Cultura.
Si bien los anteriores Gobiernos no realizaron ese acto de perdón y reconocimiento, el Gobierno de Gustavo Petro cumplirá con lo que ordena la sentencia para esta vereda del municipio de El Carmen de Viboral. Hasta el momento, el Gobierno ha realizado tres actos públicos de reconocimiento de responsabilidad internacional en regiones como Santander, Antioquia y Bogotá.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com
Tras 28 años de espera y dolor, y varios procesos fallidos de reparación, las víctimas del crimen ocurrido en la vereda La Esperanza, en El Carmen de Viboral, a manos de paramilitares en connivencia con el Ejército Nacional, recibirán, por fin, un acto de reconocimiento por parte del Gobierno.
El presidente Gustavo Petro viajará este martes hasta ese municipio antioqueño para darle cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que encontró responsable al Estado de la desaparición de quince campesinos y el asesinato de uno más.
El evento empezó con una misa sobre las 10 de la mañana en ese lugar, donde también hacen presencia el Ministro de Cultura, Juan David Correa; y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.
“Entender que el Estado participó en actos en connivencia con actores al margen de la ley, con paramilitarismo y con otros actores que también significaron muchas muertes en Colombia, es un acto necesario. Por eso, la presencia de los ministerios y del Presidente en estos actos para reconocer que hay que ser consciente del pasado. Nuestra presencia significa acompañar a las víctimas, entender el dolor de tantos años”, dijo la ministra Buitrago.
Fue en 1996 cuando las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, con ayuda del Ejército Nacional y el grupo de Fuerza de Tarea Águila, incursionaron en ese territorio. El primer hecho se reportó el 21 de junio, cuando hombres armados retuvieron y desaparecieron al comerciante Aníbal de Jesús Gallego. Y horas más tarde, fue desaparecido Óscar Hemel Zuluaga, de 16 años. Ambos fueron señalados por el Ejército de vender suministros de hogar a las guerrillas de la zona.
Un día después, el 22 de junio, desaparecieron a Juan Crisóstomo y Miguel Ancízar Cardona, de 12 y 15 años. Y cuatro días más tarde, el grupo Fuerza de Tarea Águila desapareció a Irene de Jesús Gallego, acusada de pertenecer a la guerrilla. Al mes siguiente continuaron las desapariciones de Juan Carlos Gallego, Jaime Alonso Mejía y asesinaron a Javier Giraldo. También fueron víctimas de desaparición Hernando de Jesús Castaño, Orlando de Jesús Muñoz y Octavio de Jesús Gallego. Siete meses después, el 27 de diciembre de 1996, hombres armados desaparecieron a Andrés Antonio Gallego Castaño y Leonidas Cardona Giraldo.
Casi tres décadas después, el gobierno le dará la cara a las familias de esas 13 víctimas a través de un acto de reconocimiento internacional, una medida de reparación simbólica, en la que el Estado reconoce su responsabilidad por el crimen y las violaciones a los derechos humanos. Asimismo, el Gobierno le dará cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH proferida el 31 de agosto de 2017. Este acto de reconocimiento se realizará en el Centro de Convenciones del municipio de El Carmen de Viboral (Antioquia), donde se espera la asistencia de, por lo menos, 100 personas en calidad de víctimas y alrededor de 250 miembros de la comunidad de la vereda La Esperanza, además de organizaciones de la sociedad civil, y representantes de entidades del gobierno nacional.
El camino para buscar justicia
Ese mismo año, en 1996, las familias de las víctimas comenzaron a buscar justicia y verdad. La Corporación Jurídica Libertad se puso al frente del caso y se reunía constantemente con la comunidad para volver a tejer lazos de confianza y apoyo.
La abogada Liliana María Uribe fue la que para ese entonces tomó el caso, que tres años más tarde se llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero solo hasta 2017 se logró que se dictara una sentencia a favor de las víctimas. Luego, la Corte IDH condenó al Estado colombiano por la desaparición de las 13 personas identificadas, pero también consideró a las 120 familias que resultaron afectadas por los paramilitares y el Ejército Nacional. Tal como señaló la Corte, 520 personas fue el total de perjudicados tras los crímenes en la vereda La Esperanza.
Además: Se confirma que excarcelero de FARC y gestor de paz, sí está con grupo de Mordisco
La sentencia de la Corte le ordenó al Estado investigar los hechos, realizar un acto público de reconocimiento, crear un monumento de los desaparecidos y realizar una reparación psicológica, médica y económica a los familiares y a la comunidad.
“Sabemos que estos actos de perdón se han demorado y las comunidades tienen dolores, pero el Gobierno del cambio lo que quiere decir es que es un trabajo arduo, pero estamos dispuestos a asumirlo. Anunciaremos el comienzo de un proceso de construcción de un monumento para las víctimas, la realización de un libro que cuente la historia de esta comunidad durante 28 años buscando justicia y reparación. Y por supuesto, la idea de la inclusión en el plan de formación artística y cultural del Ministerio. No solo se trata de recordar, sino de brindar posibilidades para el futuro de las comunidades que han sufrido”, explicó el Ministro de Cultura.
Si bien los anteriores Gobiernos no realizaron ese acto de perdón y reconocimiento, el Gobierno de Gustavo Petro cumplirá con lo que ordena la sentencia para esta vereda del municipio de El Carmen de Viboral. Hasta el momento, el Gobierno ha realizado tres actos públicos de reconocimiento de responsabilidad internacional en regiones como Santander, Antioquia y Bogotá.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com