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Poco a poco se ha ido revelando cuál será el mensaje y la estrategia que el presidente Gustavo Petro presentará el próximo jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU, a donde ha dicho que irá a denunciar el incumplimiento del Estado en la implementación del Acuerdo de Paz. El primer puntazo se conoció este martes a través del canciller Luis Gilberto Murillo, quien dijo que el mandatario pedirá a esa instancia internacional ocho años más de plazo para la ejecución de ese pacto firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC.
De acuerdo con Murillo, bajo las condiciones actuales no se podría cumplir con los tiempos acordados. “Estamos proponiendo que se dé un ajuste al marco de implementación diseñado a 15 años. Con los rezagos hay que considerar muy seriamente extender el periodo de implementación de ese plan (…) Desde la Cancillería se ha venido hablando que tiene que ser una extensión de 5 a 8 años, pero esto está en discusión porque este es un acuerdo entre dos partes y que se tiene que discutir con las partes”, dijo el canciller.
Además, anunció un plan de choque para los próximos dos años que permitan “acelerar y nivelar” la implementación del Acuerdo de Paz. “Ese plan de choque va a requerir de algunas medidas extraordinarias y de emergencia”, dijo Murillo.
Sobre cuáles serían esas medidas y en qué consistiría ese plan de choque, el canciller no dio mayores detalles, pero miembros del antiguo secretariado de las FARC, que estuvieron reunidos con el mandatario el lunes pasado, afirmaron a este diario que Petro les dio algunas pistas sobre el plan que será construido en conjunto con los firmantes de paz.
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“El presidente nos habló del plan y de la necesidad de acelerar el proceso y de tener un mayor compromiso institucional. El plan de choque, en ese contexto, será construido en conjunto, a través de la CSIVI (Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación), del Ministerio del Interior que asumirá el papel de articular la implementación y de la Cancillería”, dijo a Colombia+20 Pastor Alape, firmante de paz y coordinador general de la implementación de Comunes (partido político que surgió tras la firma del Acuerdo de Paz).
Parte de las medidas sería acelerar los decretos del Plan de Reincorporación Integral (PRI) y el Sistema Nacional de Reincorporación, un compromiso que según Alape adquirió el lunes el presidente Petro. Además, reactivar la CSIVI, que debe tener reuniones periódicas con varias instancias del Gobierno. Petro ya había hecho esa activación en 2022, pero aún falta articulación con varias entidades.
“Se habló también de dotación de tierras y de presentar iniciativas legislativas para hacer ajustes a la legislación agraria para acelerar la compra de tierras, no solo para firmantes, sino para la población en general. Además, se habló del plan de sustitución de cultivos de uso ilícito y por último generar un espacio de conversación con las cortes y la JEP para desarrollar acciones en dirección a la seguridad jurídica de los firmantes. Esos fueron algunos temas gruesos”, detalló Alape.
Por su parte, el canciller Murillo indicó que, además, se requiere una actualización del Plan Marco de Implementación (PMI) – que orienta las políticas públicas requeridas para el cumplimiento del Acuerdo Final durante los próximos 15 años-.
“Además, se necesita un nuevo marco estratégico que debe incluir los distintos componentes de la paz total porque el conflicto en Colombia obviamente ha evolucionado”, dijo Murillo.
Petro también insistirá en tres ejes de los que ha hablado desde hace meses: la aceleración de la reforma rural integral, la transformación del territorio y el esclarecimiento de la verdad judicial que incluya a todos los actores del conflicto. Todo esto teniendo en cuenta que el Gobierno entero debe ponerse a esa tarea.
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“Durante nuestra charla con el presidente quedó claro que hay dificultades como la falta de comprensión de distintas entidades para la implementación del Acuerdo de Paz y otras de carácter normativo”, dijo también a este diario el senador de Comunes, Julián Gallo, quien estuvo presente en la reunión.
“La implementación no logrará cumplirse en el tiempo establecido”
Expertos en la implementación del Acuerdo explicaron a este diario que todo este plan debe pasar necesariamente por un consenso con Comunes, y que lo más importante es que se dé rápidamente la decisión de qué se va a prorrogar y para qué y no que la discusión ahogue la ejecución.
Varios informes como el que entrega trimestralmente la Misión de Verificación de la ONU en Colombia o el Instituto Kroc, quien oficialmente lleva las cuenta de la implementación, han afirmado que esa ejecución podría no lograrse en los 15 años estipulados.
Según el informe del Instituto Kroc de 2023, “a menos de que se tomen decisiones inmediatas y de gran calado sobre el proceso, la implementación no logrará cumplirse en el tiempo establecido”. Aunque el informe reconoce una tendencia al alza en la implementación desde que se firmó el Acuerdo de Paz, también indica que a partir de 2019 (gobierno de Iván Duque) el ritmo empezó con una “desaceleración considerable”. Mientras entre 2016 y 2018 las disposiciones en progreso aumentaron de 83 a 410, entre 2019 y 2021 la variación porcentual ha sido entre 4 y 6 puntos, “disminuyendo notablemente en el último año, con una variación de un punto porcentual”.
Una de las conclusiones del informe de esa instituto, pero de 2024, afirmó que ya en la administración de Gustavo Petro “se han mantenido niveles muy similares a los del cuatrienio anterior”; es decir, durante el gobierno de Iván Duque.
Los expertos indican que, aunque hay lógica en el pedido del presidente de la implementación, también podría desviar la atención de lo importante que es avanzar de manera pronta en lo que se necesita.
