Gobierno y Comuneros pactan cese al fuego y destrucción de armas, ¿cómo se hará?
Los delegados de este proceso de paz anunciaron una serie de compromisos. Se espera que los combatientes del grupo se concentren en dos áreas. ¿Qué respondieron sobre las denuncias de vínculos con las Autodefensas Unidas de Nariño?
Un cese al fuego bilateral de seis meses, el inicio de un proceso de concentración de combatientes de dos municipios y la puesta en marcha de un distrito minero hacen parte de los compromisos que el Gobierno Nacional y el grupo armado Comuneros del Sur anunciaron este jueves, tras dos días de reuniones en el marco del proceso de construcción de paz en Nariño.
Según explicó Carlos Erazo, jefe negociador del Ejecutivo, todos estos acuerdos buscan consolidar una apuesta integral que lleve a la transformación de esta estructura en un movimiento político y social, que pase por la entrega y destrucción de sus armas.
Vale recordar que Comuneros del Sur hacía parte de la guerrilla del ELN hasta mayo de este año, cuando ese frente decidió separarse para iniciar un proceso de paz independiente con el Gobierno Petro.
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¿Cómo plantean el cese al fuego y el procedimiento para destruir armas?
Tras la quinta sesión de la mesa de diálogos están relacionados, las partes anunciaron que el cese al fuego tendrá vigencia con el inicio del proceso de concentración de los integrantes de Comuneros del Sur en las Zonas de Ubicación Temporal, en donde se ubicarán para realizar su tránsito a la vida civil.
“Tendrá una temporalidad de 180 días. Este acuerdo facilita el desescalamiento de las violencias, y acelera la transformación territorial, creando condiciones propicias para impulsar iniciativas como la creación del distrito minero especial para la diversificación productiva de la subregión de Abades y avanzar en la sustitución de cultivos de uso ilícito en el territorio priorizado”, indicaron las partes en un comunicado.
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En el documento también detallaron que se pondrá en marcha un procedimiento de destrucción de material de guerra de Comuneros del Sur.
“La entrega y destrucción de material de guerra es un procedimiento técnico, trazable y verificable, que será realizado por el Gobierno Nacional, con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), y se llevará a cabo conforme a los protocolos detallados establecidos para este fin”, dice el comunicado.
Delegaciones respondieron a críticas sobre nexo con AUN
Uno de las mayores sombras que ha tenido el proceso de paz con Comuneros del Sur está relacionado con las denuncias de una presunta relación entre esta guerrilla y un grupo ilegal que se hace llamar Autodefensas Unidas de Nariño (AUN).
Colombia+20 conoció testimonios de habitantes de la zona de influencia de Comuneros que aseguran que miembros del grupo se están “cambiando el brazalete” a las AUN para cometer crímenes sin afectar el proceso de paz con el Gobierno.
Este medio le preguntó al respecto a Royer Garzón, jefe de la delegación de Comuneros del Sur, pero se abstuvo a responder que “no hay una relación” entre estas dos estructuras ilegales.
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“Le hemos manifestado a la sociedad y al gobierno nacional que en este proceso no existe plan B. El diseño este proceso territorial lleva a que el Gobierno Nacional y el Estado vuelvan a los territorios. Eso incluye la participación de las instituciones y también las fuerzas militares”, indicó Garzón.
Un cese al fuego bilateral de seis meses, el inicio de un proceso de concentración de combatientes de dos municipios y la puesta en marcha de un distrito minero hacen parte de los compromisos que el Gobierno Nacional y el grupo armado Comuneros del Sur anunciaron este jueves, tras dos días de reuniones en el marco del proceso de construcción de paz en Nariño.
Según explicó Carlos Erazo, jefe negociador del Ejecutivo, todos estos acuerdos buscan consolidar una apuesta integral que lleve a la transformación de esta estructura en un movimiento político y social, que pase por la entrega y destrucción de sus armas.
Vale recordar que Comuneros del Sur hacía parte de la guerrilla del ELN hasta mayo de este año, cuando ese frente decidió separarse para iniciar un proceso de paz independiente con el Gobierno Petro.
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¿Cómo plantean el cese al fuego y el procedimiento para destruir armas?
Tras la quinta sesión de la mesa de diálogos están relacionados, las partes anunciaron que el cese al fuego tendrá vigencia con el inicio del proceso de concentración de los integrantes de Comuneros del Sur en las Zonas de Ubicación Temporal, en donde se ubicarán para realizar su tránsito a la vida civil.
“Tendrá una temporalidad de 180 días. Este acuerdo facilita el desescalamiento de las violencias, y acelera la transformación territorial, creando condiciones propicias para impulsar iniciativas como la creación del distrito minero especial para la diversificación productiva de la subregión de Abades y avanzar en la sustitución de cultivos de uso ilícito en el territorio priorizado”, indicaron las partes en un comunicado.
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En el documento también detallaron que se pondrá en marcha un procedimiento de destrucción de material de guerra de Comuneros del Sur.
“La entrega y destrucción de material de guerra es un procedimiento técnico, trazable y verificable, que será realizado por el Gobierno Nacional, con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), y se llevará a cabo conforme a los protocolos detallados establecidos para este fin”, dice el comunicado.
Delegaciones respondieron a críticas sobre nexo con AUN
Uno de las mayores sombras que ha tenido el proceso de paz con Comuneros del Sur está relacionado con las denuncias de una presunta relación entre esta guerrilla y un grupo ilegal que se hace llamar Autodefensas Unidas de Nariño (AUN).
Colombia+20 conoció testimonios de habitantes de la zona de influencia de Comuneros que aseguran que miembros del grupo se están “cambiando el brazalete” a las AUN para cometer crímenes sin afectar el proceso de paz con el Gobierno.
Este medio le preguntó al respecto a Royer Garzón, jefe de la delegación de Comuneros del Sur, pero se abstuvo a responder que “no hay una relación” entre estas dos estructuras ilegales.
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“Le hemos manifestado a la sociedad y al gobierno nacional que en este proceso no existe plan B. El diseño este proceso territorial lleva a que el Gobierno Nacional y el Estado vuelvan a los territorios. Eso incluye la participación de las instituciones y también las fuerzas militares”, indicó Garzón.