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Mucho antes de su llegada a la Presidencia de la República, cuando apenas estaba en campaña, en varias de las apariciones públicas de Gustavo Petro resaltaban bastones de madera y banderas pintadas de verde y rojo. Ambos símbolos son insignia del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), una de las organizaciones sociales de mayor trayectoria en el país.
Incluso, el 7 de agosto de 2022, cientos de líderes y guardias indígenas viajaron más de 500 kilómetros, desde las montañas del suroccidente del país, para acompañar a Petro a su acto de posesión como jefe de Estado. Sintieron esa victoria como propia porque varias de las banderas del mandatario recogen las demandas que estas poblaciones -al igual que las campesinas y las afrodescendientes- le han peleado al Estado en el último medio siglo.
Sin embargo, tras dos años de Petro en el poder, varias de las expectativas de las comunidades siguen en el aire y sin acuerdos concretos, especialmente en lo relacionado con la política de “paz total” frente al conflicto armado, que en lugar de desaparecer parece agudizarse semana tras semana.
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Se trata de una desilusión que en los últimos meses se ha transformado en inconformismo entre varias organizaciones sociales del país, como quedó demostrado esta semana con la llegada de una minga de 4.000 indígenas caucanos a Bogotá para manifestarse pacíficamente y exigirle al presidente de la República salidas urgentes a la violencia que se vive en sus regiones, así como el cumplimiento de compromisos en materia de tierras, reglamentación e inversión en sus territorios.
La minga se suma a una serie de movilizaciones que han tomado fuerza en los últimos meses en distintas regiones del país, y que comparten un ingrediente: son protagonizadas por colectivos que apoyaron y siguen apoyando a Petro, pero decidieron alzar su voz ante la falta de resultados.
De hecho, a inicios de junio, más de 3.000 miembros de organizaciones sociales, campesinas y étnicas se tomaron la Ruta del Sol durante tres días para pedirle al presidente que atendiera las crisis de violencia del Magdalena Medio, del Catatumbo, del Nordeste y Bajo Cauca antioqueños, y de la zona sur de los departamentos de Bolívar y Cesar.
En contexto: Las protestas de organizaciones que apoyaron a Petro para pedirle salidas contra la violencia
Las claves para entender las movilizaciones
Desde la lectura de Bastien Bosa, profesor del programa de Antropología de la Universidad del Rosario, la actitud de reclamo que está surgiendo desde las bases de Petro puede entenderse como “un llamado de desespero desde la frustración de no ver resultados, pero sin decir que dejan de respaldar al Gobierno, o que está haciendo las cosas mal”.
Bosa explica que para las comunidades étnicas y campesinas, debido a la marginalización histórica que han vivido, lo que se había visto desde antaño era una oposición a los gobiernos nacionales y locales, pero eso dio un giro con Petro, cuyo proyecto político se estructuró sobre un cambio que fue apoyado por estas poblaciones. “Esa es la paradoja: hay un sentimiento de querer apoyar a un Gobierno que tiene en su agenda las transformaciones estructurales que cambiarían la situación de sus comunidades, pero a la vez la realidad muestra que, incluso con la mejor voluntad, esas promesas son difíciles de cumplir”, dice el profesor.
Ese panorama se complica en las regiones donde el problema más urgente por resolver es la violencia, que son los mismos territorios desde donde se han movilizado las comunidades para llamar la atención del Ejecutivo.
En junio, desde la Ruta del Sol, el mensaje principal fue frenar la avanzada del Clan del Golfo, que en su confrontación con el ELN estaba amenazando al movimiento social. Esta semana, quienes llegaron del Cauca volvieron a encender las alertas por los desplazamientos, los asesinatos, las vulneraciones a la autonomía territorial y, sobre todo, por los reclutamientos de menores de edad a manos de las disidencias de las FARC, que controlan varias zonas del departamento.
¿Falla la interlocución con Petro?
Por todas estas situaciones, la primera petición de la minga al llegar a Bogotá fue un espacio de diálogo directo con Petro. Según Rosembert Ariza, profesor de Sociología de la Universidad Nacional, hay que ver con buenos ojos que las organizaciones sociales, pese a apoyar al Gobierno, “mantengan su autonomía y capacidad crítica”. No obstante, dice el docente, es clave que el jefe de Estado responda a los llamados.
“El Petro candidato tuvo una interlocución directa con las comunidades, pero ahora cambia la dinámica y envía a otros funcionarios, lo que manda un mensaje de distancia que puede dar a entender que, tras sus dos primeros años de Gobierno, hubo asuntos que no se lograron concretar y probablemente ya no se pueda comprometer a cumplirlos en el tiempo que le queda. En parte por eso el movimiento indígena, campesino y afro opta por presionar, para exigir que sus demandas queden entre las prioridades”, plantea Ariza.
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En efecto, esta semana las reuniones fueron encabezadas por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Aunque el alto funcionario destacó el carácter pacífico de la movilización del CRIC y reconoció que sus “preocupaciones son válidas”, la expectativa sigue puesta en que sea el presidente Petro quien establezca los compromisos.
Los reclamos de la minga indígena del Cauca que llegó a Bogotá
Según le contó a Colombia+20 Jhoe Sauca, consejero mayor del CRIC, hay cuatro temas centrales: “El respeto por los territorios ancestrales de las comunidades indígenas; la situación de paz, el conflicto y la ruta para desescalar la violencia; las garantías normativas a las que el Gobierno se comprometió a trabajar con el DAPRE, y por último, la transformación real de las regiones, en donde hay unos vacíos y cuellos de botella enormes”.
Este sábado se iniciaron mesas técnicas para tratar los reclamos de las comunidades, que se ubicaron en el parque el Renacimiento, en el centro de la ciudad.
Del avance de estas conversaciones, con la minga y otros sectores que apoyaron la elección del mandatario y han reclamado acciones, depende en buena medida el apoyo que el proyecto político de Petro reciba en 2026. No se descarta que en otras regiones del país se replique este giro en el movimiento social, que aunque no pierde las esperanzas, vuelve a dejar claro que su autonomía está primero.
