Apenas 180.000 hectáreas de un fondo que, para beneficiar a los campesinos sin tierra, aspira a tener 15 veces esa cantidad, “una verdad fragmentada” que obstaculiza la administración de justicia y una violencia que se recrudece en distintas regiones de Colombia fueron algunos de los argumentos que llevó el jueves el presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde propuso un plan de ocho puntos que permita acelerar la implementación del Acuerdo de Paz.
Petro fue directo al señalar no solo ante el Consejo de Seguridad, sino también en su cita previa con la Comisión para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, que se necesitan reformas de fondo y aprovechó para tirarle pullas al “gobierno anterior” (el de Iván Duque) sobre su no avance en la ejecución del pacto de 2016 hecho con las extintas FARC y su premisa de “hacer trizas los acuerdos”.
El jefe de Estado reconoció que en el país hay una polarización en torno a la paz y que la falta de “acuerdo nacional”, como le llamó, es en todo caso lo que ahora lo motiva a buscar el aval del Congreso, de las cortes y de la gente para repetir la figura del “fast track”, el método utilizado en 2016 para aprobar leyes en el Congreso que tenían que ver con el Acuerdo de manera más expedita.
Según el presidente, esa vía cumplió su cometido en las fases iniciales de la implementación del Acuerdo, pero su alcance fue limitado y para el marco actual el alcance es insuficiente. “Es un procedimiento que nos llevaría a reducir los plazos de tiempo para cumplir con efectividad el Acuerdo de Paz firmado. Lo vamos a presentar a la sociedad colombiana y al Congreso, pero quisiéramos dejarla aquí, refrendada ante ustedes como parte de la declaración unilateral”, puntualizó.
Su propuesta incluye ocho puntos que no tendrían un paso nada fácil por el Legislativo, entre estos la modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo, una medida que ya ha defendido para impulsar la financiación en pro de la inclusión territorial. Asimismo, reforma el sistema general de participaciones, con el fin de que las zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, estipulados en el Acuerdo) puedan recibir más recursos para financiar sus proyectos.
Además, habló de la excarcelación del campesinado productor de hoja de coca, que, le dijo al Consejo, ha sido criminalizada por las propias instancias competentes dentro de las Naciones Unidas. El presidente propuso una optimización de la sustitución de economías ilícitas, una “figura de concesión hereditaria en las zonas selváticas de la Ley Segunda (relacionada con las reservas forestales)”, de la que no dio muchos más detalles; una reforma agraria que modifique la compra administrativa de tierras de forma exprés; un sistema único de verdad para todos los actores del conflicto y, por último, como lo había anunciado el miércoles el canciller, ampliar el plazo de implementación del Acuerdo de Paz por siete años más.
Uno de los temas sensibles de los anuncios del jefe de Estado fue el de unificar el sistema de verdad y justicia. Vale la pena recordar que tras el Acuerdo con las FARC nació la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal de justicia transicional que investiga y juzga a los exguerrilleros, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles señalados como máximos responsables.
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Sin embargo, la JEP no tiene competencia para actores de otros grupos ilegales, como aquellos con los que hoy en día el Gobierno Petro tiene negociaciones de paz abiertas (ELN, disidencias de las FARC, bandas criminales urbanas). De hecho, esa falta de certezas jurídicas ha sido el principal escollo para que los diálogos avancen.
Este Consejo de Seguridad tuvo varios momentos distintos y significativos. Por ejemplo, aunque la agenda empezó con la presentación del informe por parte de Carlos Ruiz Massieu, representante especial en Colombia del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la Misión de Verificación de la ONU, el orden del día no siguió (como siempre lo hace) con la intervención de los representantes de los demás países, sino que saltó directamente a las palabras de Diego Tovar, también conocido como Federico Montes, el primer excombatiente de las antiguas FARC en estar presencialmente ante el Consejo de Seguridad. “La violencia en los territorios sigue destruyendo la vida de comunidades enteras”, denunció Tovar, quien le habló a ese órgano para lamentar que los resultados, transcurridos ocho años, no son los esperados.
A ese cambio sui géneris del orden del día, también le siguió una segunda intervención del presidente Petro tras las declaraciones de los representantes de los países miembros, que reiteraron su apoyo a la implementación. Algunos como Reino Unido y Francia saludaron el inicio de los diálogos con otros actores armados ilegales, como el ELN y las disidencias de las FARC, a los que pidieron compromiso, al tiempo que manifestaron su preocupación por las recientes escaladas violentas. Hicieron referencia a los atentados en el Valle, Cauca, incluso contra el esquema de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y las amenazas que han truncado apuestas de paz, como la que en el sector del ecoturismo se impulsaba en Miravalle, Caquetá.
En su intervención de cierre, el mandatario anunció que pedirá una misión internacional complementaria de apoyo al grupo especial de la Fiscalía para establecer a los autores de asesinatos de excombatientes (que ascienden a 421 desde 2016) y para detener el surgimiento de grupos neoparamilitares en varias zonas del país.
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Estos llamados a prevenir la violencia en los territorios fueron secundados por Tovar, el excombatiente de las FARC. Durante su discurso, el firmante de la paz reiteró la obligación del Estado de cumplir lo acordado en La Habana. No dejó de subrayar que el “involucramiento de menores en el conflicto, la violencia contra mujeres reincorporadas y personas de comunidades étnicas es una preocupación mayor. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, en diálogo con el Gobierno, generan violencia en las zonas rurales y graves obstáculos para la implementación del Acuerdo”.
El mandatario también aprovechó para pedir el espaldarazo de la comunidad internacional en la financiación de su apuesta: “Tengo una cifra: 200 billones de pesos colombianos, 50 mil millones de dólares en español, 50 billones de dólares, que Colombia no tiene porque estoy al frente de una situación económica mundial y local difícil”, dijo Petro en el Consejo de Seguridad.
¿Cómo financio el Acuerdo de Paz?: Petro
Antes de sus palabras ante el Consejo de Seguridad, Petro intervino en la Comisión para la Consolidación de la Paz, un mecanismo clave si busca obtener esos recursos, pues ahí están presentes los países que más contribuyen a financiar el sistema de las Naciones Unidas.
En su discurso, el mandatario afirmó que se necesita dinero para la implementación del Acuerdo de Paz. “Hago mis cuentas nacionales y el resultado es que estamos ahorcados. ¿Cómo financiamos el Acuerdo de Paz, que es una declaración unilateral de Estado y que en mi opinión es supraconstitucional?”, dijo el presidente.
De acuerdo con el jefe de Estado, no se necesita necesariamente “ayuda en dinero”. Por ejemplo, propuso cambiar deuda por acciones climática, una propuesta que ha reiterado en distintos espacios internacionales.
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La otra opción, según Petro, es quitar la calificación de riesgo del país. “¿Por qué nosotros tenemos un riesgo país? Eso que hemos pagado como nación sobre la tasa de interés de mercado bajo la calificación de riesgo, esa plata, dejar de pagar eso, me hubiera financiado todo el Acuerdo de Paz”, afirmó.
En ese mismo escenario, Ruiz Massieu también abogó por la ayuda internacional. “La historia de éxito de Colombia aún se está escribiendo. La situación sigue siendo dinámica y debemos estar atentos a las oportunidades para ayudar a Colombia a enfrentar los desafíos actuales para la construcción de la paz. Confío en que esta Comisión pueda servir como plataforma para ayudar a identificar y responder a esas oportunidades, permitiendo al mismo tiempo que Colombia ofrezca sus experiencias e innovaciones en materia de consolidación de la paz al mundo”, señaló.
Toda la jornada comenzó con la inauguración del monumento Kusikawsay (que en quechua significa “vida pacífica y feliz”), elaborado por el artista colombochileno Mario Opazo a partir de 1,4 toneladas de municiones fundidas, no solo representa un anhelo vigente, sino que es un ejemplo sencillo de los rezagos de la implementación. Aunque fue elaborada hace cinco años y ya estaba instalada en el jardín de las Naciones Unidas, la obra fue inaugurada apenas este 11 de julio por el presidente Petro, horas antes de su participación en el Consejo de Seguridad.