Los cabos sueltos en propuesta de Petro para que el Estado pueda comprar coca
Académicos han tildado la propuesta del mandatario como “improvisada” y advierten que puede incentivar la siembra de este cultivo. Además de los interrogantes sobre la viabilidad jurídica y financiera, uno de los escenarios a prever sería el efecto de “quitarle la materia prima a los narcos”.
Un anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro hace algunos días sobre la compra de cultivos de hoja de coca por parte del Gobierno en el corregimiento de El Plateado, en Argelia (Cauca), ha despertado varias dudas respecto a la viabilidad de esa idea.
“Vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos. Entonces al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita”, dijo el mandatario tras la intervención de la Fuerza Pública hace dos semanas en pleno corazón del cañón del Micay.
Sin embargo, políticos, académicos y sectores sociales no tardaron en plantear inquietudes sobre los ajustes normativos, las fuentes de financiación, la falta de estudios e, incluso, la posibilidad de que ese anuncio sea un incentivo para que los campesinos incrementen los cultivos. A continuación, cinco temas a tener cuenta en esta discusión.
Le recomendamos leer: “Los narcos están volviendo”: Así se está reactivando economía de la coca tras crisis
El contexto de la propuesta de Petro
Según el presidente, la medida se implementaría para facilitar la transición hacia la legalidad en esa región, que concentra la mayor cantidad de cultivos de coca en el Cauca.
Esta zona del país se ha convertido desde hace años en el corredor usado por las mafias para sacar la pasta base de coca a través del océano Pacífico. También ha sido el fortín de grupos armados como las disidencias comandadas por Iván Mordisco, que ejercen dominio en el territorio y manejan gran parte de las economías ilícitas de la zona.
Y es que justamente el anuncio del presidente Petro se dio el mismo día en que un informe de Naciones Unidas aseguró que los cultivos de coca en Colombia pasaron de 230.000 hectáreas en 2022 a 253.000 en 2023 (un aumento del 10%). El estudio reveló que Cauca es uno de los cuatro departamentos con más cultivos de esta planta en Colombia.
Particularmente en el Micay, la coca ha sido la principal economía de subsistencia hace más de 20 años, y se suma a otras actividades ilícitas como la minería ilegal que, ante la falta de presencia estatal, han crecido con el pasar de los años. De ahí que Petro esté desplegando toda una misión, tanto militar como de inversión, para fomentar la transformación territorial de esta zona, históricamente controlada por las FARC y, ahora, por sus disidencias.
Los argumentos del presidente para sustentar su idea de compra de coca a campesinos del Micay se basa en que la hoja no solo sirve para fabricar cocaína, sino que se puede usar para la producción y exportación de otros productos que permitan el tránsito hacia economías lícitas.
Las dudas sobre la viabilidad jurídica de la idea
La propuesta del mandatario aún siembra varias dudas respecto a su viabilidad, pues desde varios sectores aseguran que mientras se intenta “acabar” con la coca se estaría promoviendo la producción de economías ilícitas.
En diálogo con Colombia +20, Adriana Muro, directora de Elementa DDHH, aseguró que el anuncio del presidente Petro fue “precipitado”, pues el Estado debe definir los detalles para la compra y la magnitud que esto representa.
Además: El Clan del Golfo es el mayor responsable de los daños ambientales en Colombia
“En primer lugar, no hay razones jurídicas y esto requiere reformas normativas a la Ley 30, una reclasificación en la hoja de coca a nivel nacional. Eso implica que el Ejecutivo tenga la suficiente fuerza en el Legislativo para modificar la normativa y que no se ponga en riesgo a la población cultivadora”, aseguró Muro.
La financiación o conservación de hoja de coca es tipificada como delito, según el Código Penal, lo que deja en vilo la propuesta del presidente hasta que no se reforme la ley.
Además, la directora de la organización que trabaja en Colombia para el fortalecimiento de los Derechos Humanos dijo que hay que identificar para qué se va a comprar la hoja de coca, ya que este inmenso rango de cultivos no podría quedar resguardado por el Estado.
“Si se está pensando en un mercado regulado de la hoja de coca más allá de la cocaína, es decir, usos alternativos de la hoja de coca, para eso el Estado tendría que darle seguimiento a proyectos que ya existen como Coca para la Paz. Desde hace varios años se trabaja y se potencializa el tema de la investigación y la prohibición no nos ha permitido conocer mucho más sobre los usos de la hoja de coca y sus potencialidades, el discurso narrativo de la cocaína nos ha dejado por fuera de ahí”, señaló Muro.
Según la experta, es necesario medir el nivel de los usos alternativos de la hoja de coca y los diferentes procesos de transformación que tiene la planta inicial.
“Si yo quiero hacer una galleta de hoja de coca, uso la misma hoja de coca y la transformó. Para producir la cocaína de la hoja de coca, lo que se hace es transformar la hoja de coca en una pasta base que incluye combustible y diferentes químicos hasta lograr el polvo. Tanto la galleta de hoja de coca como la cocaína salen de la planta, de la hoja de coca, pero la prohibición y el sistema, tanto internacional como nacional, tienen a la hoja de coca en una de las listas más restrictivas”, aseguró Muro.
Dicho esto, para la propuesta presentada por el presidente Petro se tendría que cambiar jurídicamente el estatus del cultivo de hoja de coca para que pueda usarse en la fabricación de fertilizantes, de productos terapéuticos y de uso medicinal.
¿Y para que podría comprarse la hoja?
Pero otra pregunta en torno a este tema es, ¿qué puede hacer el Estado con la compra de coca?
Como señaló en una reciente columna María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), una de las razones por las que el anuncio del presidente es “improvisado y desafortunado” está relacionado con la falta de certezas sobre el destino de la coca que se compraría.
En referencia a los cultivos de El Plateado, Vélez plantea que “esta coca fue cultivada con agroquímicos, entonces no se podría usar para mascar o fabricar productos o alimentos. Si es para fertilizantes, no es claro dónde se va a procesar o quién lo va a producir”. Y agrega: “El gobierno no tiene listo el marco normativo y regulatorio para comercializar los productos no psicoactivos de la hoja de coca”.
Uno de los temas en los que coinciden los y las expertas es que en el país urge ampliar los estudios respecto a estas siembras.
“Podría concentrarse en hacer una política de investigación de la hoja de coca donde participan universidades públicas y privadas. Un proceso abierto en el Sena donde se puedan identificar diferentes usos y se puedan identificar investigaciones a mediano y largo plazo para tener claro cuales son los beneficios de los usos alternativos de la hoja de coca, pero para eso también tiene que haber cambios normativos porque si no, las personas que se involucren en esa idea de arrancar un proceso de investigación muchísimo más potente se verían en riesgo por ser responsables de algún delito porque la hoja de coca sigue estando dentro de las sustancias prohibidas a pesar de que es una planta que se podría utilizar”, propone Muro.
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“Los narcos no se van a quedar sin materia prima”
La viabilidad jurídica y el uso de la hoja de coca no son los únicos interrogantes que surgen a partir de la propuesta de Petro. Otra de las grandes preguntas es sobre el valor que pondría el estado para comprar la planta, pues se desconoce si este sería mayor al que ponen los narcos que llegan hasta el Cauca para adquirir el producto.
“Cuando el Estado fije un precio, deberá fijar un precio de mercado, pero seguramente los narcotraficantes van a empezar a pagar mejor porque no se van a quedar sin la materia prima. Esto significa para el Estado tener que subir el precio para competir con los grupos al margen de la ley”, dijo en diálogo con este medio Yesid Reyes, exministro de Justicia.
En este punto, el Gobierno también deberá establecer si el precio de la hoja de coca será estándar o si tendrá rangos dependiendo de su calidad, tal como sucede en las economías lícitas. En caso de que el valor de la hoja de coca sea generalizado, esto podría incentivar que más campesinos de las regiones cultiven.
“Lo que va a generar el Estado es un incentivo perverso porque cuando los campesinos que están dedicados a los cultivos lícitos vean que el Estado está comprando hoja de coca a un precio estable e independiente de la calidad del producto, pues eso va a ser mejor que producir cualquier otro producto”, aseguró Reyes.
Por otro lado, tampoco es claro quién estaría encargado de la compra de la hoja de coca y cuáles serían los mecanismos para verificar que las cientos de toneladas que se compren de planta vayan efectivamente a su destino final y que no se den filtraciones con las economías del narcotráfico.
A todas estas dudas se suma cuál sería la fuente de financiación del proyecto, que no solo abarca la compra de cultivos, sino que también debe acoger el proceso de transformación de la hoja, o de destrucción de la misma en caso que así sea.
¿La compra de hoja de coca es la solución a las necesidades de las comunidades?
Tras la intervención del Gobierno en El Plateado hace dos semanas, la duda es persistente sobre cuál es la solución que se podría plantear para que el Estado pueda “retomar” el control de este corregimiento en el corazón del Cañón del Micay.
Una de las propuestas justamente es la del presidente Petro para comprar la hoja de coca, pero aún así hay muchos vacíos sobre la efectividad de este mecanismo, pues la transformación en el territorio no se puede dar solo con esta iniciativa.
“Las personas que cultivan coca no ganan mucho dinero. Los ingresos mensuales de una familia dedicada al cultivo de coca no llegan al salario mínimo legal, pero es que sí tienen muchas ventajas porque los grupos narcotraficantes les llevan las semillas hasta los terrenos, les dan insumos, les recogen las cosechas y, de hecho, les brindan seguridad”, aseguró el exministro.
A esta problemática se suman las falencias históricas que han tenido las economías lícitas en este tipo de regiones en donde no hay vías para sacar las producciones y en donde la presencia del Estado ha sido nula durante décadas.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com
Un anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro hace algunos días sobre la compra de cultivos de hoja de coca por parte del Gobierno en el corregimiento de El Plateado, en Argelia (Cauca), ha despertado varias dudas respecto a la viabilidad de esa idea.
“Vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos. Entonces al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita”, dijo el mandatario tras la intervención de la Fuerza Pública hace dos semanas en pleno corazón del cañón del Micay.
Sin embargo, políticos, académicos y sectores sociales no tardaron en plantear inquietudes sobre los ajustes normativos, las fuentes de financiación, la falta de estudios e, incluso, la posibilidad de que ese anuncio sea un incentivo para que los campesinos incrementen los cultivos. A continuación, cinco temas a tener cuenta en esta discusión.
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El contexto de la propuesta de Petro
Según el presidente, la medida se implementaría para facilitar la transición hacia la legalidad en esa región, que concentra la mayor cantidad de cultivos de coca en el Cauca.
Esta zona del país se ha convertido desde hace años en el corredor usado por las mafias para sacar la pasta base de coca a través del océano Pacífico. También ha sido el fortín de grupos armados como las disidencias comandadas por Iván Mordisco, que ejercen dominio en el territorio y manejan gran parte de las economías ilícitas de la zona.
Y es que justamente el anuncio del presidente Petro se dio el mismo día en que un informe de Naciones Unidas aseguró que los cultivos de coca en Colombia pasaron de 230.000 hectáreas en 2022 a 253.000 en 2023 (un aumento del 10%). El estudio reveló que Cauca es uno de los cuatro departamentos con más cultivos de esta planta en Colombia.
Particularmente en el Micay, la coca ha sido la principal economía de subsistencia hace más de 20 años, y se suma a otras actividades ilícitas como la minería ilegal que, ante la falta de presencia estatal, han crecido con el pasar de los años. De ahí que Petro esté desplegando toda una misión, tanto militar como de inversión, para fomentar la transformación territorial de esta zona, históricamente controlada por las FARC y, ahora, por sus disidencias.
Los argumentos del presidente para sustentar su idea de compra de coca a campesinos del Micay se basa en que la hoja no solo sirve para fabricar cocaína, sino que se puede usar para la producción y exportación de otros productos que permitan el tránsito hacia economías lícitas.
Las dudas sobre la viabilidad jurídica de la idea
La propuesta del mandatario aún siembra varias dudas respecto a su viabilidad, pues desde varios sectores aseguran que mientras se intenta “acabar” con la coca se estaría promoviendo la producción de economías ilícitas.
En diálogo con Colombia +20, Adriana Muro, directora de Elementa DDHH, aseguró que el anuncio del presidente Petro fue “precipitado”, pues el Estado debe definir los detalles para la compra y la magnitud que esto representa.
Además: El Clan del Golfo es el mayor responsable de los daños ambientales en Colombia
“En primer lugar, no hay razones jurídicas y esto requiere reformas normativas a la Ley 30, una reclasificación en la hoja de coca a nivel nacional. Eso implica que el Ejecutivo tenga la suficiente fuerza en el Legislativo para modificar la normativa y que no se ponga en riesgo a la población cultivadora”, aseguró Muro.
La financiación o conservación de hoja de coca es tipificada como delito, según el Código Penal, lo que deja en vilo la propuesta del presidente hasta que no se reforme la ley.
Además, la directora de la organización que trabaja en Colombia para el fortalecimiento de los Derechos Humanos dijo que hay que identificar para qué se va a comprar la hoja de coca, ya que este inmenso rango de cultivos no podría quedar resguardado por el Estado.
“Si se está pensando en un mercado regulado de la hoja de coca más allá de la cocaína, es decir, usos alternativos de la hoja de coca, para eso el Estado tendría que darle seguimiento a proyectos que ya existen como Coca para la Paz. Desde hace varios años se trabaja y se potencializa el tema de la investigación y la prohibición no nos ha permitido conocer mucho más sobre los usos de la hoja de coca y sus potencialidades, el discurso narrativo de la cocaína nos ha dejado por fuera de ahí”, señaló Muro.
Según la experta, es necesario medir el nivel de los usos alternativos de la hoja de coca y los diferentes procesos de transformación que tiene la planta inicial.
“Si yo quiero hacer una galleta de hoja de coca, uso la misma hoja de coca y la transformó. Para producir la cocaína de la hoja de coca, lo que se hace es transformar la hoja de coca en una pasta base que incluye combustible y diferentes químicos hasta lograr el polvo. Tanto la galleta de hoja de coca como la cocaína salen de la planta, de la hoja de coca, pero la prohibición y el sistema, tanto internacional como nacional, tienen a la hoja de coca en una de las listas más restrictivas”, aseguró Muro.
Dicho esto, para la propuesta presentada por el presidente Petro se tendría que cambiar jurídicamente el estatus del cultivo de hoja de coca para que pueda usarse en la fabricación de fertilizantes, de productos terapéuticos y de uso medicinal.
¿Y para que podría comprarse la hoja?
Pero otra pregunta en torno a este tema es, ¿qué puede hacer el Estado con la compra de coca?
Como señaló en una reciente columna María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), una de las razones por las que el anuncio del presidente es “improvisado y desafortunado” está relacionado con la falta de certezas sobre el destino de la coca que se compraría.
En referencia a los cultivos de El Plateado, Vélez plantea que “esta coca fue cultivada con agroquímicos, entonces no se podría usar para mascar o fabricar productos o alimentos. Si es para fertilizantes, no es claro dónde se va a procesar o quién lo va a producir”. Y agrega: “El gobierno no tiene listo el marco normativo y regulatorio para comercializar los productos no psicoactivos de la hoja de coca”.
Uno de los temas en los que coinciden los y las expertas es que en el país urge ampliar los estudios respecto a estas siembras.
“Podría concentrarse en hacer una política de investigación de la hoja de coca donde participan universidades públicas y privadas. Un proceso abierto en el Sena donde se puedan identificar diferentes usos y se puedan identificar investigaciones a mediano y largo plazo para tener claro cuales son los beneficios de los usos alternativos de la hoja de coca, pero para eso también tiene que haber cambios normativos porque si no, las personas que se involucren en esa idea de arrancar un proceso de investigación muchísimo más potente se verían en riesgo por ser responsables de algún delito porque la hoja de coca sigue estando dentro de las sustancias prohibidas a pesar de que es una planta que se podría utilizar”, propone Muro.
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“Los narcos no se van a quedar sin materia prima”
La viabilidad jurídica y el uso de la hoja de coca no son los únicos interrogantes que surgen a partir de la propuesta de Petro. Otra de las grandes preguntas es sobre el valor que pondría el estado para comprar la planta, pues se desconoce si este sería mayor al que ponen los narcos que llegan hasta el Cauca para adquirir el producto.
“Cuando el Estado fije un precio, deberá fijar un precio de mercado, pero seguramente los narcotraficantes van a empezar a pagar mejor porque no se van a quedar sin la materia prima. Esto significa para el Estado tener que subir el precio para competir con los grupos al margen de la ley”, dijo en diálogo con este medio Yesid Reyes, exministro de Justicia.
En este punto, el Gobierno también deberá establecer si el precio de la hoja de coca será estándar o si tendrá rangos dependiendo de su calidad, tal como sucede en las economías lícitas. En caso de que el valor de la hoja de coca sea generalizado, esto podría incentivar que más campesinos de las regiones cultiven.
“Lo que va a generar el Estado es un incentivo perverso porque cuando los campesinos que están dedicados a los cultivos lícitos vean que el Estado está comprando hoja de coca a un precio estable e independiente de la calidad del producto, pues eso va a ser mejor que producir cualquier otro producto”, aseguró Reyes.
Por otro lado, tampoco es claro quién estaría encargado de la compra de la hoja de coca y cuáles serían los mecanismos para verificar que las cientos de toneladas que se compren de planta vayan efectivamente a su destino final y que no se den filtraciones con las economías del narcotráfico.
A todas estas dudas se suma cuál sería la fuente de financiación del proyecto, que no solo abarca la compra de cultivos, sino que también debe acoger el proceso de transformación de la hoja, o de destrucción de la misma en caso que así sea.
¿La compra de hoja de coca es la solución a las necesidades de las comunidades?
Tras la intervención del Gobierno en El Plateado hace dos semanas, la duda es persistente sobre cuál es la solución que se podría plantear para que el Estado pueda “retomar” el control de este corregimiento en el corazón del Cañón del Micay.
Una de las propuestas justamente es la del presidente Petro para comprar la hoja de coca, pero aún así hay muchos vacíos sobre la efectividad de este mecanismo, pues la transformación en el territorio no se puede dar solo con esta iniciativa.
“Las personas que cultivan coca no ganan mucho dinero. Los ingresos mensuales de una familia dedicada al cultivo de coca no llegan al salario mínimo legal, pero es que sí tienen muchas ventajas porque los grupos narcotraficantes les llevan las semillas hasta los terrenos, les dan insumos, les recogen las cosechas y, de hecho, les brindan seguridad”, aseguró el exministro.
A esta problemática se suman las falencias históricas que han tenido las economías lícitas en este tipo de regiones en donde no hay vías para sacar las producciones y en donde la presencia del Estado ha sido nula durante décadas.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com