Con ataque en Arauca, ELN aleja chance de paz con Petro, el presidente que más ha cedido
Esta semana, el Ejecutivo suspendió oficialmente el proceso de paz —que llevaba siete meses congelado— tras una acción terrorista que evidenció el carácter de esa guerrilla. ¿Hay posibilidad de salvar la negociación en lo que le queda a Petro en el poder?
Julián Ríos Monroy
En apenas 40 días, la negociación de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN pasó de estar en su mayor punto de congelamiento a quedar casi sepultada. Mientras una fracción del país esperaba que las partes cedieran y se reactivara la mesa de diálogos, la guerrilla optó por mostrar su poderío —y poca estrategia del momento en el que se estaba dando la negociación— mediante la violencia al ejecutar una acción que solo ha despertado rechazo: activar una carga explosiva en una base militar en Puerto Jordán, Arauca. El hecho, ocurrido el martes, acabó con la vida de tres soldados, dejó heridos a otros 27 y llevó al presidente Gustavo Petro a suspender el proceso de paz, que se inició en noviembre de 2022.
Con esta decisión, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de reactivar la negociación si el ELN hace “una manifestación inequívoca de su voluntad de paz”, como quedó consignado en un pronunciamiento de la delegación de Petro en estos diálogos. Y aunque hasta el momento el foco de atención ha estado en las declaraciones de lado y lado y las perspectivas para retomar el proceso, se está perdiendo de vista la cantidad de desafíos que tendrían las partes si se reinicia la negociación con la confianza ciudadana más desgastada que nunca.
En su intento de mostrarse fuerte a punta de acciones terroristas (van más de 10 en el último mes, siendo el reciente ataque la más grave), el ELN asustó e indignó a la sociedad y al Gobierno, que está midiendo con pinzas el capital político que le queda para su segunda mitad. Pero, de fondo, el mayor impacto de sus atentados es que puso en jaque la negociación con el presidente que más ha cedido a sus pretensiones en tres décadas: desarrollar un amplio sistema de participación de la sociedad civil, garantizar que los acuerdos se implementen al tiempo que se negocia y, sobre todo, poner en discusión el modelo económico del país (un tema que ningún otro Gobierno en ningún otro proceso había aceptado examinar, pero quedó en el punto 2.2 de la agenda establecida en México con el ELN en marzo de 2023).
A esa oportunidad que está en riesgo de perderse se suma el coletazo general de esta suspensión en la apuesta de paz total del presidente Petro. Desde su inicio, el proceso estrella era el del ELN: fue el que primero instaló formalmente una mesa de diálogos, el que más rápido logró construir una agenda de negociaciones y el que más resultados daba en los ciclos de conversación. Todo eso dio un giro hace siete meses, cuando la mesa quedó congelada. Ahora, con el proceso al que más se le apostó suspendido y las otras negociaciones sin resultados de fondo, al tiempo que crecen las alertas por escaladas de violencia, entre varios sectores crece la idea de que el Gobierno no ha sido efectivo para buscar la paz ni para combatir a los grupos ilegales.
Lo único claro es que el presidente se enfrenta a una dicotomía difícil de resolver, porque mientras varios sectores insisten en que el ELN agotó las posibilidades de continuar, en los territorios afectados por la violencia se mantiene la esperanza de construir una paz que aleje las armas de sus regiones y permita su desarrollo. En parte por eso, Petro se negó a acabar de tajo este proceso: por el costo político que le traería, aunque no hacerlo también implica consecuencias.
Lea también: Paz con ELN: cuatro claves para entender la crisis que llevó a suspender el proceso
“Lo más importante es la gente en los territorios. Escuchar solo a los que desde la comodidad de las capitales dicen que el Estado no debería conceder demasiado no comprenden bien cómo es eso de convivir con un actor armado y por qué es una situación de respuesta compleja por parte del Estado. Pero al mismo tiempo el Estado no puede negociar cualquier cosa y en cualquier condición”, plantea la profesora Angelika Rettberg, de la Universidad de los Andes, quien hizo parte del equipo negociador con el ELN en 2018.
Ante este complejo tablero, abundan las preguntas sobre lo que viene en estas negociaciones. ¿Definitivamente el ELN descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con Petro? ¿El Ejecutivo está dispuesto a arriesgar el poco capital político que le queda para continuar en este proceso? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de estos dos años de diálogos para corregir el rumbo?
Lo que está en juego si se reanuda el diálogo
Por lo que dijeron esta semana el presidente Petro, su delegación de paz y hasta el primer comandante del ELN, Antonio García, las partes tienen intenciones de retomar los diálogos. Lo espinoso es a qué costo se reanudarían las charlas. No hay que olvidar que estos atentados no fueron el principal detonante, sino que la crisis viene de hace siete meses y no ha habido consenso para volver a la mesa.
“El principal golpe de lo que pasó esta semana es que, si se reanudan los diálogos, cualquier concesión de ahora en adelante va a ser interpretada como que para el Gobierno la vida de los militares no es importante, que es el ELN quien tiene la batuta”, explica el investigador Jorge Mantilla, quien opina que el riesgo de esa crítica sería mucho mayor en una fase avanzada de la negociación, que es cuando más tiene que ceder el Estado para llegar a acuerdos en temas sensibles como la dejación de armas, la transformación territorial o la justicia transicional (que implica definir si los elenos pagan cárcel o no, un asunto que por la experiencia del Acuerdo con las FARC es de los más complejos). “Esos temas son pilares claves en los que no se ha adelantado casi nada y si el Gobierno quisiera pasar la página e insistir en la perspectiva de quedarse en la mesa, va a ser difícil avanzar porque esas concesiones serán costosas políticamente”, plantea el experto.
Asumir ese costo político en favor de buscar la paz también debe leerse a la luz de un hecho en el que todos los analistas coinciden: que no hay tiempo suficiente para llegar a un acuerdo final de paz con el ELN en lo que resta del período presidencial de Petro.
Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional que ha acompañado y analizado las negociaciones con esta guerrilla desde hace más de 30 años, aseguró desde el inicio que, por la naturaleza del ELN, no se iba a alcanzar un acuerdo en un cuatrienio: “Ahora, en solo 22 meses que quedan de esta administración, es casi imposible, pero habría que avanzar a ver hasta dónde se puede llegar y ver si el nuevo Gobierno está dispuesto a continuar las conversaciones con las bases que quedan”
Ese último planteamiento no es menor. Un hecho cierto es que bajo la era Petro se han logrado los mayores avances de las negociaciones con el ELN, en especial por la firma del primer punto de la agenda: el acuerdo de participación de la sociedad civil en la construcción de paz, exigencia clave de esta guerrilla.
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Ese acumulado está recogido en 28 acuerdos con el Gobierno, que se suman a la metodología de convención nacional planteada en su sexto congreso, máxima instancia de reunión de la guerrilla, que se dio en el marco de esta negociación. Incluso si no se continúa la negociación con Petro, el ELN ya tiene en la mano un paquete de avances, que podría ponerle sobre la mesa a quien gane las elecciones en 2026. No importa de qué sector sea el nuevo mandatario: después de haber iniciado diálogos con todos los gobiernos recientes, incluido el de Álvaro Uribe, esa no es una preocupación para la guerrilla.
Varios sectores han planteado que el ELN es consciente de las dificultades del Gobierno en maniobrabilidad política, especialmente en el Congreso, y preferiría guardar lo conseguido y esperar a que se decante el panorama electoral de 2026.
Decisión costosa y llamados insistentes
Al margen de si el ELN está en esa tónica, que implicaría un desgaste sin efectos del capital político de Petro, el mandatario se enfrenta al llamado de la ciudadanía, sobre todo en las zonas rurales, para mantener el intento de una salida negociada al conflicto.
“Le exigimos al ELN que respete la voluntad de las comunidades en los territorios, de quienes anhelamos la paz y estamos hastiados de una guerra que no elegimos, pero insistimos en que las partes deben volver a la mesa de negociación. Ambos deben cumplir los acuerdos pactados y tratar de avanzar, a la par que buscan acuerdos que protejan a la sociedad civil”, asegura Ángela Cerón, vocera de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, organización que forma parte del Comité Nacional de Participación en los diálogos con el ELN.
Su voz recoge la de miles de pobladores de zonas históricamente marginalizadas, olvidadas por el Estado, que se enfrentan al control violento de la guerrilla y otros grupos. “Desde Bogotá pueden decir que empiece la guerra total, porque no la sienten, pero en el territorio la cosa es dura: la gente no puede salir por los confinamientos, no puede ir al río a recoger el agua (porque no en todo lado llega con solo abrir la llave), hay persecución de los grupos, todas esas afectaciones que se sienten en el día a día y que sufrimos con más fuerza las mujeres”, dice Cerón.
En esa misma línea, el investigador Mantilla asegura que es peligroso que el país “caiga en la dicotomía entre la guerra total o la negociación irrestricta”. Por eso, propone que se desarrolle una estrategia distinta, que empiece por entender cómo funciona el ELN y dejar abiertas puertas en clave territorial, como ocurrió con el frente Comuneros del Sur. Esta estructura, presente en Nariño, hacía parte del ELN desde 1992, pero en mayo pasado se separó de la guerrilla e inició una negociación independiente que está avanzando a buen ritmo y, según el Gobierno, tendría asegurada una desmovilización antes de 2026. Por supuesto, apuestas de ese tipo pueden complicar la mesa nacional si se reactiva. No hay que olvidar que justo esos acercamientos que se dieron provocaron la reacción de la dirección del ELN, que declaró la mesa nacional en crisis, que desde entonces no lograron reanudarse en forma.
¿Se puede corregir el rumbo?
En los 22 meses que llevaba la negociación con la guerrilla hasta la suspensión de esta semana se tejió una serie de aprendizajes que podrían agilizar el proceso de paz, si logra salir de la crisis.
La profesora Rettberg, que se mantiene escéptica sobre las posibilidades de avanzar, asegura que lo primero que deberían hacer las partes es concentrarse en generar alivios humanitarios que disminuyan la violencia y, con eso en la mano, recuperar la confianza, pero con una estrategia de seguridad afinada: “Se necesita una coordinación, porque las Fuerzas Militares están recibiendo instrucciones contradictorias. Para que una negociación llegue a buen puerto, hay que tener claridad no solo sobre qué se le ofrece al grupo, sino cómo reaccionar si lo que se propone no sale bien”, explica.
Además: ELN pateó la mesa de paz que tenía con Petro: ¿crisis irreversible?
Al respecto, el investigador Mantilla agrega que la postura del Gobierno y el establecimiento de líneas rojas es crucial: “La peor manera de empezar un proceso de paz es cediendo los mayores activos de negociación que tiene un Estado: el uso de la fuerza y la judicialización. Haber renunciado a eso de entrada fue un error garrafal porque dejó al Estado sin margen de acción”.
Para el profesor Vargas, un tema esencial es que el Gobierno no pierda de vista cómo funciona el ELN y sus negociadores, así como el formalismo que suele acompañar los diálogos con esta guerrilla.
“Para que un proceso funcione no solo se necesita que haya una mesa, sino que esta tenga la capacidad de responder a las inquietudes de la contraparte; de lo contrario, es como si no existiera. Acá, desde marzo, el ELN planteó unos temas, y la delegación del Gobierno no brindó esas respuestas. Conociendo cómo son los miembros del ELN, fueron dejando el tema así hasta que lo dieron por congelado”, plantea Vargas.
De fondo, en lo que coinciden los expertos es en que el Ejecutivo debe resolver una de las críticas que se le hicieron a la paz total desde que inició a andar hace casi dos años: definir claramente una metodología desde el conocimiento detallado de los grupos con los que se negocia y plantear una hoja de ruta que tenga en cuenta las capacidades y restricciones del Gobierno.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com
En apenas 40 días, la negociación de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN pasó de estar en su mayor punto de congelamiento a quedar casi sepultada. Mientras una fracción del país esperaba que las partes cedieran y se reactivara la mesa de diálogos, la guerrilla optó por mostrar su poderío —y poca estrategia del momento en el que se estaba dando la negociación— mediante la violencia al ejecutar una acción que solo ha despertado rechazo: activar una carga explosiva en una base militar en Puerto Jordán, Arauca. El hecho, ocurrido el martes, acabó con la vida de tres soldados, dejó heridos a otros 27 y llevó al presidente Gustavo Petro a suspender el proceso de paz, que se inició en noviembre de 2022.
Con esta decisión, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de reactivar la negociación si el ELN hace “una manifestación inequívoca de su voluntad de paz”, como quedó consignado en un pronunciamiento de la delegación de Petro en estos diálogos. Y aunque hasta el momento el foco de atención ha estado en las declaraciones de lado y lado y las perspectivas para retomar el proceso, se está perdiendo de vista la cantidad de desafíos que tendrían las partes si se reinicia la negociación con la confianza ciudadana más desgastada que nunca.
En su intento de mostrarse fuerte a punta de acciones terroristas (van más de 10 en el último mes, siendo el reciente ataque la más grave), el ELN asustó e indignó a la sociedad y al Gobierno, que está midiendo con pinzas el capital político que le queda para su segunda mitad. Pero, de fondo, el mayor impacto de sus atentados es que puso en jaque la negociación con el presidente que más ha cedido a sus pretensiones en tres décadas: desarrollar un amplio sistema de participación de la sociedad civil, garantizar que los acuerdos se implementen al tiempo que se negocia y, sobre todo, poner en discusión el modelo económico del país (un tema que ningún otro Gobierno en ningún otro proceso había aceptado examinar, pero quedó en el punto 2.2 de la agenda establecida en México con el ELN en marzo de 2023).
A esa oportunidad que está en riesgo de perderse se suma el coletazo general de esta suspensión en la apuesta de paz total del presidente Petro. Desde su inicio, el proceso estrella era el del ELN: fue el que primero instaló formalmente una mesa de diálogos, el que más rápido logró construir una agenda de negociaciones y el que más resultados daba en los ciclos de conversación. Todo eso dio un giro hace siete meses, cuando la mesa quedó congelada. Ahora, con el proceso al que más se le apostó suspendido y las otras negociaciones sin resultados de fondo, al tiempo que crecen las alertas por escaladas de violencia, entre varios sectores crece la idea de que el Gobierno no ha sido efectivo para buscar la paz ni para combatir a los grupos ilegales.
Lo único claro es que el presidente se enfrenta a una dicotomía difícil de resolver, porque mientras varios sectores insisten en que el ELN agotó las posibilidades de continuar, en los territorios afectados por la violencia se mantiene la esperanza de construir una paz que aleje las armas de sus regiones y permita su desarrollo. En parte por eso, Petro se negó a acabar de tajo este proceso: por el costo político que le traería, aunque no hacerlo también implica consecuencias.
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“Lo más importante es la gente en los territorios. Escuchar solo a los que desde la comodidad de las capitales dicen que el Estado no debería conceder demasiado no comprenden bien cómo es eso de convivir con un actor armado y por qué es una situación de respuesta compleja por parte del Estado. Pero al mismo tiempo el Estado no puede negociar cualquier cosa y en cualquier condición”, plantea la profesora Angelika Rettberg, de la Universidad de los Andes, quien hizo parte del equipo negociador con el ELN en 2018.
Ante este complejo tablero, abundan las preguntas sobre lo que viene en estas negociaciones. ¿Definitivamente el ELN descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con Petro? ¿El Ejecutivo está dispuesto a arriesgar el poco capital político que le queda para continuar en este proceso? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de estos dos años de diálogos para corregir el rumbo?
Lo que está en juego si se reanuda el diálogo
Por lo que dijeron esta semana el presidente Petro, su delegación de paz y hasta el primer comandante del ELN, Antonio García, las partes tienen intenciones de retomar los diálogos. Lo espinoso es a qué costo se reanudarían las charlas. No hay que olvidar que estos atentados no fueron el principal detonante, sino que la crisis viene de hace siete meses y no ha habido consenso para volver a la mesa.
“El principal golpe de lo que pasó esta semana es que, si se reanudan los diálogos, cualquier concesión de ahora en adelante va a ser interpretada como que para el Gobierno la vida de los militares no es importante, que es el ELN quien tiene la batuta”, explica el investigador Jorge Mantilla, quien opina que el riesgo de esa crítica sería mucho mayor en una fase avanzada de la negociación, que es cuando más tiene que ceder el Estado para llegar a acuerdos en temas sensibles como la dejación de armas, la transformación territorial o la justicia transicional (que implica definir si los elenos pagan cárcel o no, un asunto que por la experiencia del Acuerdo con las FARC es de los más complejos). “Esos temas son pilares claves en los que no se ha adelantado casi nada y si el Gobierno quisiera pasar la página e insistir en la perspectiva de quedarse en la mesa, va a ser difícil avanzar porque esas concesiones serán costosas políticamente”, plantea el experto.
Asumir ese costo político en favor de buscar la paz también debe leerse a la luz de un hecho en el que todos los analistas coinciden: que no hay tiempo suficiente para llegar a un acuerdo final de paz con el ELN en lo que resta del período presidencial de Petro.
Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional que ha acompañado y analizado las negociaciones con esta guerrilla desde hace más de 30 años, aseguró desde el inicio que, por la naturaleza del ELN, no se iba a alcanzar un acuerdo en un cuatrienio: “Ahora, en solo 22 meses que quedan de esta administración, es casi imposible, pero habría que avanzar a ver hasta dónde se puede llegar y ver si el nuevo Gobierno está dispuesto a continuar las conversaciones con las bases que quedan”
Ese último planteamiento no es menor. Un hecho cierto es que bajo la era Petro se han logrado los mayores avances de las negociaciones con el ELN, en especial por la firma del primer punto de la agenda: el acuerdo de participación de la sociedad civil en la construcción de paz, exigencia clave de esta guerrilla.
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Ese acumulado está recogido en 28 acuerdos con el Gobierno, que se suman a la metodología de convención nacional planteada en su sexto congreso, máxima instancia de reunión de la guerrilla, que se dio en el marco de esta negociación. Incluso si no se continúa la negociación con Petro, el ELN ya tiene en la mano un paquete de avances, que podría ponerle sobre la mesa a quien gane las elecciones en 2026. No importa de qué sector sea el nuevo mandatario: después de haber iniciado diálogos con todos los gobiernos recientes, incluido el de Álvaro Uribe, esa no es una preocupación para la guerrilla.
Varios sectores han planteado que el ELN es consciente de las dificultades del Gobierno en maniobrabilidad política, especialmente en el Congreso, y preferiría guardar lo conseguido y esperar a que se decante el panorama electoral de 2026.
Decisión costosa y llamados insistentes
Al margen de si el ELN está en esa tónica, que implicaría un desgaste sin efectos del capital político de Petro, el mandatario se enfrenta al llamado de la ciudadanía, sobre todo en las zonas rurales, para mantener el intento de una salida negociada al conflicto.
“Le exigimos al ELN que respete la voluntad de las comunidades en los territorios, de quienes anhelamos la paz y estamos hastiados de una guerra que no elegimos, pero insistimos en que las partes deben volver a la mesa de negociación. Ambos deben cumplir los acuerdos pactados y tratar de avanzar, a la par que buscan acuerdos que protejan a la sociedad civil”, asegura Ángela Cerón, vocera de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, organización que forma parte del Comité Nacional de Participación en los diálogos con el ELN.
Su voz recoge la de miles de pobladores de zonas históricamente marginalizadas, olvidadas por el Estado, que se enfrentan al control violento de la guerrilla y otros grupos. “Desde Bogotá pueden decir que empiece la guerra total, porque no la sienten, pero en el territorio la cosa es dura: la gente no puede salir por los confinamientos, no puede ir al río a recoger el agua (porque no en todo lado llega con solo abrir la llave), hay persecución de los grupos, todas esas afectaciones que se sienten en el día a día y que sufrimos con más fuerza las mujeres”, dice Cerón.
En esa misma línea, el investigador Mantilla asegura que es peligroso que el país “caiga en la dicotomía entre la guerra total o la negociación irrestricta”. Por eso, propone que se desarrolle una estrategia distinta, que empiece por entender cómo funciona el ELN y dejar abiertas puertas en clave territorial, como ocurrió con el frente Comuneros del Sur. Esta estructura, presente en Nariño, hacía parte del ELN desde 1992, pero en mayo pasado se separó de la guerrilla e inició una negociación independiente que está avanzando a buen ritmo y, según el Gobierno, tendría asegurada una desmovilización antes de 2026. Por supuesto, apuestas de ese tipo pueden complicar la mesa nacional si se reactiva. No hay que olvidar que justo esos acercamientos que se dieron provocaron la reacción de la dirección del ELN, que declaró la mesa nacional en crisis, que desde entonces no lograron reanudarse en forma.
¿Se puede corregir el rumbo?
En los 22 meses que llevaba la negociación con la guerrilla hasta la suspensión de esta semana se tejió una serie de aprendizajes que podrían agilizar el proceso de paz, si logra salir de la crisis.
La profesora Rettberg, que se mantiene escéptica sobre las posibilidades de avanzar, asegura que lo primero que deberían hacer las partes es concentrarse en generar alivios humanitarios que disminuyan la violencia y, con eso en la mano, recuperar la confianza, pero con una estrategia de seguridad afinada: “Se necesita una coordinación, porque las Fuerzas Militares están recibiendo instrucciones contradictorias. Para que una negociación llegue a buen puerto, hay que tener claridad no solo sobre qué se le ofrece al grupo, sino cómo reaccionar si lo que se propone no sale bien”, explica.
Además: ELN pateó la mesa de paz que tenía con Petro: ¿crisis irreversible?
Al respecto, el investigador Mantilla agrega que la postura del Gobierno y el establecimiento de líneas rojas es crucial: “La peor manera de empezar un proceso de paz es cediendo los mayores activos de negociación que tiene un Estado: el uso de la fuerza y la judicialización. Haber renunciado a eso de entrada fue un error garrafal porque dejó al Estado sin margen de acción”.
Para el profesor Vargas, un tema esencial es que el Gobierno no pierda de vista cómo funciona el ELN y sus negociadores, así como el formalismo que suele acompañar los diálogos con esta guerrilla.
“Para que un proceso funcione no solo se necesita que haya una mesa, sino que esta tenga la capacidad de responder a las inquietudes de la contraparte; de lo contrario, es como si no existiera. Acá, desde marzo, el ELN planteó unos temas, y la delegación del Gobierno no brindó esas respuestas. Conociendo cómo son los miembros del ELN, fueron dejando el tema así hasta que lo dieron por congelado”, plantea Vargas.
De fondo, en lo que coinciden los expertos es en que el Ejecutivo debe resolver una de las críticas que se le hicieron a la paz total desde que inició a andar hace casi dos años: definir claramente una metodología desde el conocimiento detallado de los grupos con los que se negocia y plantear una hoja de ruta que tenga en cuenta las capacidades y restricciones del Gobierno.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com