Retomar todas las instancias de diálogo con grupos armados ilegales. Ese fue uno de los principales llamados al Gobierno de Colombia por parte de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que este miércoles presentó su informe 36 sobre la situación del país ante el Consejo Permanente de ese organismo internacional.
El documento, que analiza el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023, coincide con el primer año de la vigencia de la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro. Aunque inicialmente el jefe de Estado planteó procesos de diálogo o sometimiento con todas las organizaciones ilegales del país, tras casi dos años solo se han instalado mesas formales con la guerrilla del ELN, la disidencia Estado Mayor Central (EMC) de las FARC y algunas bandas urbanas, dejando de lado a grupos como el Clan del Golfo (el más poderoso del país), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, entre otros.
Si bien la MAPP OEA aseguró que la paz total ha avanzado en varios temas importantes, también pidió no abandonar dichos tableros de negociación.
“La Misión hace un llamado a persistir en los esfuerzos por establecer y avanzar diálogos con todos los grupos armados y, a través de ellos, materializar acciones concretas que permitan cesar de manera definitiva la violencia, garantizar la protección, integralidad y bienestar de la población civil, facilitar la llegada del Estado en su conjunto y avanzar hacia la transformación de las causas estructurales de inequidad y abandono que perpetúan el conflicto”, indicó Roberto Menéndez, jefe de la MAPP-OEA en Colombia, durante la presentación del informe.
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El informe destaca que es crucial la “pronta certeza” en los marcos jurídicos para la paz, que permitan avanzar hacia la desmovilización de los grupos armados ilegales.
Eso sí, el alto funcionario reconoció que la interlocución simultánea con diferentes grupos armados que convergen en un mismo territorio “representa un desafío de gran magnitud”.
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Las preocupaciones
El seguimiento de la Misión de Apoyo —que este 2024 cumplió 20 años en Colombia— muestra que en varias regiones del país, ante la ausencia estatal, los grupos armados ilegales intentaron posicionarse militarmente bajo la figura de “benefactores” que resuelven necesidades en términos de obras o infraestructura vial.
A esa preocupación se suma el alto subregistro de reclutamientos de menores de edad por parte de las estructuras armadas, así como la vigencia de otros hechos victimizantes.
“Persiste la preocupación por la continuidad de confinamientos, desplazamientos forzados colectivos de comunidades étnicas y campesinas, extorsiones, violencia basada en género y control social por parte de grupos armados. Este control tuvo especial injerencia en la resolución de conflictos comunitarios, en la participación y agenda de liderazgos sociales, en el desarrollo de proyectos comunitarios y en la movilidad de las comunidades. Lo anterior, como estrategia para avanzar o consolidar su manejo territorial”, se lee en el documento.
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OACP, la entidad con más recomendaciones
De las 20 recomendaciones del informe 36 de la MAPP-OEA, 11 son dirigidas a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entidad que dirige Otty Patiño.
Entre estas resaltan la de avanzar en acuerdos de cese al fuego multilateral para garantizar la protección de la sociedad civil, implementar una estrategia de comunicación para dar a conocer los avances y retos de la paz total y proponer proyectos de ley, actos normativos o reformas que aseguren marcos jurídicos para los procesos de paz.
También se le sugirió a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (que hace poco fue criticada en el Congreso por su baja ejecución presupuestal) que desarrolle estrategias que permitan implementar a corto plazo los proyectos productivos y de sustitución de coca en Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
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¿En qué se ha avanzado?
De otro lado, el informe resaltó los logros que se han alcanzado en cuanto a la conclusión de procesos participativos que buscan adoptar la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad como política de Estado.
También se destacan algunos pasos en la puesta en marcha de la reforma rural integral, primer punto del Acuerdo de Paz con las FARC, que durante los últimos años estuvo rezagado.
“Las cifras oficiales indican una tendencia de aumento exponencial importante en los procesos de compra y formalización de títulos de propiedad”, indicó Menéndez. Además, el documento saludó la creación, en septiembre de 2023, de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, eje central del Acuerdo de Paz.
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También se resaltaron los resultados en la descontaminación de territorios por minas antipersonales y en el desarrollo de estrategias intersectoriales para responder a escenarios de riesgo por reclutamiento forzado, uso, utilización de niños y adolescentes.