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Por las oficinas de alto nivel de la Casa de Nariño está circulando un borrador que contiene la estrategia para cumplir con una de las apuestas que ha impulsado con más fuerza el presidente Gustavo Petro en los últimos meses: acelerar la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC.
En julio pasado, durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el mandatario dio las primeras puntadas de un plan de choque para agilizar la ejecución del pacto, cuyo cumplimiento se ha convertido en el caballo de batalla de Petro para hablar primero de una constituyente y luego de un acuerdo nacional.
Colombia+20 conoció el borrador de ese documento, que aún debe pasar por algunos ajustes y consultas, entre ellas a Petro y a las entidades de la comunidad internacional que hace seguimiento al Acuerdo de Paz. Se trata de una estrategia con acciones urgentes en la que se venía trabajando desde la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior, con la misión de ponerle el acelerador al pacto acordado en La Habana hace ocho años.
El borrador en poder de este diario está integrado por seis puntos claves, de los cuales el ministro Cristo ya había adelantado tres en julio. El objetivo de la estrategia es dinamizar las dimensiones del acuerdo, abarcando desde la transformación territorial hasta la creación de una nueva gobernanza para la paz.
Aunque se había rumorado que el lanzamiento del plan sería el 3 de octubre, este diario conoció que ese día solo se hará una presentación en el Congreso, mientras que el evento principal sería el 15 de octubre. La fecha coincidiría con la semana en la que la Misión de Verificación de la ONU presentará su informe trimestral del Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad.
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Los seis puntos incluirían agilizar el acceso a tierras, actualizar el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) —encargado, entre otras cosas de las garantías de seguridad para firmantes de paz, líderes sociales, defensores de derechos humanos— y redefinir algunas funciones del Gabinete de Paz. Esto último está contemplado en un borrador de decreto que dio a conocer Colombia+20 la semana pasada.
Los otros tres puntos son las iniciativas que pasarían por la agenda legislativa, impulsar el acuerdo nacional a través del Acuerdo de Paz y los pactos territoriales, que son en realidad el corazón del plan de choque, porque incluyen las acciones que se realizarán para ponerles acelerador a las obras y proyectos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
El texto también incluiría la petición que le hizo el presidente Petro al Consejo de Seguridad de extender el plazo de implementación del Acuerdo de Paz por siete años más, específicamente de los instrumentos de transformación como los planes sectoriales —a través de los PDET— y de la Reforma Rural Integral.
El trabajo de este plan de choque ha estado adelantándose a través de una tríada bajo la batuta del Ministerio del Interior y completada con el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART).
Representantes de esas y otras instituciones implementadoras del Acuerdo de Paz, incluido el director de la ART, Raúl Delgado, han estado acompañando al ministro Cristo en la correría que viene haciendo desde el 30 de julio por las 16 zonas PDET que terminará el 16 de octubre.
1. Transformación territorial más allá de los PDET
Justamente esos viajes han servido de insumo para el primer punto que se está discutiendo en ese borrador y que, por ahora, lleva el nombre de pactos territoriales, que responden a las necesidades de las 16 subregiones (o zonas PDET) creadas en el Acuerdo de Paz, que reúnen a 170 municipios —que suman al menos seis millones de habitantes—, que fueron los más azotados por el conflicto.
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Para saber qué requería cada uno de esos territorios PDET se hizo un trabajo de consulta con las comunidades desde 2016 —más o menos 12.000 juntas de acción comunal veredales participaron del proceso— para conocer cuáles eran las necesidades prioritarias y convertirlas en iniciativas, y luego en proyectos de la región. Se identificaron 33.000 iniciativas que debían implementarse en los Planes de Acción para la Transformación Territorial (PATR).
En una reciente entrevista con Colombia+20, Cristo explicó que la idea era cambiar la metodología de esos PATR por los pactos territoriales, que serán diseñados con base en las necesidades locales, las particularidades de la región y los acuerdos ya establecidos con las comunidades. El objetivo final es construir una paz sostenible que responda a las demandas locales, promoviendo el desarrollo y la estabilidad.
Entre los ejemplos que se han mencionado en los grupos de trabajo se habla del Pacto por el Catatumbo, iniciativa en la que participan el DNP, la ART y la Agencia de Desarrollo Rural, que ha fijado planes para el agro y la educación.
Por ahora se está estudiando cómo articular acciones concretas para transformar estas zonas no solo desde el punto de vista económico, sino también social y político. También cómo podría conversar esto con las maquetas de paz, la herramienta del DNP para llevar inversión de recursos en proyectos que tengan impacto en las poblaciones y que se conviertan en las transformaciones territoriales.
El otro frente que aún no está resuelto es cómo se coordinarán estos proyectos con los que se están realizando en las mesas de negociación que lleva el Gobierno, que también apuntan a la paz y transformación territorial.
Aunque aún no se ha especificado cuál sería el tiempo para esta implementación, podría ser antes de noviembre.
2. Acelerar el acceso a tierras y los planes nacionales sectoriales
El segundo punto del plan de choque estaría centrado en la agilización del acceso a tierras y la promoción de los 16 planes nacionales sectoriales, que también nacieron del Acuerdo de Paz y que buscan la superación de la pobreza, la desigualdad, y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad.
Entre los planes hay temas de vivienda, vías, agua potable, educación, economía campesina, electricidad, entre otros. Por ahora se está discutiendo, tendrán un enfoque particular en la equidad de género. Las prioridades de los planes sectoriales estarán alineadas con los pactos territoriales, lo que garantiza que las decisiones sean tomadas en función de las necesidades y demandas específicas de cada región.
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El acceso a la tierra ha sido históricamente una de las principales causas del conflicto armado en Colombia, y la redistribución de tierras es uno de los compromisos más importantes y difíciles del Acuerdo de Paz. Entre las principales metas de este pacto está la entrega de 3 millones de hectáreas de tierras a campesinas y campesinos, y que se titulen 7 millones de hectáreas. Petro se comprometió al inicio de su Gobierno a entregar 1,5 millones, pero solo se han comprado 112.000 hectáreas.
Lo que se ha estado trabajando en este plan de choque es maximizar los instrumentos existentes de compra y volver más eficiente el trabajo y prioridades de la adjudicación por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
“Hemos venido trabajando con el Ministerio de Agricultura y con la ANT el ritmo de la adquisición y distribución de tierras, y también de ponerlas a producir porque va muy lento. Cualquier proceso de reforma agraria es supremamente complejo porque hay que articular demasiados temas. La reforma no es solamente en las zonas PDET, sino también en todo el país donde tienen definidos los núcleos de la reforma agraria, que es como la llama el presidente. Tenemos que avanzar mucho más en las metas del acuerdo porque estamos muy quedados”, admitió Cristo a este diario hace unos meses.
3. Reestructurar el enfoque de seguridad
El tercer punto del plan abordaría la seguridad en el postconflicto, un tema de vital importancia dado el contexto de violencia que persiste en muchas regiones, a pesar del Acuerdo de Paz.
Para ello, se propone la reconceptualización del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), vinculado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El SISEP fue creado con el objetivo de proteger a los excombatientes, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, quienes han sido objeto de amenazas y asesinatos en los últimos años. No obstante, el sistema ha sido poco eficaz, entre otras cosas, por la falta de recursos.
Lo que se está discutiendo con este punto del plan es actualizar la estructura, priorizando la funcionalidad. El borrador que conoció este diario dice que eso implicará no solo una mejora en los esquemas de seguridad tradicionales, como los proporcionados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), sino también un cambio de enfoque que priorice la funcionalidad y la protección integral de las comunidades más vulnerables.
Esto podría incluir medidas que no solo se centren en la protección física, sino también en la creación de condiciones más seguras y estables a largo plazo, mediante el fortalecimiento de la justicia, el desarrollo económico y la reconstrucción del tejido social en las regiones más afectadas por la violencia. Esta reconceptualización de la seguridad es fundamental para garantizar que la consolidación de la paz de cara a que de alguna manera esto se integre con la apuesta de paz total.
4. Agenda legislativa
Este punto se referiría a las iniciativas y proyectos de ley que se van a presentar al Congreso. Una de las prioridades legislativas más importantes en este sentido es la creación de una Jurisdicción Agraria, un nuevo sistema judicial especializado en resolver conflictos relacionados con la tierra.
Aunque en junio pasado el Congreso aprobó la ley estatutaria de esta jurisdicción, aún no se ha puesto en marcha, lo cual ha sido un obstáculo importante para la implementación de la reforma agraria, ya que los conflictos sobre la propiedad de la tierra son complejos y requieren un conocimiento especializado.
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Las otras iniciativas que estarían incluidas son el proyecto que establece un tratamiento diferencial en materia penal para los pequeños cultivadores de coca; la reforma política – que presentó Cristo la semana pasada y que le lanza un salvavidas a Comunes, el partido que crearon excombatientes de las extintas FARC tras el Acuerdo y a otros partidos pequeños porque les permitiría conservar la personería por 4 años más—. Además, el proyecto de ley que regula la protesta social.
El desafío en este punto será garantizar que estas reformas sean aprobadas por un Congreso que no solamente tiene fuertes tensiones con el presidente, sino que ha mostrado resistencia a muchas de las iniciativas del Acuerdo de Paz.
5. Acuerdo nacional
La creación de un acuerdo nacional para impulsar el pacto político implícito en el Acuerdo de Paz es otro de los puntos que se estarían trabajando en ese plan de choque.
La tesis de ese “pacto político implícito” partió desde marzo pasado cuando Petro soltó la idea de que Colombia tenía que ir a una Asamblea Nacional Constituyente y que el Acuerdo de Paz lo facultaba para ello. Luego lo siguió el destituido canciller Álvaro Leyva, quien dijo que el pacto de 2016 era “una fórmula” que encaminaba al país hacia un “acuerdo político nacional”.
Por lo que se puede entender de este punto, el Gobierno sigue defendiendo esa tesis con el argumento de que la polarización política y la falta de voluntad de algunos sectores han impedido que se apoye plenamente la implementación del Acuerdo. El nuevo plan de choque busca revitalizar este pacto mediante la creación de un acuerdo nacional que promueva consensos mínimos sobre temas como la paz y el desarrollo.
6. Gobernanza
Finalmente, el sexto punto del plan de choque se referiría a la creación de una nueva gobernanza para la implementación del Acuerdo de Paz, basada en la creación de un Gabinete de Paz y una Comisión de Implementación del Acuerdo, ambos liderados por el Ministerio del Interior.
El Gabinete de Paz, que estaba contenido en la Ley de Paz Total, se creó mediante un decreto publicado en junio pasado. No obstante, en esa primera entrega no se contemplaban funciones del gabinete para sacar adelante el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Por ello, el Gobierno publicó para consulta ciudadana un nuevo decreto —que aún no tiene las firmas— en el que se adiciona la creación de una Comisión Intersectorial para el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
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Según el decreto, este grupo tendrá la misión de identificar las barreras o impedimentos para el cumplimiento del acuerdo final y deberá proponer alternativas o soluciones para avanzar en lo pactado en el 2016. La Comisión estará presidida por el Ministerio del Interior.
El Ministerio estaría esperando la firma de ese decreto para echar a andar el plan de choque.
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