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Justo hoy se cumplen siete años de lo que se considera la “primera firma” del Acuerdo de Paz de 2016 con las extintas FARC, que se dio con todos los bombos en Cartagena. Perdido el plebiscito, varios puntos de ese pacto tuvieron que negociarse y por eso la fecha oficial quedó establecida el 24 de noviembre.
Desde entonces la implementación de ese Acuerdo ha pasado por casi todas las fases: del entusiasmo de un Ejecutivo y Legislativo que actuaban a toda máquina para dejar adelantadas todas las leyes y los cambios que significó su firma, a sobrevivir a los intentos para impedir su cumplimiento, especialmente durante la administración de Iván Duque. Por eso la llegada de Gustavo Petro al poder, con una bandera que se comprometía a ponerle otra vez el acelerador llenó de entusiasmo a una gran parte de sus votantes.
Sin embargo, tras 13 meses de su elección, el gobierno de Petro apenas ha logrado unos cambios en la implementación del Acuerdo de Paz que sigue lenta y cruda.
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Esa es la gran conclusión del informe “Del Capitolio al territorio”, un documento de control político y de seguimiento que hace el Congreso para mostrar cómo y cuánto se ha cumplido de ese pacto.
Uno de los puntos más graves es el tema de la ejecución de los presupuestos. Según el informe, aunque se han incrementado los montos destinados para las entidades más relevantes para la implementación, como la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Víctimas, la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras, la ejecución de este dinero es baja.
La preocupación principal se da en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que tiene a cargo dos de las principales metas de la reforma rural del Acuerdo de La Habana: la adjudicación de tres millones de hectáreas de tierra a campesinos, indígenas y afros que no tenían, y la formalización de otros siete millones de hectáreas a quienes ocupaban tierras, pero sin un título que los acreditara como propietarios.
En las cifras del informe, el presupuesto de la ANT para 2023 es de $1,9 billones, pero la ejecución presupuestal hasta mayo de 2023 corresponde a $135 mil millones, es decir, apenas el 7,3 %.
“Especialmente la ANT ha presentado subejecución a lo largo de los últimos años, una situación que se agrava en razón al aumento en el presupuesto”, dice el informe que es firmado por 18 congresistas de diferentes partidos políticos, incluidos algunos de la oposición, Partido Comunes y representantes de las curules de paz -estos dos últimos que nacieron del Acuerdo de Paz-.
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Lo mismo pasa con la Agencia de Renovación del Territorio, que tiene $140 mil millones para 2023, pero para la misma fecha (mayo) solo ha ejecutado $21 mil millones, es decir, el 15 %, y con la Unidad de Víctimas, que solo ha ejecutado $462 mil millones (17 %) de los $2,7 billones de su presupuesto.
De acuerdo con las cifras de la investigación, a junio de 2023, la Unidad de Víctimas había indemnizado a 30.938 víctimas, mientras que en todo 2022 se indemnizaron 110.910. “Al ritmo de indemnización de los últimos 10 años, el Estado tardaría aproximadamente 60 años en indemnizar a las víctimas registradas actualmente”, dice el informe.
Vea algunas de las ejecuciones presupuestales que involucran la implementación del Acuerdo de Paz:
Todo este panorama contrasta con las palabras que dijo el presidente Petro en abril de este año cuando aseguró que no había recursos para cumplir el Acuerdo de Paz ni para reparar a las víctimas
Ese día el jefe de Estado afirmó que al ritmo que ha avanzado el proceso de reparación, el Estado tardaría cerca de 125 años en resarcir a todas las víctimas del conflicto armado.
En el informe ese tiempo para la reparación es menor, aunque no alentador. El documento afirma que aunque el Gobierno se planteó metas ambiciosas en materia de indemnización “hasta el momento no se evidencia la aceleración”. A nivel general, el documento lanza otra alerta. De los $5,3 billones que debió ejecutar el gobierno de Petro en su primer año para la implementación de las zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que buscan impulsar el desarrollo de las zonas más afectadas por el conflicto), solo se ejecutaron $0,87 billones, es decir, el 16,4 % de lo que se necesita para cumplir con lo acordado.
Para el documento, los investigadores tienen en cuenta solo el presupuesto de ejecución. En otros informes, como el que hace la Contraloría, los valores son distintos porque incluyen datos del Sistema General de Participación, que directamente no toca aspectos del Acuerdo de Paz.
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“Se hacen salvedades, como la disminución en la tasa de homicidios a nivel nacional, en las zonas PDET y en las regiones donde se implementa el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos) o los asesinatos de excombatientes de las antiguas FARC, que también bajaron en los primeros siete meses de 2023, pero hay más control social de los grupos armados. Después de un año del gobierno de Gustavo Petro en el poder no hay un cambio realmente en la implementación del Acuerdo”, afirma la comisión técnica de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que apoya la realización del informe.
Secuestro y extorsiones, grandes preocupaciones
La seguridad en los territorios es uno de los primeros puntos del informe que asegura que desde 2017 ha habido un incremento en los índices de violencia, y que 2022 “fue uno de los años más violentos de la última década”.
Con corte al 31 de julio pasado, a nivel nacional, la tasa de homicidios fue de 14,6 por cada 100.000 habitantes. A nivel de zonas PDET esta cifra fue de 23,2, siendo el sur de Bolívar, el Alto Patía y norte de Cauca las subregiones con mayores tasas de homicidios.
En esas regiones operan grupos armados, como las AGC o Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, las disidencias de las FARC (tanto Segunda Marquetalia como el Estado Mayor Central y el ELN). Con todas el Gobierno ha explorado diálogos de paz. La alarma está en el secuestro. Hasta el 31 de julio han ocurrido 180 secuestros, un aumento del 81,8 % con respecto al mismo período de 2020. “Al desagregar el número de casos que se han presentado en 2023 por departamentos, se obtiene que tres de ellos representan un poco más del 50 % de los secuestros: Antioquia (22,2 %), Norte de Santander (15,6 %) y Valle del Cauca (14,4 %)”, dice el informe.
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“El secuestro es un delito que creíamos que en este país ya habíamos superado, y en este informe presenta un aumento desmedido que se puede convertir en un asunto delicado. Eso, junto con las extorsiones. En las visitas que hemos hecho a los territorios los líderes nos han dicho que los proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo -obras PDET o los proyectos del PNIS- están siendo sujetos de extorsión, es decir, los mismos grupos están extorsionando los proyectos que van para la paz”, afirma Carolina Varela, coordinadora del informe.
En el informe también se indica que hay pruebas de que esas extorsiones provienen del Clan del Golfo o AGC. “Numerosos recibos de grupos como las AGC - Clan del Golfo dan cuenta de los pagos con recibos bajo el nombre de ‘contribución a la causa’ para que obras y negocios puedan funcionar”, señala el documento. El Espectador reveló este fin de semana las cifras de la investigación que muestran que a julio de 2023 se han presentado 5.751 casos de extorsión, lo que significa un aumento del 25 %, al compararlo con el mismo período de 2022. Los casos se han presentado especialmente en Antioquia (1.068), Cundinamarca (894) , Atlántico (797), Valle del Cauca (561) y Norte de Santander (343).
¿Cómo va el Acuerdo de Paz?
Reforma Rural Integral
Para el Gobierno, el acceso a la tierra ha sido una prioridad. La reforma rural integral es una de las apuestas más grandes dentro del Plan Nacional de Desarrollo y se ha complementado con otras acciones emprendidas durante esta administración, como la jurisdicción agraria -que busca un acceso equitativo de la justicia en el campo-, el acuerdo con Fedegán para comprar tierra que permitiera alcanzar los tres millones de hectáreas necesarias para proveer el Fondo Nacional de Tierras y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.
En el documento también se exalta la aceleración en la formalización de tierras, pero dice que existen dudas sobre las cifras presentadas, porque se estaría incluyendo la titulación de predios cuyos procesos venían de gobiernos anteriores.
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Ese choque por las cifras se dio incluso en el interior del Gobierno. Mientras para el Ministerio de Agricultura se han formalizado (que no es lo mismo que entregado y titulado) cerca de 325.000 hectáreas, para la ANT eran cerca de 1’215.000.
“Para ello se están estableciendo medidas como la puesta en marcha de un contador de gestión de tierras que permita mejorar la contabilización de las tierras entregadas y revisar las adjudicaciones que se han reportado desde 2016 a la fecha. El presidente Gustavo Petro, junto a la ministra, ha solicitado una auditoría externa para verificar las cifras”, dice el informe. Participación política
El asesinato de firmantes de paz es un punto que aún no se resuelve. Aunque las cifras varían entre las entidades que llevan el conteo, entre 345 y 395 excombatientes de las antiguas FARC han sido asesinados, 247 de ellos en los municipios PDET, según el informe. La situación más crítica tiene lugar en la subregión del Alto Patía y norte de Cauca, donde se han presentado 54 homicidios a personas en proceso de reincorporación.
Esto se suma al asesinato de líderes sociales. Entre 2022 y 2023 existe un incremento del 64 % en asesinatos a líderes sociales, dice el documento. Además, no ha habido garantías para la participación de los ex-FARC en las elecciones del próximo 29 de octubre. Investigadores del informe afirman que tienen datos de candidatos que tuvieron que retirar su postulación en Caquetá y Catatumbo.
Reincorporación
Las dificultades que enfrentaron los firmantes de paz en los llamados Espacios Territoriales (ETCR) hicieron que varios de ellos ya no estén en esas zonas. Solo el 16,7 % habita esos ETCR. Entre los obstáculos están las precarias condiciones de vivienda, suelos no apropiados para el cultivo o las condiciones de seguridad. Este año, por ejemplo, se tuvo que trasladar a los habitantes del ETCR de Mesetas tras una amenaza de la disidencia de las FARC autodenominada como Estado Mayor Central.
Solución al problema de drogas
Colombia volvió a romper récord de cultivos de coca: hubo 230.000 hectáreas en 2022. Además, la producción potencial se ubicó en 1.738 toneladas métricas de cocaína. Asimismo, las cifras de la UNODC muestran que, de los 1.122 municipios del país, solo 185 tienen cultivos de coca. El 88% de estos han persistido allí por más de 10 años.
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Sobre la implementación del PNIS, el tema sigue corto. Se firmaron 106 acuerdos colectivos con 188.036 familias, pero solo se vinculó a 99.097 familias con acuerdos individuales. Eso significa que puede haber más de 88.000 familias que expresaron al Estado su voluntad de ingresar al programa y erradicar sus cultivos, y están fuera del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Durante el gobierno de Iván Duque, y en lo corrido del gobierno Petro, no se firmaron ni se han firmado nuevos acuerdos individuales con estas familias.
Asimismo, tras comparar los datos de incautación de esta sustancia con el año anterior, en 2023 se presenta una disminución del 12,3 %. A este ritmo, el Gobierno no cumplirá su meta de incautar 834 toneladas de clorhidrato de cocaína este año.
Víctimas
La ruta de reparación colectiva está estancada. A junio de 2023 se han identificado 917 sujetos de reparación colectiva (SRC). Sin embargo, apenas el 6,1 % de esos SRC han completado la implementación de su plan integral y solo el 20,2 % lo están implementando. Dicho rezago se acentúa de manera grave en los sujetos de reparación colectiva étnicos y en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Justicia transicional: Las nuevas verdades que JEP les pide a ganaderos vinculados a despojos de tierras
Sobre la actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe está avanzando, pero se esperan decisiones de fondo en el corto plazo. Hasta el momento la JEP ha avanzado en la investigación sobre algunos macrocasos, así como en el otorgamiento de tratamientos penales espaciales para sus comparecientes, en la imputación de cargos y en diligencias para el reconocimiento de responsabilidad. Hasta ahora, no obstante, no ha emitido ninguna sanción.
